La precaria situación del presidente de Venezuela ha encontrado en las últimas semanas un camino de solución: el fortalecimiento de la represión y la consolidación de su liderazgo entre el pueblo venezolano frente a las injerencias extranjeras.
Martha Lucía Márquez*
En caída libre
La orden ejecutiva impartida por el presidente Barack Obama que declaró que la seguridad de Estados Unidos está amenazada por la erosión de las garantías a los derechos humanos y la corrupción en Venezuela puede tener un efecto contrario al deseado por el gobierno norteamericano.
Por su parte, la respuesta del gobierno venezolano ante esta acción fue la solicitud a la Asamblea Nacional de una ley habilitante que facultó al presidente para legislar durante todo 2015 “de forma preventiva y de resolución” en temas relacionados con la protección de la seguridad nacional, lo que seguramente se traducirá en mayores niveles de represión en el país.
A casi dos años de su llegada poder, es evidente que el régimen de Nicolás Maduro se ha mostrado menos comprometido que el de su predecesor en la construcción de una democracia de calidad en Venezuela.
Maduro aprovechará la ley para reprimir a la oposición, respaldado por el sentimiento antiimperialista que la declaración de Obama ha suscitado.
El 17 de marzo, a solo 8 días de emitida la orden ejecutiva del presidente norteamericano, el Programa Nacional Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el retroceso en términos de garantías a los derechos económicos, políticos y sociales en la era post-Chávez. La entidad señaló que por cuenta del estancamiento de las misiones, de la inflación y del retiro de subsidios, la pobreza en Venezuela había aumentado hasta un 32 por ciento, es decir, 7 puntos por encima del 25 por ciento en que se encontraba en 2012.
Otro estudio de un grupo de universidades venezolanas, entre las que se encuentran la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, adelantado a fines de 2014, señala la misma tendencia aunque ofrece cifras distintas y anota que la pobreza en 2014 alcanzó al 48,4 por ciento de la población, mientras que a la llegada al poder de Hugo Chávez estaba en un 45 por ciento.
En estos informes se insiste además en la violación del derecho a la salud que se vive en el país por cuenta de la crisis hospitalaria y del desabastecimiento de medicamentos.
El Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD- Lat), que incluye muchos más indicadores que el respeto a los derechos humanos, muestra resultados que respaldan estas denuncias. Por ejemplo, sobre una calificación máxima de 10, la calidad de la democracia en Venezuela para el año 2014 recibió una evaluación de 2,4, la más baja desde 2004, lo que hace que el país se catalogue como un país de mínimo desarrollo democrático.
 Ciudadanos en la “Marcha de las Ollas Vacías” contra el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. Foto: Carlos Díaz |
Sin derecho a protestar
Además del deterioro en las garantías de los derechos humanos, el informe del IDD- LAT señala como factores que explican el mal momento de Venezuela:
– La percepción de corrupción,
– Las debilidades en la rendición de cuentas,
– La crisis del gobierno,
– El desempleo, y
– La restricción de libertades por inseguridad
El último factor de esta lista se refiere a la restricción de los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de movilidad o de protesta, cuando se acude a la represión de las protestas o cuando se aplican estrictos controles sobre las marchas o movilizaciones pacíficas.
Durante la presente administración, no solo se han alcanzado niveles de protesta sin precedentes en la última década sino que las cifras de represión son tan altas que se comparan con las del Caracazo de 1989, suceso que aceleró la crisis de la democracia representativa que imperaba desde 1958.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2014 hubo 9.286 protestas, es decir, 26 diarias. Más de la mitad de ellas (52 por ciento) estuvieron motivadas por el rechazo al gobierno de Maduro o a sus políticas. A estas protestas, que solo en el 8 por ciento de los casos fueron violentas, el gobierno respondió con represión. El saldo de esta represión fueron 3.300 detenidos, cerca de 1.000 heridos y 43 muertos.
Estos resultados se deben a que el gobierno ha decidido criminalizar la protesta social pacífica, en el marco de un viraje en su política de seguridad que algunos autores, como Francine Jácome, han comparado con la doctrina de seguridad nacional de las dictaduras del Cono Sur de las décadas de 1960 y 1970.
Al presidente Maduro le cae muy bien hacer uso del discurso populista que ha sido tradición en Venezuela y que le permite unir la comunidad en contra del imperio y del enemigo interno.
En Venezuela parece haberse abierto paso entre el gobierno y sus asesores de seguridad la idea de que existen enemigos internos, “terroristas” o “fascistas”, que colaboran con un plan de desestabilización que viene del exterior, especialmente de los Estados Unidos, de Colombia y de los emigrados que conspiran desde el extranjero.
Por este motivo, no solo ha aumentado la participación de las Fuerzas Militares en las acciones orientadas a mantener la seguridad interna y se ha militarizado a la sociedad para hacerle frente a las nuevas amenazas (como lo ha hecho la Milicia Nacional Bolivariana y los colectivos armados), sino que el gobierno de Maduro ha creado nuevos organismos para hacerles frente.
En octubre de 2013 se fundó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA) para controlar la circulación de información que pudiera ser considerada de interés estratégico. En junio de 2014 se crearon las brigadas especiales contra las actuaciones de grupos generadores de violencia (BEGGV), de las que hacen parte tanto civiles como miembros de las Fuerzas Armadas y con las que se pretende llevar a cabo una labor de vigilancia ciudadana. Y en septiembre del mismo año se estableció una fuerza de choque para controlar disturbios dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
 Manifestante confronta a las fuerzas de seguridad en protestas de oposición en Venezuela. Foto: andresAZp |
Plenos poderes y militarización
En este escenario de militarización de la protesta interna es previsible que la “Ley Habilitante antiimperialista para la paz” se use para reprimir a la oposición. La ley le permite a Maduro legislar o reformar leyes “(…) en el ámbito de “la libertad, la igualdad, la justicia (…)”, es decir, de los derechos civiles y sociales, con el fin de proteger al Estado “(…) contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas, o cualquier actividad externa o interna (…)”, lo que abre la posibilidad de que el gobierno actúe frente a la protestas o movilizaciones internas si se presume que vulneran el Estado.
También lo faculta para fortalecer el sistema de sanciones civiles, penales y administrativas para quienes pongan en riesgo la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, lo que seguramente redundará en un aumento de penas para quienes amenacen la seguridad del Estado o su soberanía.
No cabe duda de que Maduro aprovechará la ley para reprimir a la oposición, respaldado por el sentimiento antiimperialista que la declaración de Obama ha suscitado. Esta acción le servirá para mejorar de alguna manera su precaria situación: su imagen ha caído 32 puntos desde su posesión, solo tiene el apoyo sólido de un 20 por ciento de los electores, correspondiente al núcleo duro del chavismo, y está asediado por el aumento de la inflación, el desabastecimiento de productos básicos, la inseguridad (que ubica a Venezuela como el segundo país más violento de América Latina) y la incapacidad el Estado para responder a las demandas sociales.
Y como si fuera poco, no hay que olvidar que todo esto se da en un contexto en que el que cada vez se hace más grande el déficit fiscal por cuenta de la caída de los precios del petróleo.
Por eso, al presidente Maduro le cae muy bien hacer uso del discurso populista que ha sido tradición en Venezuela y que le permite unir la comunidad en contra del imperio y del enemigo interno, estableciendo una frontera interna en la que se ubicarán los que no convengan con su proyecto. Un abrebocas de esta fragmentación de la sociedad entre pueblo/antipueblo o nación/imperio pudo verse en el discurso de Maduro tras anunciarse la aprobación de la ley habilitante:
"Es un momento estelar de la historia. Estoy seguro que la gran mayoría del pueblo lo ha reconocido, o se está con Venezuela o se está con el imperio. No es momento de doble postura, de doble hipocresía".
* Profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Bogotá. marquezm@javeriana.edu.co
