Su espíritu ha cambiado bajo la dirección de Darío Acevedo y, ahora que existe la Comisión de la Verdad, no es claro su rol en el sistema de justicia transicional.
Eduardo Pizarro Leongómez*
Darío Acevedo citado a debate
Hace algunos días, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, citó a un debate en el Congreso al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo. Cepeda acusa a Acevedo de dirigir el CNMH de forma contraria a la misma ley que lo creó, negar la existencia del conflicto armado y desestimar la memoria de las víctimas.
La citación al debate sigue a una serie de críticas que se le han hecho a Darío Acevedo desde que asumió el cargo. Recientemente, durante el anuncio de un nuevo convenio con Colciencias, desestimó la legitimidad del informe “¡Basta ya!”, elaborado por la misma entidad que dirige.
¿Cómo nació el CNMH?
En el 2007 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que tuve el privilegio de presidir por delegación del vicepresidente de la República, Francisco Santos, creó el denominado Grupo de Memoria Histórica (GMH). Años más tarde, este se transformaría, mediante la Ley 1448 de 2011, en el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El director tanto del Grupo como del Centro fue desde el comienzo el historiador Gonzalo Sánchez. Ambos organismos contaron con el mismo equipo de base que tuvo pocos cambios: Absalón Machado, Álvaro Camacho, Iván Orozco, Rodrigo Uprimny, Andrés Suárez, Pilar Gaitán, María Victoria Uribe, María Teresa Uribe, León Valencia, Fernán González, Jorge Restrepo, Jesús Abad Colorado y María Emma Wills. Se trataba de un grupo de académicos e intelectuales muy respetados por su independencia y rigor.
A pesar de que la CNRR se creó durante el polémico gobierno de Alvaro Uribe Vélez, el GMH pudo gozar de una total autonomía.
A pesar de que la CNRR se creó durante el polémico gobierno de Alvaro Uribe Vélez, el GMH pudo gozar de una total autonomía, tanto para designar su personal, como para definir sus funciones, adelantar su trabajo y publicar sus informes. Jamás hubo ni la menor interferencia del gobierno de aquel entonces. La misma autonomía se mantuvo bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.
La Ley 975 de 2005 —más conocida como la Ley de Justicia y Paz—, que dio nacimiento a la víctima como sujeto de derechos en Colombia e introdujo para tal efecto el modelo de justicia transicional en nuestro país, requería impulsar como uno de sus componentes claves el derecho a la verdad, tanto judicial como histórica.
En efecto, según el artículo 1º, el objeto central de esta Ley era “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, para lo cual el CNRR debía, según el artículo 52º, “presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”. Este fue el origen legal del GMH.
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La verdad histórica y la verdad judicial
A pesar de que la experiencia de aplicación de la justicia transicional, tanto en Colombia como en el resto del mundo es muy reciente —el propio término solo fue acuñado en la última década del siglo XX—, hoy es claro que este modelo de justicia, a diferencia de la justicia ordinaria, busca:
- Alcanzar un equilibrio entre los requerimientos de la justicia y las necesidades de la paz; y
- Poner el acento en los derechos de las víctimas como el corazón del proceso y sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación (individual y colectiva) y a las garantías de no repetición.
Para lograr estos objetivos, entre los años 2005 y 2010 se impulsaron el Tribunal de Justicia y Paz, el Registro Nacional de Víctimas y el decreto-ley para adelantar la reparación vía administrativa. También se diseñaron los modelos de reparación colectiva, se adelantó la compleja desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se creó el Grupo de Memoria Histórica. Todo ello, fundado en el principio de que la sincronía y la simultaneidad de sus distintos ejes es clave para el éxito de la justicia transicional.
Uno de los mayores logros de este proceso fue la articulación entre la verdad histórica y la verdad judicial. Una experiencia con pocos antecedentes en el mundo: se trataba de que los informes elaborados por el GMH, cuya base fundamental eran los testimonios de las víctimas y los relatos de los victimarios, sirvieran de insumo a los magistrados de Justicia y Paz para contextualizar los hechos criminales.
Foto: Prosperidad Social |
Y, a su turno, los expedientes judiciales eran una fuente insustituible para los investigadores del GMH. Es decir, una y otra verdad se retroalimentaban mutuamente. Además, esos expedientes servían de base para el diseño de los registros de víctimas, ayudaban a definir los tipos de victimización predominantes, los modelos de reparación más apropiados para las distintas formas de victimización y los mecanismos más adecuados para la reconciliación y la sanación.
De esta manera, se buscaba que cada uno de los componentes del sistema integral de justicia transicional estuvieran íntimamente articulados: por ejemplo, el trabajo que desarrollaba el GMH le servía a la CNRR para determinar las comunidades que debían ser objeto de reparación colectiva.
Dos ejemplos excepcionales al respecto fueron los informes sobre las masacres perpetradas en Trujillo (Trujillo. Una tragedia que no cesa, Bogotá, Taurus, 2007) y El Salado (La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra, Bogotá, Taurus, 2009). Las dos comunidades han sido objeto de numerosas acciones de reparación colectiva desde entonces.
Colciencias y el aislamiento del CNMH
Hoy, sin embargo, a diferencia del pasado, el CNMH es un ente aislado y sin ninguna conexión estructural con el sistema de verdad, justicia, reparación y búsqueda de personas desaparecidas.
La mayor evidencia de este aislamiento es la propuesta de su director actual, el historiador Darío Acevedo, de entregarle a Colciencias 5.400 millones de pesos destinados a grupos de investigación adscritos a las universidades —en especial, según sus palabras, a los que no participaron en el pasado en los informes del CNMH, para darle la palabra a otros investigadores—, con el fin de que lleven a cabo nuevos estudios en torno al conflicto armado.
Según Darío Acevedo esta decisión garantizaría el rigor académico y el apartidismo de los grupos de investigación. ¿Pero, que tiene que ver este proyecto con la justicia transicional y la articulación de sus distintos componentes para alcanzar la paz y, ante todo, la reconciliación nacional?
Uno de los mayores logros de este proceso fue la articulación entre la verdad histórica y la verdad judicial.
La decisión de Darío Acevedo me recuerda el principal argumento de quienes se opusieron en el pasado a la conformación de una Comisión de la Verdad en España en torno a la guerra civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco: que ya se habían publicado alrededor de 17 mil articulos y libros y, por lo tanto, esos años trágicos eran suficientemente conocidos.
El vacío de este argumento era que nunca había sido afrontado el testimonio de las víctimas como eje para superar un pasado traumático, por lo cual, nunca fue posible quebrar ese mundo bipolar de las “dos Españas”, que aún subsiste.
Después de muchos meses de controversias y duros cuestionamientos, la salida en apariencia rigurosa—entregarle a Colciencias la elaboración de los informes—, es una nueva metida de pata. Una cosa es la producción académica y otra cosa es la construcción de memoria. Ambas son importantes para una sociedad, pero sus funciones son distintas, así sean convergentes.
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El CNMH, una rueda suelta
Desde mi perspectiva, el CNMH ha debido o ser clausurado el mismo día en que entró en funcionamiento la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CV). O, mejor aún, su personal, recursos y experiencias debieron ponerse al servicio de esta nueva Comisión, como un grupo estratégico de apoyo integrado a la CV.
¿Qué sentido tiene mantener dos entidades actuando simultáneamente, una articulada al sistema integral y la otra comportándose aisladamente? ¿Qué sentido tiene que el futuro Museo de la Memoria sea diseñado y construido por el CNMH y no por la CV, que dispone de mayor jerarquía y peso?
En pocas palabras, el CNMH se ha convertido en una rueda suelta, al margen del sistema de justicia transicional y ahora, bajo la dirección de Darío Acevedo, guiada por un espíritu academicista que desnaturaliza totalmente su sentido original.
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El nombramiento de Acevedo
A mi modo de ver, Darío Acevedo cometió un grave error inicial cuando argumentó, para justificar su nombramiento, que en todo sistema democrático el partido político que gana las elecciones tiene, gracias a las mayorías electorales, el derecho de designar a sus miembros en los distintos cargos de dirección en el sector público.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
En principio es un argumento sólido. Sin embargo, el profesor Acevedo olvida que una cosa es la DIAN y otra cosa, muy distinta, el CNMH. En este último caso, al declararse fiel militante de una fracción política perdió de inmediato toda credibilidad, pues dio la impresión de que buscaría imponer una lectura del pasado fundado en sus convicciones ideológicas y en su adscripción partidista.
Dio la impresión de que la construcción de la memoria no era un mecanismo para superar un pasado traumático, sino un nuevo “campo de batalla” en el cual la hegemonía de uno u otro relato histórico es el objetivo final.
Sin duda alguna, el informe del CNMH titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Bogotá, Imprenta Nacional, 2013) es un documento de enorme importancia como base para el futuro informe de la Comisión de la Verdad.
Sin embargo, su mayor deficiencia fue la de no haber recogido todas las voces del conflicto -en particular, la voz de las Fuerzas Armadas-, y por ello es indispensable que la Comisión de la Verdad que orienta el padre Francisco de Roux logre una mirada más plural y convergente.
*Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia
