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Un repaso a la década en que la desinformación pasó de las noticias falsas que se podían desmentir a un sistema que pone en duda la prueba misma y el criterio con que la juzgamos.
Hace una década, una confesión de Juan Carlos Vélez Uribe, exsenador uribista, retrató un giro de la política colombiana reciente. El entonces gerente de uno de los comités del No en el plebiscito por la paz le dijo al diario La República que la estrategia buscaba “que la gente saliera a votar verraca”. Luego insinuó en la radio que lo habían sacado de contexto. El director del periódico le recordó que la conversación estaba grabada. Esa misma tarde, Vélez rectificó y renunció al Centro Democrático (CD).
En la entrevista, publicada tres días después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, Vélez contó que estrategas de Panamá y Brasil les aconsejaron dejar de explicar los acuerdos y concentrarse en la indignación. A los estratos bajos les hablaban de subsidios que se iban a desmontar y a los ancianos, de pensiones que desaparecerían. En la Costa y en las fronteras se repetía que el país terminaría como Venezuela.Ese año, varias campañas apostaron más por la furia que por convencer a indecisos. En junio, el Reino Unido votó su salida de la Unión Europea. En noviembre, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y los diccionarios consagraron el término “posverdad”. Cuando en 2018 se supo que Cambridge Analytica había explotado datos de 87 millones de usuarios de Facebook, muchos colombianos vieron en la entrevista de Vélez un espejo local del escándalo. Un operador electoral describía desde adentro los engranajes de la indignación.
El No ganó por 53.894 votos de casi 13 millones depositados. Nadie puede saber cuántos votos movió esa rabia. Lo revelador es el desenlace. Una grabación obligó a un estratega a responder por sus palabras.

La prueba de papel
Los mensajes que describió Vélez hablaban de lo que todavía no ocurría, y nadie podía constatarlo con datos. La defensa inmediata era contrastar las alarmas con el texto del acuerdo, de 297 páginas. Estaba en línea, circuló resumido en 27 diarios y tuvo versión en audio. Hacerlo exigía paciencia. Pero su extensión y la jerga jurídica frecuente abrieron una brecha que las campañas opositoras aprovecharon con resúmenes tendenciosos.
En diciembre de 2016, una magistrada del Consejo de Estado cotejó los mensajes con el acuerdo y escribió que lo tergiversaban, aunque su decisión quedó luego sin efectos por razones de trámite. La grabación de Vélez, en cambio, nadie la discutía.
Por eso el ataque se dirigió a la persona. El senador Ernesto Macías, también del CD, aseguró que Vélez “estaba con tragos” cuando dio la entrevista. En febrero de 2021, citado por la Corte Suprema tras una denuncia por injuria, Macías se retractó y reconoció que no tenía pruebas.
Esa voz no es mía
Siete años después del plebiscito, la excusa cambió de blanco. En la campaña regional de 2023 se conoció un audio del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en el que apoyaba a su candidato a sucesor, algo que la ley prohíbe. Jaramillo dijo que su voz había sido clonada con inteligencia artificial.
Para respaldarlo mostró un pantallazo donde una aplicación atribuía a la IA el 76 % del audio. La Silla Vacía usó la misma aplicación y desmintió el cálculo. Un testigo confirmó la conversación. Según la AFP, una decena de políticos con escándalos encima apeló a esa defensa en la misma campaña.
Entre los tragos de 2016 y el pretexto algorítmico de 2023 hubo un cambio. Antes, quien quedaba expuesto en un audio cuestionaba el contexto o el estado de quien hablaba. Hoy le basta con decir que su voz fue clonada con IA. Los investigadores lo llaman el “dividendo del mentiroso”, porque la sola existencia de programas que imitan a cualquiera ofrece una coartada para desconocer grabaciones reales.

Confesiones que nadie hizo
Otro giro lo vimos en marzo de 2026, cuando circuló una grabación falsa presentada como verdadera. En ella, el registrador nacional, Hernán Penagos, parecía planear con el senador conservador Efraín Cepeda un fraude en los formularios de votación. La publicó en TikTok una cuenta que decía ser de un denunciante a punto de huir del país por amenazas.
Colombiacheck constató que ningún medio reconocido registraba la supuesta filtración, advirtió inconsistencias en el tono habitual de Penagos y pasó el archivo por dos detectores. Ambos arrojaron una probabilidad superior al 97 % de que la voz fuera sintética. Pero como esos programas también se equivocan, y las aclaraciones a menudo se presentan llenas de porcentajes y reservas científicas, rara vez tienen la fuerza de un desmentido tradicional.
A una semana de la segunda vuelta circuló otra confesión falsa. Un video ponía en boca del entonces candidato Iván Cepeda la promesa de que su campaña inventaría mentiras para desgastar a su rival. La imagen era real y la voz, clonada. Colombiacheck rastreó la pieza hasta una página de Facebook que pagó menos de 100.000 pesos para mostrarla sobre todo a quienes viven lejos de las grandes ciudades. En 2016, Vélez contó cómo habían manipulado a los votantes y tuvo que renunciar a su partido. En 2026 se fabrican confesiones que nadie hizo, y quienes las difunden se esconden tras cuentas anónimas.
En 2016 la mentira buscaba desacreditar y derrotar una propuesta en las urnas. En 2026, las sospechas apuntan también contra quien cuenta los votos, y no las alientan sólo cuentas anónimas. El entonces presidente Gustavo Petro publicó en X 14 mensajes en los que cuestionaba la transparencia de la Registraduría. Una jueza de Medellín le ordenó en junio abstenerse de lanzar acusaciones de fraude sin sustento, y hace pocos días el Consejo de Estado admitió una tutela del propio Penagos. El registrador quedó atrapado entre audios falsos que nadie firmaba y señalamientos del hoy exjefe de Estado.
En diez años, la estrategia de la rabia cambió de herramientas y de blanco. En 2016 hacía falta un comité con estrategas y cuñas de radio para enverracar a públicos específicos. En 2026 conviven una industria organizada y ciudadanos de a pie con voces clonadas, pautas baratas y cuentas anónimas.

Más allá de las urnas
El peso electoral de la desinformación no se mide contando piezas falsas. En 2024, Meta afirmó que los contenidos de IA sobre elecciones, política y asuntos sociales representaron menos del 1% de la desinformación revisada por sus verificadores. La cifra no mide cuántas personas los vieron ni cómo influyeron.
Ese mismo año, la Corte Constitucional de Rumania anuló las elecciones presidenciales por irregularidades electorales y manipulación en redes. Este caso impide reducir la discusión al número de piezas falsas.
La desinformación tampoco se ha quedado en las elecciones. Tras el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto, circuló una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba en ruinas el Monumento a la Resistencia de Cali, construido durante el paro de 2021. Fue celebrada en redes por sectores que vieron en el supuesto colapso una revancha política. Cuando la confrontación llega a ese extremo, la desinformación sale de la disputa por los votos y alimenta el deseo de ver destruido lo que otros valoran.
Las voces clonadas también han entrado en la vida doméstica. En Bolívar, 24 de las 64 denuncias por extorsión registradas hasta diciembre de 2025 correspondían a modalidades digitales que incluían voces clonadas e imágenes hechas con inteligencia artificial. Reconocer la voz de un familiar ya no garantiza saber quién está al otro lado.
De la mentira al sistema
Para entender qué une estos casos, vale la pena volver al debate que siguió a 2016. En 2017, Claire Wardle y Hossein Derakhshan propusieron, en un informe para el Consejo de Europa, dejar de hablar de noticias falsas y nombrar el fenómeno como desorden informativo. La mentira deliberada era apenas una pieza, porque también hacían daño los rumores compartidos de buena fe y las verdades usadas para lastimar.
Seis años después, Wardle cuestionó clasificar publicación por publicación, pues impedía ver las narrativas y las razones para compartirlas. También cuenta el modelo económico que permite su circulación. La economía de la atención compite por nuestro tiempo y premia lo que más nos indigna.
Con la inteligencia artificial, ese negocio ganó un combustible barato, la llamada slopaganda, mezcla de propaganda y basura digital (slop). El desorden informativo ya no es un tipo de mensaje aislado, sino el sistema entero.
El confidente que nos da la razón
Ese sistema también llega a las conversaciones privadas. Una mentira difundida por radio o WhatsApp podía toparse con alguien que la discutiera. Hoy, un asistente de IA puede dar una respuesta hecha para una sola persona, sin que nadie más participe para debatirla. Según el Centro Nacional de Consultoría, una cuarta parte de los colombianos ya usa estas herramientas, en su mayoría hombres de ciudades grandes y con más estudios.
Esa conversación puede convertirse en una cámara de eco privada si el asistente confirma las ideas del usuario y omite las pruebas que podrían cuestionarlas. Un estudio publicado en Science en 2025 encontró que estos asistentes pueden mover opiniones políticas. En esos experimentos, los modelos más persuasivos tendían a ofrecer información menos exacta.
Un asistente puede inventar datos y darnos la razón. Esa coincidencia, expresada con tono sereno y redacción impecable, puede parecer una opinión independiente.
Lo que todavía se puede preguntar
El ciudadano no está desarmado, aunque la respuesta no pasa por soluciones mágicas ni por esfuerzos individuales aislados. Quien recibe un audio alarmante no puede someterlo a un peritaje, pero sí puede preguntarse quién lo divulgó primero, si algún medio con editores reconocibles verificó la fuente original y qué dudas rodean la grabación antes de compartirla.
Fabricar una falsedad toma segundos. Comprobarla exige tiempo, conocimiento y recursos. Por eso es injusto dejar al ciudadano solo, convertido en detective desde su celular. Las plataformas deben identificar quién paga la propaganda. Las campañas deben explicar de dónde salen sus grabaciones. Las empresas de inteligencia artificial deben mostrar fuentes que respalden sus respuestas y reconocer lo que desconocen.
En esta década Colombia ha hecho poco por formar a la ciudadanía contra el desorden informativo y contra la espiral de rabia electoral. Las recientes normas al respecto están poco articuladas. Por ahora, cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de no dar por falso un audio solo porque deja mal al político que apoyamos. Compartir o negar una grabación es una manera de expresar de qué lado estamos. Rechazar las pruebas que nos disgustan dificulta pedir explicaciones a quien nos engañe.
En 2016, una grabación obligó a Vélez a responder por sus palabras. Si mañana usted oyera a su candidato admitir algo grave, ¿buscaría saber si la grabación es verdadera o buscaría una excusa para no creerla?
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