Inflación y prejuicio: el laberinto del banquero central

Este artículo es una reacción directa a la decisión adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República, que optó por elevar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria como mecanismo para contener la inflación, en respuesta al repunte de las expectativas inflacionarias.

Sabiamente, el profesor Steve Keen ha escrito que la devoción esclava a determinados conceptos conduce a los economistas a posiciones políticamente reaccionarias e intelectualmente contradictorias. Pocas discusiones ilustran mejor esta afirmación que el debate contemporáneo sobre la inflación. Quizás esta situación pueda retratarse a través de la célebre novela Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, donde algunos de sus personajes parecen calzar, con inquietante precisión, los zapatos del banco central moderno.

Por un lado, el señor Darcy confunde el estatus con la virtud, una metáfora útil para describir cómo el tecnicismo económico suele confundir el formalismo con la verdad. Algún economista más sensato decía que prefería estar más o menos en lo cierto antes que equivocarse con precisión. En ese sentido, el orgullo no impide actuar, impide dudar. Por otro lado, Elizabeth Bennet juzga a Darcy a partir de relatos parciales, lo que refleja la preconcepción con la que muchas autoridades monetarias interpretan el origen de la inflación. Su discurso suele estar anclado en una visión reduccionista que explica el fenómeno como resultado exclusivo del exceso de demanda, del crecimiento de los salarios o de la expansión monetaria, lo que conduce casi automáticamente a la prescripción de políticas monetarias contractivas como respuesta privilegiada.

Más precisamente, este artículo es una reacción directa a la decisión adoptada el pasado viernes 30 de enero por la Junta Directiva del Banco de la República, que optó por elevar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria como mecanismo para contener la inflación, en respuesta al repunte de las expectativas inflacionarias. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico subyace una reacción preventiva ante el aumento del salario mínimo del 23% anunciado para finales de 2025, en la que el orgullo del tecnicismo y el prejuicio teórico y político parecen imponerse antes que la duda razonable. El propósito de estas líneas es cuestionar esa decisión desde tres ángulos: el papel que desempeña un banquero central en una economía en desarrollo, el diagnóstico inflacionario que la sustenta, y los instrumentos utilizados para enfrentarla, junto con sus efectos colaterales.

El papel de la banca central en una economía en desarrollo 

Conviene recordar, en primer lugar, que las funciones de la banca central no han sido históricamente exclusivas del control de la inflación. Su papel ha sido mucho más amplio y, sobre todo, profundamente pragmático. La Reserva Federal de Estados Unidos surgió a comienzos del siglo XX no como una institución obsesionada con la estabilidad de precios, sino como respuesta a la inestabilidad financiera generada por el experimento de banca libre, que había demostrado la fragilidad inherente al sistema financiero. De manera similar, en Inglaterra, Walter Bagehot identificó tempranamente la necesidad de un prestamista de última instancia, capaz de emitir dinero para evitar colapsos sistémicos ante crisis de liquidez o incluso de solvencia. ¿Inflación? No. Se trataba de preservar el sistema de pagos y, con ello, el funcionamiento de la economía real. La historia también ofrece una advertencia elocuente: privilegiar políticas recesivas en nombre de la ortodoxia monetaria terminó desembocando en el gran colapso de 1929.

En Colombia, esta tensión no es ajena. En 1999, la Corte Constitucional señaló explícitamente que el mandato de preservar el valor adquisitivo de la moneda debía ejecutarse considerando otros objetivos económicos como el crecimiento y el empleo. Esta advertencia no fue retórica. En el intento de reducir la inflación a un solo dígito durante los años noventa, objetivo alcanzado en el año 2000, la economía colombiana experimentó un deterioro profundo: la tasa de desempleo pasó del 7,8% en 1993 al 18,3% en 1999, mientras el PIB se contrajo 4,4%, el peor registro histórico hasta los confinamientos derivados de la pandemia de covid-19. Frente a esta experiencia, los guardianes de la inflación palidecerían si recordaran que países como Estados Unidos, Alemania y China han utilizado la banca central no solo para enfrentar crisis económicas, sino también para respaldar procesos de desarrollo productivo mediante la banca pública.

Las causas de la inflación 

En segundo lugar, aparece el nuevo mantra de la macroeconomía: el control de la inflación. Nadie niega que la inflación es un problema grave cuando supera ciertos umbrales y comienza a entorpecer el funcionamiento normal de la economía, como lo muestran experiencias recientes en Argentina y Venezuela. Sin embargo, el punto crucial no es solo reconocer sus efectos, sino comprender su origen y los mecanismos mediante los cuales se transmite y se propaga. La explicación dominante, popularizada por Milton Friedman bajo la consigna de que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, reduce el problema a un exceso de dinero y de demanda, generalmente asociado a una intervención estatal desbordada. Esta visión, no obstante, resulta demasiado estrecha para dar cuenta de la complejidad de los procesos inflacionarios contemporáneos.

La inflación también puede originarse en depreciaciones cambiarias que encarecen los bienes importados, en el aumento de los precios de insumos energéticos como el petróleo, en cuellos de botella productivos, en conflictos geopolíticos o en incrementos de los márgenes de ganancia de grandes corporaciones. Ignorar estas dimensiones conduce a diagnósticos incompletos y, por ende, a respuestas de política que terminan atacando los síntomas antes que las causas.

En el contexto actual, el mayor temor parece ser que el aumento del salario mínimo presione los costos empresariales y se traslade a los precios finales. Este riesgo existe, pero no es el único efecto posible. El aumento salarial también puede expandir la demanda agregada y estimular la inversión, la productividad y la ampliación de la capacidad productiva, en la medida en que las empresas busquen captar más clientes. No se trata, entonces, de una demanda que crezca sin correspondencia en la producción a corto y a largo plazo.

Más aún, el incremento del salario mínimo refleja un cambio en las relaciones de poder en la economía colombiana. Por primera vez, un gobierno declara explícitamente su intención de defender los ingresos de la clase trabajadora. En este contexto, la reacción de los precios y, de forma anticipada, de la política monetaria no es otra cosa que la expresión de una pugna distributiva entre sectores rentistas, empresarios y trabajadores, incluidos los pequeños y medianos negocios. Esta disputa revela, además, una tensión más profunda: el tipo de economía que se reproduce bajo cada esquema de distribución del ingreso. Por ejemplo, históricamente, Colombia ha sido una economía alimentada por rentas, en particular las derivadas de los recursos naturales, donde la prosperidad de los negocios no dependía del poder adquisitivo de los colombianos. Así, la economía podía “ir bien” mientras el país iba mal. En contraste, un aumento del salario mínimo, si viene acompañado de políticas de desarrollo productivo, puede sentar las bases de un mercado interno más dinámico, sustentado en pequeños y medianos productores, que, además, son los principales generadores de empleo. El desafío no es producir más utilidades financieras, sino más empleo y más producción.

El control de la inflación 

Finalmente, si se asume que la inflación es únicamente un problema de demanda y que la estabilidad de precios conduce automáticamente al pleno empleo y a la estabilidad financiera, el instrumento elegido, casi sin discusión, es la tasa de interés. En economías periféricas este camino está lejos de ser neutro. La subida de la tasa puede atraer capitales de corto plazo y apreciar la moneda, lo que reduce transitoriamente la inflación, pero al mismo tiempo debilita las exportaciones, estimula las importaciones y frena el crecimiento a largo plazo. Estos efectos se refuerzan a través del canal tradicional de contracción del crédito, la caída de la inversión y los retrocesos en sectores intensivos en empleo, como la construcción.

Más grave aún, cuando esta estrategia se aplica de manera recurrente, el temor inflacionario termina por apagar los motores del crecimiento de forma permanente. La evidencia reciente es clara: las desinflaciones inducidas por políticas monetarias contractivas generan pérdidas persistentes de actividad económica y efectos de histéresis, con costos distributivos que recaen de forma desproporcionada sobre los hogares más pobres, mientras que la tasa de interés eleva la renta financiera de quienes concentran portafolios y riqueza financiera. 

La discusión no es si el Banco de la República debe ser independiente, sino si sus objetivos pueden seguir siendo tan estrechos. La independencia técnica es necesaria; la independencia frente al debate democrático, no. Sin una revisión de prioridades, el control inflacionario corre el riesgo de convertirse en un dogma que reproduce, una y otra vez, el mismo prejuicio.

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