La Mojana no necesita más diagnósticos: necesita recuperar su sistema hídrico

La Mojana no resiste un aplazamiento más: cada día sin intervenciones de fondo no es una demora técnica, sino una decisión política con consecuencias irreversibles. El Estado está obligado a actuar.

La Mojana es una de las regiones ecológicamente más importantes de Colombia. No solo alberga un mosaico de humedales, caños y ciénagas con una enorme biodiversidad, sino que también constituye la principal válvula de regulación hidráulica del Caribe interior. Durante décadas, el país ha estudiado su deterioro, ha entendido las causas y ha diseñado las intervenciones necesarias para recuperar su funcionalidad ecológica y territorial. Sin embargo, pese a que existen recursos asignados, consensos técnicos y una ruta institucional definida, la intervención hidrológica y ambiental sigue sin comenzar. El problema ya no es conceptual: es la incapacidad del Estado para ejecutar.

Un problema complejo con una visión técnica ya consolidada

La Mojana no es un territorio inundado: es un sistema hídrico que dejó de funcionar. Su identidad histórica fue la de un gran amortiguador natural de las aguas provenientes de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Esa función permitió, durante siglos, ciclos productivos estables, pesca y agricultura, además de un equilibrio ecológico que daba sentido a la vida social y económica de la región.

Lo que hoy se llama “problema de La Mojana” no es el exceso de agua ni las lluvias. Es la ruptura de un entramado ecológico y territorial que ya no cumple su función. La desconexión de los caños, la degradación de humedales, la ocupación de zonas inundables y las intervenciones a lo largo del cauce del río Cauca transformaron un sistema que debe dejar fluir en uno que retiene y se autodestruye. 

Este diagnóstico es inequívoco y ampliamente respaldado. Estudios hidrológicos, ambientales y socioeconómicos desarrollados durante más de una década convergen en una premisa esencial: La Mojana no puede ser protegida si no se restaura su funcionalidad hídrica. Y esa restauración no es un complemento: es el punto de partida. Mientras ese equilibrio no se recupere, cualquier esfuerzo productivo, social, agrícola o de infraestructura vial tendrá una vida útil corta y un costo creciente. La región es hoy la demostración empírica de un error clásico en política pública: invertir en los efectos sin corregir las causas.

El punto crucial es que este diagnóstico no es nuevo ni está sujeto a controversia científica. Desde hace más de una década, múltiples estudios desarrollados por entidades del Estado, universidades, misiones técnicas y organismos multilaterales convergen en una conclusión: el problema no es el exceso de agua, sino la pérdida de conectividad hídrica.

Esa coincidencia técnica motivó, en 2022, la aprobación del CONPES 4076, mediante el cual el gobierno nacional, en un esfuerzo conjunto con entidades territoriales, gobernaciones y organizaciones comunitarias, declaró La Mojana como un proyecto estratégico y definió la necesidad de recuperar su funcionalidad hídrica. Que un proyecto llegue a ese nivel en el ordenamiento jurídico colombiano no es un detalle burocrático: significa que existe una política de Estado, con responsables, instrumentos y plazos.

El contexto de ese CONPES refuerza la urgencia. Entre 1998 y 2020, La Mojana registró 495 eventos hidrometeorológicos, de los cuales 338 fueron inundaciones, con un saldo de 76.000 viviendas averiadas y más de mil viviendas destruidas. Las pérdidas económicas acumuladas superan los costos estimados de la intervención hidráulica inicial, lo que revela un fenómeno paradójico: Colombia paga por no hacer lo que ya decidió hacer.

Los proyectos estructurados y la supuesta paradoja de los enfoques

El avance técnico del CONPES es indiscutible. En 2022, se estructuró la primera fase de intervención, centrada en cuatro acciones fundamentales:

1. Restauración ecológica: Recuperar humedales y zonas de amortiguación para restablecer la lógica de “inundar sin destruir”. La Mojana no necesita secarse: necesita volver a dejar fluir el agua de manera regulada.
2. Rehabilitación de la conectividad hídrica interna: Reabrir caños, reconectar flujos y restituir el sistema natural de distribución del agua. No es un tema estructural, es funcional.
3. Manejo del río Cauca en zonas críticas: No para encajonarlo, sino para disminuir su presión sobre áreas que hoy no pueden recibir los volúmenes que otrora distribuían caños y humedales hoy degradados.
4. Protección de los cascos urbanos vulnerables: Garantizar la seguridad de la población asentada en zonas de alto riesgo y, simultáneamente, ordenar los usos del suelo y los asentamientos humanos conforme a la nueva dinámica hídrica. 

No se trataba de un inventario de buenas intenciones. Se trataba de proyectos con desarrollos de ingeniería, localización, estimaciones presupuestales y diseños validados. Su propósito no era “proteger las tierras de los ganaderos”, sino devolverle al territorio la capacidad de hacer aquello que historicamente hizo: dejar fluir el agua mientras se protegía la población y su economía.

En 2023, el Gobierno descartó el CONPES y revisó su enfoque; sin embargo, en la práctica, lo que terminó haciendo fue integrar su visión en un marco más amplio que llamaron “ordenamiento territorial alrededor del agua”. Esta decisión no fue un cambio de rumbo, sino un paso adicional en la misma dirección. La base hidráulica dejó de verse como un proyecto sectorial y pasó a entenderse como una condición para el desarrollo regional. La planificación urbana, la reactivación productiva y la infraestructura social se articularon en torno a la necesidad de restablecer primero la funcionalidad del sistema hídrico. En paralelo, se aseguraron nuevamente recursos para este enfoque revisado. Ese mismo año, se aprobaron inversiones por $1,23 billones destinadas a financiar la intervención integral. 

Todo indicaba que la fase inicial —la más importante para reducir el riesgo, habilitar desarrollos posteriores y detener el deterioro ecológico— estaba lista para arrancar. La secuencia era inmejorable: diagnóstico, planificación, recursos, entidad ejecutora.

Sin embargo, nada ocurrió, la restauración no comenzó.

La parálisis: decisiones tomadas, recursos asignados e intervenciones inexistentes

A pesar de contar con estudios, con CONPES de importancia estratégica, con financiamiento asegurado, La Mojana sigue en el mismo punto en que estaba cuando los diagnósticos comenzaron. Los proyectos no han pasado de la fase documental, la restauración de humedales no ha iniciado, la rehabilitación de caños no se ha materializado y las obras hidráulicas prioritarias del Cauca continúan en un ciclo interminable de diseños y rediseños.

El resultado es inquietante: La Mojana tiene una política pública aprobada, pero no ejecutada. Tiene recursos comprometidos, pero sin impacto territorial. Tiene instituciones responsables, pero sin tomar decisiones operativas. Tiene proyectos listos, pero sin intervenciones.

Este tipo de estancamiento no es menor. Tras la aprobación de los recursos y tras descartar las intervenciones del CONPES 4076 de 2022, se esperaba que comenzara la ejecución física. Al día de hoy, la región no ha visto avances significativos derivados de ese acuerdo. La institucionalidad encargada de materializar la intervención ha invertido en capacidad administrativa y recursos en consultorías, contratistas, reorganizaciones, rediseños y anuncios, pero no en aquello que constituye el corazón del proyecto: restaurar humedales, rehabilitar caños y mitigar el riesgo.

El tiempo perdido no es gratis: cada ciclo de lluvias sin intervención agrava las pérdidas, erosiona la confianza comunitaria, incrementa los costos futuros y profundiza el deterioro ecológico. La Mojana está viviendo una paradoja letal: sabemos qué hacer, sabemos cuánto cuesta, sabemos quién debe hacerlo… pero no se hace.

Si algo queda claro es que el problema ya no está en los humedales, ni en los caños, ni en el cauce del Cauca. El problema está en Bogotá. No en la geografía, sino en la decisión de ejecutar.

Lo ambiental aquí no es un discurso: es una urgencia. Cada año que pasa sin actuar transforma una intervención posible en una restauración cada vez más costosa y, eventualmente, el problema en irreversible.

Conclusión: la responsabilidad de ejecutar lo decidido

El caso de La Mojana no invita a un nuevo diagnóstico, sino a una reflexión institucional más profunda. Colombia logró algo poco común para un sistema tan complejo: construir consenso técnico, jurídico y presupuestal en torno a una solución. Pero una política pública no se evalúa por la coherencia de sus documentos, sino por la transformación que produce.

La región ya no necesita estudios, anuncios, ni rediseños. Necesita decisiones políticas. El costo de no actuar ya superó con creces el de actuar, y el tiempo transcurrido empieza a convertir una crisis reversible en una pérdida definitiva de funcionalidad ecológica,  económica y social.

La pregunta para el Estado no es qué hacer con La Mojana. Esa ya está resuelta. La pregunta es cuándo decide hacer lo que ya decidió.

La Mojana no resiste un aplazamiento más: cada día sin intervenciones de fondo no es una demora técnica, sino una decisión política con consecuencias irreversibles. El Estado está obligado a actuar.

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