El proyecto de reforma educativa: faltó audacia - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad El proyecto de reforma educativa: faltó audacia

El proyecto de reforma educativa: faltó audacia

Escrito por Alexis de Greiff
alexis-de-greiff

alexis de greiffHay distintos tipos de educación superior, de universidades, de investigación y de innovación productiva. El proyecto del gobierno confunde todo eso y no plantea por tanto una salida a la brecha creciente entre universidad y sector productivo ni aclara para qué se formarán los investigadores. Este texto precisa los conceptos y propone soluciones más audaces.

Alexis De Greiff A *

Tradición crítica 

Reforma educativa En el mundo entero – y no sólo en Colombia – el sector educativo tiende a reaccionar con desconfianza ante cualquier propuesta de reforma que formule el gobierno de turno. Esa actitud es un reflejo casi natural de la tradición universitaria: a diferencia de otras instituciones, la universidad debe fomentar el espíritu crítico. 

No creo que haya entidades más difíciles de gobernar – o incluso de regular – que las Instituciones de Educación Superior (IES), siempre temerosas de un futuro diferente del pasado anclado en el statu quo. Lo cual resulta paradójico, pues la formación y la investigación deben tener como objetivo aprender a ver el mundo de otro modo. Un buen profesional no es el que obedece, sino el que logra hacer las cosas de una forma nueva. Un buen investigador no es el que sigue reglas y protocolos, sino el que soluciona problemas en forma original. Por tal razón, la crítica – además de deseable- resulta ser inherente a la vida universitaria.  Peor que el fantasma de la privatización 

Como académico, no me puedo, pues, sustraer a la crítica del proyecto de reforma de la educación superior que ha presentado el gobierno[1]. Pero sospecho que es por razones distintas de las esgrimidas por otros analistas. 

Los temores de la mayoría de los profesores, estudiantes y administrativos de universidades públicas parten de un supuesto fantasma de la privatización, como lo ha llamado el rector de la Universidad Nacional, fruto supuestamente de una conspiración neoliberal. 

Yo no creo que el espíritu de la ley sea la privatización, sino algo más grave: el reconocimiento de que el Estado no puede garantizar los recursos que necesita el sector. 

De la misma forma que la desnutrición del sistema de ciencia y tecnología no se debe a que el país subestime a los investigadores, sino a que la innovación no se considera realmente prioritaria para el desarrollo económico y social, así se diga otra cosa de labios para afuera. 

Más que innovadora – como dice el gobierno- y más que maquiavélica – como temen sus críticos – yo creo que la propuesta de reforma de la educación superior es poco original e ingenua en algunos de sus supuestos y propuestas. 

Para presentar mis argumentos, quiero focalizar mi análisis en el trillado tema de la investigación y la innovación: dos conceptos que se invocan como garantía de seriedad institucional y proyección moderna.  Investigación en instituciones muy diferentes 

El proyecto afirma que "la investigación… se constituye en función esencial de las IES". Resulta algo contradictorio que siendo el "fundamento de la docencia", según el texto, la investigación corresponda al penúltimo título, antes de las disposiciones transitorias. 

Esta función supuestamente universal de la educación superior refleja en realidad un problema de concepción del sistema. La heterogeneidad del sector educativo hace imposible legislar en este aspecto – como en cualquier otro – sin reconocer que hay diferentes tipos de IES. 

De hecho la ley tipifica explícitamente a las "universidades", como instituciones que deben reunir las características siguientes: desarrollar investigación con grupos reconocidos en las categorías más altas de la clasificación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) y "tener al menos un programa doctoral". 

Empezaría por predecir que, si esta última condición se mantiene, es posible que tengamos una avalancha de doctorados de garaje. Tal vez sería conveniente pensar en ordenar primero el cierre de muchas "IES", como las de Teusaquillo, para lo cual se requeriría una nueva ley, pues la propuesta actual no da instrumentos para hacerlo. 

Pero trascendiendo la dimensión puramente nominal, el problema es que la propuesta de ley desconoce otras IES que seguramente cumplirían con estándares internacionales de universidades, es decir instituciones que forman profesionales, pero que no hacen investigación. En otras palabras se restringe la denominación de "universidad" a una categoría que en una clasificación más fina sería "universidad de investigación", que existen en muchos países. 

Estados Unidos, por ejemplo, tiene 774 "universidades" acreditadas, sin contar con los colleges que tienen programas académicos de cuatro años: en total son más de 2.500 instituciones, pero sólo 250 son "de investigación". 

No es lo mismo diferenciar que discriminar. El que el apelativo "universidad" se restrinja implícitamente a las de investigación, tiene el efecto psico – social de profundizar una jerarquía que ya existe y fomentar una dinámica de ascenso social institucional: los tecnológicos aspiran a ser universidades, las universidades pedagógicas y técnicas quieren ser universidades a secas, y las universidades profesionalizantes quieren ser de investigación. La perversidad de la propuesta está en que hace lo contrario de lo que todos quieren: en vez de dignificar a los técnicos, ahora todos querrán ser, literalmente, doctores

El régimen financiero de la reforma es menos preciso al respecto. Los recursos adicionales quedan condicionados, entre otros factores, a "la promoción de la investigación y la innovación". ¿Qué significa promover? 

¿Se puede promover investigación e innovación sin hacerla directamente? Eso depende de lo que se entienda por "investigación" e "innovación", dos de los términos más ambiguos en el análisis académico y económico. En su acepción más tradicional, pero no única, la investigación aspira a producir "nuevo conocimiento universal", no sólo para el investigador, su institución o incluso su país. 

"Innovación", también de muy distintos tipos 

La "innovación" es una actividad aún más vaga y variada. Existe aquella que se realiza sistemáticamente en los grandes laboratorios públicos, las universidades, los centros de investigación (públicos y privados) y las unidades de investigación y desarrollo empresariales. En Colombia cada una de estas formas de innovación existe, aunque en algunos espacios a escala muy reducida. 

Allí participan grupos de investigadores con Ph.D. y con alto potencial para desarrollar patentes o nuevos productos capaces de modificar su campo de aplicación. Crean ventajas competitivas que facilitan a las empresas entrar en el mercado y que involucran alta tecnología; es la innovación que debería estar asociada con el desarrollo de "sectores de talla mundial". 

Pero otro tipo de innovación se produce también mediante procesos de transferencia y adaptación: la "innovación incremental". Gran parte de la innovación productiva nace allí, porque es la que impacta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

Para que surja esta forma de innovación se requiere la presencia protagónica de técnicos e ingenieros capaces de hacer investigación "aplicada" en el interior mismo de las empresas, que no necesariamente se refleja en cambios en el estado del arte o en artículos académicos o patentes, por lo que se corre el riesgo de no ser reconocida por COLCIENCIAS. 

Esto acarrea otro problema de fondo, también relacionado con los distintos tipos de prácticas investigativas e innovadoras: ¿Cómo medir el grado de excelencia, pertinencia y efectividad de la "extensión" universitaria, que debería ser la correa de transmisión más directa entre las IES y las necesidades de su entorno productivo? 

Más aún: ¿Cómo promoverla y reconocerla sin que se convierta en un roto por donde se cuele lo más mediocre de la práctica extra-curricular académica? Ese, me parece, es el gran desafío de las universidades. Y no sólo aquí: este problema se está discutiendo desde Brasil hasta Gran Bretaña, incluyendo a Estados Unidos. La ley no proporciona luces al respecto. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) argumenta que las alianzas público-privadas permitirán a los empresarios "invertir" en los sistemas de investigación e innovación universitarios, movidos por el interés de que las IES encuentren soluciones innovadoras a problemas prácticos que requieren algún esfuerzo investigativo. 

Una larga historia ignorada

Es ingenuo pensar que con esta ley se abran grandes posibilidades de articular alianzas entre empresarios y universidades, pues parece ignorar la larga historia científica y tecnológica del país y de la región. 

La literatura de hace medio siglo sobre innovación en América Latina sigue siendo hoy abrumadoramente actual. La dificultad en acercar a empresarios e IES ha sido analizada y diagnosticada desde los años setenta, dificultad que compartimos con países considerados como casos de éxito: en Brasil, Canadá e incluso Francia se quejan de esa misma dificultad. 

Las industrias irlandesas, ahora en desgracia, no se aliaron con el sistema educativo tradicional, sino que crearon una red de universidades que respondían explícitamente a las demandas empresariales. Sistemas similares de universidades politécnicas empresariales empiezan a surgir en España. 

En Colombia ese tipo de alianza podría hacerse sin modificar la ley 30, y en algunos casos con el auspicio de COLCIENCIAS, entidad que ha financiado buena parte de la investigación y formación de investigadores. Iniciativas como los "Centros de Excelencia" se financiaron con ese objetivo, inspiradas en experiencias del Canadá y Europa. Algunos produjeron buenos resultados académicos, pero el engranaje con las empresas sigue siendo exiguo o nulo. 

Faltó audacia 

La ley no proporciona instrumentos originales o ingeniosos para cerrar una brecha tan profunda como preocupante. Y no sólo en el ámbito estrecho de la investigación, sino también en el ámbito propio de la formación profesional. En fin, si las universidades están en crisis – no es sólo por falta de recursos – sino especialmente por su dificultad en conectarse con las demandas del entorno social y económico. 

La ley no se perfila como una apuesta audaz: hacer un llamado a los empresarios para que financien la investigación exigiría esquemas sofisticados de política científica y tecnológica, en la que la universidad es sólo uno de los actores. Los centros de investigación e innovación son otro engranaje del sistema y hoy están virtualmente desconectados de las IES: existen laboratorios en centros de investigación sin estudiantes doctorales. 

La nueva ley prevé la posibilidad de alianzas entre centros de investigación e innovación y universidades para desarrollar programas de postgrado[2], posibilidad que ya existía idéntica en la vieja ley 30 de 1992. 

Sería oportuno buscar y proponer instrumentos de fomento y reglamentación para estimular la búsqueda de posibles sinergias y no seguir duplicando esfuerzos. Los celos institucionales aislaron, hace cuarenta años, al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de la Universidad Nacional, lo que marchitó a una generación entera de más de 40 investigadores con Ph.D., en cuya formación había invertido el Estado. Y cuando se ignora la historia, tiende a repetirse periódicamente: fue también el caso de arqueólogos investigadores hace 20 años. 

¿Entonces, quién va a hacer la investigación? 

La presencia de la brecha entre universidades, centro de investigación y desarrollo y empresas pone de manifiesto otra dimensión del problema: la carencia de un número suficiente de profesores con título de Ph.D. en el país. Según las cifras del MEN, son 4.600. Es decir, como decía un ex director de COLCIENCIAS, el "punto nada por ciento"

No hay más de 100 programas doctorales en Colombia y al año se gradúan cerca de 150 Ph.Ds. ¿Quién va a hacer la investigación en las "universidades", si no llegamos al 5 por ciento de profesores con doctorado? 

Este problema no requiere una nueva ley, sino la voluntad política de fortalecer los programas de formación de investigadores, siendo el más importante el Programa "Generación del Bicentenario". Éste debe seguir enfocándose en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual hace parte el sistema universitario, pero con un énfasis claro hacia el fortalecimiento de la investigación. Los requisitos de edad, tan criticados, son precisamente una forma de renovar los grupos de investigación e innovación y así formar una nueva generación de profesores – investigadores

Aunque debemos formar muchos más doctores, aunque resulte paradójico, no se debe esperar que todos hagan investigación en el futuro. Este planteamiento aparentemente contradictorio sucede en la práctica de los sistemas educativos maduros. El sistema universitario, tanto en las IES de investigación (lo que el MEN llama "universidades") como en el resto de instituciones, debe tender a elevar continuamente el nivel promedio de los profesores, mediante incentivos que los anime a obtener las máximas calificaciones académicas posibles. 

Ese es el nivel del doctorado. Por lo tanto se debe propender por la formación de muchísimos doctores y convertir el título doctoral en un requisito formal para poder ocupar el cargo de profesor universitario de planta, como ya lo ha incorporado recientemente la Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en Ecuador. 

Se dirá que el proyecto de ley viola el principio de la autonomía universitaria, el leitmotiv de las universidades públicas; sería conveniente entonces que sean los Consejos Superiores Universitarios, muchos presididos por el propio MEN, quienes revisen los estatutos para alinearlos en forma rigurosa con los nuevos requisitos de ingreso y permanencia en la carrera docente. 

De nuevo, esta reglamentación deberá reconocer la heterogeneidad entre las instituciones, pues la vocación de la Universidad Nacional, por ejemplo, no necesariamente es la misma de una universidad regional, sin ceder en la exigencia de requisitos de máxima calidad para los profesores de planta. 

Otro ángulo de análisis consiste en reconocer que, aunque no todos los doctores harán investigación, todos deberán tener la posibilidad de competir para hacerla. Es decir, los fondos de investigación no podrán alcanzar nunca a responder plenamente a todas las demandas de un sistema universitario, donde un porcentaje substantivo de profesores sean Ph.D. De hecho, eso sucede en los países que gradúan a grandes números de doctores. 

Pero muchos de estos doctores son absorbidos por el sector productivo y otros sectores, incluso el educativo, lo que redunda en una más elevada calidad de la educación. El caso extremo para mostrar ha sido Finlandia, donde se premia a doctores por enseñar en colegios. Sólo los mejores investigadores obtienen fondos de investigación, lo que también redunda en elevar la calidad de la investigación nacional. 

Por una crítica razonada 

La ley es criticable y debe ser criticada. Yo creo sinceramente que el Ministerio de Educación Nacional está invitando a hacer un ejercicio crítico, ofreciendo medios de participación que resultan pioneros en Colombia. 

Ojalá que el sector universitario participe activa y pacíficamente, como pidió la ministra y lo han solicitado todos los rectores. No hacerlo en forma razonada y razonable será una contradicción con la defensa del sistema de educación superior en general y de la universidad pública colombiana en particular. 

* Doctor en historia de la ciencia de la Universidad de Londres; Profesor e Investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, de donde fue Vicerrector General (2004 – 2006). Fue Sub – director de COLCIENCIAS (2007 – 2010).

 

Notas de pie de página


[1] Ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

[2] Artículo 9. Ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies