Página 2 – Razón Pública

Foto: Detector de humo

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Un repaso a la década en que la desinformación pasó de las noticias falsas que se podían desmentir a un sistema que pone en duda la prueba misma y el criterio con que la juzgamos.

Hace una década, una confesión de Juan Carlos Vélez Uribe, exsenador uribista, retrató un giro de la política colombiana reciente. El entonces gerente de uno de los comités del No en el plebiscito por la paz le dijo al diario La República que la estrategia buscaba “que la gente saliera a votar verraca”. Luego insinuó en la radio que lo habían sacado de contexto. El director del periódico le recordó que la conversación estaba grabada. Esa misma tarde, Vélez rectificó y renunció al Centro Democrático (CD).

En la entrevista, publicada tres días después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, Vélez contó que estrategas de Panamá y Brasil les aconsejaron dejar de explicar los acuerdos y concentrarse en la indignación. A los estratos bajos les hablaban de subsidios que se iban a desmontar y a los ancianos, de pensiones que desaparecerían. En la Costa y en las fronteras se repetía que el país terminaría como Venezuela.Ese año, varias campañas apostaron más por la furia que por convencer a indecisos. En junio, el Reino Unido votó su salida de la Unión Europea. En noviembre, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y los diccionarios consagraron el término “posverdad”. Cuando en 2018 se supo que Cambridge Analytica había explotado datos de 87 millones de usuarios de Facebook, muchos colombianos vieron en la entrevista de Vélez un espejo local del escándalo. Un operador electoral describía desde adentro los engranajes de la indignación. 

El No ganó por 53.894 votos de casi 13 millones depositados. Nadie puede saber cuántos votos movió esa rabia. Lo revelador es el desenlace. Una grabación obligó a un estratega a responder por sus palabras.

La prueba de papel

Los mensajes que describió Vélez hablaban de lo que todavía no ocurría, y nadie podía constatarlo con datos. La defensa inmediata era contrastar las alarmas con el texto del acuerdo, de 297 páginas. Estaba en línea, circuló resumido en 27 diarios y tuvo versión en audio. Hacerlo exigía paciencia. Pero su extensión y la jerga jurídica frecuente abrieron una brecha que las campañas opositoras aprovecharon con resúmenes tendenciosos. 

En diciembre de 2016, una magistrada del Consejo de Estado cotejó los mensajes con el acuerdo y escribió que lo tergiversaban, aunque su decisión quedó luego sin efectos por razones de trámite. La grabación de Vélez, en cambio, nadie la discutía.

Por eso el ataque se dirigió a la persona. El senador Ernesto Macías, también del CD, aseguró que Vélez “estaba con tragos” cuando dio la entrevista. En febrero de 2021, citado por la Corte Suprema tras una denuncia por injuria, Macías se retractó y reconoció que no tenía pruebas.

Esa voz no es mía

Siete años después del plebiscito, la excusa cambió de blanco. En la campaña regional de 2023 se conoció un audio del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en el que apoyaba a su candidato a sucesor, algo que la ley prohíbe. Jaramillo dijo que su voz había sido clonada con inteligencia artificial.

Para respaldarlo mostró un pantallazo donde una aplicación atribuía a la IA el 76 % del audio. La Silla Vacía usó la misma aplicación y desmintió el cálculo. Un testigo confirmó la conversación. Según la AFP, una decena de políticos con escándalos encima apeló a esa defensa en la misma campaña.

Entre los tragos de 2016 y el pretexto algorítmico de 2023 hubo un cambio. Antes, quien quedaba expuesto en un audio cuestionaba el contexto o el estado de quien hablaba. Hoy le basta con decir que su voz fue clonada con IA. Los investigadores lo llaman el “dividendo del mentiroso”, porque la sola existencia de programas que imitan a cualquiera ofrece una coartada para desconocer grabaciones reales.

Confesiones que nadie hizo

Otro giro lo vimos en marzo de 2026, cuando circuló una grabación falsa presentada como verdadera. En ella, el registrador nacional, Hernán Penagos, parecía planear con el senador conservador Efraín Cepeda un fraude en los formularios de votación. La publicó en TikTok una cuenta que decía ser de un denunciante a punto de huir del país por amenazas.

Colombiacheck constató que ningún medio reconocido registraba la supuesta filtración, advirtió inconsistencias en el tono habitual de Penagos y pasó el archivo por dos detectores. Ambos arrojaron una probabilidad superior al 97 % de que la voz fuera sintética. Pero como esos programas también se equivocan, y las aclaraciones a menudo se presentan llenas de porcentajes y reservas científicas, rara vez tienen la fuerza de un desmentido tradicional. 

A una semana de la segunda vuelta circuló otra confesión falsa. Un video ponía en boca del entonces candidato Iván Cepeda la promesa de que su campaña inventaría mentiras para desgastar a su rival. La imagen era real y la voz, clonada. Colombiacheck rastreó la pieza hasta una página de Facebook que pagó menos de 100.000 pesos para mostrarla sobre todo a quienes viven lejos de las grandes ciudades. En 2016, Vélez contó cómo habían manipulado a los votantes y tuvo que renunciar a su partido. En 2026 se fabrican confesiones que nadie hizo, y quienes las difunden se esconden tras cuentas anónimas.

En 2016 la mentira buscaba desacreditar y derrotar una propuesta en las urnas. En 2026, las sospechas apuntan también contra quien cuenta los votos, y no las alientan sólo cuentas anónimas. El entonces presidente Gustavo Petro publicó en X 14 mensajes en los que cuestionaba la transparencia de la Registraduría. Una jueza de Medellín le ordenó en junio abstenerse de lanzar acusaciones de fraude sin sustento, y hace pocos días el Consejo de Estado admitió una tutela del propio Penagos. El registrador quedó atrapado entre audios falsos que nadie firmaba y señalamientos del hoy exjefe de Estado.

En diez años, la estrategia de la rabia cambió de herramientas y de blanco. En 2016 hacía falta un comité con estrategas y cuñas de radio para enverracar a públicos específicos. En 2026 conviven una industria organizada y ciudadanos de a pie con voces clonadas, pautas baratas y cuentas anónimas.

Más allá de las urnas

El peso electoral de la desinformación no se mide contando piezas falsas. En 2024, Meta afirmó que los contenidos de IA sobre elecciones, política y asuntos sociales representaron menos del 1% de la desinformación revisada por sus verificadores. La cifra no mide cuántas personas los vieron ni cómo influyeron. 

Ese mismo año, la Corte Constitucional de Rumania anuló las elecciones presidenciales por irregularidades electorales y manipulación en redes. Este caso impide reducir la discusión al número de piezas falsas.

La desinformación tampoco se ha quedado en las elecciones. Tras el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto, circuló una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba en ruinas el Monumento a la Resistencia de Cali, construido durante el paro de 2021. Fue celebrada en redes por sectores que vieron en el supuesto colapso una revancha política. Cuando la confrontación llega a ese extremo, la desinformación sale de la disputa por los votos y alimenta el deseo de ver destruido lo que otros valoran.

Las voces clonadas también han entrado en la vida doméstica. En Bolívar, 24 de las 64 denuncias por extorsión registradas hasta diciembre de 2025 correspondían a modalidades digitales que incluían voces clonadas e imágenes hechas con inteligencia artificial. Reconocer la voz de un familiar ya no garantiza saber quién está al otro lado. 

De la mentira al sistema

Para entender qué une estos casos, vale la pena volver al debate que siguió a 2016. En 2017, Claire Wardle y Hossein Derakhshan propusieron, en un informe para el Consejo de Europa, dejar de hablar de noticias falsas y nombrar el fenómeno como desorden informativo. La mentira deliberada era apenas una pieza, porque también hacían daño los rumores compartidos de buena fe y las verdades usadas para lastimar.

Seis años después, Wardle cuestionó clasificar publicación por publicación, pues impedía ver las narrativas y las razones para compartirlas. También cuenta el modelo económico que permite su circulación. La economía de la atención compite por nuestro tiempo y premia lo que más nos indigna. 

Con la inteligencia artificial, ese negocio ganó un combustible barato, la llamada slopaganda, mezcla de propaganda y basura digital (slop). El desorden informativo ya no es un tipo de mensaje aislado, sino el sistema entero.

El confidente que nos da la razón 

Ese sistema también llega a las conversaciones privadas. Una mentira difundida por radio o WhatsApp podía toparse con alguien que la discutiera. Hoy, un asistente de IA puede dar una respuesta hecha para una sola persona, sin que nadie más participe para debatirla. Según el Centro Nacional de Consultoría, una cuarta parte de los colombianos ya usa estas herramientas, en su mayoría hombres de ciudades grandes y con más estudios.

Esa conversación puede convertirse en una cámara de eco privada si el asistente confirma las ideas del usuario y omite las pruebas que podrían cuestionarlas. Un estudio publicado en Science en 2025 encontró que estos asistentes pueden mover opiniones políticas. En esos experimentos, los modelos más persuasivos tendían a ofrecer información menos exacta.

Un asistente puede inventar datos y darnos la razón. Esa coincidencia, expresada con tono sereno y redacción impecable, puede parecer una opinión independiente. 

Lo que todavía se puede preguntar

El ciudadano no está desarmado, aunque la respuesta no pasa por soluciones mágicas ni por esfuerzos individuales aislados. Quien recibe un audio alarmante no puede someterlo a un peritaje, pero sí puede preguntarse quién lo divulgó primero, si algún medio con editores reconocibles verificó la fuente original y qué dudas rodean la grabación antes de compartirla.

Fabricar una falsedad toma segundos. Comprobarla exige tiempo, conocimiento y recursos. Por eso es injusto dejar al ciudadano solo, convertido en detective desde su celular. Las plataformas deben identificar quién paga la propaganda. Las campañas deben explicar de dónde salen sus grabaciones. Las empresas de inteligencia artificial deben mostrar fuentes que respalden sus respuestas y reconocer lo que desconocen.

En esta década Colombia ha hecho poco por formar a la ciudadanía contra el desorden informativo y contra la espiral de rabia electoral. Las recientes normas al respecto están poco articuladas. Por ahora, cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de no dar por falso un audio solo porque deja mal al político que apoyamos. Compartir o negar una grabación es una manera de expresar de qué lado estamos. Rechazar las pruebas que nos disgustan dificulta pedir explicaciones a quien nos engañe. 

En 2016, una grabación obligó a Vélez a responder por sus palabras. Si mañana usted oyera a su candidato admitir algo grave, ¿buscaría saber si la grabación es verdadera o buscaría una excusa para no creerla?

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Álvaro Duque Soto

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Álvaro Duque Soto

*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. | @alduque

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Para los investigadores y estudiosos del terrorismo llama la atención que el acento puesto en el tratamiento del fenómeno se concentre en las variedades insurgentes y no en las variedades de autoridad. El tema cobra importancia porque dadas las características del gobierno colombiano de la actualidad, es de temer que la lucha contra el terrorismo se convierta en una herramienta terrorista de Estado para acallar y controlar la oposición política. No es un misterio: el propio gobierno ha expresado su intención de dialogar únicamente con sus partidarios incondicionales. Toda una visión nueva, y bien ramplona, de la teoría del Estado. Este existe solo para un sector de la población y excluye a quienes aceptan el mecanismo democrático que lo eligió, pero no renuncian a ejercer su derecho a la crítica y a la oposición.

Un primer problema del debate colombiano en general y de la visión gobiernista en particular, es la sensación de que las definiciones del fenómeno terrorista son imprecisas y confunden muchos tipos delictivos por consideraciones morales sobre las violencias despiadadas o vistas como sin sentido, gratuitas e irracionales, con la realidad del concepto de terrorismo. Esa confusión se extiende al campo de lo jurídico y es notoria la dificultad para definir los tipos penales del mismo en los códigos pertinentes. En el momento, no hay un acuerdo internacional que remedie la falencia.

En una columna no cabe una discusión tan compleja. Solamente se hará referencia a una definición escueta y precisa, la de Grant Wardlaw (Political Terrorism,Cambridge Universitiy, 1984) autor australiano que se inspira para proponerla, en la obra pionera de Paul Wilkinson (Political Terrorism, Londres, Macmillan, 1974) Esta definición reza: “El terrorismo político es el uso, o la amenaza del uso, de la violencia por parte de un individuo o de un grupo, lo mismo si actúa a favor o contra la autoridad establecida, cuando esa acción pretende crear una angustia extrema o efectos inductores de miedo sobre un grupo seleccionado y mayor que el de las víctimas inmediatas, con el propósito de obligar a este grupo a acceder a las demandas políticas de los perpetradores”.

La violencia terrorista no busca una victoria militar sobre un oponente. Es una violencia de chantaje. La disyuntiva que ofrece el terrorista es la cesación de sus acciones violentas a cambio de concesiones. Esto no obsta para que hoy en día, las tácticas terroristas se utilicen como auxiliares de grupos combatientes o de fuerzas estatales, legítimas en derecho, combinación posible en el cuadro de las guerras híbridas que han terminado por dinamitar las normas del derecho internacional de los conflictos armados.

El concepto de “terrorismo” en el lenguaje popular y en el de los grupos políticos extremistas, sean de derecha o izquierda, ha sido extendido más allá de su significado original. Un campo particularmente propicio para extender la aplicación del concepto, es el de los actos de terrorismo sin aplicación efectiva de la violencia. Son aquellos que quedan en el campo definitorio de “…o la amenaza del uso de la violencia”. Un ejemplo es la llamada telefónica para informar que hay una bomba a bordo de un avión. Así sea un mensaje falso, crea el efecto de “angustia extrema” en el público. Este uso se tiende a confundir con formas del lenguaje político de los opositores a los gobiernos y en justificación para retaliaciones y persecuciones políticas.

En el caso del proyecto gubernamental de Estatuto Antiterrorista, asusta que la confección de listas sea adelantada por el Ejecutivo y que sea información sometida a reserva para el público, pero eficaz para validar actividades de vigilancia y en causal para imponer sanciones por fuera de la jurisdicción del poder judicial. El Ejecutivo acusa, condena y establece penas. El acusado puede ser ajeno al proceso que lo sanciona y su derecho a la defensa deja de existir para un Poder Ejecutivo que acusa, juzga y sanciona sin control. No faltará quien diga que esto es una exageración, pero las señales no dejan campo para el optimismo. Las hojas de vida de los gobernantes no dan esperanza.

En el mundo hay ejemplo de procesos políticos, policiales y judiciales de combate civilizado al terrorismo. El proceso de aislar a la ETA en España, tanto política como socialmente, y la acción efectiva de inteligencia y aplicación de la ley desplegada para juzgar y condenar, es un camino democrático bien demostrativo. La propia lucha colombiana para contener la subversión armada, contiene elementos que no han sido valorados adecuadamente. Colombia llegó a tener los ejércitos guerrilleros más grandes y mejor armados de América Latina y pudo contenerlos sin deshacer el Estado de derecho, que maltrecho y con vendajes pudo sobrevivir en lo fundamental. Grupos armados más pequeños y menos combativos, dieron al traste con la institucionalidad democrática en el vecindario americano.

El camino es fortalecer las instituciones y mejorar nuestra maltrecha democracia. La legalidad saludable y con buena cara integra las sociedades, les da confianza a las masas y propicia la paz. Es el lado que desgraciadamente se mira menos entre los extremistas de izquierda y de derecha (tan parecidos los unos a los otros)

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Armando Borrero

Escrito por:

Armando Borrero

Cofundador de Razón Pública. Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

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En días pasados se presentó un curioso incidente entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. En una reunión con alcaldes en Coveñas, Sucre, el presidente de manera pública y frente a los asistentes, le manifestó en tono de regaño al alcalde que él como presidente no permitiría que Acuña administrara los recursos que la presidencia enviaría a Sincelejo, debido a las distintas investigaciones en curso y escándalos de corrupción que involucran al alcalde. 

Al poco tiempo Acuña dio su versión de los hechos a través de un video. Manifestó que el video que circuló en redes sociales en el que se muestra al presidente haciéndole ese fuerte llamado de atención fue editado, pues, no se veía su respuesta al presidente, ni tampoco se veía como, mientras el presidente le hablaba, hombres armados (supone uno que escolta presidencial o policía de civil) se colocaban de manera intimidatoria detrás del alcalde. Acuña también le recordó al presidente el principio de presunción de inocencia, expresándole que ese mismo llamado de atención también aplicaría entonces para otros mandatarios y funcionarios cercanos al presidente, quienes también tienen investigaciones en curso. 

Este hecho permite hacer una reflexión no solo sobre qué tan genuino es el discurso anticorrupción del presidente, sino también, sobre si es posible que regímenes o discursos autoritarios puedan convivir con prácticas genuinas de lucha contra la corrupción. Para ilustrar como se pueden combinar ambas variables, construimos una tipología exploratoria en la que, por un lado, identificamos que tan fuerte/débil es la lucha contra la corrupción en un país, mientras que por el otro identificamos si estamos hablando de un país con régimen autoritario o democrático.   

Como toda tipología exploratoria no está demás recordar que los “tipos” o en términos weberianos los “ideales tipo” que se proponen no son necesariamente perfectos, ni recogen todos los posibles casos o atributos de los fenómenos. Se construyen más que todo con fines ilustrativos.  Además, solo ponemos el nombre de un país para aligerar el cuadro, pero, muchos más ejemplos entrarían en cada una de las casillas. 

Como se puede ver en la tipología, efectivamente existen casos de regímenes autoritarios que tienen políticas anticorrupción muy fuertes y efectivas, reconocidas no solo por sus mismos líderes, sino por indicadores internacionales e investigaciones académicas. Quizás el caso mejor estudiado es el de Singapur. Este país no solo es uno de los ejemplos que habitualmente sacan a relucir los defensores del desarrollo económico exitoso bajo instituciones no democráticas, sino también un caso de lucha contra la corrupción bastante efectivo. 

Tras lograr su independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un régimen autoritario de partido hegemónico liderado por el primer ministro Lee Kuan Yew, quien comandó el país por más de 30 años. Lee fue uno de los artífices de las políticas económicas liberales -pero con un fuerte componente de intervención estatal en sectores estratégicos- que lograron el “milagro económico” de Singapur y lo convirtieron en uno de los países mas ricos del mundo y con mejor nivel de vida. 

¿Y la lucha contra la corrupción? Leyes anticorrupción muy fuertes, un sólido sistema meritocrático en el sector público además de bien remunerado y una rama judicial bastante independiente que garantiza no solo derechos de propiedad o contratos económicos, sino que también castiga fuertemente los casos de corrupción públicos y privados, es lo que ha permitido en Singapur un proceso de aprendizaje social colectivo que se ha visto reflejado en bajos niveles de corrupción. 

Volviendo al caso colombiano, el discurso de mano dura y lucha contra la corrupción del presidente Abelardo de la Espriella, aunque en una primera impresión podría parecer genuino – lo acontecido con Yahir Acuña parecería ser un ejemplo- cuando se analiza más en profundidad choca con la realidad. Si el tema son investigaciones (no condenas en firme) por corrupción, mandatarios locales muy cercanos a él como Dumek Turbay en Cartagena o los Char en Barranquilla han tenido varias investigaciones. Incluso si es por sentencias ejecutoriadas, su Ministro de Vivienda el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, fue destituido por el Consejo de Estado en el 2025 por doble militancia, además tiene un proceso por responsabilidad fiscal abierto en la Contraloría.

Otro caso sería el del general (r) Eduardo Zapateiro. En días pasados se le vio al presidente en un evento público junto a Zapateiro, quien precisamente se retiró en su momento de la campaña presidencial de Abelardo, por unas investigaciones en su contra por presunto acoso sexual contra una funcionaria del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares y una oficial subalterna. Pese a esto, es muy posible que Zapateiro se convierta en el nuevo gerente de Seguridad Física de ECOPETROL.      

Si seguimos bajando la lupa probablemente la lista termine siendo más larga. En ese orden de ideas, más que una genuina política anticorrupción, lo que podría estar aplicando el presidente sería más bien un ejercicio de anticorrupción selectivo en contra de políticos y líderes con los que tenga algunas desavenencias públicas o privadas. Pero ¿Cuáles desavenencias o cuál será el criterio de selectividad? He ahí la cuestión.    

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Armando José Mercado

Escrito por:

Armando José Mercado

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad.

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Cada vez que un candidato conservador cita la Biblia en una tarima, muchos analistas políticos coinciden en que la derecha utiliza a las iglesias para ganar votos. Es una tesis atractiva porque muestra a un político astuto y a creyentes fácilmente manipulables. El problema es que la historia puede ser mucho más compleja.

Conviene entonces preguntarse: ¿qué buscan las organizaciones religiosas al entrar en política y cómo las transforma esa participación? Los casos que siguen ofrecen algunas respuestas.

En Estados Unidos, la alianza entre los evangélicos y el Partido Republicano precede a Donald Trump. En 1979, Jerry Falwell fundó la Moral Majority para convertir el conservadurismo religioso en una fuerza electoral; Ronald Reagan aprovechó su potencial, pero sus líderes también contribuyeron a redefinir las prioridades del partido.

Según el historiador Randall Balmer, la defensa de los beneficios fiscales de las instituciones educativas cristianas que practicaban la discriminación racial impulsó inicialmente esa movilización; después, el aborto pasó a ocupar un lugar central. Décadas más tarde, los jueces nombrados por Trump hicieron posible la sentencia Dobbs de 2022, que anuló Roe v. Wade. Wade y devolvió a los estados la regulación del aborto. Para muchos dirigentes religiosos, fue la culminación de una larga batalla política. ¿Quién utilizó a quién? ¿Hasta qué punto las grandes causas morales nacen de convicciones religiosas y hasta qué punto adquieren importancia porque permiten construir poder político?

No obstante, la influencia también opera en ambas direcciones. Las creencias pueden determinar las preferencias políticas, pero las identidades partidistas también pueden modificar la interpretación de la religión. Cuando una iglesia se identifica estrechamente con un partido, corre el riesgo de terminar interpretando sus principios a través del prisma de las controversias electorales. La política deja entonces de ser solo un instrumento de la fe y puede convertirse en una forma de definirla.

En América Latina, por ejemplo, durante siglos, la Iglesia católica ejerció una influencia privilegiada sobre la educación, la familia y la moral pública.  Sin embargo, el crecimiento evangélico, en particular el pentecostal, ha roto ese predominio. Pero no todas estas iglesias son iguales.  Algunas pertenecen a tradiciones protestantes históricas, otras son grandes denominaciones pentecostales y otras se organizan en torno a liderazgos pastorales independientes. 

En Brasil, varias iglesias pentecostales comenzaron a promover candidatos propios desde los años ochenta y lograron representación parlamentaria mucho antes de que Jair Bolsonaro alcanzara la presidencia. Bolsonaro encontró organizaciones políticas y religiosas ya consolidadas; no las creó. Algunas incluso han pactado con gobiernos de distintas tendencias. La defensa de valores conservadores puede coexistir con una considerable flexibilidad en las alianzas partidistas.

En Colombia ocurrió algo semejante. La Constitución de 1991 amplió el reconocimiento de la libertad religiosa y abrió oportunidades de participación a nuevas organizaciones cristianas. Durante el plebiscito de 2016, algunos dirigentes pentecostales movilizaron la oposición al Acuerdo de Paz en torno a la denominada «ideología de género». Los investigadores William Mauricio Beltrán y Sian Creely documentaron esta convergencia entre movimientos religiosos y sectores políticos. El NO ganó por múltiples razones, aunque también hubo iglesias comprometidas con la paz. Pero el episodio mostró que estas organizaciones no esperan pasivamente las propuestas de los partidos; también buscan imponer sus temas en el debate nacional.

¿Qué persiguen? Una encuesta de Pew, publicada en 2026, ofrece una pista: el 90 % de los protestantes colombianos considera que la Biblia debería influir en gran medida en las leyes. Sorprendentemente, el 72 % de los católicos comparte esa opinión. La aspiración de trasladar las convicciones religiosas al derecho no es exclusiva del evangelicalismo. Pero tampoco equivale necesariamente a defender una teocracia.

Por eso, la discusión de fondo no es si la religión debe participar en la política. Siempre lo ha hecho, y sería contrario a la libertad religiosa pretender excluir a los creyentes del debate público. Las iglesias, al igual que los sindicatos y los gremios, tienen derecho a defender sus convicciones y a promover cambios sociales.

La diferencia decisiva consiste en distinguir entre participar en la elaboración de las leyes y reclamar una autoridad especial para definirlas. Una convicción religiosa puede inspirar una propuesta política legítima, pero esta no puede basarse en la creencia de que existe una moral superior a la del resto de la sociedad. En una democracia pluralista, las normas deben poder justificarse ante ciudadanos que no comparten esa fe y respetar sus derechos.

No se trata únicamente de saber si los políticos utilizan a las iglesias o si las iglesias utilizan a los políticos, sino de reconocer qué sucede cuando la competencia por el poder comienza a confundirse con la defensa de lo que se considera una «verdad religiosa».

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Marcela Anzola

Escrito por:

Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Al juntar narcotráfico, corrupción y crisis fiscal, el presidente Abelardo De la Espriella busca posicionar la idea de que cualquier mejora que hayan experimentado los colombianos durante el último gobierno fue resultado de la ilegalidad.

En su alocución del domingo 27 de septiembre, Abelardo de la Espriella afirmó que la burbuja del narcotráfico ha creado una falsa percepción de normalidad económica. De acuerdo con el presidente, la prosperidad ocasionada por el ingreso de cientos de millones de dólares a la economía ha impedido que muchos entiendan la gravedad de la situación de las finanzas públicas. La peor crisis en la historia de Colombia, según les contó el presidente a los colombianos.

Tanto la crisis fiscal como la burbuja económica, argumenta el presidente, son responsabilidad de lo que él llama el desgobierno del régimen de Gustavo Petro. La primera, por una combinación de corrupción y endeudamiento; y la segunda, porque, gracias a la complicidad de su antecesor, el narcotráfico alcanzó una bonanza sin precedentes. Las economías ilícitas, afirma el presidente, están irrigando el mercado, lo que crea esa burbuja de aparente normalidad.

Acierta el presidente De la Espriella cuando afirma que el narcotráfico ha irrigado el mercado, pero se equivoca al hablar de una burbuja de supuesta normalidad. Sin desconocer sus efectos negativos, desde hace más de cinco décadas las ganancias del narcotráfico han entrado a la economía formal. La moto que compra un cultivador de coca, el carro de lujo o el abogado que contrata un narcotraficante son ventas y servicios que pagan impuestos. Lo mismo sucede, a mayor escala, con las actividades de lavado de activos.

Esta ha sido la normalidad de Colombia por más de 50 años y no una “burbuja” resultado del aumento reciente de los cultivos ilícitos, mucho menos está relacionado con el estado actual de las finanzas públicas. Una parte de los recursos provenientes de actividades ilegales termina circulando en la economía e incluso llegan a hacer parte recaudo tributario. Esto hace aún más endeble la relación que el presidente De la Espriella intenta establecer entre narcotráfico y crisis fiscal.

Por supuesto que la situación fiscal puede tener efectos sobre la economía. El gasto desbordado de un gobierno, por ejemplo, presiona la inflación y con frecuencia viene acompañado de la decisión de la banca central de subir las tasas de interés, lo que desincentiva la inversión privada. Pero el gasto público también puede ser un motor al estimular sectores de la economía o al fortalecer la demanda interna con subsidios y empleos directos.

En otras palabras, la supuesta apariencia de normalidad económica que nos describió el presidente en su alocución no es resultado de una burbuja de narcotráfico, sino de la política fiscal expansiva del gobierno Petro. En el último año, de acuerdo con cifras del DANE, una parte importante del crecimiento del 3,5 % fue impulsada por el Estado.

Ahora bien, como señala el presidente De la Espriella, en los últimos cuatro años el nivel de endeudamiento alcanzó el 60 % del PIB y el déficit fiscal superó el 6 %. Tiene razón, entonces, cuando afirma que el nivel actual de gasto no es sostenible, pero exagera cuando afirma que el gobierno anterior se endeudó para robarse la plata de los colombianos. Lejos de eso, ese gasto llegó a los hogares colombianos a través de subsidios, empleos y transferencias que contribuyeron a sostener la demanda interna.

El presidente De la Espriella y su equipo económico saben que no existe una relación entre crisis fiscal y economía ilegal. También tienen claros los efectos del gasto público del último gobierno sobre el crecimiento económico. Sin embargo, al igual que en la campaña, están intentando posicionar la idea de que Colombia enfrenta una de las peores crisis de su historia. Para hacerlo, empaquetan el problema de las finanzas públicas con el narcotráfico, la corrupción y la inseguridad. Así convierten fenómenos diferentes en manifestaciones de una misma crisis.

De esta forma, no solo buscan justificar el recorte de subsidios e inversión social. En el fondo, con esta narrativa el Gobierno busca convencer a los colombianos de que las mejoras que pudieron experimentar en su calidad de vida durante los últimos cuatro años fueron resultado de la permisividad del gobierno Petro con el narcotráfico y la corrupción.

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Juan Pablo Ossa

Escrito por:

Juan Pablo Ossa

*Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes y MPhil en Ciencia Política de The New School. Ha trabajado en análisis político, políticas públicas, comunicación estratégica y evaluación de proyectos. Fue editor de la revista Colombia Internacional.

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Resulta curioso que un artefacto portador de textos, ideas y símbolos, asociado al conocimiento, al goce y a la posibilidad de crear vínculos a través del tiempo y del territorio, haya sido también un objeto temido. Porque el libro no sólo narra, explica, cuenta e imagina. También ha despertado el miedo al libro, el miedo al autor y el miedo a quien tiene el privilegio y el poder de leerlo.

No se trata del miedo que produce la narrativa de ficción o el enigma del relato. Hablo del miedo de quienes ven en el libro, como artefacto cultural, palabras e ideas capaces de romper esquemas y cuestionar formas de organización, maneras de relacionarse y, también, relaciones de dominación.

El miedo al libro se desprende de su contenido: viaja en el tiempo, sobrevive al autor y pone sus ideas frente a lectores que este nunca conoció. Una vez que un libro empieza a circular, resulta difícil controlar qué preguntas despertará, qué certezas incomodará o qué encontrará cada lector entre sus páginas.

Si pensamos en el miedo al libro, a sus letras, contenidos e imágenes, es fácil trasladarse a las muchas formas que han tomado su prohibición y censura. El Index Librorum Prohibitorum, publicado en 1559, hizo parte de los mecanismos mediante los cuales la Iglesia católica buscó controlar la circulación de ideas consideradas heréticas. En la Colombia del siglo XIX, las controversias y prohibiciones alrededor de la enseñanza de Bentham enfrentaron distintas concepciones sobre la educación, el derecho y las ideas liberales. En el siglo XX, durante la Guerra Fría, bajo dictaduras o al amparo del estatuto de seguridad de 1978 en Colombia, determinados libros podían despertar sospechas sobre quien los poseía y llevar a señalamientos o autocensura. Hoy, en Estados Unidos, sabemos de los esfuerzos por promover el retiro de libros de las escuelas. Cuando se restringen libertades, se construyen “enemigos” o se debilita la democracia, reaparece la tentación de controlar también los libros.

Las listas de libros censurados o prohibidos han cambiado, así como las razones. Pero permanece el temor a que ciertas ideas produzcan preguntas, incomoden certezas y den autonomía a quienes las encuentran. Es el temor a perder el control sobre las ideas de otros.

Pero no es el único miedo. También está el miedo al autor. Recientemente, utilizando las redes institucionales del Instituto Caro y Cuervo, su director habló de dos autores colombianos y pareció presentarnos dos figuras: el autor condenado y el autor redimido.

El primero es el magnífico Andrés Caicedo, que muy joven contravino las reglas de una sociedad mojigata y anacrónica y abordó temas que no eran usuales. Su relación con la música, la literatura, el cine, la noche y las drogas contribuyó a construir imaginarios que ampliaron las estrechísimas fronteras de los espacios disponibles para muchos jóvenes caleños y colombianos. Sin embargo, al presentarlo, el director prefirió detenerse en su suicidio y aventurarse incluso en las tribulaciones de su mente. ¿Qué sabe él?

En contraste, Gonzalo Arango aparece reivindicado por su acercamiento a algún dios al final de su vida. Como si el nadaísta necesitara redención religiosa para que pudiéramos acercarnos tranquilamente a su obra.

¿Acaso hay autores buenos y autores malos? La discusión sobre su valor debería estar en sus obras, no en un juicio moral sobre sus vidas. El miedo al autor adquiere otra dimensión cuando quien define esa vara moral dirige una institución pública dedicada a estudiar, preservar y difundir nuestro patrimonio lingüístico y literario. ¿Hará lo mismo con todos los autores en sus conmemoraciones? ¿Qué ocurrirá con escritoras díscolas, escritores incómodos, ateos, excesivos, o quienes vivieron por fuera de las convenciones de su tiempo? ¿Van a decirnos a quién leer?

Queda el tercer miedo: el miedo al lector. Leer es pensar e imaginar. Es apasionarse y descubrir otros mundos: unos improbables, otros posibles, algunos pasados y otros que se repiten. Leer es encontrarse entre las hojas y las palabras. Pero leer es también decidir. Eso fue lo que inquietó a las autoridades de la Nueva Granada cuando Antonio Nariño tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El texto ya circulaba en francés; con la traducción surgía el miedo a los nuevos lectores en la colonia. 

Esos tres miedos van de la mano del afán de control y del deseo de poner mordazas. Frente a ellos no podemos responder con autocensura ni aceptar el señalamiento de títulos, autores o lectores. Una democracia necesita que las ideas circulen, precisamente porque son diversas, incómodas y contradictorias. Necesita libros que las transporten y lectores libres para encontrarse con ellas y decidir qué hacer con lo leído. Y necesita instituciones públicas comprometidas con proteger el acervo histórico y cultural, no con decidir a quién o qué debemos leer.

Porque frente al miedo a las ideas, a quienes las escriben y a quienes las leen, nuestra respuesta debe ser más ideas, más libros y más lectores. 

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Marta Juanita Villaveces Nino

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Marta Juanita Villaveces Nino

Economista, MSc en Política Comparada y PhD en Estudios Políticos. Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Ex Decana de la FCE, Ex viceministra técnica de Hacienda.

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La obsesión que tenemos con el Fondo Monetario Internacional – FMI no tiene discusión. De un lado, es el santo al que más le rezamos, del otro es la encarnación del diablo para los países en desarrollo. Pero de fondo, estamos hablando mucho del banco y poco de por qué estamos acudiendo a él. 

Para hacerlo sencillo, imaginemos que yo me gana 10 millones de pesos al mes, pero llevo meses irresponsablemente gastándome 13. Como estoy en déficit, acudo a mi tarjeta de crédito, pido préstamos a mis amigos y cada cierto tiempo llamo al banco para que me refinancie la deuda. Una bola de nieve. Pero un día, un banco me llama y me dice que está dispuesto a prestarme más barato.

¿Es una buena noticia? Claro. ¿Solucionó mi problema? En absoluto. 

Esta, guardando todas las proporciones, es una forma de entender la conversación que Colombia está teniendo con el FMI. El país tiene un problema fiscal que todos conocemos y que este Gobierno, bajo una promesa de campaña, aseguró podía resolver. Por eso volver a hablar con el FMI puede tener sentido, pero para entender la discusión actual hay que devolverse unos años atrás. 

Colombia tuvo desde 2009 acceso a la llamada Línea de crédito flexible del FMI. El nombre suena enredado pero la idea no lo es tanto. Pensemos en ella como una tarjeta de crédito de emergencia que uno espera no tener que utilizar y que es bastante exclusiva.

El FMI se la ofrece a países que considera que tienen fundamentos económicos muy fuertes y políticas e instituciones macroeconómicas sólidas. A diferencia de otros programas del Fondo – y ojo que este es un agregado muy importante- el país puede acceder a los recursos sin tener que negociar después una lista de reformas para recibir cada desembolso. Las condiciones están establecidas para el ingreso: si demuestras que tienes la casa ordenada no hay acciones adicionales.  

Durante años Colombia la tuvo y no la utilizó, hasta que llegó la pandemia. En 2020, durante el gobierno de Iván Duque, el cupo disponible llegó a aproximadamente 17 mil millones de dólares. Y aquí hay otra confusión que he visto en varios videos, medios y columnas: Colombia no se endeudó por 17 mil millones, ese era su cupo disponible. El Gobierno utilizó 5.400 millones, con un plan de pago establecido, y el resto de cupo quedó disponible. 

Luego vino otro punto de disputa política. Que Petro pagó toda la deuda pero que ahora Abelardo quiere volver a abrir este canal. En efecto, Petro la pagó pero porque desde el momento de asumirla, después de un período de gracia, el capital debía pagarse entre 2024 y 2025. Esto quedó establecido al momento de asumir el préstamo, no a la llegada del gobierno Petro.

Las cuotas del FMI hacían parte del servicio normal de la deuda externa de la Nación. Al mismo tiempo que Colombia pagaba esas obligaciones, el Gobierno seguía necesitando financiamiento y obteniendo nuevos recursos mediante TES, bonos internacionales y créditos con organismos multilaterales.

De hecho, cuando el Ministerio de Hacienda pidió en 2024 ampliar el cupo de endeudamiento externo del país, incluyó entre las obligaciones que debía atender precisamente los pagos de la Línea de Crédito Flexible del FMI.

Y esto nos lleva a una diferencia que parece pequeña, pero es fundamental.

Pagarle una deuda a un acreedor no significa necesariamente reducir la deuda total en esa misma cantidad.

Volvamos a mis deudas hipotéticas. Supongamos ahora que le debo los 3 millones al banco A y el crédito vence mañana. Consigo un nuevo préstamo, entran recursos a mi cuenta y pago los 3 millones que le debía al banco A. No significa que no los deba, solo cambié de acreedor. 

En las finanzas públicas esto ocurre permanentemente. Vencen bonos y créditos mientras el Estado emite nuevos TES, coloca bonos o consigue préstamos para financiar sus necesidades.

Por eso decir “Petro pagó la deuda con el FMI” es correcto como descripción de quién gobernaba cuando vencieron las cuotas, pero dice bastante poco sobre si Colombia se desendeudó. Colombia dejó de deberle esos recursos al FMI. Eso no significa, por sí solo, que la deuda pública colombiana haya disminuido en 5.400 millones de dólares. Solo cambiamos la composición de la deuda. 

Entonces, ¿por qué estamos hablando otra vez del FMI? Nuestras cuentas fiscales se deterioraron. El déficit aumentó, la deuda creció y en 2025 se suspendió temporalmente la regla fiscal. Ese mismo año el FMI concluyó que, aunque Colombia conservaba fortalezas importantes en otros frentes, su marco fiscal ya no podía calificarse como muy sólido y nos quitaron la tarjeta de crédito mágica. La línea de crédito quedó cancelada. 

En la situación fiscal tan compleja que nos encontramos, los acercamientos al FMI son para abrir nuevas vías para recomponer la deuda. El FMI no puede prestarnos inmediatamente porque perdimos la línea crediticia excepcional. Los acercamientos no son un hecho, porque actualmente no tenemos ninguna modalidad abierta. Volviendo a mi ejemplo: es como si quisiera que el banco B que presta más barato me hiciera una compra de cartera, pero este banco no me quiere prestar a mi porque estoy reportada en datacredito con una calificación negativa. 

Ahora puedo intentar convencerlo bajo unos compromisos, que es lo que el país está intentando hacer, pero esos compromisos suelen ser austeridad, recortes, impuestos y pérdida de autonomía.

Entonces la conversación política es realmente en este punto, ¿a quién le pedimos la plata? No pedírsela al FMI no hace desaparecer la cuenta. Pueden ser los colombianos comprando TES, inversionistas extranjeros comprando bonos u otros organismos multilaterales. ¿Quién está dispuesto a prestarnos, cuánto nos cobra y qué nos pide a cambio?

De fondo, la discusión que hay que dar es como vamos a resolver en el largo plazo el problema fiscal enorme que tenemos más allá de las posturas políticas que se tiene sobre una institución internacional. Hay un compromiso de Gobierno de no aumentar los impuestos. Entonces hay que recomponer el gasto y la deuda. Hacer recortes presupuestales y buscar acreedores que nos ofrezcan mejores tasas y condiciones de financiamiento. 

¿Por qué si Colombia puede conseguir un dólar prestado más barato en un lugar que en otro, no va a hacerlo?

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Laura León

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Laura León

* Economista de la Universidad Nacional, magíster en Economía y Política de la Educación de la Universidad Externado.

Foto: Ministra de Salud: Ana María Vesga

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POETAS COLOMBIANAS

Poetas colombianas. Maruja Vieira.

Esta semana Razón Pública y Diego Arboleda (@elrinconruso) presentan el segundo poema de este especial: “El nombre de antes”.

Sergio Niño Poeta

Sergio Niño Poeta

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Abelardo de la Espriella adora a los militares. Tanto, que decidió convertirse en uno de ellos. Saluda como militar, habla como militar y patrulla con los militares. Lo dijo el mismo día de su posesión: “Yo soy un soldado más”.

No, señor presidente. Usted no es un soldado. Afortunadamente.

En una democracia, el presidente manda sobre los militares precisamente porque no es militar. Representa el poder civil al cual están sometidas las armas del Estado.

Usted es el comandante de las Fuerzas Armadas porque los colombianos lo eligieron presidente de la República. No porque haya prestado el servicio militar —el Ejército lo declaró no apto en 1994—, ni por haber crecido en la misma cuadra de Salvatore Mancuso, ni por sus bravuconadas permanentes. 

El presidente confunde el honor militar con el teatro militar. Napoleón, Federico el Grande o Bolívar, que sabían algo más de guerras que el Tigre, entendían la diferencia. Clausewitz la explicó con precisión: la gran virtud del militar no es la valentía, sino la capacidad de someterse a “la obediencia, el orden, la regla y el método”.

Durante la campaña, De la Espriella convirtió “Firmes por la patria” y los símbolos militares en parte de su marca política. Ya como presidente anunció que los terroristas conocerían “lo duro que muerden el Tigre y su Fuerza Pública”. Pero la Fuerza Pública no es suya. Es de Colombia. El Código de Honor del Ejército dice: “Sirvo con honor y disciplina al pueblo colombiano”.

Al pueblo colombiano. No al Tigre. La democracia dice el Ejército, el dictador dice mi Ejército; parece una cuestión de pronombres, pero no lo es.

Y entonces llegó la pistola. El presidente salió a patrullar Santa Marta con los militares y una pistola al cinto; chaleco antibalas, soldados, saludos militares y música marcial. Solo faltaba Rambo.

Un presidente no necesita demostrar que también puede pegar tiros. Su oficio es decidir cuándo y para qué puede usarse la fuerza, someterla a la Constitución y responder por sus consecuencias.

Pero hay algo más serio. De la Espriella ha exhibido los cadáveres de hombres abatidos, ha caminado entre ellos ante las cámaras, los ha insultado de viva voz, ha dicho que los criminales “han ido cayendo como ratas” y que quien no se someta acabará muerto “en una bolsa”. El Código de Honor del Ejército ordena exactamente otra cosa: “Muestro humanidad y compasión con el enemigo vencido”.

Este es un acto elemental de decencia. Los muertos están muertos. 

Un sicario también sabe disparar. Un paramilitar también carga pistola. Un guerrillero también puede ser valiente. Lo que distingue al soldado no es el arma ni el coraje. Es que usa la fuerza bajo órdenes legítimas, dentro de unas reglas y al servicio de un Estado que no puede comportarse como los criminales que combate.

La Fuerza Pública necesita presupuesto, inteligencia, armas, entrenamiento y órdenes claras. Necesita también que el presidente proteja aquello que distingue la fuerza bruta de la Fuerza Pública: la disciplina, la ley y el respeto por el enemigo vencido.

De la Espriella vive fascinado por la apariencia del guerrero. Debería respetar la muy noble profesión del militar.

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Hernando Gómez Buendía

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Hernando Gómez Buendía

* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.

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