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Educación superior: la privatización sofisticada

Escrito por Gonzalo Arango
Gonzalo-Arango

Gonzalo-ArangoLas cifras financieras prueban que el Estado ha venido abandonado a sus universidades, y el proyecto de reforma no hace más que agravar esta tendencia, sumándole los riesgos de que éstas asuman la lógica de los simples negocios y de abrirles la puerta a multinacionales de la educación de baja calidad.

Gonzalo Arango Jiménez *

Un debate accidentado

Al tiempo que avanza el debate sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos para reformar la Ley 30 de 1992 "Por el cual se regula el servicio público de la educación superior", se acrecienta el acervo de manifestaciones de rechazo, por su contenido y por la forma inconsulta como fue elaborado:

  • La mayoría de los rectores de las universidades, públicas y privadas, y sus organizaciones -la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE)- han expresado sus reparos y preocupaciones;
  • Los miembros de la comunidad académica -investigadores, docentes y estudiantes- abundan en argumentos que ponen en entredicho sus bondades;
  • Columnistas y organizaciones sociales llaman la atención sobre lo perverso que sería adoptar una legislación que promueve el afianzamiento de la mercantilización de la educación superior y el abandono de su financiación por el Estado.

Mientras el Ministerio de Educación ha intentado involucrar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general en modificaciones puntuales a algunos artículos del proyecto "para mejorarlo", la verdadera discusión ha venido focalizándose en aspectos de fondo, que se orientan más bien hacia un rechazo pleno del proyecto.

Con el pasar de los días aumenta el número de voces exigiendo que las reformas partan de reconocer que la educación superior es un derecho fundamental y un bien público.

Se subraya la conexión existente entre la financiación estatal de la educación superior y derechos fundamentales como las libertades de cátedra, de aprendizaje, de enseñanza y de asociación, por la vía de un reconocimiento pleno de la autonomía universitaria [1].

Las razones que el gobierno invoca para modificar la Ley 30 son las mismas que se expusieron para aprobarla en 1992: aumentar la cobertura, mejorar la calidad y diversificar la oferta.

Bajo estas premisas se estableció un sistema basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y pertinencia. Todo apuntaba a que el mercado sirviera como regulador del sistema, basado en una estructura cuyos componentes centrales son:

  • el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES),
  • el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
    • Registros Calificados,
    • Créditos Académicos,
    • Acreditación de Alta Calidad,
    • Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro (antes ECAES),
  • un modelo de financiación basado en el congelamiento, en pesos constantes, de la asignación presupuestaria estatal a las universidades públicas [2],
  • la introducción del sistema de indicadores de gestión para asignar recursos que no eleven la base presupuestal [3];
  • la generación de recursos propios, y
  • el fortalecimiento del crédito:
    • para las instituciones, a través del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP) [4] y de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) [5].
    • para los estudiantes, mediante el ICETEX [6]

Estas transformaciones tuvieron su sustento en postulados de la Constitución de 1991:

  • La educación dejó de ser un derecho fundamental, para convertirse en "un derecho de la persona y un servicio público",
  • La educación dejó de ser una obligación exclusiva del Estado y se dictaminó que "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación".
  • La Constitución dispuso además que "La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos" [7]

El retiro paulatino del Estado

Con este último "articulito", se abrió la puerta para el abandono paulatino del Estado de la financiación de la educación superior. Al mismo tiempo se inició la transformación de las instituciones en "empresas prestadoras de servicios", para generar recursos, mientras que se anidaba el "estudie ahora y pague después", recurso mediante el cual se traslada a la familia y al estudiante, ahora "cliente", la responsabilidad de cubrir una buena proporción de los costos.

El Plan de Apertura Educativa (PAE) [8] estimaba que en un plazo de 10 años (o sea para finales del siglo pasado) los estudiantes cubrirían con sus matrículas un 33 por ciento, los recursos producidos en las universidades por venta de servicios otro tanto y los aportes del presupuesto estatal el tercio faltante.

Mientras que en la década de los 80 el promedio de los aportes de la Nación para las universidades públicas alcanzaban al 0,52 por ciento de PIB [9], en la primera década del presente siglo solo llegaron al 0,46 por ciento [10].

Entre 1993 y 2008, el aporte promedio anual del Estado por estudiante, en pesos constantes de 1998, cayó de 5.690.000 a 3.670.000 pesos, una drástica reducción del 35,5 por ciento.

En términos de la composición del presupuesto de las universidades, las transferencias del Estado pasaron de representar el 86 por ciento en 1990 a 51 por ciento en 2.008. [11] 

"Racionalización" es deterioro

Como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado, se han registrado otras transformaciones críticas:

  • Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes se han deteriorado al extremo.
  • Hoy día, solo cerca del 25 por ciento de los profesores en las universidades públicas son de carrera y el resto trabajan a destajo, contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros de selección ni permanencia, lo cual abrió las puertas de la universidad a la politiquería y el clientelismo.
  • Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación de agencias de empleo temporal.
  • El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo como actividades financiadas por la universidad.
  • El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización de la caridad pública.

A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores se les califica de eficientes.

La privatización sofisticada

La autonomía universitaria tenderá a sucumbir ante la normatividad al detalle y la sujeción de las decisiones a las directrices del Ministerio de Educación, estimuladas con oportunos contratos o castigadas por la presencia de pobres "indicadores de desempeño".

En términos relativos, seguirá disminuyendo la participación del Estado en la financiación de la educación superior [12] y este vacío lo llenará encantado el capital privado, a la caza de utilidades, bien sea mediante "inversiones" en las instituciones públicas o mediante la operación directa de universidades "con ánimo de lucro".

La privatización no consiste en que desaparezcan las universidades estatales. Radica en que comiencen a operar en un modelo de negocio, con la lógica de los negocios y que sean los estudiantes, por la vía del "estudie ahora y pague después" o sus familias, quienes asuman los costos de la educación universitaria.

El capital financiero ha identificado ya este filón de negocio: créditos orientados hacia un mercado en expansión y líneas de redescuento con intereses subsidiados por el Estado. Ese es el raponazo que se prepara y el negocio gordo que hay tras la reforma.

Lo realmente nuevo radica en cumplir lo pactado en el capítulo de servicios del TLC con Estados Unidos: crear una "forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior" que transforme las instituciones de educación en empresas comerciales para la oferta de servicios educativos en un mercado abierto.

Se trata, pues, de eliminar cualquier cortapisa que pudiera existir al ingreso y asentamiento en el territorio nacional de la oferta de las trasnacionales de la educación, así como de dar facilidades para la inversión extranjera directa en este importante sector, en consonancia con "las tendencias internacionales" y la "globalización mercantil de la universidad" [13] 

. A mi juicio, ese es el aspecto medular de la reforma. 

* Profesor Asociado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Representante de los profesores en el Consejo Académico. Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.

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