Negociación anticipada

El 2022 ha sido un año convulso en materia económica y social:

• La desaceleración ha sido generalizada y amenaza con llevar al mundo a una nueva recesión;
• Las tensiones geopolíticas se agudizaron y con ellas los choques internacionales de costos y precios;
• Persiste la devaluación del peso;
• La inflación ha roto récords;
• Las tasas de interés son cada vez más elevadas, y
• Las demandas ciudadanas van en aumento.

A pesar de lo anterior, el Ministerio de Trabajo ha decidido comenzar de manera anticipada los trámites para la negociación del salario mínimo de 2023. El calendario ya está definido y se espera tener un resultado formal en diciembre.

Fue así como el 24 de octubre se instaló la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encargada de establecer la mesa de negociación para fijar el aumento del salario mínimo. Esta Comisión estará integrada por representantes de los gremios (empresas), sindicatos (trabajadores) y el Gobierno Nacional (representado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de agricultura y el Departamento Nacional de Planeación).

Aun no se tienen las cifras base de la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad —necesarias para realizar los cálculos del aumento salarial—, pero las proyecciones realizadas por Fedesarrollo muestran que la inflación anual estará cerca al 10%, mientras que el equipo de investigaciones económicas del grupo Bolívar estimó que la productividad tendría un aumento de aproximadamente 1,7%. Por lo tanto, se espera que el límite inferior a partir del cual se negociará el salario mínimo sea cercano al 12%.

Cómo negociar

El aumento del salario debe responder a la suma entre la tasa de inflación anual y el aumento de la productividad del factor trabajo; de esta mamera se mantiene constante la participación del trabajo en el ingreso total del país.

No basta entonces con que el reajuste compense la inflación o sea que se mantenga la capacidad de compra de los trabajadores; si se quiere mejorar su situación, hay que reconocer los aumentos en la productividad de la mano de obra, que en parte se deben a mejor educación, más experiencia y mejor tecnología.

Pero además de los parámetros económicos hay que tener en cuenta parámetros jurídicos, como la protección constitucional del trabajo y el derecho a recibir una remuneración mínima que le permita llevar una vida digna a los hogares.

Si se consideran estos factores económicos y jurídicos, la decisión sobre el aumento del salario parece ser muy sencilla. Pero la negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas no siempre llega a buen término.

De hecho, en lo corrido de este siglo se ha logrado concertar el aumento del salario mínimo en apneas ocho ocasiones. Normalmente las partes no logran un acuerdo, de modo que la decisión queda en manos del Gobierno Nacional.

Cuando hay concertación, las partes suelen expresar satisfacción con el resultado, pues consideran que sus preocupaciones han sido tenidas en cuenta sobre la base de un diálogo respetuoso. Cuando no hay concertación, la decisión tomada por el Gobierno suele verse como una imposición motivada por intereses ideológicos para favorecer a un sector sobre el otro.

Dada esta experiencia, lo mejor para la actual negociación es que tanto trabajadores como empresarios escuchen y reconozcan las preocupaciones del otro y así puedan encontrar puntos en común que les permita generar valor para las partes.

Pero es sabido que en cualquier negociación las partes son reacias a aceptar un acuerdo por debajo de lo que creen justo, y el actual panorama económico y social ensombrece el escenario de concertación.

Las demandas

Los trabajadores siempre han demandado el aumento salarial más alto posible para que sus representados tengan el mayor poder adquisitivo. Aunque aún no se conoce una postura clara de los sindicatos, se sabe que intentarán negociar un aumento en el orden del 20% o 25%, lo cual elevaría el salario mínimo hasta 1.200.000 a 1.250.000 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Esta aspiración se basa en factores como el aumento en el precio del dólar y el encarecimiento del crédito, así como el costo de vida, pues estos elementos afectan la capacidad adquisitiva de los trabajadores. A esto se suma el cambio de gobierno, que con las propuestas de campaña y del actual Ministerio de Trabajo, han puesto en la agenda de negociación otros elementos como las horas extra o el recargo nocturno.

Por su parte, los representantes de las empresas quieren que el aumento no sea tan alto, de modo que no deban destinar más de sus recursos para el pago de nóminas y prestaciones sociales. Así, Corficolombiana propone un alza del 15%, ubicando al salario mínimo en 1.150.000 pesos, mientras que Fenalco propone un 13%, ubicándolo en 1.130.000 pesos, sin considerar el auxilio de transporte.

Los riesgos

Las posturas de las partes presentan una disyuntiva para el gobierno.

Aunque un mayor aumento en el salario mínimo permitiría mejorar la capacidad de compra de los hogares y estimularía la demanda agregada, también es cierto que un alza exagerada del salario mínimo puede traer implicaciones negativas en el contexto macroeconómico del país para 2023:

• Los aumentos del salario mínimo pueden tener altos efectos inflacionarios, en tanto implican un aumento en los costos de producción de las firmas que se reflejará en los precios de los bienes y servicios que demandan los consumidores.
• Se espera que el salario mínimo afecte la indexación de algunas tarifas de bienes y servicios consumidos por los hogares que se miden en términos del salario mínimo. Estas tarifas también se verían afectadas por el incremento salarial, presionando nuevamente al alza de la inflación.
• De acuerdo con Juana Tellez, economista jefe de BBVA Research para Colombia, “(…) el salario mínimo encarecería el costo del factor trabajo en relación al [sic] costo del factor capital, de modo que se podría afectar la demanda de trabajo”.

De hecho, el salario mínimo tiene efectos adversos sobre el volumen de empleo, porque desestimula la creación y aumenta la destrucción de puestos de trabajo, situación que sería más preocupante dado que el desempleo se mantienen por encima del 10%; para septiembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,7%.

• El aumento del salario mínimo puede conllevar a un aumento en los ya altos niveles de informalidad, al convertirse en un obstáculo para el acceso al sistema de seguridad social.

De acuerdo con el Dane, en el trimestre móvil de junio a agosto de 2022, la proporción de ocupados informales fue del 58,1%, lo que implica que la mayoría de los trabajadores colombianos no cuentan con un trabajo formal.

Tener un aumento considerable en el salario mínimo es importante para preservar el nivel de vida de los trabajadores. Sin embargo, el panorama actual es una presión que debe ser considerada debido a las posibles consecuencias en la recuperación económica del país y en la reducción de la inflación.

Se espera que trabajadores y empresarios logren llegar a un acuerdo. Pero el Gobierno Nacional tendrá que tomar medidas que ayuden a la recuperación económica y que también mejoren las condiciones de vida de los trabajadores.

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras.