De la esperanza al desencuentro: feminismo y progresismo en el gobierno de Gustavo Petro

Mientras el Gobierno va llegando a su final, la relación entre el progresismo institucional y las agendas feministas ha revelado tensiones, ambivalencias y desencuentros significativos. El paso de la esperanza al desencuentro no implica necesariamente un cierre, sino la apertura de preguntas que hoy se reconfiguran en el escenario electoral.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022 marcó un hito en la historia política reciente del país. Por primera vez un proyecto político autodenominado progresista accedía al poder mediante las urnas, capitalizando un amplio malestar social acumulado tras décadas de conflicto armado, desigualdad estructural y crisis de representación. 

Este triunfo no puede entenderse sin la articulación de una coalición heterogénea de movimientos sociales, entre los cuales los movimientos de mujeres y feministas desempeñaron un papel decisivo, tanto en la movilización territorial como en la construcción simbólica de una alternativa política. Sin embargo, conforme el Gobierno va llegando a su tramo final, es evidente que la relación entre este progresismo institucional y las agendas feministas ha revelado tensiones, ambivalencias y, en algunos casos, desencuentros significativos.

Apoyo de los movimientos feministas a Petro

El apoyo de los movimientos feministas a la candidatura de Petro no fue unívoco ni exento de críticas. Más bien se trató de una adhesión estratégica, anclada en la expectativa de una apertura democrática y en la posibilidad de avanzar en agendas históricamente relegadas como la garantía de derechos reproductivos, la lucha contra las violencias de género y la inclusión efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. La candidatura de Francia Márquez a la Vicepresidencia constituyó, en este sentido, un elemento central para consolidar ese respaldo. Líder social afrodescendiente, ambientalista y feminista, Márquez encarnaba una intersección de luchas —de género, raza y clase— que ampliaba los horizontes del progresismo colombiano más allá de sus marcos tradicionales.

Una política de género con claroscuros

No obstante, la incorporación de estas demandas en el plano gubernamental ha estado lejos de ser lineal. Si bien el Gobierno ha impulsado algunas políticas con enfoque de género y ha reconocido discursivamente la centralidad de la igualdad, también ha mostrado limitaciones estructurales y contradicciones políticas. Estas se manifiestan tanto en la priorización de agendas como en las formas de liderazgo y en los marcos interpretativos desde los cuales se abordan las demandas feministas.

En este contexto, la figura de Gustavo Petro ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes por parte de sectores feministas. Sus intervenciones públicas, decisiones políticas y estilos de liderazgo se leen como portadores de una matriz masculina tradicional que entra en tensión con los principios de horizontalidad, reconocimiento y cuidado que promueven los feminismos contemporáneos. Más allá de declaraciones puntuales, lo que se cuestiona es la dificultad del progresismo colombiano para descentrar ciertas formas de autoridad política que reproducen lógicas jerárquicas y personalistas.

Un elemento adicional que ha intensificado estas críticas se relaciona con la gestión de nombramientos y la cercanía política del presidente con figuras masculinas que han sido objeto de denuncias públicas por acoso o comportamientos inapropiados. Aunque estas situaciones deben analizarse bajo el principio de presunción de inocencia y en el marco de los debidos procesos, su reiteración en el entorno gubernamental ha generado, con razón, incomodidad y críticas en sectores feministas que esperaban una postura más clara y coherente frente a las violencias de género. La permanencia o defensa de estos actores en espacios de poder se lee como una señal ambigua que ha tensionado el compromiso del Gobierno con la erradicación de estas violencias y muestra las dificultades para traducir los principios discursivos en criterios consistentes de acción política.

Estas tensiones ya se habían hecho visibles en la relación entre Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez. Si bien su fórmula electoral fue celebrada como un gesto de apertura y pluralización del poder, el ejercicio del gobierno ha mostrado fricciones tanto en el plano político como en el simbólico. Márquez, quien insistió en la necesidad de construir una vida digna como horizonte político y en la centralidad de las comunidades históricamente excluidas, enfrentó obstáculos para posicionar sus agendas tanto dentro del Ministerio de la Igualdad como del Ejecutivo. La distribución de poder, la visibilidad mediática y la capacidad de incidencia real de la vicepresidenta han sido temas de debate público, lo que muestra la percepción de una relación asimétrica.

El incumplimiento de la política de género: ¿un fenómeno aislado?

Desde una perspectiva analítica, esta relación puede leerse como una expresión de tensiones más amplias en el progresismo latinoamericano. Por un lado, se encuentra la voluntad de incorporar demandas de reconocimiento —de género, raza y territorio— que han ganado fuerza en las últimas décadas. Por otro lado, persisten estructuras políticas y culturales que dificultan la traducción efectiva de estas demandas en prácticas de gobierno. En este sentido, la experiencia colombiana dialoga con otros casos regionales en los que la incorporación de agendas feministas en proyectos progresistas se ha caracterizado por avances parciales y conflictos persistentes.

Asimismo, es relevante considerar el carácter heterogéneo del movimiento feminista en Colombia. Lejos de constituir un bloque monolítico, este campo está atravesado por diferencias ideológicas, territoriales y generacionales que inciden en sus formas de relación con el Estado. Mientras algunos sectores han optado por una estrategia de interlocución crítica con el Gobierno, otros han adoptado posiciones más distantes o abiertamente opositoras. Esta diversidad hace más complejo el análisis, en la medida en que las tensiones no solo se producen entre el Gobierno y “el feminismo” como entidad abstracta, sino en un entramado de relaciones múltiples y cambiantes.

Lecciones aprendidas

En este escenario, la noción de desencuentro no debe entenderse únicamente en términos de ruptura, sino también como un espacio de disputa política. Las críticas feministas al gobierno de Petro no solo señalan inconsistencias o déficit, sino que buscan reconfigurar los términos del debate público y ampliar los márgenes de lo políticamente pensable. En este sentido, el feminismo continúa operando como una fuerza transformadora que interpela al poder, incluso cuando este se presenta bajo signos progresistas.

Por otra parte, las percepciones de posturas machistas o misóginas en el liderazgo presidencial deben situarse en un análisis más amplio de las culturas políticas. No se trata únicamente de atribuir intenciones individuales, sino de examinar cómo ciertas formas de ejercicio del poder reproducen patrones históricos de exclusión y subordinación. En el caso colombiano, estas dinámicas se entrelazan con legados de violencia, autoritarismo y desigualdad que condicionan las posibilidades de cambio.

En ese sentido, el primer gobierno progresista en Colombia constituye un laboratorio político en el que se ponen a prueba las promesas y los límites de la articulación entre progresismos y feminismos. La relación con los movimientos de mujeres, lejos de ser un elemento accesorio, se revela como un indicador clave de la capacidad del proyecto político para transformar las estructuras de poder existentes. Las tensiones observadas —en el discurso, en las prácticas, en los nombramientos y en las relaciones internas del Gobierno— no anulan los avances logrados, pero sí invitan a una evaluación crítica de sus alcances.

El paso de la esperanza al desencuentro no implica necesariamente un cierre, sino la apertura de nuevas preguntas que hoy se reconfiguran en el escenario electoral colombiano. ¿En qué medida el progresismo podrá recomponerse —en figuras como Iván Cepeda, heredero político del proyecto de gobierno— para incorporar de manera más profunda y coherente las demandas feministas que fueron centrales en su llegada al poder? ¿Cómo dialogan estas tensiones con una contienda en la que, si bien emergen candidaturas lideradas por mujeres —principalmente desde la derecha y el centro—, estas disputan el lugar de la representación femenina sin asumir una agenda feminista?

En efecto, el panorama electoral actual muestra una pluralización de candidaturas, desde el bloque progresista hasta opciones conservadoras y de derecha, donde una figura como Paloma Valencia ha logrado posicionarse apelando a liderazgos femeninos en clave no feminista, mientras el oficialismo busca sostener su legitimidad en medio de críticas acumuladas durante el Gobierno.

En este contexto, las demandas de género dejan de ser un patrimonio exclusivo del progresismo y se convierten en un terreno de disputa transversal, donde distintos proyectos políticos reinterpretan —o instrumentalizan— la cuestión femenina. La campaña presidencial de 2026 se desarrolla, además, en un clima de polarización donde las narrativas políticas tienden a simplificar los conflictos y a movilizar afectos antes que debates programáticos. Así, los interrogantes sobre la relación entre feminismo y poder estatal adquieren una nueva centralidad, no solo en términos de coherencia interna del progresismo, sino también en función de cómo estas agendas son reconfiguradas, disputadas o diluidas en el conjunto del sistema político.

Abordar estas preguntas resulta fundamental para comprender no solo los límites del gobierno de Gustavo Petro, sino también las condiciones bajo las cuales el feminismo puede —o no— constituirse en un eje estructurante de los proyectos políticos en disputa en Colombia.

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