El llamamiento a juicio del expresidente Álvaro Uribe
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El llamamiento a juicio del expresidente Álvaro Uribe

Escrito por Francisco Bernate

Este proceso está condenado a prescribir y no habrá una verdad judicial.

Francisco Bernate Ochoa*

El caso Uribe

En Colombia, el proceso judicial que más concentra la atención de propios y extraños es el que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez: la más importante figura de la política colombiana en lo que va del siglo XXI, el primer expresidente llamado a juicio en la historia de nuestra república.

El proceso comienza con una denuncia que Uribe formuló contra el senador Iván Cepeda. La Corte Suprema de Justicia la archivó y dispuso, por el contrario, que Uribe debía ser el sindicado.

Desde entonces, los acontecimientos han demostrado la importancia de este proceso; prácticamente, ha pasado por todas las instancias judiciales:

  • comenzó en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; 
  • pasó por la Sala Especial de Instrucción de la misma corporación, que es la encargada de definir la situación jurídica y que impuso una medida de aseguramiento domiciliario en plena pandemia;
  • ante la renuncia de Uribe a su cargo de senador y, por consiguiente, al fuero, aterrizó en la Fiscalía General de la Nación, que en dos oportunidades intentó —sin éxito— que dos juezas de la República consintieran a precluir la investigación;
  • por esto, llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que cerró esta puerta;
  • hay que agregar una tutela, que pasó por las dos salas restantes de la Corte Suprema y terminó en una muy discutible decisión de la Corte Constitucional.

Como podemos ver, solamente faltó la jurisdicción contencioso-administrativa —liderada por Consejo de Estado— y la jurisdicción disciplinaria— encabezada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, por cuenta de estos mismos acontecimientos, sancionó al abogado Diego Cadena—. 

Sin motivos políticos 

No tiene sentido afirmar que el llamado a juicio sea el resultado de motivos políticos: la justicia colombiana —en las dos decisiones de las juezas de Bogotá y en la del Tribunal Superior de Bogotá— falló con argumentos estrictamente jurídicos, relacionados con la improcedencia de la petición de precluir el proceso.

Foto: Facebook: Fiscalía general - Este proceso ha dado cuenta de la independencia de la justicia colombiana, tal como lo demuestran decisiones previas y el llamamiento a juicio que la Fiscalía General hace hoy a Álvaro Uribe.

Por lo tanto, las tres diligencias que restan —acusación, preparatoria y juicio— deben hacerse antes del 8 de octubre de 2025.

Además, la misma Fiscalía General de la Nación ha solicitado dos veces la preclusión; pero hoy llama a juicio al expresidente, lo que invalida una lectura política, pues, de ser así, se interpretaría en ambos sentidos —esto es, la Fiscalía favorece y perjudica—. Por el contrario, este proceso ha dado muestra de la independencia de la justicia colombiana, que hoy es admirada por la manera en que se vinculan los jueces al poder judicial, que no es otra que por méritos.

Quizá el único lunar del proceso ha sido la escasa, lamentable y cada vez más lacónica intervención de la Corte Constitucional, penosa en la forma y en el fondo. No recuerdo otra sesión de una alta corte que se transmitiera casi en directo por las redes sociales, como ocurrió con esta otrora admirable corporación.

La decisión es igualmente precaria, pues asimilar la indagatoria —que se rinde ante un fiscal— a una imputación de cargos —que se presenta ante un juez— es bastante pobre desde lo jurídico y reitera que la actual guardiana de la Constitución está cada vez más preocupada por quedar bien con todos que por hacer respetar un Estado de derecho.

Segunda etapa del proceso, ¿qué podemos esperar?

Ya hay una acusación contra el expresidente Uribe; sigue el juicio, la segunda etapa del proceso penal. El escrito de acusación es la puerta de esta fase de las diligencias, y nos obliga a pensar en futuros escenarios.

Ya se conoce el nombre del juez que va a tramitar este proceso; sigue la audiencia de acusación, que ya tiene fecha y hora. Esta audiencia, desde ya, se anticipa farragosa y dilatada. Allí se debatirán dos aspectos muy relevantes para este proceso: 

  • la asimilación que hizo la Corte Constitucional entre indagatoria e imputación;
  • la condición de víctimas de quienes se declaran como tales.

Para ello, defensores, fiscales, procuradores y víctimas presentarán sus argumentos ante un tercero imparcial: el juez que habrá de decidir sobre estos dos aspectos; en cualquier caso, pasarán a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la última palabra.

Después viene la audiencia preparatoria, en la que las partes aportarán sus pruebas; el debate se centrará en la legalidad de las interceptaciones telefónicas contra el expresidente —en ese entonces, senador—. Este debate —que se ha dado en todas las instancias en las que se ha discutido la actuación— todavía no alcanza una decisión definitiva; el juez decidirá cuando se le solicite excluir estas escuchas, pero esta decisión podría apelarse ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Condenado a prescribir

Solamente tras estas dos diligencias ocurrirá el juicio: se presentarán testigos y documentos frente al juez y la comunidad; el juicio terminaría con el fallo de primera instancia, que —nuevamente— podrá apelarse ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Como podemos ver, al proceso todavía le falta bastante para que siquiera podamos comenzar el juicio oral, en el que se dará definiría la inocencia o culpabilidad de expresidente.

Quizá el único lunar del proceso ha sido la escasa, lamentable y cada vez más lacónica intervención de la Corte Constitucional, penosa en la forma y en el fondo. No recuerdo otra sesión de una alta corte que se transmitiera casi en directo por las redes sociales, como ocurrió con esta otrora admirable corporación.

Esto nos conduce desde ya a anticipar cuál será la suerte de este proceso:

  • El expresidente está acusado por dos delitos: fraude procesal y soborno a testigos; ambos tienen una pena máxima de 12 años.
  • La indagatoria fue el 8 de octubre de 2019.
  • La acción penal prescribe —cesa la obligación estatal de aplicar la pena— tras la mitad del máximo de la sanción (12 ÷ 2 = 6 años).

Por lo tanto, las tres diligencias que restan —acusación, preparatoria y juicio— deben hacerse antes del 8 de octubre de 2025. No es siquiera posible hacerlo en menos de cinco años.

Este proceso está condenado a prescribir y no habrá una verdad judicial. Habrá otras lecturas históricas y políticas, pero no oiremos las voces del poder judicial. Cada uno reclamará su verdad como la única, pero no se comprobará la responsabilidad judicialmente.

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