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Renovación Urbana del CAN: un negocio turbio

Escrito por Sergio Fernández
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Sergio_Fernandez_RazonPublicaBOGOTA

Lo que faltaba: el gobierno nacional y grandes constructores preparan una gigantesca intervención de renovación urbana.  La Universidad Nacional está amenazada.  Los barrios aledaños también.  El Concejo tiene la última palabra: todo depende del nuevo POT. 

Sergio Fernández*

Un gran negocio

A la crisis financiera que azota a la universidad pública más importante del país, ahora se suma el riesgo de perder parte de los terrenos del campus de la sede Bogotá, por cuenta del Plan de Renovación Urbana del CAN.

Se trata de un ambicioso proyecto estructurado por el gobierno nacional con el propósito de reemplazar las construcciones del actual Centro Administrativo Nacional (CAN) por un complejo de oficinas oficiales y zonas residenciales y comerciales, con inversiones estimadas en cerca de 12 billones de pesos , que se ejecutarán a lo largo de los próximos de 30 años.

Sergio Fernandez CAN mercado
Centro Administrativo Nacional (CAN): su
ubicación ha atraído el interés del mercado.  
Foto: Angélica Zambrano @Anyelik

Documento demoledor

El 28 de marzo de 2011, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) expidió el documento 3694 “Lineamientos de Política y Estrategia Institucional para la Implementación del Proyecto de Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN)”, en donde se plantea la necesidad de “introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y las construcciones” del CAN.

Según lo señala el documento CONPES “ya no es rentable mantener los usos originales en un edificio por cuanto el terreno que ocupa, por su localización, ha aumentado de valor y se han incrementado las presiones para demolerlo y poner el terreno a su mejor y más provechoso uso”[1], es decir, tanto su tamaño, como su ubicación han atraído el interés del mercado.

El proyecto de renovación urbana del CAN afecta directamente a varias entidades públicas, cuya suerte aún está por definirse en el marco del proyecto. Las entidades oficiales con instalaciones dentro del CAN son las siguientes:

  • Universidad Nacional de Colombia;
  • Escuela Superior de Administración Pública (ESAP);
  • Policía Nacional;
  • Hospital Central;
  • Clínica del Niño;
  • Un edificio del Instituto de Seguros Sociales;
  • Ministerio de Educación Nacional;
  • Ministerio de Minas y Energía;
  • Ministerio Transporte;
  • Ministerio Defensa;
  • Ministerio Protección Social;
  • Instituto Nacional de Salud;
  • Un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF);
  • Industria Militar (Indumil);
  • Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE);
  • Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder);
  • Instituto Nacional de Vías (INVIAS);
  • Superintendencia de Industria y Comercio;
  • Superintendencia de Sociedades;
  • Registraduría Nacional;
  • Autoridad Marítima Colombiana (DIMAR). 
  • … y SAS

El 3 de noviembre de 2011, el gobierno nacional expidió el decreto 4184, que ordena la creación de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano – Virgilio Barco Vargas SAS, cuya misión es liderar la estructuración y la ejecución del plan de renovación urbana del CAN. La expedición del decreto definió los aspectos medulares para el desarrollo del proyecto, a saber:

Gina Parody, la Alta Consejera Presidencial para Bogotá, en plena misa prometió regresar con un documento jurídico que garantice la protección de los barrios aledaños al CAN.

La empresa Virgilio Barco Vargas se constituye como una “sociedad pública por acciones simplificada (SAS), del orden nacional, regida por el derecho privado, vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera”. 

No obstante, el artículo 4 autoriza a la empresa a emitir acciones que podrán ser adquiridas por particulares, en cuyo caso la empresa quedará constituida como una sociedad de economía mixta, en donde la Nación no podrá tener una participación inferior al 51 por ciento del capital social. 

Una vez constituida la empresa, se designó a Andrés Escobar Uribe como su gerente, quien venía de desempeñarse como gerente de Construcciones Planificadas S.A., empresa que integra toda la cadena de servicios inmobiliarios de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, con grandes intereses en el sector, a ambos lados de la Avenida Eldorado.
Área afectada por el proyecto

Como puede apreciarse en la Gráfica 1, de derecha a izquierda, los predios afectados por el proyecto no se circunscriben al CAN propiamente dicho. 

Dentro del área del proyecto también se incluyen:
– el edificio Uriel Gutiérrez,

– la Unidad Camilo Torres,

– la Clínica Santa Rosa de la Universidad Nacional

– y los terrenos circundantes a la Hemeroteca Nacional Universitaria, en el campus de la Universidad Nacional. 

El proyecto también abarca el predio de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC); 
Otro dos predios entre el Barrio el Greco y el CAN: uno perteneciente a la Beneficencia de Cundinamarca o al Hospital San Juan de Dios; otro, un humedal que hace parte del parque Simón Bolívar. 
y los barrios Salitre Greco y La Esmeralda, en su totalidad.

Gráfica 1 – Área afectada por el Plan de Renovación Urbana del CAN

Sergio Fernandez CAN renovacion

 

Sacando la uñas

La necesidad de dotar de herramientas a la empresa Virgilio Barco, llevó al gobierno de Juan Manuel Santos a promover la ley 1537, del 20 de junio de 2012, mediante la cual se dota a la empresa de una de las armas más fuertes de que dispone un Estado a fin de desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura.

Así, en el artículo 61 sobre las facultades para adquirir predios, se define que la adquisición podrá realizarse por “por enajenación voluntaria o decretar la expropiación por vía judicial o administrativa de inmuebles”.

Un hecho realmente grave: el riesgo de expropiación afecta a sectores importantes de la población de la capital y a entidades públicas, en favor de poderosos intereses privados, que no dejarán pasar una oportunidad tan suculenta.

Extraño procedimiento

El futuro del campus de la Universidad Nacional y de su clínica dependerá de esta decisión trascendental para toda la ciudad.

La reacción de los habitantes de los barrios El Greco y la Esmeralda no se hizo esperar: tras celebrar varias reuniones informativas, se organizaron y lograron que se realizara un debate abierto sobre el devenir de sus barrios.

A finales del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos comisionó a la Alta Consejera Presidencial para Bogotá — con instrucciones precisas de asistir a la misa del medio día y de la noche — con el propósito de convencer a la comunidad de que “La Esmeralda y el barrio Salitre Greco no se tocan”  y de que el nuevo CAN será el mejor vecino de ambos barrios.

Finalmente, la Alta Consejera Presidencial para Bogotá prometió regresar con un documento jurídico que garantice la protección de estos barrios por parte de la Nación.  Los feligreses aún la están esperando, obviamente. (Ver aquí el video de Gina Parody en la iglesia).

El poco ortodoxo procedimiento de enviar directamente a la Alta Consejera Presidencial a apaciguar los ánimos de los habitantes de El Greco y de la Esmeralda se repitió el 22 de octubre de 2012, pero esta vez en compañía del gerente del proyecto, Andrés Escobar, quien planteó la posibilidad de explorar la alternativa de excluir a los barrios El Greco y La Esmeralda. (Ver el video),

Por su parte, los vecinos del barrio La Esmeralda se han organizado en torno a Asovecinos Teusaquillo para defender sus viviendas.

De otro lado, el comité de Representantes Profesorales de la Universidad Nacional, el Comité de Representantes Estudiantiles de la Universidad Nacional, la Mesa Amplia Universitaria de la Universidad Nacional (referente de la MANE a nivel local) y varios funcionarios administrativos del Alma Mater han manifestado su preocupación.

 Los barrios El Greco y la Esmeralda  se organizaron y lograron que se realizara un debate abierto sobre el devenir de sus barrios.

Patrimonio cultural, material e inmaterial

Han comenzado a elevarse voces de protesta frente a un atentado contra la integridad del campus y a una violación flagrante de la autonomía universitaria.  En particular, la amenaza que se cierne sobre la clínica Santa Rosa afecta directamente a la comunidad universitaria, que por más de una década ha intentado revivir el hospital universitario que requieren profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad más importante del país.

El año pasado, la vicerrectoría de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, presentó un informe del estado actual de infraestructura en el campus de Bogotá, donde se estima en más de dos billones la inversión necesaria para ejecutar los proyectos de adecuación, reforzamiento, ampliación y remodelación de la sede Bogotá.

El esclarecedor informe señala que de los 129 edificios con que cuenta la sede Bogotá, 49 se encuentran en alto estado de vulnerabilidad estructural, 18 presentan un estado de vulnerabilidad medio-alto, 10 un estado de vulnerabilidad medio, 21 medio-bajo y solo 30 un estado de vulnerabilidad bajo.  Ante semejante diagnóstico, no resulta fácil de explicar por qué el gobierno nacional en reiteradas ocasiones ha respondido que “no hay recursos”.

El Plan de Renovación Urbana del CAN constituye otro episodio cargado de menosprecio frente a las universidades públicas colombianas de parte del gobierno de Juan Manuel Santos.

El año pasado, el rector Ignacio Mantilla señaló que la “Universidad no ha comprometido espacio físico alguno para este proyecto”[2] y no obstante el gobierno insiste en su propósito de afectar terrenos de la Universidad Nacional, mediante procedimientos discutibles.

Todo depende del nuevo POT

En abril de este año, el Concejo Distrital debatirá el nuevo proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital, que constituye el último eslabón normativo que falta para la estructuración jurídica del proyecto.

El futuro del campus de la Universidad Nacional y de su clínica dependerá de esta decisión trascendental para toda la ciudad. Mientras tanto, los habitantes de los barrios Greco y La Esmeralda cifran sus esperanzas en que surta tramite exitoso en el Senado el proyecto de ley 152 de 2012, mediante el cual se intenta modificar el decreto que los incluyó sin consulta previa en el Plan de Renovación Urbana del CAN.

Las jornadas de movilización por parte de la comunidad universitaria no se harán esperar: por ejemplo, el próximo 21 de marzo —  durante la jornada nacional de movilización convocada por la MANE bajo la consigna Gratuidad con calidad  — los estudiantes, los profesores, los trabajadores, las madres y los padres de familia denunciarán esta nueva amenaza en contra de la Universidad Nacional.

* Representante Estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia y Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE.  

twitter1-1@sergiofmane  ​

 

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