La feminización del cuidado y los vacíos de la reforma a la salud en el sector de la enfermería

La sostenibilidad real del sistema de salud no depende únicamente del flujo de recursos o del rediseño institucional, en buena medida es perentorio que se tenga como elemento transversal el bienestar de quienes garantizan la continuidad del cuidado todos los días.

Reformar el sistema de salud implica reformar las condiciones de quienes cuidan y sostienen la vida

Mientras Colombia debate en el Congreso cómo reformar el sistema de salud hay una realidad que se vive lejos de la discusión pública: miles de profesionales se enfrentan a situaciones de turnos extendidos, hospitales con déficit de personal y enfermeras que sostienen la atención diaria en medio de la incertidumbre laboral. Algunos analistas hacen referencia a que estamos en un país “en deuda con sus cuidadores”, mientras en la cotidianidad se vive de manera continua sobrecarga en el talento humano en salud.

La paradoja es evidente: discutimos la arquitectura del sistema, pero poco las condiciones de quienes lo hacen funcionar cada día. Sin enfermería fuerte, estable y reconocida, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel, lejos de la realidad de los pacientes. En 2026, el sector del cuidado remunerado en Colombia, que comprende salud, educación y asistencia social, presenta las siguientes características según el informe del SPE (2025): 

• Representa cerca de 2,7 millones de personas ocupadas aproximadamente, con una participación del 11,7 % del empleo total.
• Una marcada feminización: 2,03 millones de personas ocupadas en este sector son mujeres, lo que representa el 74%. 
• Las actividades de atención a la salud humana, con aproximadamente 2.966 personas, concentraron el mayor número de colocaciones en la primera mitad de 2025.

Dentro del sector del cuidado remunerado, la enfermería constituye un núcleo estratégico del sistema de salud colombiano no solo por su peso numérico dentro del talento humano, sino por su papel estructural en la organización, la continuidad y la calidad de la atención. Las enfermeras y auxiliares de enfermería son el principal soporte operativo del modelo asistencial, dado que aseguran la vigilancia clínica permanente, la administración de tratamientos, la coordinación interdisciplinaria y la gestión del riesgo en todos los niveles de atención, desde la atención primaria hasta unidades de alta complejidad. 

En términos sistémicos, la enfermería articula la dimensión clínica con la gestión del cuidado, lo que garantiza continuidad terapéutica, adherencia a protocolos y seguimiento longitudinal de pacientes crónicos, y resulta particularmente crítico en un contexto de transición epidemiológica caracterizado por envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, enfrenta desafíos en varios frentes: i) déficit estructural de talento humano frente a estándares internacionales; ii) segmentación salarial y contractual; iii) sobrecarga laboral, y iv) presión migratoria del personal calificado. Según el Observatorio de Talento Humano en Salud (OTHUS), se identifica que:

• Colombia cuenta con aproximadamente 83.000 enfermeras profesionales y 363.000 auxiliares de enfermería.
• La densidad es cercana a 1,6 enfermeras profesionales por cada mil habitantes, cifra considerablemente inferior al promedio de países de la OCDE (aproximadamente 9 por cada 1.000) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024; Universidad de Antioquia, 2024).
• Hay un rezago estructural que se explica parcialmente por el bajo ritmo de graduación anual, con alrededor de 4.000 nuevos profesionales por año, insuficiente frente a las necesidades demográficas y epidemiológicas del país.

Frente a la segmentación salarial y la sobrecarga laboral, el portal Empleo.com indica:  

• Las ofertas laborales vigentes a inicios de 2026 muestran una fuerte segmentación: auxiliares de enfermería registran salarios entre $1,6 millones y $2 millones mensuales.
• Enfermeras profesionales en cargos asistenciales especializados o de coordinación pueden alcanzar entre $4 millones y $6 millones, dependiendo del nivel de responsabilidad y del tipo de institución. 
• Buena parte de estos empleos se formalizan bajo contratos a término fijo o modalidades temporales, lo que limita estabilidad y acumulación de derechos laborales. 
• La alta rotación y la sobrecarga laboral son factores recurrentes en estudios sectoriales.
• Investigaciones recientes indican que, en unidades hospitalarias especializadas, más del 40% del personal de enfermería no recibe incentivos laborales adicionales.
• La mayoría cumple jornadas de hasta 48 horas semanales con turnos rotativos, lo que incrementa riesgos de agotamiento y afecta la calidad del cuidado. 

Cuidado como derecho, enfermería sin derechos: la deuda estructural del Estado

A partir de la Opinión Consultiva OC-31/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano con un carácter estructural que atraviesa diferentes dimensiones de la vida, entre ellas social, económica, política y cultural. Sin embargo, mientras el discurso político avanza hacia una “sociedad del cuidado”, la enfermería, profesión cuyo fundamento epistemológico es el cuidado, permanece atrapada en un marco normativo fragmentado, desactualizado, alejado de las realidades de los y las profesionales de enfermería y carente de enfoque de género. Esta contradicción revela uno de los vacíos más críticos de la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143 de 2025), que pese a reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y no establecer estrategias para redistribuir y reducir su carga. 

Sin embargo, la política no incorpora de manera explícita la enfermería como un actor clave y sigue ignorando la feminización de la profesión: según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia el 80% del talento humano en salud corresponde a mujeres, el 87%  en el caso del personal auxiliar de enfermería y una proporción similar para las enfermeras profesionales.

Si bien la Ley 266 de 1996 reglamentó el ejercicio profesional y constituyó un avance en la profesión. Su perspectiva funcionalista, centrada en el deber hacer, se orientó a regular competencias y responsabilidades. Posteriormente, la Ley 911 de 2004 dictó las normas de responsabilidad deontológica y el régimen disciplinario. Este marco normativo no creó estrategias que le permitieran proteger a los/as enfermeros/as de situaciones generadas por la carga laboral como el burnout, las violencias y la tercerización laboral.

Así se establece una asimetría clara: aunque la normatividad específica lo que los/as profesionales deben hacer permanece en silencio respecto a lo que el Estado y las instituciones tienen que asegurar para que esa acción pueda llevarse a cabo de manera digna. Esta brecha replica una lógica histórica en la que el cuidado se entiende como una vocación y un deber moral, en lugar de como un trabajo especializado que requiere estabilidad, condiciones seguras para su práctica, tiempo de descanso apropiado y protección laboral. La supervisión profesional ha sido estricta, pero el aseguramiento de los derechos ha sido débil.

Este descuido no solo tiene consecuencias gremiales. La calidad de la atención, la seguridad del paciente y la sustentabilidad del sistema sanitario se ven directamente afectados por la precarización laboral de las y los enfermeros. Mantener un marco normativo que no dialogue con las condiciones reales de la práctica profesional, en medio de una crisis de los cuidados feminizados, es insuficiente y políticamente contradictorio con el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. La deuda legislativa con la enfermería no es temporal, sino que es de carácter estructural y se sitúa entre los temas esenciales que el país tendrá que debatir en años venideros.

Si el debate de 2026 realmente quiere fortalecer el sistema de salud, la agenda legislativa debe ir más allá de la arquitectura institucional y abordar de forma directa las condiciones estructurales de la enfermería. Primero, es indispensable una política de cierre del déficit de talento humano, con metas claras de formación, financiamiento de cupos y estímulos para permanencia en territorios con baja cobertura. Segundo, se requiere estabilidad contractual progresiva, limitar la tercerización y promover vinculación directa en IPS públicas y privadas cuando la naturaleza del servicio sea permanente.

Tercero, la agenda debe incorporar estándares obligatorios de relación enfermera-paciente, alineados con recomendaciones internacionales, para reducir sobrecarga y riesgos en seguridad del paciente. Cuarto, es clave establecer incentivos salariales y no salariales diferenciados para áreas críticas (UCI, zonas rurales, atención primaria), así como mecanismos de reconocimiento por especialización y formación avanzada. Finalmente, se necesita una estrategia nacional de retención y retorno de talento, frente a la creciente migración de profesionales calificados.

En suma, la sostenibilidad real del sistema de salud no depende únicamente del flujo de recursos o del rediseño institucional, sino que en buena medida es perentorio que se tenga como elemento transversal el bienestar de quienes garantizan la continuidad del cuidado todos los días. La enfermería no es un componente accesorio del sistema: es su columna vertebral operativa. Si la próxima agenda legislativa no incorpora medidas concretas para dignificar, fortalecer y estabilizar este núcleo estratégico, el país seguirá enfrentando una brecha entre lo que promete la norma y lo que realmente ocurre en la atención. Por tanto, reformar el sistema implica, necesariamente, reformar las condiciones de quienes lo sostienen.

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* Este artículo forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autores.