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Los retos de la Contraloría

Escrito por Libardo Espitia

Clientelismo, mermelada e intercambio de favores en vez de la separación entre poderes y la capacidad técnica que exige la Constitución y que demandan las tareas –cada vez más delicadas y complejas- de los entes de control.

Libardo Espitia*

El balance entre poderes

La Asamblea de 1991 diseñó una de las constituciones más democráticas del continente y adoptó los postulados del Estado Social de Derecho para reemplazar la Constitución conservadora de 1886.

Según la nueva constitución, el Estado está formado por las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, que cumplen funciones diferentes pero están obligadas a colaborar de modo armónico para  cumplir los fines esenciales del Estado. Para esto se adoptó un mecanismo cuidadoso de pesos y contrapesos que garantizara la separación y el equilibrio de poder entre las tres ramas, mediante debates de control político, regímenes de inhabilidades y conflictos de intereses, autonomía y fortaleza de los organismos de control disciplinario y fiscal y – en especial – períodos limitados para los funcionarios titulares.

Las propuestas de los constituyentes prohibían tajantemente la reelección, tanto del contralor como del procurador, e inclusive la del defensor del pueblo.

En efecto, ese espíritu de equilibrio entre poderes prohibió la reelección presidencial y consagró el Título X a los dos organismos de control (la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación) que ejercen funciones de carácter administrativo sin ser parte de ninguna rama del poder público, aunque esas ramas tengan  participación decisiva en la postulación y elección de sus dignatarios.

Tanto el contralor como el procurador son elegidos para períodos individuales de cuatro años (igual que el presidente de la República) de ternas conformadas por las altas cortes. Para el caso del contralor, la terna está integrada por candidatos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; para el procurador, por el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente de la República. El Congreso lleva a cabo las elecciones respectivas.

En el nivel descentralizado, los tribunales superiores de distrito y los tribunales de lo contencioso-administrativo elaboran las ternas para la elección de contralores territoriales y distritales.

23 años después de haber sido expedida la Constitución, el balance en cuanto a colaboración armónica entre las ramas del poder público deja mucho que desear, y esto ha sido agravado por los numerosos cambios legislativos e interpretaciones que se han dado  a la Carta Política.


La Contralora Sandra Morelli. 
Foto: CAAI Perú

Dos reelegidos de manera dudosa

Los delegados a la Constituyente fortalecieron y dieron autonomía a la Contraloría y a la Procuraduría para vigilar la gestión del presidente como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y la de todos los demás funcionarios y el buen uso que se diera a los recursos públicos, con miras a cumplir el fin social del Estado.

Las propuestas de los constituyentes prohibían tajantemente la reelección, tanto del contralor como del procurador, e inclusive la del defensor del pueblo. Aunque no quedó dicho de manera explícita en el Artículo 276, es indudable que la Asamblea y la Constitución son opuestas a la reelección de estos altos funcionarios.

Desde luego, tanto Edgardo Maya como Alejandro Ordóñez estaban al tanto de estas disposiciones, pues antes de acceder al cargo fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, respectivamente. Y sin embargo  aprovecharon el “vacío” en la Constitución para hacerse reelegir, con resultados bastante controversiales.

O en todo caso, ante la duda, cualquier jurista –candidato o postulante- ha debido remitirse  a las actas de la Asamblea Nacional Constituyente.

La nueva Contraloría

Según la Constitución, la Contraloría General de la República es “una entidad técnica con autonomía administrativa y presupuestal que ejerce el control fiscal de la gestión desarrollada por la Administración y la de particulares que manejen recursos públicos o bienes de la Nación”.  

Su carácter técnico se ratifica al ejercer su vigilancia de manera posterior y selectiva con un control financiero, de gestión y de resultados, teniendo como base los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales.

Mediante facultades extraordinarias, en el año 2000, el presidente expidió el Decreto ley 267 por el cual reorganiza la Contraloría General de la República. Esto implicó reestructurar la planta de personal, que se redujo en cerca de  1.500 funcionarios de carrera ajustándola a 5000,  así como tecnificar los procesos de fiscalización mediante una primera metodología, -conocida como “Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Guía Audite 1.0”- y que hoy es el Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA).

Con la norma en cita para ejercer la vigilancia fiscal, el organismo de control quedó organizado en 7 contralorías delegadas, a saber: de los sectores Agropecuario; Minas y Energía; Defensa, Justicia y Seguridad; Social; Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional; Gestión Pública e Instituciones Financieras y Medio Ambiente y como contralorías delegadas generales, la de Participación Ciudadana; la Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y la Delegada para Economía y Finanzas Públicas


El Procurador General, Alejandro Ordóñez.
​Foto: Procuraduría General de la Nación

Y el nuevo contralor

El Artículo 267 de la Constitución ratificó la atribución nominadora de las altas Cortes, ratificó el carácter técnico y autónomo de la Contraloría, e indicó los requisitos para ser elegido contralor. 

Hace un par de meses, las cortes y el Consejo de Estado abrieron la convocatoria para  integrar la terna que será enviada al Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio. Sin embargo, una revisión somera de los perfiles de las personas inscritas ante los tres organismos muestra que muchos de ellos no llenan los requisitos que señala la Constitución. La atribución nominadora se ha venido prestando para clientelismos y “mermeladas”, como las hoy expuestas por el ex magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla.

En el mes de mayo, y sin obstar que ante la Corte Constitucional estuvieran inscritos ex magistrados tan reconocidos como Camilo Tarquino, Jaime Arrubla y el ex procurador Edgardo Maya, la Corporación optó por recomenzar el proceso, invocando la necesidad de alguien con el perfil técnico adecuado a las funciones constitucionales de la Contraloría.   Según el reglamento interno de la Corte, los ya inscritos no podían volver a presentarse.

Bajo la nueva convocatoria se inscribieron 54 personas. La Corte Constitucional, sin la participación de Pinilla por período cumplido, de manera sorpresiva y desconociendo los principios de igualdad y transparencia, postuló al ex procurador Maya Villazón, quien no figuraba en el nuevo listado y que estaría cerca de la edad de retiro forzoso.

En la postulación intervinieron magistrados que fueron servidores del Ministerio Público en la época de Maya Villazón. Ante los preocupantes hechos, la Red de Veedurías solicitó a la Corte considerar los nombres del nuevo listado o realizar una nueva convocatoria.

Para ahondar las preocupaciones, la semana pasada se conocieron los postulados tanto de la Corte Suprema como el Consejo de Estado y que son exmagistrados del Consejo Nacional Electoral, el cual está formado por miembros de los partidos o movimientos políticos, lo que a la postre quiere decir que estos se tomarían el ente de control, puesto que para nadie es un secreto el apetito que representa esta entidad del orden nacional.

Y aunque algunos congresistas ante los últimos acontecimientos generados con la conformación de la terna, han expresado su intención de devolverla, la Red de Veedurías no confía en que se haga realidad esa intención; por ello, ha ratificado que la mejor selección de candidatos se debe hacer es en las altas Cortes y Consejo de Estado.

Lo que le espera al nuevo contralor

Las exigencias técnicas en la gestión de la Contraloría son cada vez más evidentes. Temas como el de regalías (Leyes 141 y 1530), el Sistema General de Participaciones (Ley 715),  los “controles excepcionales” que solicitan el Congreso Nacional y las Veedurías Ciudadanas, la supervisión del Banco de la República, las sentencias de la Corte Constitucional en materia de salud, las Cajas de Compensación y fondos de pensiones y cesantías (Ley 100) son algunos  de los grandes desafíos que hoy significa ser Contralor General de la República.   

El reto fundamental es lograr que la entidad dé un salto cualitativo que trascienda la mera contabilidad y se dedique a medir los impactos de la gestión pública. 

Desde luego, estas nuevas exigencias han requerido un aumento de personal que no se ha dado por la norma que la organizó en el 2000, sino por la los contratos de prestación de servicios profesionales. Así las cosas, el ajuste efectuado no tuvo en cuenta estas nuevas exigencias que se ya se venían dando con la promulgación de las leyes mencionadas.

Sandra Morelli ha cumplido un papel destacado al frente del organismo, enfocando su vigilancia sobre grandes proyectos mediante auditorías “express” sobre los recursos de la ola invernal, las inversiones de regalías, los impactos de la gran minería, el desfalco de recursos de salud, reversión de la infraestructura afecta al servicio de telefonía móvil celular y renovación del espectro radioeléctrico, entre otros. Estos temas aún están pendientes y deben ser resueltos por el nuevo contralor.

El reto fundamental es lograr que la entidad dé un salto cualitativo que trascienda la mera contabilidad y se dedique a medir los impactos de la gestión pública. Es lo que ordena la Constitución, lo que no se ha logrado o apenas se ha esbozado en 23 años, y lo que ahora parece al borde de naufragar en medio de las roscas y los personalismos.

 

* Máster en gestión y auditorías ambientales, especializado en servicios públicos, control y auditorías, contratación estatal, minería e hidrocarburos, mecanismos de participación ciudadana.  

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