El caso Colmenares: vicisitudes del sistema acusatorio - Razón Pública
Miguel Pedraza RazonPublica

El caso Colmenares: vicisitudes del sistema acusatorio

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Este caso espectacular y particularmente difícil pone en evidencia las contradicciones del sistema penal acusatorio, el abuso de poder de la Fiscalía y la falta de garantías para la defensa.

Miguel Ángel Pedraza*

Vicisitudes procesales

Desde hace más de un año, la atención de los medios y de la opinión pública se ha enfocado en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el estudiante de la Universidad de los Andes que apareció sin vida en el caño “El Virrey” de Bogotá a finales de octubre de 2010.

Miguel Pedraza caso Colmenares acto
El acto de imputación tiene pues un alcance decisivo: entre otras cosas, constituye el acto a partir del cual se entiende formalizada la investigación penal.  
Foto: valleduparnoticias.co

Tres personas vinculadas por la Fiscalía han sido privadas de la libertad en medio de  toda suerte de vicisitudes procesales: audiencias, recursos, denuncias, recusaciones y vencimiento de términos, todo en el marco del nuevo sistema penal acusatorio que se rige por la ley 906 de 2004 y las normas que la modifican.

Otros casos — también de excepcional impacto público — llaman la atención de la ciudadanía: las “chuzadas” del DAS, Agro Ingreso Seguro, el escándalo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el “carrusel de contratos” en la capital y la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), los cuales siguen también su curso procesal bajo la égida del sistema acusatorio.

En todos ellos se aprecia el desfile de fiscales e imputados en audiencias públicas, y en todos ellos proliferan las solicitudes de las partes, los recursos, las libertades, las nulidades y demás, dentro de un ambiente de congestión y retardo que apabulla al operador judicial que debe adoptar decisiones trascendentales.

Una investigación secreta, absolutamente reservada y enigmática, en evidente desmedro de los principios de defensa, de contradicción y de postulación probatoria: eso no es democrático ni respeta los postulados del Estado social de derecho. 

Aún sin vencedores ni vencidos — pero, eso sí, con un muerto que exige justicia — el caso Colmenares invita a reflexionar sobre la reglamentación del proceso penal y sobre la eficacia del sistema oral.

Las “vicisitudes procesales” han puesto al desnudo múltiples dificultades en las etapas de la investigación y del juicio, que comprometen gravemente el comportamiento de la Fiscalía y que afectan seriamente de los derechos fundamentales de los implicados y de las víctimas.

 Miguel Pedraza caso Colmenares pruebas
Todavía en el caso Colmenares no se tienen pruebas, sino apenas elementos materiales probatorios que en su momento sirvieron para imputar, asegurar y acusar a los jóvenes.    
Foto: ojoavizor2012.blogspot.com

Defensa sin garantías

Uno de los grandes problemas que se han puesto en evidencia tiene que ver con la audiencia de formulación de cargos y con la garantía del ejercicio del derecho de defensa. Sucedió en el caso Colmenares y sucede en todos los casos.

El problema radica en la esencia misma de esa audiencia, donde la Fiscalía comunica a la persona su calidad de imputado, relacionando los hechos jurídicamente relevantes que integran la imputación fáctica y jurídica, pero sin posibilidad alguna de defensa para la persona imputada.

El acto de imputación tiene pues un alcance decisivo: entre otras cosas, constituye el acto a partir del cual se entiende formalizada la investigación penal. Hasta ese momento, la defensa no puede conocer los elementos probatorios con que cuenta la Fiscalía, porque en esa instancia aún no existe descubrimiento probatorio.

De manera que la mayoría de las veces el acto de imputación toma por sorpresa al imputado, pues ni siquiera en la fase preliminar de indagación tuvo oportunidad de conocer los elementos de prueba y, mucho menos, de controvertirlos.

Por esas razones, resulta prácticamente inexistente el ejercicio de defensa durante la fase de indagación y en el propio acto de imputación: el poder de la Fiscalía se refleja en toda su dimensión frente a un imputado que desconoce los medios de convicción.

Una investigación secreta, absolutamente reservada y enigmática, en evidente desmedro de los principios de defensa, de contradicción y de postulación probatoria: eso no es democrático ni respeta los postulados del Estado social de derecho.

Si la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para acusar, debió optar por la vía de la preclusión, máxime cuando se sospechaba la existencia de falsos testigos.

Aunque la jurisprudencia constitucional  — Sentencia C-025 de 2009 — sostiene que el derecho de defensa no tiene límite temporal y que se garantiza desde la indagación preliminar, el propio diseño del proceso penal acusatorio no permite su ejercicio, porque ninguna persona podrá defenderse si no tiene acceso al material probatorio que sustenta la formulación de cargos.

Elementos probatorios no son pruebas

Dentro del sistema colombiano se distingue extrañamente entre “elementos materiales probatorios” y “prueba”:

Los elementos materiales probatorios se recaudan en las fases de indagación e investigación, y sirven para sustentar la imputación de cargos y posteriormente la acusación. 
Por su parte las pruebas adquieren su condición cuando se practican en la etapa del juicio, más concretamente en desarrollo de la audiencia de juicio oral.
Esta distinción ha dado pie a grandes tropiezos en el proceso penal colombiano porque dificulta — en la fase de investigación — el derecho constitucional que tiene el sindicado a controvertir las pruebas aducidas en su contra.
Como en la investigación no existen pruebas en sentido estricto, los elementos probatorios no pueden controvertirse, pues se entiende que ese debate queda diferido para la audiencia de juicio, donde se practican las pruebas.

Sin embargo, sobre la base de los llamados “elementos materiales probatorios”, se formula  la imputación, se sustenta la solicitud de medida de aseguramiento y se fundamenta la acusación.

Tal situación singular lleva a concluir, por ejemplo, que todavía en el caso Colmenares no se tienen pruebas, sino apenas elementos materiales probatorios que en su momento sirvieron para imputar, asegurar y acusar a las dos jóvenes vinculados con el crimen, y luego a un tercer sujeto. Puede afirmarse, entonces, que se les privó de la libertad sin pruebas.

No obstante esta distinción reglamentaria, resulta llamativo por lo contradictorio que la propia Fiscalía ahora sostenga que hay testigos falsos — o pruebas testimoniales falsas — cuando aún no se tienen pruebas, por cuanto no se ha realizado el juicio.

Y todavía es más confusa la situación por haber encarcelado a los supuestos testigos imputándoles el delito de falso testimonio, siendo que aún no han rendido su testimonio en el juicio. ¡Nadie entiende!

 Miguel Pedraza caso Colmenares testigos
Confusión: haber encarcelado a los supuestos testigos imputándoles el delito de falso testimonio, siendo que aún no han rendido su testimonio en el juicio.  
Foto: www.eldiario.com.co 

O acusación o preclusión

De acuerdo con la ley colombiana, la imputación marca el inicio formal de la investigación.  Ésta debe llevarse hasta su término: o se produce un escrito de acusación o se solicita la preclusión.

El resultado de la acusación es dar comienzo al juicio, mientras que con la preclusión se archiva el proceso: o la Fiscalía acusa formalmente a los imputados ante el juez de conocimiento, o solicita la preclusión ante el mismo funcionario.  En otras palabras: la investigación no puede terminar con la petición de nulidad por parte de la Fiscalía, ni siquiera cuando esa solicitud se extiende a la anulación de la audiencia de formulación de cargos.

Resulta bastante equívoca y contradictoria la posición de la Fiscalía en el caso Colmenares: solicitó la nulidad de la investigación para el tercer imputado. Si no contaba con pruebas suficientes para acusar, debió optar por la vía de la preclusión, máxime cuando se sospechaba la existencia de falsos testigos. Aquí se trataba de respetar la “lealtad procesal” y el “juego limpio” y de preservar las garantías constitucionales en favor del imputado.

 El país entero observa confundido el espectáculo de un recorrido procesal tortuoso,  que revela afanes investigativos, manejos policiales muy dudosos y posturas jurídicas contradictorias.

Pero la siguiente jugada de la Fiscalía resulta aún más incomprensible: ante la negativa del juez de declarar la nulidad solicitada, la Fiscalía decidió acusar al imputado, incorporando en su relación de elementos probatorios a los presuntos testigos falsos. Como si la propia Fiscalía pudiera acusar a alguien en Colombia sobre la base de falsos testimoniantes.

Se ha sentado un pésimo precedente desde la lógica de la razón y desde la lógica jurídica: resulta repulsiva una posición que contradice todo dictado de crítica probatoria y los propios postulados del debido proceso penal.

Mal mensaje

El país entero observa confundido el espectáculo de un recorrido procesal tortuoso,  que revela afanes investigativos, manejos policiales muy dudosos y posturas jurídicas contradictorias.

Entre tantos bandazos y cambios de criterio por parte del ente acusador, se envía un mal mensaje a la sociedad: al parecer, la Fiscalía no está en condiciones de enfrentar procesos complejos y de impacto público. Como si fuera necesario encontrar culpables “a cualquier precio”, sin importar las garantías constitucionales. Se confunde a la opinión y las víctimas están perplejas.

Ha quedado en entredicho la eficacia del sistema acusatorio que nos trajeron de otras latitudes y que nos presentaron como sistema de mayores garantías que el anterior.  Aún si se supone que han sido serios las partes y los operadores judiciales, que ya es mucho.

El complejo entramado procesal está revelando un abuso de las formas propias del proceso penal y un acomodo censurable de posiciones jurídicas que no protegen los derechos fundamentales, ni mucho menos la lógica, la razón y la verdad.

* Profesor universitario, asesor en derecho penal y sancionatorio.       

 

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