Internet Social: un anhelo difícil de alcanzar en Colombia

El sueño de cerrar la brecha digital en el país y lograr que los colombianos más vulnerables accedan a Internet se ve cada día más lejano y difícil de alcanzar. El nuevo camino que escogió el Gobierno para desarrollar el Internet Social prácticamente desmantela la institucionalidad del sector de las comunicaciones, amenaza su supervivencia e irremediablemente afectará a los colombianos más pobres.

Después de la pandemia del Covid-19, los colombianos entendimos la importancia de los servicios de comunicaciones y la urgencia de asegurar el acceso a Internet a todos los habitantes del país, sin distinción social, ubicación geográfica o medio de conexión. Para todos fue una realidad evidente que gracias a los servicios y medios digitales pudimos enfrentar esa terrible prueba, en la medida en que nos permitieron mantener el tejido social, los servicios públicos y muchos trabajos. La posibilidad misma de recibir los contenidos digitales nos dio la confianza en que podíamos superar las adversidades que generó la pandemia.

En materia de políticas públicas digitales quizá la principal enseñanza de la crisis sanitaria fue la necesidad de desarrollar una nueva visión de Estado que apuntara a cerrar la brecha digital en el país. Bajo esa perspectiva, se esperaba que la llegada de un gobierno con un supuesto perfil social estimularía una política digital ambiciosa que impulsaría programas orientados a llevar Internet a los colombianos más necesitados. Años después de iniciado este cuatrienio la realidad es, sin embargo, muy distinta. 

Un componente digital ausente en el Plan Nacional de Desarrollo

Para contar con una verdadera estrategia de conectividad social era necesario que el componente digital fuese un actor importante en las políticas públicas del presente cuatrienio. Se requería que dicha estrategia atendiera las necesidades de las poblaciones que no tienen Internet, especialmente las que habitan en las regiones rurales y periféricas del país, y se esperaba una activa participación de las empresas públicas en proyectos orientados hacia la ampliación de la cobertura en las zonas urbanas más vulnerables. 

Sin embargo, la realidad fue otra: en el Plan Nacional de Desarrollo no se diseñó una estrategia de conectividad social, no se estructuraron proyectos ambiciosos para ampliar la conectividad en el país, y tampoco se generó una visión regulatoria que estimulara a los operadores privados a ampliar sus redes y fortalecer su cobertura en las zonas rurales, o inclusive, en las urbanas. 

La ausencia de un plan de conectividad social consistente también se observó al no disponer de una hoja de ruta estable en su ejecución. A lo largo de los últimos tres años el Mintic ha modificado sus planes varias veces, y ha generado incertidumbre sobre la visión digital del gobierno nacional.

En este contexto, se observa que una de las falencias más notorias en materia de conectividad social fue la ausencia de un plan de despliegue de fibra óptica para el desarrollo de las ciudades colombianas. Como consecuencia, Colombia tiene un nivel de penetración de Internet Fijo cercano al 43%, según las estadísticas de la CRC, menor al del promedio de la OECD, que se ubica en aproximadamente 60%. 

Por el contrario, el gobierno nacional decidió implementar un confuso plan que abarcaba desde la promoción de la tecnología móvil 5G, hasta la habilitación de las juntas de acción comunal para ejecutar proyectos de ampliación de las redes de servicios de comunicaciones. En retrospectiva, el gobierno nacional nunca encontró un eje para articular de manera eficiente el desarrollo de la cobertura de las redes de estos servicios, tanto con las empresas públicas como con las privadas. 

Con estos antecedentes, difícilmente se cumplirá la meta de lograr el 85% de la cobertura de Internet planteada para 2026, que equivalía a cerca de 71 millones de conexiones a Internet, cuando al finalizar 2024 se alcanzó cerca de 49 millones de conexiones según el Mintic, lo que representa un avance del 69%.

El proyecto de ley de Internet Solidario: retroceso institucional y populismo tarifario

De manera sorpresiva el Mintic radicó el pasado mes de agosto el proyecto de Ley de Internet solidario (N193- 2025), orientado a establecer como derecho fundamental el acceso a Internet, con lo que nuevamente redefinió su visión de la conectividad social, amparado ahora en un marco legal.

El proyecto de Ley del Mintic pone de nuevo a la industria de las comunicaciones bajo la órbita de la Ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994), es decir que para el gobierno nacional las comunicaciones se comportan igual que la prestación de los servicios de acueducto, gas o energía. En este nuevo marco legal se establece un subsidio para el estrato 1, para financiar la prestación del Internet Fijo; se podrá ejercer toma de posesión y control sobre los operadores de comunicaciones, y adicionalmente establece un aparente monitoreo de contenidos de Internet, medios de comunicación y, eventualmente, hasta de las redes sociales.

Con este proyecto de Ley el gobierno nacional decidió escoger el camino del populismo tarifario, del estatismo empresarial en el sector TIC, y del eventual control de Internet para avanzar en un propósito loable, que es llevar Internet a los colombianos más vulnerables. Sin embargo, los medios para hacerlo apuntan hacia la destrucción del modelo institucional del sector TIC, liderado por el propio Ministerio, que en otras ocasiones fue el protagonista que propició la transformación de los servicios digitales en el país. 

En términos sociales este proyecto de Ley, de manera ineficiente, insiste en establecer un mecanismo de asignación de subsidios, como es la estratificación socioeconómica, que no atiende las realidades de los colombianos más pobres y que el mismo gobierno nacional ha reconocido la necesidad de revaluar. Asimismo, la asignación de subsidios para Internet debe soportarse en criterios técnicos y no políticos, que incluyan la convergencia de servicios de comunicaciones, la evaluación de la cadena de valor, las restricciones presupuestales que enfrentan los hogares en el momento de acceder a Internet, y la posibilidad de establecer una “canasta” de servicios básicos de Internet que les permita a los colombianos más pobres acceder a estos servicios con la suficiente calidad.

En el campo institucional, el proyecto de Ley es una mala copia de la experiencia en el sector de salud, orientada a controlar a las empresas de comunicaciones, estatizar las compañías a través  de intervenciones y volver a poner bajo la órbita de un ente de control débil y sin conocimiento técnico, como es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a los servicios de comunicaciones que, dados sus niveles de competencia, eficiencia o innovación tecnológica, no son comparables con la prestación de servicios como la energía, el agua o el gas. 

En cuanto a la gobernanza de Internet o la garantía de la libre expresión para los colombianos, el proyecto de Ley del Mintic deja serias dudas sobre la intención del gobierno nacional de controlar Internet y los medios de comunicación en el país.

En síntesis, uno de los pocos sectores que no habían sido deteriorados en su marco institucional, como es el de las comunicaciones, enfrenta ahora quizás el reto más grande en esta legislatura, debido a que el proyecto de Ley 193 de 2025 puede desmantelar el esfuerzo institucional construido desde 1994, que les permitió a los colombianos contar con los servicios de comunicaciones móviles, fijos e Internet. 

La fortaleza del sector de las comunicaciones en el país se medirá con este nuevo reto, y así como ha superado otras difíciles pruebas como crisis económicas o la pandemia del Covid-19, seguramente superará este nuevo desafío con el apoyo de la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los expertos técnicos y las entidades públicas del sector TIC, que, esperemos, mantengan su compromiso con Colombia.

El cierre de la brecha digital: el propósito nacional que debe tener el próximo gobierno

Una vez se superen las dificultades institucionales que enfrenta el sector TIC en los actuales momentos, es fundamental retomar el diseño de políticas de Estado para lograr el tan anhelado cierre de la brecha digital.

Para comenzar a transitar en ese propósito es fundamental trabajar con el Congreso de la República en la construcción de una Ley que sea de verdad el instrumento para garantizar a los colombianos el acceso a Internet. Esta Ley deberá tener un módulo institucional que transforme al Mintic en un Ministerio de Conectividad, que focalice los recursos del fondo TIC en programas de conectividad social, que adelgace los costos de funcionamiento de las entidades públicas del sector y que tenga una gerencia que estructure proyectos ambiciosos de Internet que respondan de verdad a las necesidades de la sociedad colombiana.

Adicionalmente, es necesario que se generen los mecanismos para promover la inversión privada, desarrollar una estrategia regulatoria que promueva el crecimiento de la cobertura de redes, eliminar la cargas tributarias y regulatorias que impiden el crecimiento de Internet en el país y, lo más importante, contar con una hoja de ruta confiable, con visión de Estado, que trascienda a las administraciones públicas y que se integre de manera eficaz con las realidades de las ciudades, regiones y territorios del país, para de esta forma mejorar el bienestar de los colombianos con servicios y medios digitales accesibles y de calidad.

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