Maromas fiscales en tiempos electorales

En un año electoral, la política fiscal deja de ser técnica y se vuelve campaña. El gasto se sostiene, el ajuste se aplaza y la deuda aumenta. La aritmética fiscal no vota, pero siempre cobra

El año electoral y la restricción que no admite discurso

Colombia afronta un año electoral crucial con una fuerte restricción que ningún discurso, hasta el momento, logra derogar: la aritmética fiscal. 

El próximo 8 de marzo se vota para elegir representantes a Cámara y Senado, además de las consultas interpartidistas, y el 31 de mayo se elige presidente de la República. En este horizonte, lo políticamente rentable para que el proyecto político actual garantice su continuidad por cuatro años más es sostener el gasto visible hoy y diferir su costo para mañana, aunque lo técnicamente responsable sería hacer lo contrario.

Aquí entra la equivalencia ricardiana, concepto utilizado a menudo por los economistas, propuesto por David Ricardo y formalizado por Robert Barro, para concluir que la deuda no desaparece; se traslada. Si el Gobierno se endeuda hoy para evitar el costo político de aumentar impuestos o recortar el gasto, alguien deberá pagar mañana con impuestos más altos o con menor provisión de bienes públicos:

• En el escenario perfecto, las personas anticipan esa carga futura, ahorran más y el déficit pierde potencial sobre la demanda. 
• En el escenario actual colombiano, con alta informalidad, restricciones de liquidez y profunda desigualdad, la equivalencia no se cumple al pie de la letra. Pero el mensaje central sí aplica y es el que importa en el año electoral: el alivio presente se compra con tributación futura, y con frecuencia esa factura termina concentrándose en quienes sí pagan.

El problema fiscal

Las cifras fiscales actuales no son muy alentadoras:

• En 2023, el Gobierno Nacional Central (GNC) cerró con un déficit de 4,3% del PIB y una deuda bruta de 56,7% del PIB. 
• En 2024, este déficit aumentó a 6,7% y la deuda a 61,6%, y el balance primario se deterioró a -2,4% del PIB. 
• Para 2025, se estima que el país alcance uno de los déficits más elevados del mundo con 7,5% del PIB, una deuda de 65,0%, equivalente al total de la deuda histórica adquirida hasta agosto de 2017, y un desbalance entre ingresos y gastos de -3,7% del PIB. 

Esta secuencia de incrementos no es un bache, es una tendencia que deteriora las finanzas públicas del país. 

El problema no es solamente el tamaño del déficit, sino su composición y la forma de “cerrarlo”: 

• Si bien en diciembre de 2025 el GNC ejecutó un recorte presupuestal de 16,2 billones de pesos, el PIB aumentó apenas 2,6% y fue impulsado por el consumo final, que creció 4,2%. Aquí lo importante es que dentro de este consumo, el gasto público tiene un rol fundamental toda vez que creció 7,1%, lo cual confirma que el Estado actuó como amortiguador del ciclo económico en escenarios de baja iniciativa privada. 
• Por otro lado, la inversión, motor fundamental del crecimiento económico de largo plazo, fue tan solo del 16,0%, siendo el dato más bajo en 20 años.

La fragilidad también se ve en el financiamiento: en diciembre de 2025, la financiación de corto plazo representó 19,6% de la financiación interna, muy por encima del promedio del último cuatrienio, cuando fue de 10,7%. 

En esa línea, ante el no cumplimiento de la meta de recaudo tributario (305,5 billones d pesos Vs . 296,1 billones) el financiamiento vía títulos de deuda pública (TES) de corto plazo se ha convertido en la herramienta predilecta para adquirir liquidez inmediata. propiciando deuda futura que será canjeada con altos intereses. 

En palabras castizas lo anterior significa que cuando la caja no da, el ajuste recae donde menos resistencia política hay, que es en la inversión, y no donde el problema crece, que es en el gasto público. 

Dicha maroma, no dice otra cosa más que cuadrar la vigencia actual sacrificando la futura, sin corregir la estructura del problema. Y aunque, per se, financiarse en corto plazo no es un pecado, en materia de política fiscal esto implica, coloquialmente, “abrir un hueco para tapar otro”, elevando el riesgo de refinanciación justo cuando la credibilidad fiscal es más valiosa.

En síntesis, 2026 es un año en el cual el Gobierno no está optimizando; está sobreviviendo.

Maromas extraordinarias 

Dado lo anterior, aparecen las famosas medidas de “raspado de olla” que el Gobierno intenta justifica como excepcionalidad, pero que revelan el verdadero diagnóstico: no hay ajuste fiscal creíble, entonces se buscan recursos rápidos. 

Bajo el marco de la emergencia económica, el Gobierno expidió el Decreto 0173 de 2026 que crea un impuesto al patrimonio para empresas con tarifas que van de 0,5% a 1,6%. 

De manera paralela, avanza una regulación que reorienta el ahorro pensional hacia el balance público. Por un lado, un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda busca poner límite global de 30,0% a inversiones en el exterior para el agregado de fondos obligatorios con transición. Por otro, un borrador del Ministerio del Trabajo reglamenta el traslado de saldos hacia Colpensiones en la “oportunidad de traslado”, obligando a transferir la totalidad del saldo acumulado cuando se ejerce la opción.

¿Y quiénes pagarán?

Tres grupos:

• Primero, los contribuyentes futuros, en especial los formales, porque son los que efectivamente pueden ser gravados: si el déficit primario es negativo, estabilizar deuda exige o subir ingresos o bajar gasto. 
• Segundo, los usuarios de servicios públicos e inversión social de calidad: cuando el ajuste se hace por “baja ejecución” y por recortes de inversión, se paga con infraestructura, productividad y crecimiento potencial, que es la verdadera base tributaria del mañana. 
• Tercero, los ahorradores si se materializa la tentación de convertir el ahorro de largo plazo en un instrumento de caja del GNC: se encarece el capital, se estrecha el financiamiento privado y se politiza la administración del riesgo.

Ciclo electoral, continuidad del proyecto y la cuenta que queda

La pregunta que debería guiar el debate electoral no es si el Gobierno “cumple” una meta contable o si logra un recaudo coyuntural, sino si está construyendo capacidad de pago o simplemente comprando tiempo para sostener su proyecto político. 

Durante el año electoral, la tentación es más que lógica: maximizar el gasto visible, minimizar el costo inmediato y trasladar el ajuste al siguiente periodo. Por eso proliferan los cierres por caja, los recortes tardíos y el uso de instrumentos “excepcionales” que dan oxigeno hoy, pero no mejoran el balance estructural. Tanto el mensaje económico como la intuición detrás de él son incomodos: si el déficit primario se mantiene negativo y aumentando, la factura no se evapora; se difiere a tasas más altas. 

Aquí es donde la continuidad entra en juego. Si el proyecto político busca prolongarse, el incentivo a esconder el costo del endeudamiento es doble: primero, para llegar con aire a las elecciones; y segundo, para heredarse un punto de partida que no obligue a un ajuste impopular en el arranque del siguiente mandato. 

El problema es que las maromas no son neutras porque elevan el riesgo de refinanciación, erosionan la credibilidad y estrechan el margen de política futura, porque el próximo gobierno, sea el que sea, deberá elegir entre más impuestos, más recortes, o más deuda. 

En el lenguaje de la equivalencia ricardiana, se cambia alivio en el presente por tributación en el futuro, con un sesgo regresivo hacia quienes sí pagan y no pueden evadir. 

La conclusión es igual de simple: en tiempos electorales, la política fiscal se vuelve campaña, y cuando la política fiscal hace campaña, el contribuyente del futuro pierde las elecciones sin siquiera haber votado.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.