Aída Quilcué y el dilema del progresismo: ¿más símbolos o menos concentración de poder?

Está en juego si el progresismo colombiano está dispuesto a transformar realmente las estructuras históricas del poder estatal, o si continuará incorporando a los movimientos sociales únicamente en la medida en que no cuestionen los fundamentos sobre los que ese poder ha sido construido.

La posibilidad de que Aída Quilcué llegue a la Vicepresidencia en una fórmula encabezada por Iván Cepeda no solo tiene un enorme significado político y simbólico para Colombia; también reabre una de las preguntas más importantes que deja el actual ciclo progresista: ¿qué ocurre cuando los movimientos sociales llegan al Estado y hasta dónde pueden transformar las estructuras reales de poder una vez que ingresan a ellas? Más aún, obliga a preguntarse si el Estado colombiano puede incorporar los proyectos políticos que esos movimientos representan o si únicamente admite su presencia en términos simbólicos y electorales.

Una lección para el progresismo colombiano

La experiencia reciente del progresismo latinoamericano ha mostrado que la inclusión de liderazgos históricamente excluidos no garantiza necesariamente una redistribución efectiva del poder. Por lo general, el sistema político incorpora nuevas representaciones sociales sin alterar de manera profunda las estructuras que organizan el Estado, la economía y la toma de decisiones. La figura de Aída Quilcué obliga a examinar si el progresismo colombiano está dispuesto a avanzar hacia una transformación más estructural o si continuará limitándose a una política de reconocimiento simbólico.

La experiencia de Francia Márquez atraviesa inevitablemente cualquier reflexión sobre este escenario. Su llegada a la Vicepresidencia en 2022 representó un hecho histórico: por primera vez una mujer afrodescendiente, lideresa ambiental y proveniente de las luchas territoriales alcanzaba uno de los cargos más altos del país. Para amplios sectores populares, feministas y afrodescendientes, Francia Márquez simbolizaba la posibilidad de que quienes habían sido históricamente excluidos del poder comenzaran finalmente a gobernar.

Sin embargo, el ejercicio del gobierno mostró rápidamente los límites de esa expectativa. Aunque impulsó agendas relevantes, como la creación del Ministerio de Igualdad, la defensa ambiental y el fortalecimiento de relaciones con países africanos, también se hizo evidente la tensión entre su legitimidad social y su capacidad efectiva de incidencia dentro del Ejecutivo. Las decisiones estratégicas continuaron concentradas en el núcleo presidencial y en operadores tradicionales de la política, mientras la vicepresidenta fue perdiendo centralidad en el Gobierno.

La experiencia deja una lección incómoda para el progresismo colombiano, problematizar el hecho de que la representación social, étnica o territorial no garantiza por sí sola una redistribución real del poder. Incorporar liderazgos provenientes de movimientos sociales no implica necesariamente transformar las estructuras históricas del Estado ni democratizar la toma de decisiones.

La diferencia que representa Aída Quilcué

Al contrario de Francia Márquez, cuyo liderazgo emergió principalmente del activismo ambiental y antirracista, Aída Quilcué proviene de una tradición organizativa indígena profundamente estructurada. Su trayectoria se ha construido durante décadas en espacios como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia, escenarios históricamente marcados por la movilización colectiva, la negociación territorial y la resistencia frente a la violencia estatal y armada.

No se trata únicamente de una lideresa con legitimidad simbólica, sino de una dirigente formada en procesos organizativos que han disputado históricamente la relación entre Estado, territorio y autonomía. Esa diferencia podría resultar decisiva.

Mientras la experiencia de Francia Márquez mostró las dificultades de traducir liderazgo social en capacidad institucional efectiva, Quilcué podría llegar con una experiencia política más orgánica para moverse dentro de las tensiones del Estado. Su paso por el Senado y su larga trayectoria de interlocución con gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales le otorgan herramientas distintas para enfrentar las dinámicas del poder institucional.

Sin embargo, sigue existiendo un problema de fondo. La Vicepresidencia en Colombia continúa siendo un cargo profundamente subordinado al presidencialismo. Su margen de acción depende menos de las funciones constitucionales formales que de la voluntad política del presidente, del acceso a recursos institucionales y de la correlación de fuerzas dentro del Gobierno. En otras palabras, ningún liderazgo social, por fuerte que sea, garantiza por sí mismo autonomía política.

Lo que realmente está en disputa

Una eventual Vicepresidencia de Aída Quilcué puede abrir un debate más profundo que el de la inclusión simbólica. Lo que estaría en discusión es la posibilidad de avanzar hacia una transformación plurinacional del Estado colombiano.

Eso implicaría cuestionar algunos de los pilares históricos sobre los que se ha organizado el poder en Colombia. En primer lugar, supondría repensar la concentración de soberanía en el Estado central. Los movimientos indígenas han defendido históricamente la necesidad de que sus pueblos y territorios tengan capacidad real de decisión sobre sus formas de gobierno, sus recursos y sus proyectos de vida. No se trata únicamente de descentralización administrativa, sino del reconocimiento de autonomías políticas y territoriales.

En segundo lugar, implicaría confrontar el modelo extractivista que ha estructurado gran parte de la economía colombiana. La expansión minera, petrolera y agroindustrial ha estado históricamente asociada al despojo territorial, la violencia y la destrucción ambiental. Desde las perspectivas indígenas y comunitarias, el territorio no es concebido como un recurso disponible para la acumulación económica, sino como un espacio de vida, memoria y equilibrio ecológico.

Esto conecta con un asunto más amplio sobre la relación entre territorio y capital. Durante décadas, el desarrollo ha sido entendido principalmente desde la lógica del crecimiento económico y la rentabilidad. Las perspectivas comunitarias cuestionan esa racionalidad y proponen otras formas de relación con la tierra, donde el cuidado colectivo y la sostenibilidad de la vida ocupan un lugar central.

Aparece aquí el problema del pluralismo jurídico. Aunque la Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y algunas formas de jurisdicción especial, en la práctica el Estado colombiano mantiene una estructura jurídica homogénea y centralizada. Avanzar hacia un reconocimiento efectivo de sistemas propios de justicia implicaría redistribuir el poder normativo y aceptar que existen múltiples formas legítimas de producir derecho y autoridad.

Finalmente, está el dilema de la representación política misma. Las formas organizativas indígenas y comunitarias suelen basarse en lógicas colectivas de decisión, asambleas, consensos, autoridades rotativas, que no encajan fácilmente en el modelo liberal de democracia representativa centrado en individuos, partidos y elecciones. En este punto, el problema deja de ser la inclusión de nuevos actores dentro del Estado para interrogarse sobre algo más radical, como es la posibilidad de transformación del modelo estatal sin desprenderse de sus fundamentos liberales.

Resistencias y límites del cambio

Las resistencias frente a un proyecto de esta naturaleza serían profundas. La experiencia latinoamericana reciente muestra que los intentos de transformación plurinacional suelen enfrentar rápidamente límites institucionales, disputas económicas y procesos de desestabilización cuando cuestionan estructuras históricas de acumulación y soberanía.

Por ello, el futuro de una eventual Vicepresidencia de Aída Quilcué no dependería únicamente de su legitimidad social, sino de la disposición real del progresismo colombiano a redistribuir poder dentro del Estado. El riesgo ya lo conocemos, la inclusión de liderazgos sociales puede volver a convertirse en un mecanismo de integración simbólica sin transformación estructural.

En ese sentido, el principal desafío no recaería únicamente sobre Aída Quilcué, sino sobre el propio progresismo colombiano. No se trata solo de saber si está dispuesto a incorporar liderazgos sociales en posiciones de poder, sino si está dispuesto a compartir poder con los movimientos territoriales, indígenas, afrodescendientes y populares que han sostenido buena parte de sus victorias electorales.

La discusión que hoy se abre con la posible llegada de Aída Quilcué es, en realidad, mucho más profunda que un simple relevo de liderazgos. Lo que está en juego es si el progresismo colombiano está dispuesto a transformar realmente las estructuras históricas del poder estatal, o si continuará incorporando a los movimientos sociales únicamente en la medida en que no cuestionen los fundamentos sobre los que ese poder ha sido construido.

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