La caprichosa propuesta de la sede presidencial de la Casa de Nariño al Palacio de San Carlos

¿Tiene sentido asumir una inversión de gran magnitud para trasladar la sede de la Presidencia de la República, cuando la Casa de Nariño ya existe, funciona como sede presidencial y cuenta con una infraestructura construida específicamente para ese propósito?

Como arquitecto con interés especial en el urbanismo, y no poco en la política, me llamó la atención la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de trasladar la sede de la Presidencia de la República de la Casa de Nariño al Palacio de San Carlos.

Su argumento principal ha sido que el Palacio de San Carlos fue sede presidencial durante distintos períodos de la historia republicana¹ y De la Espriella desea devolverle ese papel. Con ese argumento también podría devolverle cualquiera de los demás usos que el edificio ha tenido; por ejemplo: residencia privada, seminario jesuita, colegio real y sede de la imprenta real de Santa fe.

También ha argumentado que la Casa de Nariño se abriría al público como un museo, con el propósito de que “los colombianos puedan conocer de manera permanente un edificio que hoy tiene acceso restringido”, lo cual definitivamente no es cierto, pues al edificio se han hecho visitas guiadas desde finales del siglo XX con algunas interrupciones.

Con este par de fútiles argumentos, y de los serios inconvenientes y costos que este traslado traería desde el punto de vista funcional, urbano, económico y de seguridad, entre otros, resulta difícil encontrar una justificación válida para esta iniciativa. Marcar distancia frente a los presidentes de finales del siglo XX y comienzos del XXI, al mismo tiempo que establecer un vínculo simbólico con algunos de los grandes protagonistas del siglo XIX como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez, que habitaron o ejercieron desde el edificio que hoy conocemos como el Palacio de San Carlos, parece ser su verdadero interés. Lo anterior, sin desestimar el fondo que puede traer el mismo nombre del edificio. Según la página oficial de la Cancillería, el Palacio de San Carlos se construyó probablemente en honor al gran santo de Milán Carlos Borromeo, o por alusión al monarca español Carlos III. Cualquiera de los dos son afines al talante del nuevo presidente.

Talante que contrasta con el de Antonio Nariño el precursor, como se le llamó porque muchos años antes del grito de Independencia (1810) ya defendía principios de libertad, igualdad y derechos. Nariño nació en los predios de lo que hoy es la Casa   que lleva su apellido; detalle no menor; la palabra casa evoca el origen, la cercanía y la memoria. Y no el de palacio como lo es el de San Carlos. Nombre este último que también debe ser atractivo para quien pretende ocuparlo.

Por otro lado, se le olvida a nuestro presidente que en los tiempos de los próceres que pretende emular, Bogotá era una ciudad peatonal. Hoy son flotillas de camionetas blindadas en las que él, sus ministros y más cercanos colaboradores se movilizarán, vehículos que ni siquiera podrán parquearse en el Palacio de San Carlos. Desde el punto de vista de la seguridad, las condiciones de uno y otro edificio son incomparables. La Casa de Nariño cuenta con helipuerto y, además, con una conexión inmediata con la avenida sexta, que permitiría una rápida evacuación en caso de una asonada o de cualquier otra situación de emergencia. A ello se suman las carreras séptima y octava, que ofrecen vías adicionales de acceso y evacuación. 

Hay, además, una consideración que no debería perderse de vista. La Cancillería necesita una sede que, además de funcional, sea representativa de Colombia ante el mundo. No se trata simplemente de encontrar oficinas suficientes para albergar funcionarios y dependencias administrativas: ¿Por qué entonces sacar la Cancillería de un edificio que parece hecho a la medida de su función representativa?

A lo anterior habría que sumar los enormes costos que tendría la adecuación del Palacio de San Carlos, cuya área es de 3.642 m2. Si tomamos como referencia un costo de $10.000.000 por m2 para una intervención de esta naturaleza, estaríamos hablando de cerca de $36.000 millones.

A esta suma habría que agregarle el costo de comprar o arrendar un área similar para instalar la nueva sede de la Cancillería, teniendo en cuenta que se ha anunciado su eventual fusión con el Ministerio de Comercio. Una operación de esas características podría representar fácilmente otros $30.000 millones o $40.000 millones, entre adquisición o arrendamiento, adecuación, dotación y traslado.

Es decir, solamente en esta primera operación podríamos estar hablando de un gasto del orden de $70.000 millones a $80.000 millones.

Pero el problema no termina allí. La Casa de Nariño tiene un área de 10.838 m2, casi tres veces la superficie del Palacio de San Carlos. Si se pretende trasladar allí la Presidencia de la República, habría que disponer de espacios adicionales para albergar, en condiciones equivalentes a las actuales, a los funcionarios, oficinas, equipos, sistemas de seguridad y demás infraestructura que hoy funciona en la sede presidencial.

Podríamos estar hablando, por tanto, de la necesidad de incorporar alrededor de 7.000 m² adicionales, además de las adecuaciones y obras necesarias para convertir el Palacio de San Carlos en una sede presidencial plenamente funcional y segura.

Si se suman todas estas intervenciones —adecuación del Palacio de San Carlos, traslado y nueva sede de la Cancillería, ampliación de áreas, infraestructura tecnológica, seguridad, instalaciones especiales, mobiliario y demás costos asociados—, la operación completa podría acercarse fácilmente a los $200.000 millones.

Y aquí surge una pregunta que considero fundamental: ¿Tiene sentido asumir una inversión de esta magnitud para trasladar la sede de la Presidencia de la República, cuando la Casa de Nariño ya existe, funciona como sede presidencial y cuenta con una infraestructura construida específicamente para ese propósito? 

El Palacio de San Carlos, situado en la calle 10 de Bogotá entre las carreras 4° y 5°, es una de las tantas edificaciones cargadas de historia en la calle 10. Calle en la que hay edificaciones más silenciosas, pero con una memoria mucho más profunda. La celebridad del Palacio de San Carlos descansa, sobre todo, en su condición de antigua residencia de varios presidentes de la República y en un episodio convertido casi en leyenda nacional: la huida de Simón Bolívar por una ventana durante la Conspiración Septembrina de 1828. 

Trazada desde los primeros años de la fundación de Santafé; la calle 10 pronto se consolidó como un corredor donde convergieron algunas de las principales funciones políticas, religiosas, educativas, culturales y administrativas de la capital; es la que reúne la mayor concentración de Bienes de Interés Cultural de La Candelaria, por ello, la más significativa del barrio y la más visitada por propios y visitantes.

Ahora bien, si desde hace décadas, para garantizar la seguridad del presidente de la República, de su familia y de sus colaboradores más cercanos permanecen cerradas a la circulación peatonal, vehicular y de bicicletas la carrera séptima entre las calles sexta y décima, la carrera octava en el mismo tramo y las calles transversales que las comunican, resulta inevitable preguntarse qué ocurriría si la sede presidencial regresara al Palacio de San Carlos.

¿Habría que cerrar la calle 10? ¿Desde la carrera séptima hasta la cuarta? ¿Sería posible mantener abierto uno de los corredores patrimoniales y turísticos más importantes del país sin comprometer los esquemas de seguridad presidencial?

Las consecuencias irían mucho más allá de un simple cambio en el tránsito. Decenas de miles de personas recorren diariamente este sector atraídas por su extraordinaria concentración de patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. ¿Qué ocurriría con esa intensa vida urbana? ¿Cómo sobrevivirían instituciones como el Teatro Colón, cuya programación depende de un acceso libre y permanente del público? ¿Qué sería del Hotel de la Ópera, de los restaurantes, cafés, librerías, comercios y viviendas que dan vida a este fragmento de La Candelaria? ¿Podría un barrio histórico conservar su vitalidad si una parte sustancial de su espacio público quedara sometida a restricciones permanentes? Claramente esta decisión desdibujaría las cuatro funciones de la ciudad: Habitar, trabajar, recrearse y circular.

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio que ocupa la Casa de Nariño conforma uno de los conjuntos institucionales más importantes de Colombia. Se trata de un eje que se inicia al norte con el Palacio de Justicia y continúa por la Plaza de Bolívar, punto de encuentro de la ciudadanía y escenario por excelencia de la vida democrática del país. Prosigue con el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República; atraviesa el jardín que alberga el Observatorio Astronómico Nacional, símbolo de la ciencia colombiana; continúa por la Plaza de Armas hasta llegar a la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República, y culmina al sur con el Batallón Guardia Presidencial. En este recorrido se entrelazan los tres poderes públicos además de la ciencia, la ciudadanía y las Fuerzas Militares en un mismo conjunto urbano.

Mención especial merece la proximidad entre la Casa de Nariño y el Batallón Guardia Presidencial. Esta relación espacial constituye una ventaja estratégica de primer orden, pues permite una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y hace parte de un esquema integral de seguridad consolidado durante décadas.

Se trata, en suma, de un eje urbano, institucional y administrativo de enorme riqueza histórica, funcional y simbólica, cuya configuración expresa materialmente la organización del Estado colombiano y representa uno de los espacios de mayor significación democrática de la Nación. 

Dicho lo anterior, resulta difícil entender cómo el Palacio de San Carlos podría competir con la Casa de Nariño en términos de localización estratégica, funcionalidad, seguridad, valor urbano e historia institucional. 

Esta propuesta no solo resulta inconveniente, sino que revela una actitud abusiva e irresponsable frente a los compromisos que implica la seguridad de la Presidencia de la República. ¿Y, si su sucesor quisiera reversar esta decisión? Con la sede presidencial no se juega. ¿Acaso un primer ministro inglés puede cambiar a su antojo la legendaria sede 10 Downing Street o un presidente francés cambiar el Palacio del Elíseo como sede de la presidencia de Francia? 

Qué aquí se proponga por capricho de un gobernante coincide con lo que se ha llamado una “banana República”.

En otras palabras, es la conocida lógica de: “Ya que la fiesta está tan buena… vámonos de aquí”.

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¹Desde 1824 hasta 1948 cuando fue destruido por los desmanes del 9 de abril. Entre 1950 y 1970 algunos presidentes despacharon temporalmente desde San Carlos; fue Rafael Núñez en 1885 quien ordenó comprar la antigua casa natal de Antonio Nariño para construir un nuevo palacio presidencial, más moderno y cercano al Capitolio. Para su adecuación fue contratado el arquitecto francés Gastón Lelarge y se usó como residencia de presidentes hasta 1954, cuando el General Rojas Pinilla retornó la sede presidencial al Palacio de San Carlos. Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se emprendió la ampliación integral del complejo presidencial. Se adquirieron numerosos predios vecinos y se construyó el conjunto que hoy conocemos: Plaza de Armas Casa Militar, edificios administrativos, jardines y nuevas áreas de seguridad. Finalmente, en 1979 quedó consolidada la Casa de Nariño como sede permanente de la Presidencia, y el Palacio de San Carlos pasó definitivamente a ser la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.