La tasa al 11,25%

La decisión del Banco de la República reabre un debate de fondo: quién debe asumir el costo del ajuste en una economía atrapada entre inflación persistente, fragilidad fiscal y bajo crecimiento.

Una decisión técnica —y política

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar en marzo la tasa de interés de política monetaria a 11,25% no fue simplemente un ajuste técnico. 

Fue una decisión profundamente política —en el mejor sentido del término— porque expresa una disputa central sobre el rumbo de la economía colombiana: quién debe asumir el costo del ajuste en un país que aún no logra salir del círculo vicioso entre inflación, fragilidad fiscal y bajo crecimiento.

La controversia no gira únicamente en torno a unos puntos básicos más o menos. Lo que está en juego es una pregunta más incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un banco central en su lucha contra la inflación cuando la economía empieza a resentir el peso del crédito caro, la inversión débil y la desconfianza fiscal?

• La respuesta del Banco de la República en marzo fue clara: más vale pecar por exceso de prudencia que por una relajación prematura.
• El Gobierno Nacional, en cambio, ha insistido en que la política monetaria no puede convertirse en un freno permanente para la actividad productiva. 
• Y Asobancaria, como suele ocurrir en este tipo de debates, ha ocupado una posición intermedia: reconoce la necesidad de controlar la inflación, pero advierte que una economía no puede financiar su estabilidad sobre la asfixia prolongada del crédito.

Las tres posiciones tienen algo de razón. Pero no pesan igual, ni responden al mismo horizonte de riesgos.

El Banco: credibilidad antes que alivio

Desde el punto de vista del Banco, la decisión de subirla tasa —nuevamente— a 11,25% respondió a una lectura relativamente ortodoxa, pero difícil de descalificar: la inflación seguía siendo demasiado alta, demasiado persistente y demasiado riesgosa como para cantar victoria antes de tiempo.

Conviene recordar algo que suele perderse en el debate público. La política monetaria no se mueve apenas por la inflación observada, sino por la inflación esperada. Para un banco central, el problema no es únicamente que los precios hayan subido mucho, sino que hogares, empresas, inversionistas y negociadores salariales empiecen a actuar como si una inflación elevada fuera ya el nuevo estado normal de la economía.

Ese fenómeno es decisivo. Cuando las expectativas inflacionarias “se desanclan”, la inflación deja de ser un episodio transitorio y se vuelve una estructura. Los trabajadores piden aumentos salariales anticipando más inflación; las empresas remarcan precios para cubrirse; los contratos se indexan; el crédito incorpora primas mayores; y la economía entera empieza a organizarse alrededor de la idea de que el dinero valdrá menos mañana. En ese punto, controlar la inflación se vuelve mucho más costoso. Y eso es precisamente lo que el Banco busca evitar.

Aumentar la tasa de interés tiene, por supuesto, un efecto convencional: encarece el crédito, reduce la demanda, enfría el consumo y modera la inversión. Pero su efecto más importante es otro: envía una señal de disciplina. Le dice al mercado que la autoridad monetaria no va a permitir que la inflación se consolide, incluso si el remedio es impopular.

En una economía como la colombiana —expuesta a choques de alimentos, combustibles, tipo de cambio, precios regulados y volatilidad internacional— esa señal importa mucho más de lo que parece. Porque cuando la credibilidad del banco central se erosiona, las tasas que termina pagando toda la economía suelen ser todavía más altas.

¿Pero era necesario aumentar la tasa de interés por segunda vez consecutiva y en tan alta proporción? Quizá no era prudente bajar la tasa como proponía el Gobierno, pero tampoco subirla como lo definió el Banco…

El Gobierno: no toda inflación se enfría con tasas

La crítica del Gobierno no es un mero reflejo populista, como a veces se presenta. Tiene una base económica atendible: no toda inflación se corrige con tasas de interés más altas.

En el caso colombiano, una parte importante del aumento de precios en los últimos años no vino exclusivamente de un exceso de demanda interna. También respondió a choques de oferta: encarecimiento de alimentos, ajustes en combustibles, devaluación, energía, indexación y costos importados. Frente a ese tipo de inflación, la tasa de interés tiene una eficacia más limitada. Puede enfriar la economía, sí, pero no necesariamente corregir el origen del problema con la velocidad esperada.

Y ahí aparece la crítica de fondo: si la inflación no está siendo impulsada principalmente por un exceso de consumo o de gasto privado, el Banco podría estar castigando la actividad económica más de lo necesario.

El Gobierno, en ese sentido, ha planteado una objeción políticamente poderosa y socialmente visible. Una tasa de 11,25% no golpea de manera abstracta: encarece el crédito hipotecario, frena proyectos empresariales, castiga a pequeños y medianos productores, reduce la compra de vivienda, desestimula la inversión y enfría el empleo. 

El costo del endurecimiento monetario no se distribuye parejo; recae con especial fuerza sobre hogares endeudados, sectores productivos intensivos en financiamiento y clases medias que dependen del crédito para sostener decisiones de largo plazo.

El problema es que esta crítica, siendo válida, a veces se formula como si el Banco de la República actuara en un vacío político y fiscal. Y no es así.

Asobancaria: equilibrio, no asfixia

La posición de Asobancaria suele ser más sofisticada de lo que se le reconoce. 

El gremio financiero no tiene incentivos para trivializar la inflación. Sabe que una economía inestable, con expectativas desordenadas y pérdida de credibilidad, termina deteriorando también el sistema financiero. Sin estabilidad macroeconómica no hay crédito sostenible.

Pero también sabe otra cosa: tasas demasiado altas durante demasiado tiempo deterioran la demanda de crédito, enfrían la economía real y pueden terminar afectando la calidad de la cartera.

En términos simples, el sistema bancario necesita inflación baja, sí, pero también necesita una economía viva. Una tasa de política monetaria excesivamente restrictiva termina trasladándose al costo del financiamiento para hogares y empresas, reduce la colocación de préstamos, afecta la inversión y puede agravar la desaceleración.

Por eso Asobancaria suele defender una posición de equilibrio: la inflación debe bajar, pero la política monetaria no puede prolongar innecesariamente la parálisis económica.

La clave: el riesgo fiscal

Aquí está el punto más importante —y el menos discutido con seriedad— del debate.

La decisión del Banco de la República de subir la tasa a 11,25% no puede entenderse únicamente como una respuesta a la inflación. También debe leerse como una reacción a un entorno donde la política fiscal del Gobierno genera incertidumbre.

Esto importa enormemente. Cuando un país exhibe déficit fiscal elevado, mayores necesidades de financiamiento, dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas, o señales ambiguas sobre el cumplimiento de sus reglas fiscales, la tarea del banco central se vuelve más difícil. Porque los mercados no solo observan si la inflación está bajando; también observan si el Estado está ordenando o desordenando el resto de la economía.

Si la política fiscal es percibida como expansiva, incierta o poco creíble, el Banco de la República enfrenta un dilema muy claro: debe ser más restrictivo de lo que sería en un entorno fiscal más disciplinado.

Ese fenómeno tiene nombre en teoría económica: dominancia fiscal. Ocurre cuando la fragilidad de las finanzas públicas condiciona la política monetaria. En lugar de decidir únicamente en función de inflación y actividad, el banco central empieza a operar bajo la sombra del riesgo fiscal.

La Junta no solo estaba mirando la inflación de hoy. También estaba mirando el contexto en el que esa inflación debía corregirse: un país con interrogantes sobre el déficit, con dudas sobre la trayectoria de la deuda, con tensiones entre Gobierno y Banco, y con inversionistas particularmente sensibles a cualquier señal de descoordinación macroeconómica.

¿Buena decisión?

La respuesta más seria no es ideológica, sino condicional: sí, probablemente fue una decisión correcta; pero su costo económico es real y políticamente difícil de sostener.

Fue correcta porque un banco central no puede darse el lujo de perder credibilidad justo cuando la inflación todavía no está plenamente vencida y cuando el frente fiscal no ofrece suficiente tranquilidad.

Pero una tasa de 11,25% es muy alta para una economía que ya muestra signos de desaceleración. Mantener durante demasiado tiempo una política monetaria contractiva puede terminar generando un daño innecesario.

La pregunta difícil 

El error del debate público ha sido presentar este episodio como una pelea entre “tecnócratas insensibles” y “defensores del crecimiento”.

La pregunta de fondo no es si la tasa alta duele. Claro que duele. La pregunta es por qué Colombia sigue necesitando tasas tan altas para preservar estabilidad.

Si el país quiere tasas más bajas de forma sostenible, necesita más confianza fiscal, más claridad regulatoria, menor incertidumbre institucional y mejores señales de inversión.

El aumento de la tasa a 11,25% fue una decisión dura, impopular y costosa, pero probablemente necesaria.

El Banco defendió su credibilidad. El Gobierno advierte correctamente sobre los costos. Asobancaria señala el riesgo de prolongar el crédito caro.

Pero el punto decisivo es otro: mientras Colombia no ordene mejor su frente fiscal, el Banco seguirá obligado a hacer más de lo que le corresponde.

Y esa es una pregunta que el Banco Central no puede responder solo.

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