Colfuturo, Minciencias, la destrucción poco creativa

La formación de alto nivel no es una apuesta ideológica. No es de izquierda ni de derecha. Es una política de desarrollo nacional. El próximo Gobierno tiene la tarea de organizar este asunto, de unir, de convocar, de construir un Conpes de mayor alcance y de asegurar recursos de manera sostenible para un proyecto de largo plazo y con metas claras.

Desde 1992, Colfuturo ha beneficiado a más de 17.000 personas con créditos-beca condonables para realizar posgrados en las mejores universidades del mundo. En diciembre del año pasado, la entidad anunció que la convocatoria de 2026 no contaría con recursos públicos y que sus condiciones cambiarían. A su vez, Minciencias justificó la decisión en la necesidad de centralizar la operación y focalizar mejor los recursos abriendo la convocatoria “Becas para el Cambio”. 

La discusión pública ha sido, en muchos casos, simplista. El debate se tornó rápidamente en un sinsalida entre quienes ven a Colfuturo como el gestor de una política elitista que debe desmontarse y quienes lo defienden a ultranza y lo perciben como un programa incuestionable. Pero los matices importan.

Como otras veces, el Gobierno se equivoca al marchitar programas en lugar de ajustarlos. El programa Crédito Beca de Colfuturo tiene treinta años de aprendizaje, con procesos sistematizados e infraestructura operativa robusta que no se reemplaza de la noche a la mañana. Desfinanciarlo implica, para el país, desaprovechar un saber hacer valioso.

Lo anterior no significa que los reparos del Gobierno carezcan de sentido. Algunos señalamientos, aunque débilmente justificados, apuntan a discusiones necesarias que durante años se dieron por sentadas y que hoy es válido abrir. 

Financiar la formación de alto nivel

Se ha perdido de vista una pregunta inicial: ¿Para qué financia el país la formación de alto nivel?  

No toda la política de desarrollo es antipobreza. La formación de talento humano de alto nivel no es una política de alivio inmediato a la pobreza, sino una apuesta de largo plazo para fortalecer capacidades científicas, técnicas, productivas y de liderazgo. Por eso, históricamente, sus recursos han provenido del sector de ciencia y no del educativo.

En ese marco, es razonable que la focalización por pobreza no sea el criterio principal de selección y que primen la calidad del posgrado, el desempeño académico y el retorno. En efecto, muchos de quienes aplican ya han recorrido trayectorias de movilidad social; eso no los deslegitima, sino que refleja el tipo de procesos que el programa debería potenciar. En últimas, la inequidad estructural no se resuelve en el posgrado.

La evidencia respalda esa lógica. Los beneficiarios de Colfuturo, según la evaluación del PCB, tienen mayor participación académica, más publicaciones, mayor vinculación a docencia, ingresos 40% y 50% superiores. La evidencia del anterior programa de Minciencias apunta en la misma dirección, más publicaciones y mejores ingresos, más investigación y redes, entre otros. 

Así, la inversión en formación de alto nivel busca fortalecer las capacidades científicas del país e impactar su desarrollo económico. Es bajo esa lógica que deben leerse las críticas y los cambios recientes.

La discusión: lo que dice el Gobierno

En el Conpes 4182 de enero de 2026 y en distintos pronunciamientos públicos, el gobierno nacional desconoce parcialmente esa lógica y expone cinco críticas centrales al esquema.

El primer argumento es la “tercerización” en un operador privado. El Gobierno sostiene que el modelo anterior delegó en exceso la implementación de la formación de alto nivel en unos pocos actores privados, Fulbright y Colfuturo entre ellos, lo que debilitó el direccionamiento estratégico del Estado y generó dependencia. Este argumento asume un Estado completamente pasivo que ha sido solamente un pagador. Sin embargo, durante años, el Gobierno no solo financió, sino que codiseñó el programa y pudo haber aprovechado la reciente renovación del Conpes para ajustar la focalización, la territorialización o alineación estratégica según sus preferencias, de la mano de los operadores.

El segundo argumento es la concentración de los apoyos en estratos altos. El Gobierno señala que cerca del 60% de los beneficiarios son estratos 4, 5 y 6, lo que mostraría un sesgo regresivo. Esta lectura es parcial. Otra interpretación es que los beneficiarios de estratos 1 a 4 representan el 72% del total. El acceso no está restringido a los segmentos más altos; en muchos casos, se trata de personas que provienen de hogares de menores ingresos pero que ya han recorrido un proceso de movilidad social. Más allá de si el estrato es o no una buena medida para la focalización, esta clasificación no captura bien ese proceso. 

Esto no implica ignorar la discusión distributiva, ni que el 30% proviene de estratos 5 y 6. Es razonable que, con recursos escasos, la condonación se concentre en estratos 1 a 4 y sea progresiva, mientras que para estratos 5 y 6 se garantice el crédito, pero no tengan condonación o sea muy baja. Pero llevar esa lógica al extremo, excluyendo a las capas medias, termina castigando la movilidad que el propio sistema educativo busca generar.

El tercer argumento es la desigualdad territorial. El Gobierno sostiene que la oferta de formación de alto nivel en el país está centralizada (72,1% de la oferta en cinco departamentos), así como los beneficiarios, que se concentran en las regiones con más capacidades. Y propone alinear la formación con prioridades regionales y fortalecer universidades públicas.

La concentración existe y la articulación territorial es necesaria, pero no se corrige con criterios de selección en el último eslabón de la trayectoria educativa ni expandiendo la oferta sin calidad. En el país hay una restricción real de oferta. Pero la solución pasa por garantizar educación básica de calidad, fortalecimiento de las universidades regionales e incentivos al retorno. La desigualdad territorial no se corrige en el doctorado, se construye mucho antes.

El cuarto argumento es que el esquema genera endeudamiento. El Gobierno sostiene que el crédito condonable impone barreras al acceso de los más vulnerables al exigir asumir deuda, y propone reemplazarlo por becas completas. La tensión es real, pero la solución no es eliminar el repago. Al no ser una política antipobreza es difícil justificar que sea completamente subsidiada, especialmente cuando los recursos públicos son escasos.

Eliminar el componente de crédito pone en riesgo la sostenibilidad del esquema y desconoce que el problema no es la deuda, sino sus condiciones de acceso. En Colombia, el 49% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo y solo 39% de los hogares son propietarios de vivienda, por lo que exigir codeudores excluye a muchos antes de evaluar su mérito. Una alternativa es crear un fondo de garantías que sustituya el requisito colateral para respaldar a los beneficiarios que lo requieran. 

También es necesario reducir los costos de entrada. No todos llegan con buen nivel de inglés, ni pueden dejar de trabajar para preparar exámenes o asumir los costos de aplicación. Se podrían destinar recursos para apoyos a la preparación, certificaciones y procesos de aplicación, especialmente para quienes provienen de universidades públicas y contextos más vulnerables.

El quinto argumento es el bajo retorno de los beneficiarios al país. El Gobierno habla de “fuga de cerebros” porque solo el 67% regresa y el resto representa una pérdida de recursos. Ese diagnóstico es débil. No contrasta con ningún referente cuál sería una “buena” tasa de retorno; en Erasmus el retorno es 47% solo después de once años, por ejemplo. Además, el nuevo esquema elimina el repago y la condonación por retorno, que eran precisamente los principales incentivos para volver. 

Más importante aún, la discusión reduce el impacto de la formación internacional a una lógica de retorno, pero ignora que la diáspora científica contribuye al desarrollo incluso sin regresar, mediante redes, transferencia de conocimiento y colaboración. Presentar la internacionalización como un problema es anacrónico en un mundo interconectado.

¿Qué viene ahora? La alternativa del Minciencias 

La nueva convocatoria de Minciencias “Becas para el Cambio” abrió el 13 de marzo y es la materialización del nuevo modelo. La primera cohorte financiará 670 apoyos con una inversión de $279.000 millones, 500 maestrías y doctorados nacionales y 170 doctorados en el exterior. En el papel, trata de atender los reparos del Gobierno, pero en el diseño muestra tensiones entre el discurso y los instrumentos, y señales de afán en su estructuración.

1. El Conpes nace sin horizonte de largo plazo. Solo se respaldan dos cohortes (2026 y 2027) por $368.000 millones para 830 beneficiarios, y deja abierta la posibilidad de una tercera cohorte, sin recursos garantizados. Esto rompe con la lógica de los Conpes previos, que preveían recursos y acciones de seis a diez años para la formación de alto nivel. Es difícil hablar de desarrollo de largo plazo con instrumentos de corto plazo.

2. Se reduce el alcance y faltan incentivos. Desaparecen las maestrías internacionales en un país donde la oferta de alta calidad es limitada. Al mismo tiempo, el modelo elimina el repago sin sustituirlo por mecanismos claros de retorno o retribución. El incumplimiento se reduce a no obtener el título y solo obliga a devolver el último período financiado, mientras el resto de la inversión se pierde. Tampoco hay incentivos de retorno o vinculación al país y las regiones. En el contexto fiscal actual, hacer completamente subsidiada esta política es insostenible.

3. Incoherencia entre inclusión, calidad y diseño. Aunque el discurso hace énfasis en el enfoque diferencial, este solo pesa 15 puntos sobre 100, mientras la evaluación exige propuestas altamente técnicas, cuando persisten brechas en la formación previa. Al mismo tiempo, se relajan los requisitos de calidad de la oferta: para maestrías y doctorados nacionales basta el registro calificado, en un sistema donde solo el 20% de los doctorados y el 12% de las maestrías están acreditados. Se exige más a quien aplica que a lo que se financia.

Tabla 1. Criterios puntuables de selección de beneficiaros convocatoria Minciencias

Fuente: elaboración propia a partir de términos de referencia de la convocatoria 2026

1. Viabilidad operativa. La convocatoria recibe propuestas hasta el 20 de abril y publica elegibles el 16 de junio; menos de dos meses para evaluar cientos de aplicaciones mediante pares evaluadores, sin mucha claridad sobre los criterios. El cronograma es poco realista frente a la cantidad y la complejidad que se exige a las propuestas. En la práctica, este tipo de programas suele apoyarse en una señal de calidad ya validada, como la admisión a una universidad de alta calidad, que en el nuevo esquema se desestima al menos en el componente nacional. El resultado es trasladar al Estado una función para la que no existe capacidad instalada.

¿Y Colfuturo?: pérdida de alcance sin el apoyo del gobierno nacional

Colfuturo abrió su convocatoria 2026 sin recursos públicos. La convocatoria se lanzó el 6 de febrero y cerró el 2 de marzo, la publicación de resultados será en junio. Aún no es claro cuántos apoyos podrá otorgar, pero todo apunta a una reducción frente a 2025, cuando se ofrecieron 1.221 (Gráfica 1).

El PCB mantiene su estructura básica, el cambio central es la condonación. Hasta 2025, esta podía alcanzar el 80%, combinando retorno, vinculación al sector público o la academia y trabajo fuera de Bogotá. En 2026, la condonación máxima se reduce al 25% para todos los programas y desaparecen los incentivos asociados al retorno territorial y al servicio público.

Esto significa que para un crédito-beca de US$50.000 (supongamos $200 millones), antes un joven que volviera al país y trabajara en el sector público o como investigador fuera de Bogotá podía terminar pagando solo $40 millones de capital (20%). Hoy, el mismo crédito implicaría pagar alrededor de $150 millones (75%). La diferencia no es menor.

El nuevo esquema debilita los incentivos al retorno y eleva el costo esperado de participar, lo que endurece el escenario para quienes vienen en trayectorias de movilidad social, pero no tienen aún la capacidad de endeudamiento. Esto podría terminar de concentrar el acceso en perfiles de mayores ingresos. El PCB de Colfuturo tuvo que ajustarse para sostenerse, pero sin el apoyo público pierde escala, progresividad y capacidad de atraer talento diverso

La fragmentación, un caso de destrucción poco creativa

Lo que queda es un esquema fragmentado. Un programa público con problemas de diseño y un programa privado debilitado por falta de recursos. Detrás hay una idea recurrente de que lo público debe reemplazar lo privado, no articularse con él. En una política donde los recursos son escasos y el aprendizaje acumulado es valioso, esa lógica no construye, destruye.

La formación de alto nivel no es una apuesta ideológica. No es de izquierda ni de derecha. Es una política de desarrollo nacional. El esquema de Colfuturo puede y debe mejorar. Hace falta alguien que tome este tema con más pragmatismo y lo incluya en su agenda de gobierno. No es precisamente una apuesta de masas, pero sí es estratégica. El próximo Gobierno tiene la tarea de organizar este asunto, de unir, de convocar, de construir un Conpes de mayor alcance y de asegurar recursos de manera sostenible para un proyecto de largo plazo y con metas claras.

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