Desalinización: el debate hídrico que Colombia sigue aplazando

La desalinización no es la solución universal ni el reemplazo de nada. Es una fuente que diversifica el portafolio hídrico y ofrece una confiabilidad que los sistemas convencionales no pueden garantizar ante la variabilidad climática que ya se está observando.

La desalinización ofrece una solución innovadora para transformar el agua de mar en un recurso vital, al abrir nuevas posibilidades donde escasea el agua dulce. Durante años, ocupó en Colombia el lugar de las alternativas que se mencionan, pero no se evalúan: costosas, energéticamente intensivas y apropiadas para países que no tienen otra opción. Esa percepción tuvo sentido en algún momento. Hoy es simplemente incorrecta.

En las últimas tres décadas, la desalinización por ósmosis inversa atravesó una transformación técnica y económica sin precedentes. El consumo energético bajó de más de 10 kWh por metro cúbico a entre 3kWh y 4 kWh en plantas modernas. Los costos de producción, que superaban los US$3 por metro cúbico en los años noventa, hoy se ubican entre US$0,50 y US$1,50 por metro cúbico en proyectos bien estructurados. La capacidad instalada global supera los cien millones de metros cúbicos diarios, distribuida en más de 20.000 plantas que operan como infraestructura ordinaria en ciudades, zonas industriales y territorios insulares de todos los continentes.

No se trata de una tecnología experimental ni de nicho. Es una infraestructura de seguridad hídrica probada, con mercados maduros, cadenas de suministro consolidadas y un historial de operación que permite evaluarla con datos reales, no con supuestos. El argumento técnico en contra ya no existe. Lo que persiste es otro tipo de resistencia: la de incorporar una conversación incómoda a la política hídrica colombiana.

Lo que el mundo aprendió a las malas

La madurez tecnológica no garantiza buenos proyectos. La expansión global de la desalinización también dejó un registro de errores que Colombia haría bien en leer antes de actuar, no después.

El primero es el sobredimensionamiento. Varias plantas fueron diseñadas para demandas proyectadas que no se materializaron, o sin integración real con los sistemas de distribución existentes. El resultado fue una infraestructura cara operando por debajo de su capacidad, con tarifas que absorbían los costos fijos de una planta subutilizada. El error no fue construir, fue construir sin anclar la decisión a una estrategia de demanda verificada.

El segundo error fue subestimar la energía. El costo eléctrico representa entre el 30% y el 50% del costo operativo total en la mayoría de los sistemas de ósmosis inversa. Donde no se aseguraron contratos de largo plazo ni fuentes renovables integradas desde el diseño, la viabilidad financiera dependió de variables que el operador no podía controlar. En contextos de alta volatilidad tarifaria, eso supone un riesgo institucional, no solo financiero.

El tercero fue tratar la salmuera como un detalle técnico menor. No lo es. Su gestión requiere modelación oceanográfica, diseño de difusores y monitoreo continuo. Donde estos elementos se improvisaron o se dejaron para después, surgieron conflictos ambientales que terminaron erosionando la legitimidad de proyectos que técnicamente funcionaban. La oposición no se debió al agua producida, sino al residuo mal gestionado.

El cuarto error, quizás el más relevante para Colombia, fue construir plantas como soluciones aisladas. La desalinización no reemplaza la reducción de pérdidas, la gestión de la demanda ni el reúso. Cuando se trató como sustituto en lugar de como complemento, generó tensiones innecesarias en sistemas que ya tenían problemas estructurales sin resolver.

Ninguno de estos errores es inevitable. Todos son prevenibles con un diseño institucional adecuado y decisiones tomadas antes de la crisis, no durante ella.

El territorio que justifica la conversación

Colombia no tiene escasez estructural de agua a escala nacional. Tiene algo más difícil de resolver: una distribución profundamente desigual, territorios donde la variabilidad climática no es un escenario futuro sino una condición permanente, y sistemas de abastecimiento diseñados para un clima que ya no existe.

En ese mapa, el Caribe colombiano ocupa un lugar que no admite evasivas.

• La Guajira es el caso más documentado y el menos atendido. La península tiene índices de aridez entre los más altos del país, fuentes superficiales escasas y estacionales, y una dependencia histórica de jagüeyes y soluciones de emergencia que no han resuelto el problema de fondo. Las comunidades han enfrentado durante décadas una crisis hídrica que el Estado ha abordado con intervenciones puntuales, pero sin una arquitectura de largo plazo. La respuesta estructural planteada apunta al embalse El Cercado, en la cuenca del río Ranchería, a más de cien kilómetros de las zonas de mayor vulnerabilidad. En un territorio con el mar a tres costados y una radiación solar entre las más altas de América del Sur, la solución sigue siendo buscar el agua tierra adentro.
• Santa Marta ilustra una vulnerabilidad distinta: la de un sistema urbano que funciona, pero de manera frágil. La ciudad depende de fuentes superficiales de caudal limitado, con alta densidad demográfica y sensibilidad directa a los ciclos de sequía. Cada fenómeno del Niño convierte lo que debería ser un problema de gestión ordinaria en una emergencia de abastecimiento. El crecimiento turístico e inmobiliario de los últimos años agravó esa ecuación sin que la infraestructura hídrica se adaptara en la misma proporción. La alternativa que se ha discutido con más insistencia es una derivación desde el río Magdalena, una obra de gran envergadura, alto costo y complejidad institucional considerable. Santa Marta no necesita descartar esa opción: necesita dejar de tratarla como la única.
• El golfo de Morrosquillo representa una tercera lógica: la de la demanda industrial y energética creciente en una zona costera con sistemas de abastecimiento que no fueron diseñados para soportarla. La expansión portuaria, los proyectos de infraestructura energética y el crecimiento urbano de la subregión están generando presiones sobre fuentes que ya operan al límite. La solución contemplada consiste en traer agua desde el río Sinú, mediante otro trasvase de larga distancia, con sus propias complejidades técnicas, ambientales e institucionales.

El patrón es el mismo en los tres casos: territorios costeros con acceso directo al mar, potencial solar significativo y demanda creciente, cuya respuesta hídrica estructural siempre mira hacia el continente. Trasvases y derivaciones de largo alcance no son soluciones incorrectas por definición, pero tienen en común que trasladan la dependencia en lugar de reducirla, que su viabilidad está atada a cuencas que también enfrentan presiones climáticas crecientes y que su costo y complejidad los convierten en proyectos de décadas, no de años.

Esa recurrencia no es una coincidencia geográfica. Es el síntoma de una política hídrica que no ha incorporado el mar como parte del portafolio de soluciones.

Los obstáculos que quedan no son técnicos

Si la tecnología es madura y el territorio justifica la conversación, los obstáculos que quedan son de otro orden: energético, tarifario y contractual.

• El primero es energético. La desalinización por ósmosis inversa es intensiva en electricidad, y el costo de esa electricidad determina en buena medida la viabilidad financiera del sistema. En el Caribe colombiano, esa conversación no puede separarse del contexto energético regional: tarifas entre las más altas del país, una red de distribución con problemas estructurales de calidad y continuidad, y un potencial solar que sigue siendo más promesa que realidad en términos de integración efectiva a proyectos de infraestructura hídrica. Evaluar la desalinización en la costa sin resolver primero la ecuación energética es construir sobre una variable que no se controla. La integración de fuentes renovables no es un complemento deseable: es una condición de viabilidad.
• El segundo es tarifario e institucional. El agua producida por desalinización tiene un costo real que los esquemas tarifarios colombianos no siempre reflejan. El modelo predominante de subsidios cruzados y tarifas reguladas por debajo del costo de prestación genera una asimetría difícil: proyectos técnicamente viables que no son financieramente sostenibles bajo las reglas vigentes. Esto no significa que la desalinización sea incompatible con el marco regulatorio colombiano, sino que dicho marco requiere una discusión explícita sobre cómo incorporar fuentes no convencionales con estructuras de costo distintas de las tradicionales. Sin esa discusión, cualquier proyecto quedará atrapado entre la ingeniería y la regulación.
• El tercero es contractual. Si Colombia decide avanzar en esquemas de asociación público-privada o contratos de compra de agua a largo plazo —que son los modelos que han funcionado en otros contextos—, la asignación de riesgos entre el Estado, el operador y los usuarios debe definirse con precisión antes de estructurar el proyecto, no durante su ejecución. Los riesgos energéticos, de demanda y de variación de costos operativos no desaparecen, se distribuyen. Cómo se distribuyan determinará si el proyecto es sostenible o si termina generando pasivos que el Estado absorbe en silencio.

Ninguno de estos obstáculos es irresoluble. Pero todos requieren decisiones que hoy no están tomadas, y que difícilmente se tomarán si la desalinización sigue apareciendo en la agenda pública solo cuando una ciudad entra en emergencia. Las decisiones de diseño institucional no se toman bien bajo presión. De hecho, se toman mal, rápido y con consecuencias que perduran décadas.

Una conversación que no puede seguir esperando la crisis

Colombia tiene costas, sol y territorios con décadas de vulnerabilidad hídrica documentada. Lo que no ha tenido es una política que incorpore el mar como parte de la respuesta.

La desalinización no es la solución universal ni el reemplazo de nada. Es una fuente que diversifica el portafolio hídrico y ofrece una confiabilidad que los sistemas convencionales no pueden garantizar ante la variabilidad climática que ya se está observando. Su valor no está en reemplazar el río Magdalena, el Sinú o el Ranchería. Está en que no depende de ellos.

Incorporarla al debate exige evaluar con rigor, en el territorio y con los instrumentos adecuados. El país ya sabe lo que cuesta posponer esas decisiones. En La Guajira, en Santa Marta y en Coveñas, esa demora no es una abstracción de política pública. Es agua que no llega.

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