El nuevo fallo de la Corte Constitucional revivió las alarmas. Pero los fallos, las cifras y los discursos no muestran sino que esconden la realidad de la vida que deben llevar los hombres y las mujeres encerrados en las cárceles.
Michael Reed Hurtado*
No hay crisis
La prensa colombiana acaba de reactivar su cubrimiento de la llamada “crisis carcelaria”.
Pero en efecto no cabe hablar de “crisis” porque una crisis, por definición, no puede ser permanente.
Más preciso seria decir que la situación se ha ido deteriorando bajo la mirada pasiva y cómplice de las autoridades, incluyendo a los jueces –y a la Corte Constitucional-.
La situación carcelaria de Colombia es espantosa desde hace mucho tiempo. Y aquí no ha habido cambios repentinos: nada se ha agravado de manera reciente, como tampoco nada ha mejorado. Lo de ahora no es nuevo: es el desborde de una olla podrida que intentaron esconder por mucho tiempo. Solo que el hedor y los gritos ya no pueden contenerse.
El fallo
Las notas periodísticas recientes se deben a una decisión de la Corte Constitucional que acumuló varias tutelas presentadas por presos en seis cárceles (T-388/13), y donde declaró un nuevo “estado de cosas inconstitucional”.
La Corte concluyó que las autoridades carcelarias han institucionalizado prácticas inconstitucionales, que los derechos de los presos son violados de manera masiva y que la situación solo puede corregirse mediante acciones de todo el aparato estatal. La decisión de la Corte no es mala, pero contiene algunos elementos que preocupan.
1. Para empezar, la Corte se desentiende de su responsabilidad, haciendo una distinción amañada entre el estado de cosas inconstitucional que ahora declara y la declaratoria que en el mismo sentido había hecho en 1998 (T-153/98).
La Corte dice que el nuevo estado es distinto del anterior porque aquel fue corregido cuando el promedio nacional de hacinamiento disminuyó como resultado del aumento de los cupos. Esta supuesta corrección fue declarada por la Corte, que sin mayor escrutinio avaló el concepto defectuoso y perverso que emitieron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, según el cual el hacinamiento promedio había descendido al 20 por ciento.
Es decir, la Corte avaló la irregularidad y admitió una rara noción de hacinamiento aceptable, que por supuesto es contraria al derecho. Así dejó que se desvaneciera el estado de cosas inconstitucional de 1998.
En relación con el nuevo estado de cosas, dice la Corte que este “se consolidó poco a poco; sin sobresaltos y sin sorpresas”. ¡Pues claro!, porque nunca se extinguió el pasado. Sencillamente se escondió y se negó, y la Corte hizo parte de esa maroma.
2. El fallo que acaba de divulgarse se demoró casi dos años para ver la luz pública. Las tutelas que acumuló la Corte para tomar esta decisión se presentaron entre mayo de 2011 (Valledupar) y septiembre de 2012 (Barrancabermeja), y la decisión que ahora se difunde es del 28 de junio de 2013. La Corte dejó esperando a los presos cuatro años para responder a sus quejas. Y mientras tanto los presos se pudren.
 Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena. Foto: Defensoría del Pueblo |
El hacinamiento
La Corte sostiene que el problema va más allá del hacinamiento aunque admite que esta es la primera condición que debe resolverse.
De hecho, buena parte de su texto se dedica a analizar la evolución del hacinamiento, pero la propia Corte no parece comprender la gravedad de los números. Supongo que las tasas de hacinamiento se utilizan porque son la manera más fácil de esterilizar el sufrimiento humano y plantear metas asépticas que no se unten de la miseria carcelaria.
Aun así los datos, correctamente considerados, producen alarma. El 93 por ciento de las prisiones colombianas tienen sobrepoblación: de las 137 administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solo hay 11 que no presentan hacinamiento. Todas las demás (126) están hacinadas.
Más de cien mil presos están embodegados en edificios sobrepoblados. El 77 por ciento de ellos vive en condiciones de hacinamiento crítico (superior al 20 por ciento). Aproximadamente 38.000 personas viven en prisiones que doblan su capacidad de reclusión y están sometidas a tratos inhumanos y degradantes. Las dos gráficas siguientes ilustran este drama:
Cálculos y graficación del autor sobre la base de: Ministerio de Justicia e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Población de Internos en Establecimientos de Reclusión y Regionales, 31 de marzo de 2015.
La sobrepoblación hace que el sistema carcelario opere en condiciones de alto riesgo: causa inseguridad para los presos, sus familiares y los trabajadores penitenciarios; impide cumplir la finalidad de la pena (“resocialización”); y es fuente de ilegitimidad para la administración de justicia.
Cabe advertir que una medición correcta del hacinamiento tendría que hacerse para cada establecimiento y debería combinar el análisis de la tasa de sobrepoblación con factores como:
• la fecha de construcción de las instalaciones,
• la temperatura del lugar,
• la disponibilidad de agua potable,
• la calidad de las instalaciones sanitarias,
• los cupos reales de empleo, trabajo y recreación, y
• la ventilación y calidad del aire.
Para empeorar el panorama, las cárceles colombianas están al borde de desplomarse porque en su mayoría fueron construidas hacia finales de la década de 1950 y su mantenimiento ha sido bastante precario.
La vida en prisión
 Cárcel de Pedregal en Medellín. Foto: Congreso de la República de Colombia |
Los presos no esperan nada de nadie. La desconfianza, la desesperanza y la incredulidad rigen sus vidas. También lo hace el poder. Pero no el poder público que debe ejercer la autoridad penitenciaria con criterio de legalidad, sino el poder ejercido de manera subrepticia, encadenado a la amenaza de violencia y a la capacidad de hacer daño, adentro y afuera de los muros.
Imagine Usted un experimento consistente en albergar durante un año a 600 personas, en un espacio cerrado y diseñado para 100 personas. Piense en cómo se adelantan las actividades humanas: dormir, desayunar, orinar, defecar, bañarse, hacer ejercicio, leer, trabajar, estudiar, almorzar, tomar una siesta, tener sexo, masturbarse, dormir, escribir una carta, cenar, hablar por teléfono, volver al baño, dormir, etc. ¿Ya se hizo una idea?
Ahora vuelva a considerar su imagen mental.
• Tal vez pensó que los baños funcionaban, pero se equivoca: los excrementos se acumulan por montones.
• Tal vez pensó que había un comedor, pero no: se come donde se puede y la comida rancia carga el aire.
• ¿Pensó que había agua? También se equivocó: la guerra por el agua es constante y la poca que existe no es potable.
• Probablemente se imaginó un campo para hacer deporte, pero lo que hay es un patio de concreto lleno de gente.
• ¿Imaginó que había algo de privacidad? También se equivocó: todo acontece entre la muchedumbre.
Ahora piense que este no es un experimento social de un año, sino el “embodegamiento” forzoso y continuado de 600 hombres, muchos de ellos con vidas extremadamente violentas, en un espacio decrépito y lacrado.
Afuera se dice que están encerrados por su propio bien y el de la sociedad y que, supuestamente, les aplican la cura de la resocialización bajo la disciplina carcelaria. Pero nada está más distante de la realidad. Lo que hay es una fábrica de animales.
No hay descontrol, aunque debería haberlo. Este orden no es fruto de la autoridad pública, sino del ejercicio y la amenaza de la violencia que ejercen algunos presos.
Los presos sobreviven, no se puede decir que bien, pero organizados, lo cual es sorprendente dadas las condiciones de sus vidas. Pero el orden no es gratis. En la cárcel todo se paga: desde el pedacito de piso en donde se duerme (y si se duerme de día o de noche) hasta la libertad.
Aunque las autoridades nacionales lo nieguen, la organización (formal e informal) de los presos ha sido vital para evitar tragedias en las prisiones colombianas. Quienes trabajan en la cárcel, en contacto con los presos, lo saben. Pero quienes trabajan en la cárcel, como burócratas de madera (como diría Eduardo Galeano), lo niegan.
El camino de la inercia
Además de los tradicionales burócratas de madera, varios tecnócratas contribuyen ahora a construir el discurso oficial sobre las cárceles.
Como está de moda, rechazan la detención preventiva, admiten que Colombia no puede ser un Estado carcelero y que hay que rechazar el populismo punitivo. Pero son suyas las palabras que responden a una voz crítica de la academia con el estribillo de que “todo está bajo control”, y en efecto no entienden, ni aprecian, ni responden a los problemas humanos en las cárceles. Tampoco asumen la responsabilidad ni llevan a cabo la rendición de cuentas que demandan los cargos públicos que ocupan.
En lugar de discursos, las autoridades deberían preparar equipos especializados para mitigar de manera inmediata el sufrimiento humano en las prisiones. Las cárceles están ardiendo, la tortura y los malos tratos se han extendido, y los políticos de turno se congracian con enfoques críticos del derecho.
¿Cuánto más esperaremos para actuar? Lo grotesco sigue rotando entre los medios: la miseria de las cárceles está en escena pero nadie realmente acude a verla.
Advertencia final: No me he referido a los reclusos en centros distintos de las cárceles nacionales que administra el INPEC, como decir las cárceles municipales y distritales o las salas de retenidos de la Policía Nacional. Esos lugares de reclusión ameritan una consideración separada: de hecho, son lugares ilegalmente usados para despresurizar el sistema carcelario, y cada uno alberga su propia – y su grotesca- pesadilla.
* Senior Lecturer, MacMillan Center, Yale University.
@mreedhurtado