Protección de la población civil durante el gobierno Petro: el panorama que encuentra la “Patria milagro”

Entre 2022 y 2026, algunos indicadores de violencia contra la población civil mejoraron sustancialmente, pero en otros casos, la tendencia se inclinó hacia la persistencia o el aumento, y dejaron como resultado un panorama pendular que para reducirse en los próximos años, va a necesitar literalmente un “milagro”.

Con dos semanas en el cargo, el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella (ADLE) asume un complejo panorama de violencia contra la población civil. Entonces, conviene realizar un balance de esta materia para los años 2022-2026 y trazar una hoja de ruta.  

Una violencia que persistió 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el gobierno de Gustavo Petro se presentó una reducción de los homicidios de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en comparación con el ciclo anterior, aunque este descenso continúa teniendo cifras demasiado altas para un país miembro de la OCDE. Por el contrario, las masacres son menos que en el período de Duque (2018-2022), pero muchas más que en el de Santos (2016-2018); no obstante, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persistió en medio de la “paz total” y las crisis humanitarias aumentaron significativamente.   

Estos cinco patrones de violencia en contra de la población civil no presentaron una reversión estructural y sostenida en el tiempo desde el 24 de noviembre de 2016, por tanto, las condiciones de riesgo para las personas de los territorios periféricos o desconectados del centro político se mantienen intactas. 

No es posible determinar si estos cinco indicadores de violencia aumentarán en los próximos años; sin embargo, existen dos variables para comenzar a considerarlo. En primer lugar, la postura de ADLE frente a la política de seguridad, pues, al parecer, iniciará una guerra total en los territorios bajo el dominio de las organizaciones criminales. En segundo lugar, la intención del nuevo gobierno de retirar a Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos significaría eliminar la supervisión externa sobre graves violaciones e impedir que los ciudadanos acudan a instancias internacionales cuando la justicia nacional falla.

En la primera semana de gobierno de ADLE, tres campesinos fueron seriamente afectados por las operaciones militares en contra de estructuras del ELN en San Calixto, Tibú y El Tarra, por lo tanto, es posible sospechar que lo que significará la paz para los territorios más centrales y grandes ciudades representará confinamientos y violación de derechos humanos para los pobladores de los territorios periféricos y desconectados del país. 

La violencia que renace: el manejo de la protesta

Durante el gobierno de Petro, la violencia policial contra los manifestantes se redujo drásticamente. Lo anterior no se produjo por el cambio de nombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), sino por el cambio de filosofía, pues a las fuerzas policiales en estos cuatro años se les impregnaron premisas que pasaron a la agencia; algunas de ellas fueron: dar prioridad a la mediación, entablar diálogo antes de desplegar la fuerza reactiva, emplear armas no letales y desescalar la mortalidad. 

Esto no quiere decir que los conflictos sociales y las protestas hayan finalizado, pues efectivamente continuaron teniendo una dimensión cuantitativa considerable. Según el Observatorio General de la Conflictividad de la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron 4.039 hechos; en 2024, 3.832; en 2023, 2.046, y en 2022, un total de 1.427 acciones. 

La violencia con la cual se intervinieron las protestas sociales en Colombia entre 2022 y 2025 muestra una reducción estructural; acciones como violencia sexual, traumas oculares y manifestantes asesinados en medio de protestas bajaron a cero o una cifra cercana; la Plataforma Grita, de la ONG Temblores, denuncia los casos de violencia policial, allí se señaló que: En 2022 se presentaron 345 hechos, en el año 2023 fueron 189, en 2024 se dieron 110 y en el año 2025 se produjeron solo 94 hechos, es decir, esta disminución progresiva muestra que las protestas sociales en Colombia se desarrollaron en un amplio escenario de garantías para los manifestantes. 

Este horizonte alentador parece mostrar que el Estado colombiano domesticó la violencia hacia la población civil, pero nada más alejado de la realidad si se rememoran las palabras del fundador del partido político “Defensores de la Patria” y nuevo presidente de Colombia:  

“Traten de incendiarme el país, traten de bloquearme las vías y van a ver lo duro que muerde el tigre. No se imaginan lo que les viene con el tigre. Me estoy saboreando solo de pensar en eso”.

La histórica violencia: el conflicto por las tierras

El gobierno nacional de Gustavo Petro ejerció una acción estatal decidida en materia de protección de los reclamantes de tierras vinculados a la política de restitución de tierras. En su gran mayoría, estos predios habían sido objeto de recuperación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En esta dirección, la violencia contra reclamantes se redujo significativamente; la contrastación de fuentes¹ muestra que al menos, entre 19 y 25 casos se presentaron en el período del presidente Santos (2018-2022), entre 48 y 79 casos en el período de Duque y al menos nueve casos en el gobierno de Gustavo Petro. Cabe aclarar que estas cifras tienen una debilidad metodológica importante, la inexistencia de una base de datos que se dedique exclusivamente a registrar este tipo de hechos violentos.

De este modo, es posible señalar que sobre esta violencia histórica hubo una reducción importante, pero para lograrlo se materializó el gran miedo de algunas élites agrarias en Colombia, este fue que el Estado apareciera en el mundo agrario para depurar los títulos de propiedad y mostrar la usurpación de tierras; en esta dirección, algunas élites agrarias pueden esperar pacientemente a los próximos años para despojar nuevamente a los campesinos de sus tierras.

En las anteriores semanas se presentaron seis casos de violencia en contra de reclamantes de tierras; a estas comunidades campesinas se les restituyeron las tierras en los departamentos de Córdoba, Magdalena y Meta, pero, acto seguido, fueron intimidados por actores armados ilegales. Estos casos, según el director de la ANT en ese momento, Felipe Harman, eran patrones de violencia que generaban un nuevo ciclo de desplazamiento forzado en el país. 

Finalmente, el intento de reforma agraria del expresidente Gustavo Petro se parece mucho al fracaso reformista del mundo agrario para los años 1961 y 1968, pues, como señalaba Francisco Gutiérrez Sanín, en los años sesenta la gran ganadería como élite vulnerable tuvo motivaciones para protagonizar la guerra insurgente en Colombia; en este caso el reformismo agrario del siglo XXI tiene un destino al parecer inevitable, una violencia agraria contrarreformista que ahora debe “contener” el doctor Indalecio Dangond Baquero, nuevo ministro de Agricultura y bastante conocido por la cercanía de su familia con el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Conclusión 

Un milagro es un hecho extraordinario que no se puede explicar con las leyes de la naturaleza. En los años 2022-2026, algunos indicadores de violencia en contra de la población civil mejoraron sustancialmente, pero en otros casos, la tendencia se inclinó hacia la persistencia o el aumento, y dejaron como resultado un panorama pendular que para reducirse en los próximos años, va a necesitar literalmente un “milagro”. 

Le recomendamos: ¿Puede Colombia endurecer su política de seguridad sin repetir los errores del pasado?

¹Frente a esta cifra la ONG Temblores se distancia radicalmente; para ellos, los hechos de violencia sexual cometidos por la Policía son datos con un amplio subregistro.