La medida equivocada

La deforestación indica bien dónde cae el bosque. Convertida en la única vara del presupuesto ambiental, vuelve invisibles el agua, los frentes activos, los motores de daño ambiental y la frontera que se reorganiza.

El CONPES 4174 de 2025 destinó $1,44 billones para recuperar 140.000 hectáreas en dos ecorregiones: la Amazonia y el Chocó biogeográfico. Fue una decisión técnicamente correcta. Esa misma corrección esconde un problema mayor: cuando una sola métrica organiza la inversión ambiental, los territorios que se degradan fuera de esa métrica quedan fuera del presupuesto.

Detrás de esa decisión hay otra, previa y casi siempre invisible: qué indicador ordena el gasto. De esa elección depende qué territorios entran en la fila del presupuesto y cuáles quedan fuera.

El bosque como medida 

La focalización del Conpes resiste el dato. El cruce de los rásters oficiales del Ideam con las quince ecorregiones que la política ambiental había priorizado muestra que la Amazonia y el Chocó concentran cerca del 87% de la deforestación acumulada entre 2012 y 2024 y dominan todos los años de la serie, incluido el pico nacional histórico de 2016 a 2018. La deforestación de 2024, de 113.608 hectáreas, volvió a concentrarse en la Amazonia.

Donde el bosque cae, la deforestación mide exactamente lo que importa, y el Conpes invirtió ahí: dos de las quince ecorregiones priorizadas, con 140.000 hectáreas y $1,44 billones. La métrica es correcta. El problema surge cuando esa métrica, aunque correcta, se convierte en la única.

Una métrica correcta puede ser insuficiente

Una métrica puede ser técnicamente correcta y, a la vez, insuficiente. Y una métrica insuficiente, al ordenar el presupuesto, se convierte en un mecanismo de exclusión: lo que no mide queda fuera de la fila del gasto.

El resto del país se degrada por procesos que el mapa de deforestación no capta. La Mojana se seca: ciénagas que pierden su pulso de inundación, sedimentación que avanza, una funcionalidad hídrica que se apaga. Los páramos pierden su capacidad de almacenar y entregar agua mucho antes de que caiga un árbol, y de ellos dependen los acueductos de buena parte de las ciudades andinas. Los humedales y manglares del Caribe se deterioran lejos de cualquier conteo de hectáreas, y con ellos se van la pesca, el control de inundaciones y la recarga de acuíferos. Son infraestructura natural de adaptación que se pierde mucho antes de que caiga un árbol.

Medidos con la vara del bosque, estos sistemas apenas registran pérdida: la Mojana sumó 971 hectáreas deforestadas en 2021-2022; los páramos, 99. Esa cifra mínima los empuja al final de la fila presupuestal.

Colombia tiene cómo medirlos. El Ideam calcula desde hace más de una década el Índice de Retención y Regulación Hídrica, dentro del Estudio Nacional del Agua, que estima la capacidad de las cuencas para sostener la oferta de agua. A su lado caben la funcionalidad de los humedales, el estado de los suelos y la integridad ecológica; y las cuentas ambientales del DANE ofrecen el lenguaje para llevar esos valores a la contabilidad pública. Los instrumentos existen desde hace décadas, sin embargo, la elección de un indicador único para asignar el gasto es lo que deja por fuera al resto del territorio.

La métrica también ignora frentes que debería ver

La vara única pierde parte de lo que sí mide. La Serranía de San Lucas es el núcleo con mayor deforestación acumulada del país —113.283 hectáreas entre 2012 y 2024— y quedó por fuera del Conpes. El Catatumbo, el cuarto, sumó 77.343, y el Bajo Cauca antioqueño cerca de 32.000. Son frentes activos de deforestación, señalados por el mismo indicador que ordenó la decisión, y aun así quedaron por fuera. La métrica falla por los dos lados: deja afuera los territorios que se degradan por el agua y subestima frentes de tala que ella misma debería capturar.

El rastro que la métrica no ve

Además, hay una transformación que las hectáreas no reflejan. La forma de los parches deja una firma: los más largos y angostos suelen indicar la tala asociada a la apertura de vías. Una lectura exploratoria de esa geometría, sobre los mismos rásters del Ideam, arroja una anomalía: mientras la deforestación de 2023-2024 caía a poco más de la mitad del pico de 2016-2017, el frente de apertura lineal creció cerca del 50%, de unos 140 a 215 kilómetros. Cayó menos bosque y se abrieron más caminos, sobre todo en los parques de La Macarena, Tinigua y los Llanos del Yarí.

El análisis es preliminar y requiere mayor refinamiento; aun así, la dirección es clara. El patrón cambia: se tala menos, pero se conecta más. La apertura de los caminos que hoy se ven abre la puerta a la deforestación de mañana. Algo que la métrica no alcanza a ver.

El síntoma y el motor

Acertar en el dónde es distinto de resolver el porqué. La deforestación amazónica responde al control territorial de los grupos armados y a la economía de la praderización para acaparar tierra. El propio diagnóstico del Conpes 4174 lo dimensiona: en 2022 la praderización avanzó sobre 203.054 hectáreas en un solo año, más de lo que el Conpes se propuso restaurar en toda la década. El hato ganadero de la región alcanzó en 2024 su nivel más alto en cinco años. Buena parte de la caída de 2022 y 2023, según el Ministerio de Ambiente y centros de monitoreo como la FCDS, provino de restricciones a la tala impuestas por los grupos armados, más que de la política ambiental; cuando esa contención cedió, la deforestación repuntó 43% en 2024.

Financiar más restauración sin mover el control del territorio ni la economía ganadera atiende el síntoma que el indicador muestra y deja intacto el motor que lo produce. El indicador puede bajar por causas ajenas a la política y puede subir por las mismas.

Hay una herramienta que complementa la restauración y ha sido descartada sin mucho debate técnico: el crédito para la reconversión productiva de la ganadería, que convierte el potrero degradado en sistemas silvopastoriles, con árboles, forraje y ganado en el mismo predio. Pone al productor a restaurar mientras produce y ataca el motor sin esperar a que el bosque regrese. Escalar ese instrumento, de la mano de quienes hoy ocupan la frontera, es la clase de inversión que una política de Estado más amplia haría visible y prioritaria.

El presupuesto ambiental se define con base en lo que se tiene: hectáreas de bosque. Por eso financia donde el árbol ya cayó y llega tarde al agua que se agota, a los frentes que el país sigue talando lejos del foco, al motor ganadero que reenciende la tala y a los caminos de la guerra que ya preparan la frontera de mañana. Con la vara actual, el país gasta todo el presupuesto en atacar la mitad del problema. 

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