Cuando el tablero es desigual: el salario mínimo en el juego de la economía colombiana

La negociación descansa en las buenas intenciones del presidente, que espera no solo que los trabajadores lleguen al GO con lo suficiente, sino que revitalice el juego beneficiando incluso a los grandes cacaos.

Hace más de un siglo nació para el entretenimiento, y por supuesto, para la reflexión, el famoso juego de Monopoly; su creadora, Lizzie Magie, buscaba llamar la atención del público estadounidense sobre la importancia de las leyes antitrust, que trataron de frenar a los Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Donald Trump de su época, los ídolos del actual presidente norteamericano, que al ponerse su gorra de America great Again, no piensa restaurar el orden próspero de mediados del siglo XX de ese país, donde la clase trabajadora empleada al máximo y bien remunerada constituía el motor de la economía, sino, persigue restaurar la vieja gloria de Carnegie, Rockefeller  y J. P. Morgan de finales del siglo XIX. 

Este divertido juego tiene un mensaje clave de su creadora, ello está en las dos posibles soluciones del mismo; una, competitiva, donde un solo jugador acapara todo, vence a sus opositores y vuelta a vuelta los termina postrando; la otra entiende que a quien postras es a tu hermano, a tu mamá o tu amigo, y que no vale la pena hacerlo, de hecho, resultaría más conveniente redistribuir las fichas o ajustar algunas de la reglas para que se pueda continuar disfrutando del juego, una situación que incluso le conviene al Rockefeller de tu familia, porque todos tenemos alguien así cerca, jaja, para que las múltiples vueltas por GO disparen su fortuna. 

Entre el Monopoly y el mercado laboral: dos visiones de la economía

Ambas soluciones del juego se manifiestan en el mundo laboral, en lo que se denomina políticas de plena empleabilidad y pleno empleo. La primera representa la postura de los magnates ricos, que percibe la subida del salario como un problema de costo empresarial y entiende que el problema del empleo es responsabilidad individual del trabajador, que debe procurar capacitarse y mantenerse competitivo; mientras que la segunda entiende que el aumento salarial efectivamente incrementa los costos de las empresas, pero a su vez, eleva la demanda total de la economía cuando la clase trabajadora compra bienes masivamente, alimentando la ventas, y por ende las ganancias de los empresarios. En ese sentido, los trabajadores son creadores de puestos de trabajo si el segundo efecto prima sobre el primero. Además, bajo este enfoque el problema de empleo no es individual sino macroeconómico, por lo que se entiende que existe una responsabilidad colectiva en la creación de puestos de trabajo que debe manifestarse en la acción del Estado.

El más reciente comentario del actual ministro del trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, basándose en un estudio de la OIT que estima que el salario mínimo en Colombia debería estar sobre tres millones de pesos, habla de las intenciones del gobierno de Gustavo Petro de incrementar la remuneración mínima legal de los trabajadores colombianos por encima de la inflación, no solo para mantener el poder adquisitivo del salario, sino para que ese ingreso constituya una forma de acceder a un estándar de consumo “digno” en rubros como alimentación, vestuario, entre otros bienes y servicios. 

Negociación salarial: tarea pendiente del modelo económico colombiano

En Colombia la negociación del salario mínimo, aún bajo la administración de Gustavo Petro, se realiza bajo una regla de economía que estaría perfectamente alineada con las explicaciones de Milton Friedman sobre la distribución del ingreso personal, donde se restringe el crecimiento de esta variable al incremento de la inflación más la productividad. De hecho, en la práctica el cálculo de productividad termina condicionando toda la negociación, prima la idea de los seguidores del economista de la escuela de Chicago, donde el pago al trabajo debe corresponder con su aporte o contribución medida en productividad, que es una forma de establecer un rasero de salario justo, además de señalar que el problema del salario es un problema tecnológico, y no uno de relaciones de poder y pugnas distributivas dentro de la sociedad. 

Como se observa en la gráfica 1, que describe la tasa de crecimiento del salario mínimo legal (SML), el nivel general de precios y la productividad, el SML aumentó más que la inflación desde 2010, excepto en 2015 y los años tres posteriores a las cuarentenas del covid-19. El dato preocupante es la productividad que casi no crece e incluso toma valor negativo en algunos periodos. No es un buen dato pues habla de las limitaciones estructurales de la economía colombiana, quizás mostrando dependencia de productos primarios o poco diversificados, dificultades para avanzar hacia productos de mayor valor agregado, lo que se ve en el puesto mediocre del Atlas de la Complejidad económica, donde ocupamos el puesto 65 en 2023, entre 130 países. Pero también el cálculo del crecimiento de la productividad puede ser un reflejo de cómo se maneja ese indicador como mecanismo de economía política, pues dependiendo de quién teclee el computador, impondrá o pedirá revisión del resultado para presionar la negociación del SML en la dirección que le convenga, sea como como representante de los gremios o de los trabajadores. 

Por supuesto, esta forma de negociación no contempla ningún tipo de estimación del impacto del salario en variables macroeconómicas como el impulso a la demanda efectiva total de la economía, y sus impactos en la tasa de crecimiento del PIB, la capacidad de creación de puestos de trabajo, el impacto en la balanza de pagos o en el nivel de inflación. Tampoco tiene en cuenta una vieja pregunta del célebre economista Adam Smith, también conocida en la actualidad como la Ley Kaldor Veerdon, que busca mirar el impacto del mismo crecimiento sobre la productividad; lo importante de este indicador es que para la negociación del SML, significaría que la restricción no se impondría desde el monto de la productividad, sino de la capacidad que tiene el salario de impactar la demanda agregada de bienes, y, a través de ella, estimular la producción junto al empleo y, por ende, al estímulo que tienen las empresas de adoptar procesos productivos más sofisticados al atender un mayor volumen de ventas, es decir, productividad.

Tampoco sabemos, o por lo menos no se contempla en la negociación, el impacto del SML sobre el volumen total de salarios de la economía, que debería ser un ejercicio importante no solo para mirar el impacto del salario para ampliar el tamaño del mercado interno, sino para ver la heterogeneidad del impacto de la subida del SML en una sociedad excluyente, donde solo cerca del 15% de los trabajadores formales se verían beneficiados directamente, y ni qué hablar del impacto en el mercado informal de trabajo. 

Una política salarial con límites: riesgos para la economía colombiana abierta y desigual

En la gráfica 2, podemos ver el monto total de salarios de la economía de Estados Unidos y Colombia en proporción al ingreso total de la sociedad. Una cosa que se observa es la diferencia de la participación del salario en cada escenario; para ellos, el monto promedio alrededor del 60% (escala izquierda de la gráfica), mientras que para nosotros oscila alrededor del 34% (escala derecha de la gráfica). Eso habla del motor de crecimiento que constituye en el mundo industrial de Estados Unidos un aumento salarial, es decir, una mejor paga a los trabajadores puede elevar las ventas de las empresas norteamericanas e incrementar al tiempo las ganancias empresariales y el empleo. Mientras que en nuestro caso el aumento del salario tiene la mitad del impacto, y por ello, los motores del crecimiento constituyen la exportación de materias primas, y no una fuerza de trabajo bien remunerada que estimule la producción interna. Sumado a ello, en ausencia de una política industrial y de desarrollo productivo, el aumento del SML puede irse a mayores compras en Temu y otros cachivaches, lo que deteriora la posición de la balanza de pagos, además de efectivamente generar algunas presiones inflacionarias. 

Asimismo, la gráfica 2 muestra el deterioro persistente de la clase trabajadora de Estados Unidos, que desde 2010 ha alcanzado un nivel históricamente bajo en los últimos setenta años. En ese sentido, confirma una aseveración de otro economista ilustre, Max Neef, quien tituló alguno de los capítulos de sus libros “Estados Unidos un país en vías de subdesarrollo”. Esto se materializa en otro sobrevalorado especulador, el conocido Warren Buffet, quien dijo al New York Times en 2006: “Sí hay lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. 

En nuestro contexto, podría justificarse mantener un salario deprimido para elevar la competitividad de nuestras manufacturas a nivel internacional, pero en ausencia o declive persistente de la industria, es solo un mecanismo que mantiene frenada la actividad económica, y disciplinar la mano de obra, condenándola al desempleo y la informalidad. 

Desprovisto de un arsenal técnico y teórico que sustente impacto del incremento del SML en muchos frentes, y con bajo capital político para hacerlo, la negociación descansa en las buenas intenciones del presidente, que espera no solo que los trabajadores lleguen al GO con lo suficiente, sino que revitalice el juego beneficiando incluso a los grandes cacaos. 

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