Reconocer los derechos de las víctimas es un gran avance. Pero encontrar y admitir la verdad sobre los victimarios de lado y lado, oír de veras a las víctimas y asegurar de veras sus derechos implica desafíos sencillamente enormes.
Acostumbrados a la guerra
El proceso de paz con las FARC (y ahora con el ELN) está avanzando. Hay incertidumbre sobre su conclusión y hay dudas sobre sus efectos, porque los colombianos no sabemos vivir sino en medio de la guerra. Y sin embargo una salida negociada después de seis décadas de conflicto armado, es una posibilidad que debería convocar nuestro entusiasmo.
No tiene por qué haber unanimidad: bienvenido el disenso, pero sin balas y sin coerción. Uno de los mayores retos que enfrentamos es justamente recuperar el sentido de la libertad de expresión, con responsabilidad, pero sin miedo.
La resistencia será grande porque los actores son los mismos, así se hayan cambiado las reglas del juego. Además, las identidades individuales y sociales se apoyan sobre imágenes estereotipadas del ser propio en oposición a las del enemigo. Como dice Martín Baró, los contrincantes suelen verse “mutuamente con los mismos rasgos, aunque invertidos, de tal manera que, desde ambas perspectivas, el propio grupo es el ‘el bueno’ y el grupo enemigo es ‘el malo’”.
Existir, concebir y actuar sin enemigo es algo desconocido en la vida política y social de Colombia. A partir de este enfoque me referiré a la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: Víctimas”, que anunciaron el gobierno y las FARC este 7 de junio.
 Los familiares de los “Falsos Positivos” durante una misa en honor a las víctimas de la violencia en el departamento del Cauca. Foto: Esperanza Próxima |
Derechos, en abstracto…
La Declaración es un buen punto de partida y un rasero adecuado para evaluar los pactos del futuro. No es poca cosa afirmar que “los derechos de las víctimas no son negociables”, que ambas partes reconocen sus responsabilidades, y que “no vamos a intercambiar impunidades”.
Pero el tejido es complejo y la prueba de fuego llegará con los acuerdos concretos: “el diablo está en los detalles”.
En esencia, parece conveniente que el lenguaje de derechos se haya usado para abordar el tema de las víctimas. Y sin embargo, la formulación abstracta de los derechos dice todo pero deja todo por definir. Cómo se satisfacen (o se violan) esos derechos proclamados es la pregunta que queda en el aire.
La situación precaria de las víctimas no radica en el desconocimiento formal de sus derechos, pues ese reconocimiento ya penetró el discurso institucional colombiano y al parecer se instaló cómodamente. Ahora incluso la insurgencia habla el lenguaje de derechos. Pero la realización de esos derechos es un tema distinto.
…y en concreto
Existir, concebir y actuar sin enemigo es algo desconocido en la vida política y social de Colombia.
La Declaración juega con la ambigüedad del contenido de los derechos de las víctimas y con el campo para apreciar la extensión de cada uno. Esto permite dar la impresión de que existe un acuerdo (en abstracto), cuando son muchos los matices y elementos concretos de la victimización donde en efecto pueden presentarse graves desacuerdos.
Cabe además preguntar si la Declaración resuelve interrogantes como decir:
– ¿Tienen derechos de víctima los familiares del combatiente ejecutado fuera de combate?
– ¿El derecho a la verdad incluye acceso a los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad o de la extinta Brigada XX?
– ¿Considera el gobierno que la reparación económica se satisface con los pagos hechos en el marco de la Ley de orden público (Ley 418 y prórrogas)?
– ¿Consideran las FARC que el derecho penal cumple algún papel en la satisfacción de los derechos de las víctimas?
Los derechos proclamados deben llevarse al campo de las realidades urbanas y rurales, signadas por culturas variadas, relaciones de poder y opresión, desorden y necesidades básicas insatisfechas. El reto para la mesa de La Habana es pactar procesos y herramientas que logren transformaciones sociales en vez de confirmar las muchas formas de negar las atrocidades.
El fetichismo de la participación
El contenido de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación es cambiante y debe responder a la expresión política de la sociedad, incluyendo a las víctimas. La presencia de las víctimas es decisiva para medir el éxito de la negociación, y el proceso para satisfacer los derechos es tan importante como su contenido material.
Todas las voces, incluidas las de los opositores del proceso de paz, deben ser consideradas. Los derechos de las víctimas implican contradicciones y tensiones que necesitan ser materia de debate.
Las discusiones jurídicas pueden ser tan sofisticadas como se quiera, pero si el proceso de buscar verdad, justicia y reparación no cuenta con respaldo político local y nacional, no tendrá resultados que perduren. El proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación es con todos, no es un asunto apenas de víctimas y victimarios.
La participación de las víctimas es esencial, pero no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para asegurar que los resultados atiendan en efecto sus derechos concretos y tangibles.
La participación formal de las víctimas está en auge desde finales de los noventa en el marco de las iniciativas para atender a las personas desplazadas, y los procesos derivados de la Ley de Justicia y Paz y de la Ley de Víctimas reforzaron esta tendencia.
Pero las metodologías adoptadas en muchos de esos espacios resultan en ejercicios vacíos o incapaces de provocar cambios. Como dijera una víctima: “Yo he participado en varios de estos ejercicios donde hay muchas preguntas, pero nada de respuestas a lo que uno necesita”.
La participación y la consulta son deseables; pero la forma de adelantarse tendrá que ser revisada para retomar su significado y su razón de ser. Como van las cosas, asistiremos a grandes conferencias y a grupos de trabajo donde oiremos la eterna “lluvia de ideas” sobre la verdad, la justicia y la reparación.
Ojalá los negociadores y facilitadores exploren mecanismos complementarios de consulta, capaces de producir información útil para tomar decisiones, como decir las encuestas técnicamente diseñadas y aplicadas.
Además, en el contexto colombiano, las prácticas violentas o coercitivas no permiten el libre desarrollo de los procesos de participación y consulta. El temor de las víctimas y su intimidación impiden su presencia o silencian sus voces. Por el momento no hay garantías para la participación material de las víctimas por fuera de los marcos tolerados por quienes detentan el poder (formal e informal). En el ámbito local, esto es particularmente cierto -y paralizante- tras los asesinatos de líderes y vecinos.
 El pasado 10 de junio, el Presidente Juan Manuel Santos informó sobre las conversaciones preliminares con el ELN para pactar un proceso de Paz. Foto: Presidencia de la República |
Negación, de lado y lado
Las partes han declarado la importancia de “esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto”, y han admitido que “(l)a reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad”.
Pero en Colombia la búsqueda de la verdad no estará rodeada de armonía y beneplácitos, porque la negación sigue estando arraigada en el poder. Así las partes hayan acordado que “no van a intercambiar impunidades”, unos y otros tienen mucho que esconder y que perder. El camino de la verdad y la justicia será largo y espinoso, como lo ha sido en Argentina, Chile, Guatemala o El Salvador.
Un punto de partida para examinar los retos frente al reconocimiento de la atrocidad es identificar la situación de cada una de las partes: ambas han ejercido la violencia y han dejado víctimas. Pero sus posiciones de arranque y de cierre no son iguales.
Para decirlo con sencillez: no es lo mismo estar al margen de la ley y delinquir que delinquir bajo el manto de la ley. Y superar la negación implica cosas diferentes en uno y otro caso.
-La insurgencia tiene que encarar el tema de si se justifica la violencia que ejerció. Cada uno de los actos perpetrados (el secuestro, la ejecución, la tortura, la violación o el desplazamiento) está imbuido de alguna lógica interna que le sirvió de justificación aparente pero que necesita ser desmontada para hacer frente a la real responsabilidad.
Asumir esas responsabilidades tendrá altos costos personales y políticos tanto dentro del grupo como frente al público. Los patrones de victimización de la insurgencia son conocidos y han sido condenados ampliamente.
No obstante, hay espacios donde la opacidad del sometimiento de la población por parte de la guerrilla no ha permitido develar las prácticas represivas y de control que siguen existiendo. No será fácil superar la negación de la violencia insurgente.
–El gobierno tiene que encarar un estado de negación extendido e incrustado. El proceso de reconocer las atrocidades perpetradas por los aparatos estatales, de manera directa o en alianza con grupos paramilitares, parte de un punto de negación literal y total.
la formulación abstracta de los derechos dice todo pero deja todo por definir.
La Colombia de 2014 se encuentra en una situación parecida a la de Chile a finales de 1989 cuando advirtió Pinochet: “Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. Sólo advierto una vez. El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”.
La franqueza del “generalísimo” puede estar lejos de las formas aceptables en Colombia, pero ante las implicaciones de aceptar responsabilidades institucionales y colectivas por los falsos positivos o por las desapariciones forzadas, el pensamiento de algunos es sin duda parecido.
El reto de encarar la negación oficial es gigantesco y exige de una enorme valentía política. En tanto la paz negociada no implica una transición de régimen, el gobierno Santos tendrá que mantener un balance cuidadoso entre la promesa de un cambio, el reconocimiento controlado de las atrocidades y su permanencia en el poder.
Esta mezcla no augura los mejores pronósticos para el descubrimiento de la verdad ni para la atribución de responsabilidades oficiales.
El proceso o el intento de esconder la verdad serán tan importantes como la verdad que surja. Dependerán de cómo se comporten los distintos poderes (locales y nacionales) y de qué tan inclusivo sea ese proceso.
Nos deben preocupar tanto aquellos que quieren encubrir y negar como aquellos que no les importa lo que pasó. Por ahora, el campo está minado y la verdad sigue estando en función de la guerra (psicológica): la negación está en el apogeo.
* Senior Lecturer, MacMillan Center, Yale University.
@mreedhurtado
