Ciencia, Tecnología e Innovación: ¿Se despeja el horizonte? - Razón Pública
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Ciencia, Tecnología e Innovación: ¿Se despeja el horizonte?

Escrito por Alexis de Greiff
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alexis de greiffLa puesta en marcha de un nuevo Colciencias y el aumento sustancial de los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación abre más horizontes para las universidades pero plantea serios interrogantes sobre el papel de alcaldes y gobernadores. La sociedad del conocimiento en Colombia: ¿más lejos o más cerca?

Alexis De Greiff A.*

Más plata para la ciencia

La oposición al proyecto que reformaba la Ley 30 de 1992 sobre educación superior es una gran oportunidad para abrir un debate de fondo sobre el tipo de sociedad del conocimiento que necesita el país.

Pero la ley 30 no es la única relacionada con la creación y el uso del conocimiento. La ley 1286 de 2009 y el Decreto-Ley 4923 de 2011 también definen una nueva institucionalidad para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI):

 La ley 1286 reformó la ley 29 de 1990 de ciencia y tecnología y convirtió al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas (Colciencias) en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, lo puso al mismo nivel que el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Aunque en su momento se discutió mucho sobre la conveniencia de crear un ministerio, se optó por una estructura más técnica y dotada de influencia “transversal” sobre el ejecutivo. Así se espera evitar la dispersión de recursos y, sobre todo, la incoherencia de políticas.

– El Decreto-Ley 4923, expedido el pasado 16 de diciembre, destina el 10 por ciento de los ingresos del Sistema General de Regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa propuesta se venía discutiendo desde hace años y revivió al comenzar el proceso de reforma de la ley 29. De hecho, Chile ya la venía aplicando con buenos resultados.

Además de la Nación, los departamentos y municipios tendrán un papel destacado en la gestión y cofinanciación del sector: de acuerdo con el artículo 27 de la ley 1286, “las entidades territoriales incluirán en sus respectivos planes de desarrollo programas, proyectos y actividades dirigidas al fomento de la ciencia, tecnología e innovación".

Adicionalmente se destinaron cien mil millones de pesos de las regalías como capital semilla del Fondo “Francisco José de Caldas”, un instrumento financiero creado por esta ley, que permite minimizar los costos de transacción de los proyectos de CTI y trascender vigencias fiscales, los dos cuellos de botella que han obstaculizado la ejecución de macro-proyectos de alto impacto.

Sin esas medidas, el nuevo Departamento Administrativo habría nacido sin dientes: la inversión pública en CTI equivale apenas al 0,16 por ciento del PIB. Por eso la inyección de nuevos recursos ha despertado grandes expectativas en la comunidad científica y también entre las empresas que apelan a la innovación para enfrentar los desafíos impuestos por los Tratados de Libre Comercio.

Ahora la cuestión es si, una vez más, se verá frustrada la esperanza de hacer del conocimiento un motor de equidad y crecimiento.

¿Qué papel para las universidades?

Las universidades son la principal fuente de investigación y algunas de ellas ya son universidades de investigación. En estas universidades de excelencia, públicas y privadas, es cada vez más común incorporar a profesores jóvenes con título de doctorado, adoptar estatutos académicos que promueven la producción intelectual y realizar fuertes inversiones en bibliotecas y laboratorios.

Por su parte, el Ministerio de Educación también ha buscado la forma de integrar el sistema de educación superior dentro del sistema de CTI (en lo que se insistió, tal vez de forma exagerada, en el fallido proyecto de reforma).

Sin embargo y como lo han repetido los rectores, aquel esfuerzo en investigación representa una pesada carga financiera, que explica en parte la crisis de muchas entidades de educación superior: no solo se les ha exigido más en términos de cobertura, sino también de investigación – la cual es muy costosa cuando se trata seriamente de hacerla.

Los recursos de regalías para CTI abren un abanico de nuevas oportunidades para que el conjunto de las universidades se incorpore de forma más decidida al desarrollo social y económico del país, no sólo como centros de formación de profesionales, sino como agentes de cambio social mediante la transferencia efectiva del conocimiento que producen sus investigadores y estudiantes de postgrado.

Resultaría oportunista el recurrir a los dineros de regalías para resolver, aún parcialmente, el problema financiero de las universidades, pues esta es responsabilidad directa del Ministerio de Educación. Pero sí debería explorarse como una fuente importante de recursos complementarios y crecientes:

– En primer lugar, el artículo 34 de la nueva ley de regalías establece que “con cargo a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación apoyará el fortalecimiento de las secretarías de planeación, con el fin de incrementar su capacidad institucional para la formulación de proyectos”.

– Las universidades podrían ser llamadas a colaborar con las autoridades, Planeación Nacional, departamentales y municipales para elaborar sus respectivos planes de desarrollo en materia de CTI. De hecho, algunas ya lo hacen, pero ahora se presenta una oportunidad para incidir más sistemáticamente sobre estas políticas, siendo así que la mayoría de las entidades regionales, e inclusive las grandes capitales, tienen poca o ninguna experiencia en este campo.

 En segundo lugar los Consejos Departamentales de CTI están llamados a ser la instancia regional de articulación de estas políticas (aunque hasta ahora hayan sido ignorados por las autoridades locales, inclusive en Cundinamarca y en el Distrito Capital, donde se concentra la mayor capacidad científica y tecnológica). Pero con la llegada de los mandatarios recién elegidos y el nuevo andamiaje institucional, se abre una nueva oportunidad para integrar al desarrollo regional a las universidades, institutos tecnológicos y empresas innovadoras.

Es más, la Ley también estipula que los proyectos deben provenir de iniciativas presentadas por lo menos por dos departamentos (no necesariamente colindantes). Esta es otra oportunidad para fortalecer al sistema de educación superior: más del 80 por ciento de la capacidad científica del país se concentra en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

De otro lado, la distribución de los recursos del Fondo de CTI está encabezada por los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar, Nariño y Cauca, lo que representa un desafío adicional respecto a la construcción de un sistema nacional de CTI con impacto local.

Los peligros de dispersión y clientelismo

Pero la nueva fórmula no está exenta de riesgos, no solo para los centros de creación de conocimiento, sino para las comunidades que esperan que ese conocimiento les ayude a mejorar sus condiciones de vida.

El mayor riesgo consiste en confundir la ley de ciencia y tecnología con un instrumento para aliviar el desempleo local mediante la extensión de redes clientelistas. Los recursos de las regiones deberán ser invertidos en donde produzcan mayor retorno social o económico, no necesariamente para ser gastados en burocracia o contratos, con la justificación de fortalecer los sistemas regionales de CTI. De ser así, esa platica corre serios riesgos de perderse.

Una política de regionalización de CTI no significa crear centros de investigación en cada municipio. Por el contrario, se trata de mejorar las capacidades nacionales y los mecanismos locales para la transferencia efectiva y la adaptación de innovaciones. Para ello se requiere un componente técnico, educativo y científico robusto, tan importante como el universitario. En otras palabras, sin fortalecer los institutos tecnológicos no habrá política de CTI que valga. En esta dirección, es preciso reconocer que la reforma de la ley 30 atinaba a corregir algunos sesgos heredados.

La mejor forma para enfrentar estos problemas en los departamentos que requieren una intervención tecno-científica urgente y que son precisamente los que perciben mayores recursos de regalías es mediante alianzas entre las universidades con mayores capacidades y entidades con fuerte enraizamiento regional.

Las instituciones públicas deberán asumir el liderazgo y encontrar mecanismos de articulación con las empresas. Por ejemplo, si se trata de fortalecer capacidades locales de innovación, sería importante que las autoridades regionales se apoyen en las grandes universidades de investigación para elevar el grado de calificación de sus propias plantas docentes y de investigadores.

También existe un cierto riesgo de desarticulación del nuevo sistema de CTI: al parecer la ley de regalías ha creado una institucionalidad paralela. Por ejemplo, al instaurarse un “órgano colegiado de administración y decisión", conformado por departamentos y regiones, Colciencias parece quedar reducida al papel de Secretaría Técnica, que evalúa los proyectos y les hace seguimiento.

De ser así, el nuevo Departamento Administrativo perdería de facto su papel de cabeza política y coordinadora del sector. Corremos el riesgo de volver a dispersar los recursos y de romper el sistema, ya de por sí frágil y vulnerable.

Finalmente, la ley de regalías ha creado el Fondo de CTI, donde un “Comité Ejecutivo” decidirá a cuál institución financiera se le confiará la gestión de los recursos para CTI. Es decir, se abre la competencia entre fondos del Estado. Al parecer el Fondo “Francisco José de Caldas” será tan solo uno más, cuando había sido diseñado cuidadosamente para atender las especificidades de la financiación de proyectos de CTI.

Si a esto se le suma que en la ley del Plan de Desarrollo 2010-2014 se elimina la norma que obligaba a transferir a Colciencias los recursos para innovación del SENA (de acuerdo con la ley 344), existe otro riesgo: que el gobierno termine asfixiando en la cuna al Departamento y con él, al sistema de CTI.

De materializarse estos riesgos, no resulta claro el futuro de la sociedad del conocimiento en Colombia, cuya médula está constituida por las universidades. Por ahora, es preciso que la comunidad científica, el sector empresarial y los defensores de la educación superior examinen a fondo la nueva institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

*Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, de la que fue Vice-rector. Fue Subdirector General de Colciencias.

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