Kakistocracia

La kakistocracia deja un Estado degradado por la mediocridad de quienes lo gobiernan, deteriora el lenguaje público, envilece la función administrativa y acostumbra al país a que gobernar sea improvisar, polarizar, presionar y mandar sin verdadera responsabilidad institucional.

La kakistocracia se define como un sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por los peores o menos cualificados, ya sea en términos de ética, competencia o moralidad. En ese sentido, esta palabra define con precisión el gobierno de Gustavo Petro. Se habla de los peores no como desahogo retórico, ni como insulto coyuntural, sino de los peores para ejercer el poder con prudencia, sentido de Estado, respeto por las reglas y responsabilidad institucional. Lo que Colombia ha visto en 1.345 días no ha sido simplemente un gobierno malo. Ha sido algo más dañino, ha sido la instalación de una forma de mando en la que la incompetencia, la obediencia política y la improvisación han terminado colonizando el aparato público.

El estilo de poder: confrontación, personalismo e improvisación

El presidente Petro encarna esa lógica desde la cúspide. Su manera de gobernar no descansa en la construcción paciente de institucionalidad, ni en la confianza en equipos sólidos, ni en la deliberación técnica como soporte de la decisión pública. Por el contrario, descansa en la agitación permanente, en la confrontación como método, en la personalización del poder y en la tendencia a convertir cualquier límite institucional en una afrenta política. Este estilo, por sí solo, ya es problemático. Pero el daño mayor aparece cuando esa forma se irradia hacia abajo y moldea el gabinete, a los altos funcionarios y a la administración en su conjunto.

La degradación del gabinete: de técnicos a activistas 

Por eso el problema no es solo el presidente Petro. Son también sus ministros, cada vez más alineados con ser activistas del proyecto presidencial que con responsables técnicos del sector a su cargo. Son funcionarios que no parecen llamados a administrar con autonomía, criterio y rigor, sino a ejecutar disciplinadamente la voluntad política del jefe de Estado. Son cuadros de gobierno seleccionados no por la calidad de su formación o la densidad de su experiencia, ni por su conocimiento del sector, ni por la solvencia administrativa, sino por su utilidad ideológica, obediencia y disposición a militar desde el cargo. Y cuando eso ocurre, como ya ha ocurrido, la administración deja de ser gobierno y empieza a convertirse en aparato de adhesión. 

La kakistocracia no consiste únicamente en nombrar mal. Consiste también en alterar toda la lógica del Estado para que gobernar mal no tenga un costo interno. En un gobierno así, como el actual, la técnica ha perdido su voz, la prudencia se ha vuelto sospechosa, la advertencia experta se ha interpretado como resistencia y el servilismo político se ha convertido en el principal criterio de elección. Poco a poco, las instituciones han dejado de funcionar como estructuras relativamente estables y han pasado a operar como extensiones del ego presidencial. Lo que debería estar regido por reglas y competencias ha terminado sometido a impulsos, caprichos, fidelidades y urgencias políticas. 

La degradación institucional 

El deterioro institucional es tal que el ecosistema del poder ha dejado de valorar aquello que lo sostiene: la idoneidad, la previsibilidad, la contención, el respeto por los procedimientos, la autonomía relativa de las entidades y la noción básica de que el Estado no es un organismo servil al deseo del gobernante de turno, sino que su existencia se da más bien para limitarlo. Una kakistocracia, por definición, no puede convivir cómodamente con instituciones fuertes; por el contrario, necesita doblegarlas, capturarlas, ocuparlas, minimizarlas, degradarlas o acabarlas.

Y eso es precisamente lo que ha venido aconteciendo. A 116 días de que termine el cuatrienio del presidente Petro, el país vive una de sus crisis más graves y complejas en materia social. La estatización del sistema de salud impulsada por la intervención a las EPS y su deterioro financiero, la contracción histórica y sostenida en la construcción de viviendas producto del aumento en los costos de materiales y cambios en los subsidios del programa Mi Casa Ya, y el rotundo fracaso de la política de Paz Total son solo una muestra de la degradación institucional provocada de manera intencional por el Gobierno. 

En materia económica, el panorama es menos alentador. El Gobierno enfrenta sus últimos días con un faltante presupuestal en el plan de gasto aprobado para esta vigencia y, pese a que desde el Ministerio de Hacienda se sigue adquiriendo deuda de corto plazo a tasas entre el 10% y el 14% para “financiar” el gasto, recientemente el presidente Petro ha vuelto a plantear la necesidad de implementar una tercera reforma tributaria. A esto hay que sumar la ya conocida confrontación con el Banco de la República, agravada tras el último incremento de la tasa de interés y el retiro del ministro de Hacienda de la reunión. Lo anterior no es solo una discusión de política económica, es una muestra de cómo el Gobierno reacciona cuando la institucionalidad no cumple sus deseos ni satisface sus egos.

En ese contexto, la compleja situación fiscal ha derivado en que la agencia calificadora Standard & Poor’s disminuyera la calificación de la deuda soberana de Colombia, al pasar de BB a BB-. Esta decisión no obedece a errores de gestión internos, sino a una forma de poder que posterga la disciplina, desconfía de las restricciones y termina trasladando a la institucionalidad los costos de su propia improvisación. El gobernante promete, compromete, confronta y presiona; luego las entidades, las reglas y el presupuesto tienen que acomodarse como puedan. Esa no es una anomalía secundaria del gobierno actual, es uno de sus rasgos centrales.

Lo mismo ocurre con el gabinete. Un gobierno serio se rodea de ministros capaces de introducir matices, resistencias, advertencias y criterios técnicos. Un gobierno kakistocrático prefiere voceros obedientes, ejecutores ideológicos, defensores cerrados del relato oficial. Allí el ministro deja de ser un jefe de sector y se convierte en una prolongación política del presidente. Esa degradación del gabinete produce no solo mala gestión, sino algo peor: elimina los filtros internos que cualquier Estado necesita para protegerse de su propio poder.

Y cuando los filtros desaparecen, el daño se multiplica. Las entidades pierden autonomía práctica. Los procedimientos se vuelven estorbos. Los contrapesos son tratados como enemigos. Los órganos técnicos empiezan a ser observados con sospecha. Las diferencias internas no se procesan como parte normal del Gobierno, sino como deslealtades. Bajo esa lógica, la institucionalidad no se derrumba de un día para otro; se desgasta. Pierde espesor, credibilidad y dignidad. Se vuelve más frágil, más dependiente y expuesta al capricho.

El saldo: degradación del lenguaje público y de lo público 

Ese es, al final, el verdadero saldo de la kakistocracia. No solo deja malas cifras, malos nombramientos o malas políticas. Deja algo más profundo: un Estado degradado por la mediocridad de quienes lo gobiernan. La kakistocracia deteriora el lenguaje público, envilece la función administrativa y acostumbra al país a que gobernar sea improvisar, polarizar, presionar y mandar sin verdadera responsabilidad institucional. Normaliza la idea de que la técnica es sospechosa, que el mérito es secundario y que los límites democráticos son obstáculos políticos.

Por eso el juicio sobre el gobierno del presidente Petro no debería agotarse en sus promesas incumplidas, sus peleas diarias o sus fracasos de gestión. Todo eso importa, desde luego. Pero hay una cuestión más grave: el tipo de poder que ha encarnado. Un poder que premia la obediencia por encima de la capacidad, que reemplaza la administración por la agitación, que convierte la confrontación en forma de gobierno y que deja las instituciones más débiles de cómo las encontró. Eso tiene un nombre. Y ese nombre, por incómodo que resulte, es kakistocracia.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.