A pesar de su labor discutida y discutible, el saliente Contralor se dedicó a denunciar la corrupción: ¿de dientes para afuera?
Libardo Espitia*
Contralores de bolsillo
Esta semana el Congreso eligió a Felipe Córdoba como Contralor General de la República, quien asumirá su cargo a partir del 1 de septiembre.
El proceso de elección fue controvertido, entre otras cosas, por las maniobras del uribismo para intentar elegir a José Félix Lafaurie, el esposo de María Fernanda Cabal y el más cercano al Centro Democrático. Desde Razón Pública advertí de los peligros de los contralores “de bolsillo”, nombrados para favorecer al presidente y al partido de gobierno.
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Por eso es importante recordar que también el saliente contralor, Edgardo Maya Villazón, fue el contralor “amigo” del Gobierno Nacional que tuvo todo el apoyo de Santos y el de Vargas Lleras.
A mediados de 2014, Santos afirmó que la Contraloría necesitaba una serie de cambios para hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. Los “cambios” en la entidad tuvieron dos fases:
- Casi inmediatamente después del anuncio de Santos, la abogada Marcela Monroy Torres (ex compañera del entonces magistrado Mauricio González Cuervo) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 7 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000.
Este numeral señalaba una de las atribuciones o funciones más importantes de la Contraloría: el control de advertencia “para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público”. Dicho control de advertencia era por supuesto una gran inconveniencia para el gobierno de turno; así que afortunadamente para Santos, la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral y suprimió esa facultad de la Contraloría.
- El segundo “cambio” fue justamente nombrar a Maya Villazón, su contralor-amigo. De una mera polémica, la Corte Constitucional violó su propio reglamento y postuló a Maya con el voto de los magistrados Alberto Ríos y Gabriel Mendoza, pese a que ambos habían sido procuradores delegados cuando Maya dirigía la Procuraduría.
Las demandas para anular la elección no se hicieron esperar. Pero en otro proceso irregular, la consejera Lucy Jeannette Bermúdez falló a favor de Maya en la Sección Quinta del Consejo de Estado, a pesar de que ella también había sido procuradora delegada de Maya, además de actuar como conjuez precisamente en esa Sección.
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Una dudosa gestión
 Corte Constitucional. Foto: Procuraduría General de la Nación |
El 19 de agosto de 2014, Maya fue elegido Contralor para el período 2014-2018. Entonces Maya presentó su Plan Estratégico “Control fiscal para una mejor gestión pública”. Entre otras cosas, el Plan incluía un programa de fortalecimiento institucional y la creación del Instituto de Altos Estudios para el Control Fiscal.
Llama la atención que Maya ya había hecho esa misma propuesta cuando fue procurador precisamente con un crédito BID. Pero en la Procuraduría no se había adelantado un programa de fortalecimiento institucional, mientras que en la Contraloría ya se había ejecutado uno por valor de 40.376.500 dólares, de los cuales
- 21.976.500 provinieron de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes, 3049 de 1999);
- y los restantes 18.400.000 se financiaron con recursos del presupuesto nacional.
De la ejecución del Programa se obtuvieron los siguientes resultados:
- Se reorganizó la Contraloría;
- Se creó la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana;
- Se completó la primera guía de auditoría Audite 1.0 como instrumento de calidad;
- Se fortaleció el sistema nacional de control fiscal articulando competencias con las contralorías territoriales, y
- Se introdujeron nuevas tecnologías para modernizar la entidad.
No obstante los resultados obtenidos, el contralor Maya logró que el Conpes 3841 autorizara un nuevo crédito con el BID, por 30 millones de dólares. El dinero serviría para financiar un programa con objetivos idénticos a los del programa que se presentó en 1999. La comparación entre los componentes de ambos programas permite ver los estrechos parecidos:
Fuente: Documentos Conpes
El desembolso de los recursos del “nuevo” programa se difirió a cinco años, hasta 2020. El período 2016-2018 tendrá la mayor cuantía de recursos, con el 89,57 por ciento del total del empréstito.
Gastos ineficientes y “derrochones”
Como receptora de los recursos, la Contraloría elaboró y presentó al BID un Plan de Adquisiciones para su aprobación. En él se especificaron las disposiciones para llevar a cabo las contrataciones referentes al programa.
Todas las condiciones fueron fijadas y aprobadas previamente por el BID. En todo caso se dio prioridad a la licitación pública internacional, al igual que a las listas cortas para seleccionar los consultores, que fueron integradas por consultores internacionales.
La supervisión de la gestión financiera del programa debía estar a cargo de una firma aceptada por el BID. Por eso no es extraño que resultara adjudicataria la sociedad KPMG, la revisora fiscal del propio BID.
Al detallar los contratos suscritos con los recursos del crédito se encuentra que entre agosto de 2016 y abril de 2018 se firmaron 96 contratos por una suma que supera los 46 mil millones de pesos (más 48.000 dólares que fueron pagados a un consultor en esta moneda).
Esos contratos millonarios no solo son discutibles porque tienen el mismo objetivo del programa de 1999, sino porque son innecesarios: la Contraloría ya ha diseñado, ejecutado y mejorado gran parte de lo que ahora se propone hacer.
Para dar un ejemplo: llama la atención el rediseño de la página web de la entidad. En diciembre de 2016 la entidad tenía una página de fácil consulta y con bastante información, pero esta fue cambiada a comienzos de 2017 y hoy es un sitio lento y con menos información que el anterior.
Además, los siguientes contratos no tienen ninguna relación con el proyecto:
| No. Contrato | Razón social | Objeto | Valor $ |
| CGR BID 014-2016 | Rafael Poveda Television SAS | Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicaciones interna para la CGR | 598,839,449 |
| CGR BID 010-2017 | Rafael Poveda Television SAS | Apoyar a la oficina de comunicaciones y publicaciones en la ejecución del plan estratégico de comunicación interna y el despliegue táctico de la estrategia de comunicación interna para los funcionarios de la CGR | 599,760,000 |
| CGR BID 019-2017 | Degriss SAS | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones externas para la CGR | 497,000,000 |
Fuente: Contraloría General de la República
Finalmente, las sociedades que ejercen la revisoría fiscal en el país también se vieron beneficiadas con los siguientes contratos:
| No. Contrato | Razón social | Objeto | Valor $ |
| CGR BID 016-2016 | Ernst & Young SAS | Definir el alcance y competencias del control fiscal macro para la CGR | 464,000,000 |
| CGR BID 027-2016 | Deloitte & Touche LTDA | Capacitación NIIF-NICSP capacitación para el conocimiento y manejo de las normas y estándares internacionales NIIF y NICSP en la CGR | 390,000,000 |
| CGR BID 09-2017 | KPMG SAS | Servicio de auditoria externa para el proyecto fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República | 83,300,000 |
| CGR BID 027-2017 | Deloitte & Touche LTDA | Capacitación para el conocimiento y manejo de las normas y estándares internacionales NIIFS y NICSP en la CGR | 294,572,500 |
| CGR BID 032-2017 | Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales LTDA | Definición y diseño del plan de recuperación de desastres para la Contraloría General de la República | 754,650,000 |
| CGR BID 042-2017 | KPMG SAS | Servicio de auditoria externa para el proyecto fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República | 95,200,000 |
Fuente: Contraloría General de la República
¿Y la lucha contra la corrupción?
Para nadie es un secreto que la corrupción ha permeado todas las esferas del Estado y del país. Por eso la acción de los organismos de control sin la participación de la ciudadanía es insuficiente.
RP le sugiere leer: ¿Por qué hay corrupción en Colombia?
En su rendición de cuentas, Edgardo Maya reveló algunas de las cifras más alarmantes sobre este flagelo y afirmó sin ambages que “se están robando todo”. Pero la Contraloría debería ser la primera en dar ejemplo de austeridad, eficiencia y economía, pues su razón de ser es vigilar la gestión de las demás entidades del Estado.
Por eso desconcierta la denuncia de la corrupción “de labios para afuera”, cuando quien la denuncia no fue muy consecuente. Para citar apenas el caso de Reficar, la imputación de responsabilidad fiscal no se extendió a todos los que han sido miembros permanentes de la Junta Directiva de Ecopetrol, como el ministro de Minas (Luis Ernesto Mejía) el de Hacienda (Alberto Carrasquilla) y el Director de Planeación Nacional (Santiago Montenegro) que integraron el Comité Interinstitucional que recomendó a Glencore como inversionista, con los nefastos resultados conocidos. Tampoco están la mayoría de altos funcionarios del gobierno Santos, y menos aún las firmas que ejercieron la revisoría fiscal en Ecopetrol y en Reficar a cambio de contratos millonarios con cargo al crédito del BID.
Puede ver: Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad.
- ¿Cómo se explica que Maya no hubiera defendido la función de advertencia ante la Corte Constitucional y que hubiera desaprovechado la oportunidad para presentar proyectos de ley que hubieran aumentado la eficacia de la entidad a su cargo? (en esta misma edición de la revista, Jorge Iván Cuervo describe los proyectos que el nuevo contralor tendrá que presentar para cumplir debidamente su tarea).
- No deja de causar preocupación que las políticas de control del BID no hubieran sido lo suficientemente estrictas para abstenerse de aprobar el crédito de 2015, teniendo en cuenta los antecedentes y los resultados del primer crédito aprobado en 2000.
No bastaba con que el BID tomara las garantías a través del Ministerio de Hacienda para salvaguardar sus propios intereses económicos; solo el uso eficiente de los recursos que le confían los Estados puede ayudar a reducir los índices de pobreza y desigualdad en América Latina – según le fue ordenado desde su creación en 1959-.
- Maya se dedicó a producir comunicados de prensa semana tras semana para informar a la opinión sobre asuntos tocantes a la corrupción; pero los comunicados no recuperan los recursos perdidos en manos de los corruptos.
- Ante este panorama gris ¿qué pensará el Auditor General de la República, cuyo deber constitucional es vigilar la gestión de todas las contralorías del país, empezando por Contraloría General de la República?
En suma, Maya Villazón ha quedado en deuda con el país en lo que respecta a la función del control fiscal.
*Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, contratación pública, control fiscal y disciplinario, Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
