La consulta popular de Petro: ¿la democracia de la gente?

¿Qué tan conveniente es la consulta? ¿Gana el país con el uso de este mecanismo de participación democrática?

A Petro le encantan la controversia, la confrontación ideológica, el debate público. Lo mostró como congresista y como líder de la oposición, y ahora lo hace como gobernante. Es su estilo, su forma de hacer política. Y eso lo mantiene vigente. En estos días, la polémica –quizás una de las más enconadas– ha girado en torno a su propuesta de consulta popular para defender las reformas del Gobierno y presionar al Congreso para que les dé curso y las apruebe. El asunto ha ganado volumen en todo el espectro de la opinión pública por sus implicaciones sociales y políticas. ¿Cómo entender la convocatoria a una consulta que no tiene garantizada la victoria del “sí”? ¿Qué significado puede tener ese anuncio para un país altamente polarizado cuya única certeza es la de un futuro incierto?  

Democracia de la gente

Petro respeta y se acoge a las instituciones democráticas. Es más, ha sido un defensor de la Constitución de 1991 y fue elegido a la Presidencia de la República mediante el voto popular, una de las instituciones básicas de la democracia representativa. Pero, más que la democracia de las instituciones, Petro prefiere la que se puede llamar democracia de la gente, es decir, una democracia viva, afincada en las fuerzas de la sociedad. Por supuesto, no todas esas fuerzas son democráticas. Algunos sectores del empresariado, los medios masivos de comunicación, los grupos armados, entre otros, actúan, a su juicio, como poderes fácticos en contravía del bien colectivo. Por eso son blanco de su crítica. Las mayorías ciudadanas, las que Petro llama el pueblo, son desde su punto de vista la sangre de la democracia. A ellas hay que acudir para asegurar el cambio que necesita el país y deben ser empoderadas para que cumplan el papel que les atribuye. Ambos supuestamente ganan: el pueblo –su pueblo– logra visibilidad y voz y, sobre todo, él obtiene respaldo para sus propósitos. La democracia de la gente es en su esencia una democracia plebiscitaria. 

Esta mirada aplica directamente a la participación ciudadana. El modelo de participación establecido por la Constitución de 1991, basado en el funcionamiento de instituciones participativas (Consejos, Comités, etc.) tiene para Petro dos limitaciones que restringen el derecho a participar: de un lado, son instituciones construidas y controladas “desde arriba”. Su creación obedeció a la racionalidad del Estado (gestión pública sectorial) y casi todas han operado al servicio de los intereses de los políticos tradicionales antes que a las aspiraciones de la ciudadanía. Ha sido una oferta participativa funcional al régimen, que no se corresponde con la demanda social de participación. 

De otro, son instituciones selectivas y, por tanto, excluyentes, pues la gran mayoría opera mediante el mecanismo de delegación: sectores sociales organizados (los jóvenes, las mujeres, los usuarios del sistema de salud, las Juntas de Acción Comunal, etc.) delegan sus intereses en personas que tienen asiento en los espacios participativos. La sociedad no organizada no tiene representación en esos espacios. Solo una élite de líderes(as) de organizaciones puede acceder a ellos. 

Las limitaciones de la participación institucional han llevado a Petro a promover un modelo alternativo cuyo pilar es la movilización social permanente del pueblo para respaldar en la calle sus propuestas. Lo ha predicado desde siempre, lo utilizó cuando fue alcalde de Bogotá y se ha convertido en una de sus herramientas preferidas de acción política como presidente. Este modelo tiene, a su entender, una triple ventaja: es abierto e incluyente; permite la participación directa del pueblo, sin intermediarios, y tiene un efecto simbólico de demostración de fuerza política. 

Sin embargo, tiene también sus peros: de un lado, las marchas no son fruto de la iniciativa ciudadana, sino de la convocatoria del presidente. Sigue siendo, por tanto, una participación controlada “desde arriba” que obedece más a las lógicas políticas del Gobierno que a las urgencias del día a día de los ciudadanos. Incluso, es probable que algunos de los manifestantes no tengan pleno conocimiento de lo que se juega en esas movilizaciones, sino que participan en ellas por su fe en el presidente. De otro, invita más a la confrontación que al diálogo con los adversarios políticos. Por eso, la oposición ha respondido convocando sus propias marchas. El diálogo político para la construcción de acuerdos no parece estar en la agenda de ninguna de las partes. 

La consulta popular

El anuncio del Gobierno de consultar al pueblo sobre asuntos que forman parte del núcleo central de sus propuestas, en particular de la reforma laboral, debe ser entendido a partir de esa visión de la democracia y la participación ciudadana. Es, además, una forma de controlar la agenda de debate público y, sobre todo, de presionar al Congreso para que apruebe sus proyectos de reforma. Así lo dio a entender Petro en su discurso del pasado 18 de marzo a sus simpatizantes congregados en la Plaza de Bolívar: “El pueblo jamás se acalla y daremos todo, hasta la última energía, para que el pueblo no se silencie, para que grite en todas las plazas, porque cuando lo traicionan le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental”. 

Por primera vez se convoca al país entero a una consulta popular. En Colombia hemos utilizado otros mecanismos de participación directa: la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, los referendos de 2002 para modificar la Constitución (Uribe) y de 2018 sobre lucha contra la corrupción (Duque), y el plebiscito de Santos para aprobar el Acuerdo de Paz con las FARC (2016). Se han hecho consultas en municipios y departamentos. Pero nunca había sido utilizado el mecanismo a nivel nacional. 

Como era de esperarse, el llamado de Petro encendió de nuevo la polémica. No se conoce aún el texto de las preguntas que el Gobierno pondrá a consideración de los votantes, aunque el ministro del Interior ha dicho que será dado a conocer en la primera semana de abril. No obstante, desde que fue anunciada por el Gobierno, los partidos han comenzado a manifestar su posición, y diferentes sectores de la opinión pública han expresado su punto de vista sobre el sentido y la conveniencia de la misma. El debate ha sido intenso y permanente. Cuatro criterios pueden ayudar a valorar su alcance y sus posibles efectos: legalidad, legitimidad, oportunidad y conveniencia.

La consulta popular tiene base constitucional y legal. Es uno de los mecanismos de participación creados por la Constitución (artículo 103). Además, la Carta Política faculta al presidente de la República, previo concepto del Senado, a “consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional” (artículo 104). Las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 establecen los requisitos, condiciones y límites del mecanismo. En tal sentido, lo que ha hecho el presidente Petro no es otra cosa que uso de una atribución que le otorga la Constitución. Tendrá, por supuesto, que ceñirse a la reglamentación vigente y cumplir los requisitos definidos en la norma. Por ejemplo, no podrá consultar sobre un proyecto de articulado y las preguntas deberán ser claras, de modo que puedan ser contestadas con un sí o un no (artículo 52 de la Ley 134). De ser así, Petro no habrá hecho nada fuera de la ley.

La consulta de Petro también puede ser considerada legítima si se la entiende como una medida para conocer la opinión de las y los colombianos sobre temas de gran importancia acerca de los cuales existen discrepancias, al parecer irreconciliables, entre el Gobierno y las mayorías del Congreso, como ha ocurrido con varios de los proyectos de reforma propuestos. Se trata de que el constituyente primario opine y resuelva la controversia. No sobra señalar que el resultado de la consulta es obligatorio, por lo que el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva en plazos específicos. Esto le confiere al mecanismo una fuerte legitimidad social que debe verse reflejada en hechos políticos. Sin duda, constituye en este caso un elemento de presión política al Legislativo, sin que por ello pretenda sustituir las funciones de este último. Simplemente, hace parte del juego político en una democracia. ¿No ocurrió lo mismo en 1968 cuando el presidente Carlos Lleras renunció a su cargo por los canales de la televisión como forma de presionar al Congreso para que aprobara su reforma constitucional? Criticado por unos, apoyado por otros, su conducta fue parte del juego político del momento. Y ¿qué mejor que utilizar un dispositivo constitucional como la consulta para resolver los desacuerdos?

Para Petro, la coyuntura es más que oportuna para convocar la consulta: el Congreso les ha cerrado el paso a varias de sus reformas; a pesar del frecuente llamado a sus simpatizantes a marchar, lo que supuestamente podría haber desgastado a sus seguidores, las manifestaciones del pasado 18 de marzo mostraron que aún cuenta con un importante respaldo popular. Hay una base de electores fieles a Petro que ven en él la encarnación de sus intereses y la posibilidad de un cambio negado durante décadas por las élites políticas tradicionales. Y, sobre todo, la consulta le sirve a Petro para abrir el debate sobre las elecciones presidenciales de 2026 dentro de sus huestes y en el escenario político nacional. Tanto así que los demás partidos se vieron obligados a definir no solo su postura en el Senado sobre la consulta, sino también su estrategia electoral y las posibles alianzas y coaliciones para el año próximo. Es lo que quería Petro. Y lo consiguió. 

¿Qué tan conveniente es la consulta? ¿Gana el país con el uso de este mecanismo de participación democrática? A Petro le conviene. De lo contrario, no la habría convocado. La consulta le permite agitar el debate público y llevar la delantera en la definición de la agenda pública. Además, obliga a los partidos a definir estrategias electorales y hacerlas públicas. Y, en especial, consolida el modelo de democracia plebiscitaria que se aviene con su estilo y su talante. De otra parte, el uso de los mecanismos de participación es deseable para darle vida a la democracia y superar las falencias de la democracia representativa. Puede ser, en efecto, la oportunidad para hacer pedagogía ciudadana –lo que, por lo demás, cae de su peso–, para interesar a las y los ciudadanos sobre el valor de lo público y para movilizar al país en torno a la deliberación sobre cuestiones relevantes de la vida colectiva.

Sin embargo, la forma como el Gobierno ha planteado la consulta puede tener un efecto negativo de incremento de la polarización social y política, que ya muestra tonos muy fuertes por estos días. De hecho, así ha sido. El pasado 18 de marzo la Comisión del Congreso que estudiaba la reforma laboral la archivó, probablemente como reacción a las marchas convocadas para ese día por el presidente para presionar su aprobación. Una cosa es convocar una consulta como mecanismo para involucrar a la ciudadanía en decisiones claves para el país y, de esa forma, democratizar la democracia, y otra es utilizarla para obtener réditos políticos presentes y futuros. Petro ha optado por esta segunda vía que convierte los mecanismos de participación en instrumentos al servicio de intereses políticos. Son los gajes de la democracia plebiscitaria. Además, lo ha hecho utilizando un lenguaje que transforma a sus adversarios en enemigos. En esa lógica, es probable que la consulta contribuya a hundir aún más las reformas propuestas por el Gobierno y deje un sabor de frustración no solo entre sus simpatizantes, sino en todo el país.

Confrontación versus diálogo

Si algo está hoy lejos de la escena política colombiana es la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno y la oposición para llegar a acuerdos de país. Ambas partes han venido alimentando una confrontación ideológica y política que ha trascendido a toda la sociedad y que muestra trazas de odio visceral hacia la orilla opuesta. Esta primera experiencia de consulta popular nacional –si es que el Senado llega a aprobarla– puede producir efectos contrarios a aquellos para los cuales fue diseñada: desencanto, frustración y estancamiento en materia de reformas, todas ellas necesarias para conseguir el cambio que la mayoría de las y los colombianos anhelan de tiempo atrás. Parece como si los políticos hubieran olvidado lo que ocurrió en las movilizaciones de 2019-2021, cuando millones de colombianos expresaron su rechazo al régimen y soñaron con una Colombia incluyente y en paz. El país debe dar un giro de 180 grados y pensar en acciones que nos acerquen y nos hagan sentir que somos parte de una misma comunidad política. No optar por esa vía aumentará al límite las incertidumbres que hoy nos acechan.

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