Reiteración de un derecho

Este 11 de octubre la Corte Constitucional, en Sala Plena, reafirmó que el aborto es un derecho fundamental mediante la anulación de dos fallos de tutela que habían causado incertidumbre al respecto. Esto no es un tema menor.

Aunque la jurisprudencia colombiana sobre la garantía de este derecho es amplia, algunos sectores imponen barreras de acceso a este servicio. Es el caso del sector salud, donde algunas instituciones aún no reconocen por completo las sentencias o presentan fallas en la prestación del servicio. Incluso cuando las rutas de atención están actualizadas, algunas instituciones de salud exigen requisitos adicionales o no cuentan con personal adecuadamente capacitado para realizar el procedimiento.

La reiteración del aborto como un derecho fundamental tiene consecuencias directas en las políticas sexuales y reproductivas en las regiones del país.

Por primera vez en Colombia, las personas electas en los cargos políticos regionales inician su gestión con un reconocimiento inequívoco del aborto como derecho. Desafortunadamente este hecho contrasta con el vacío en la actualización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que estaba contemplada de 2014 a 2021.

En 2022 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal colombiano que tipifica el delito de aborto. Desde ese momento, el aborto voluntario no es un delito cuando se practica hasta la semana 24 de gestación. Tampoco si la persona supera esta semana, pero se encuentra bajo alguna de las siguientes causales: peligro para la vida o la salud de la persona gestante, grave malformación del feto y cuando el embarazo es resultado de violencia sexual.

Las sentencias C-055 de 2022 y todas las demás sentencias expedidas por la Corte Constitucional sobre aborto son un punto de partida para las personas escogidas para ocupar cargos políticos en las regiones, entre quienes sobresale la falta de mujeres y población LGBTIQ+ y la elección de individuos que abiertamente se han opuesto al respaldo de sus derechos.

Como nunca en la historia, las nuevas agendas sobre derechos sexuales y reproductivos regionales tienen la obligación de trabajar en el reconocimiento amplio de que en Colombia tenemos el derecho de acceder al aborto sin importar el lugar del país donde nos encontremos.

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¿Qué pasa con los hombres trans y personas no binarias?

Pero la existencia del derecho es insuficiente y debe acompañarse de políticas que no solo abarquen a las mujeres, sino a todas las personas con capacidad de gestar.

Las personas con liderazgo político deben visibilizar a los hombres trans y a las personas no binarias que también tienen el derecho a acceder al aborto legal y seguro. Existen pocos registros de esta población y las estrategias para garantizar sus derechos son prácticamente inexistentes en la política regional. Algunas organizaciones como la Alianza Trans Masculina Abortera de Colombia (ATAC) han visibilizado esta situación, pues el hecho de que poco se hable de este grupo poblacional no quiere decir que no exista.

Según un estudio de Profamilia y la ATAC de 2021 en el que se entrevistaron a 141 personas no binarias y hombres trans, el 10% de las personas reportó que habían necesitado acceder a un aborto en el pasado. Es decir que la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema menor para esta población, por lo cual deber ser reconocida y sus derechos deben ser garantizados por las instituciones del Estado.

De acuerdo con las cifras de la Corte Constitucional sobre personas que solicitaron acciones de tutela entre los años 2016 a 2023, 512 se identificaron como hombres en estado de embarazo. El primer problema con estas cifras es la incapacidad institucional de superar la identificación binaria del género. En la actualidad, es común que los registros del Estado únicamente permitan identificar a las personas como hombre o como mujer. La inexistencia de cifras que incluyan la orientación sexual e identidad de género invisibiliza aún más los problemas de ese sector de la sociedad.

Este registro de procesos judiciales de personas que se identifican como hombres en condición de embarazo debería llamar la atención a las personas elegidas en los cargos políticos regionales. ¿Quiénes son esos hombres embarazados? ¿Por qué pocas instituciones hablan de ellos? ¿Se están reconociendo sus derechos sexuales y reproductivos?

Los problemas con la identificación binaria se reflejan directamente en la vida diaria de las personas con géneros diversos que buscan acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, en el sector de la salud algunos procedimientos, exámenes y valoraciones se asignan por defecto a un género –hombre o mujer– que es usado para negar el servicio de aborto a los hombres trans y personas no binarias.

Además esto se relaciona con la desinformación generalizada frente a las experiencias de vida de las personas trans y no binarias, así como con la discriminación y los prejuicios a los que deben enfrentarse en algunos espacios, incluyendo los servicios de salud. Como lo ha reconocido el Ministerio del Interior (2018), todo esto causa dificultades adicionales para la atención segura de estas personas, con la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales.

Por esa razón, la tarea de las personas que asumirán ahora cargos políticos va más allá, implica una revisión de sus propios prejuicios y limitantes en el reconocimiento de esta población.

En la historia, reconocer la existencia de las minorías ha sido ante todo una labor política. En Colombia, la jurisprudencia ha hecho su parte en el reconocimiento expreso los derechos de los hombres trans y las personas no binarias. Es el turno de las personas con liderazgo político de lograr su materialización.

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