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El conflicto entre indígenas y afro-colombianos en el Cauca: sangre de tu sangre

Escrito por Myriam Bautista*
Myriam Bautista

Myriam BautistaMientras en el Congreso se aprobaba la Ley de Tierras para las víctimas de la violencia, dos minorías étnicas se enfrentaban a bala por una vaca y un pedazo de tierra que los gobiernos de Uribe y de Santos se habían comprometido a recomprar.

Myriam Bautista*

Títulos viejos

La primera noticia que se tuvo en el resto del país daba cuenta de que una vaca de las comunidades negras había llegado hasta una finca de propiedad de los indígenas paeces y sus habitantes la sacrificaron. La vaca, como la gota que rebasa una copa, fue solo un accidente.

El litigio por la tierra en el Cauca entre las comunidades negras y las indígenas se remonta al siglo XIX [1]. Los afros acreditan la propiedad de esas tierras con nombres, apellidos y resquebrajados títulos de propiedad, que nunca fueron respetados.

Una de esas propiedades es la finca San Rafael, de 517 hectáreas, ubicada en la comunidad de Mazamorrero, municipio de Buenos Aires. Según las comunidades afro esas tierras pertenecieron a sus antepasados a quienes se las arrebataron terratenientes de la zona sin pagarles un solo peso, los antepenúltimos dueños con escrituras legalizadas fue una familia Cabrera de Popayán.

Estas personas permitieron a unas 1.200 familias campesinas utilizar la finca para sacar leña, llevar los animales y desarrollar proyectos agrícolas cuyos frutos se venden en supermercados de Cali, Bogotá y otros pueblos del suroccidente del país.

Los campesinos crearon la Asociación Regional para el Desarrollo Campesino Norte-Caucano (ARDECANC) para que los representara en sus negocios.

Error del gobierno

Todo parecía ser progreso y desarrollo, hasta cuando en diciembre del 2007, el ministro del Interior Holguín Sardi, a través de su Viceministra María Isabel Nieto, entregó a los indígenas Nasa la finca de San Rafael, como parte de los Acuerdos por la Masacre del Nilo ocurrida en noviembre de 1991 y en la que 20 indígenas fueron asesinados.

Después de una demanda, el Estado reconoció su responsabilidad en la masacre y por ello se comprometió, a través del desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) a entregar 15.663 hectáreas de tierra a miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), como compensación por sus muertos. La finca San Rafael era la cuota inicial de ese compromiso.

El gobierno escrituró la finca a 85 familias indígenas paeces, para que este territorio formara parte del Resguardo indígena de Toribío, ubicado a por lo menos dos horas de camino, en otro municipio.

En un comunicado de la Junta Directiva de Ardecanc, los campesinos afro-descendientes advierten los riesgos incurridos en semejante barbaridad:

"Desde ese entonces nos hemos reunido con los funcionarios responsables de esa decisión para plantear la inconveniencia del traslado de un grupo indígena a una comunidad habitada en su totalidad por campesinos afrodescendientes.

Explicarles que esto atenta contra nuestra integridad étnica y cultural, que se viola nuestro derecho a ser previamente consultados y que nos pone en peligro de disolución como comunidad.

Pero también para hacer diferentes propuestas para la compra del predio a los indígenas, quienes en ese entonces estaban dispuestos a venderlo.

Por razones legales y formales, que pensamos se podrían resolver si este problema fuera considerado importante, estas propuestas han sido rechazadas por los funcionarios públicos."  

Francisco y Angelino

El vicepresidente Francisco Santos visitó la zona en el 2009 y ante unos 500 campesinos afros se comprometió a tramitar ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial (INCODER) la recompra de la finca a los indígenas, para entregársela a los afros, quienes la venían trabajando y derivando de ella su sustento.

La intervención de Santos fue aplaudida y los campesinos creyeron que su calvario había finalizado, después de haber hecho antesala en distintas oficinas del Ministerio del Interior, del INCODER, de la Vicepresidencia y de otras instancias gubernamentales. El Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, funcionarios del PNUD, alcaldes de los municipios y más de una docena de funcionarios de todo rango, fueron sus interlocutores.

Pero no pasó nada

El año pasado en visita al Cauca, el nuevo vicepresidente Angelino Garzón, dos meses apenas después de su posesión, se entrevistó con ambas comunidades y de manera pública prometió a los campesinos afrodescendientes de Mazamorrero que su requerimiento se tramitaría de una vez por todas, porque esta confrontación entre los pobres más pobres de la región era una bomba de tiempo que podría explotar en el momento menos pensado y que el litigio podría ser canalizado por alguno de los actores violentos, vecinos de ambas comunidades, que no desaprovechan oportunidad para sacar ventaja.

Pero, tampoco pasó nada: ni siquiera su análisis premonitorio ni su juicio sagaz fueron suficientes para que el Estado corrigiera su segunda equivocación y evitara más derramamiento de sangre.

Cadena del absurdo

En la tarde del domingo 22 de mayo se enfrentaron campesinos afrodescendientes con los indígenas en San Rafael, porque la vaca de los campesinos negros había sido abusivamente sacrificada por los indígenas.

La confrontación dejó un saldo de 15 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, y en el curso de la semana murió Luis Évert Ramos, indígena caucano de escasos 17 años. Para Angela Viveros, de la Junta Directiva de Ardecanc, esta lamentable muerte no tiene explicación ni justificación alguna porque el dueño de la vaca y quienes lo acompañaron fueron a hacer el reclamo de manera pacífica y de un momento a otro resultaron agredidos.

En la región, la mayoría de campesinos y de indígenas, por la violencia que se vive, portan armas de fuego y aunque los dos bandos niegan haber disparado, lo cierto es que un joven indígena perdió la vida.

Cada día que pasa aumenta la temperatura en una región con problemas insalvables, pero éste que parece resolverse con la sencilla recompra de la finca a los indígenas para devolvérsela a los afro-descendientes, se sigue dilatando en una cadena absurda de endebles argumentos políticos y débiles razonamientos jurídicos.

Este episodio acusa a estos altos funcionarios que se lucen y se comprometen ante grandes audiencias en espacios públicos o ante los medios de comunicación, pero que al regresar a sus oficinas olvidan cómo los más pobres de los pobres se hieren y hasta se matan por una finca o por una vaca, oscuros dramas que una simple firma hubiera podido evitar.

* Periodista free-lance. Colaboradora de Lecturas El Tiempo y Revista Credencial.

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