Camilo González, autor en Razón Pública
Foto: Wikimedia Commons - Después de 16 días de acciones, se han registrado movilizaciones multitudinarias, concentraciones, bloqueos y brutal represión ordenada por el gobierno central y ejecutada por la fuerza pública.

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Camilo Gonzalez Posso

Cali no es una ciudad sitiada por unos pocos; hay un levantamiento popular encabezado por la juventud y por muchos sectores del Valle y del Cauca.

Camilo González Posso*

Protestas y represión

En Cali hay una explosión social de escala macrorregional. Es la muestra condensada de lo que pasa en Colombia: una generación inconforme y superinformada no acepta la situación actual y, confrontada por métodos de guerra, persiste en la protesta para encontrar salidas del laberinto.

Durante estos 16 días de paro se han registrado movilizaciones multitudinarias, concentraciones y bloqueos; por otro lado, la brutal represión ordenada por el gobierno central y ejecutada por la fuerza pública.

En medio de esta situación, las causas y exigencias de fondo siguen presentes, aunque las noticias las silencien por momentos:

  • 33 personas fueron asesinadas en las protestas; 17 de ellas, presuntamente, a manos de agentes del Estado.
  • 220 jóvenes detenidos y 168 desaparecidos, según Cuestión Pública.
  • Centenares de heridos.
  • Más de 150 establecimientos saqueados.

Y para completar el panorama de violencia, hay decenas de civiles armados, encabezados por políticos de ultraderecha y extraquetos que patrullan, disparan y asesinan.

Una macroregión y varias luchas

En Cali confluyen movilizaciones de indígenas, afros y campesinos del norte del Cauca, se unen a las explosiones sociales, así como a las protestas en Buenaventura y en casi todos los municipios del Valle y del Cauca. Esta interconexión de procesos sociales no es nueva: durante las últimas décadas las protestas y paros han sido una constante en Buenaventura y en el Cauca.

Las imágenes en las redes sociales y en la televisión se han concentrado en Cali, incluyendo la presencia de la minga indígena entre el 2 y el 12 de mayo. Pero la insubordinación repercute sobre todo esa macrorregión, que abarca en el primer anillo a 17 municipios del norte del Cauca y a los 42 del departamento del Valle del Cauca.

Con la excusa del “vandalismo”, se ha tratado de justificar la “asistencia militar” y la militarización de la policía; también se ha excusado la presencia de grupos armados terroristas en las movilizaciones y bloqueos.

Esta macrorregión es una realidad económica, social y cultural. En ella vivimos los 2,3 millones de habitantes de Cali, junto con otros 2 millones de vallunos y 400.000 nortecaucanos; entre estos últimos, el 80 % son afrocolombianos, indígenas, campesinos, que habitan en centros urbanos como Quilichao y Puerto Tejada.

La población caleña aumentó un 120 % entre 1980 y 2010, a causa de la migración y del desplazamiento forzado desde el Pacífico, el Cauca y el propio valle del río Cauca. Hoy, en Cali, la mezcla de culturas es tal que tenemos seis cabildos indígenas; también se encuentran grupos urbanos articulados a los palenkes, consejos comunitarios y otras organizaciones de población afrodescendiente de los dos departamentos.

Todo el corredor que comprende el primer anillo, hasta el Pacífico, es la subregión de Colombia con mayor concentración de población negra. Hacia la cordillera central se encuentra el territorio de los pueblos indígenas, que le aportan a la gente de Cali una parte significativa de su canasta nutricional.

Cali y Buenaventura son el puerto más importante de Colombia en el Pacífico; Valle y el norte del Cauca son un centro agroindustrial y de intercambio cultural. Todos los días, decenas de miles de nortecaucanos viajan a Cali y sus cercanías a trabajar, estudiar, comprar o vender; además, en el norte del Cauca se instalaron centenares de empresas cuya sede está en Cali, desde donde viajan todos los días sus ejecutivos y miles de trabajadores.

Entonces no es casual que, así como la insubordinación social en Cali ha conformado una red de puntos de encuentro de jóvenes que permanecen en el paro por semanas, ocurra lo mismo en muchos municipios del Valle y en toda la región nortecaucana.

Por lo tanto, no es cierto que Cali sea una ciudad hoy sitiada por bloqueos y protestas de unos pocos, pues es un levamiento popular encabezado por la juventud y por muchos sectores que se concreta en control territorial, control de vías y carreteras en toda la macrorregión.

En esa red unida por hilos invisibles, las demandas son comunes y, también, los símbolos de la inconformidad. Las movilizaciones transcurren con ritmo de bastones, salsa y chirimía; con son de feria y de festival del Petronio, que reúne cada año a centenares de miles que vienen a reafirmar su identidad afrodescendiente y su encuentro entre culturas.

Foto: Lluvia de Orión - Ha sido evidente que el abuso de la fuerza se ha aplicado a la protesta pacífica y al tratamiento violento a los jóvenes de los barrios populares.

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Respuesta militar y paramilitar

Con la excusa del “vandalismo”, se ha tratado de justificar la “asistencia militar” y la militarización de la policía; también se ha excusado la presencia de grupos armados terroristas en las movilizaciones y bloqueos.

Aun así, es obvio que se ha abusado de la fuerza contra la protesta pacífica y contra los jóvenes de los barrios populares que se mantienen en los puntos de concentración.

Desde puntos como Puerto Resistencia, Siloé, La Luna, La Loma, Paraíso y Terrón, los jóvenes han rechazado los saqueos, peajes y acciones violentas.

La guardia indígena llegó a respaldar las demandas; apoyó el autocontrol y protegió las manifestaciones pacíficas. Así lo ha hecho desde hace décadas y lo hizo, con gran acogida, durante el paro de noviembre de 2019.

Pero en esta ocasión su llegada a Cali encontró una resistencia organizada por civiles armados, que dispararon a matar e hirieron a nueve comuneros. Políticos de ultraderecha encabezaron los ataques y la campaña racista contra la presencia de indígenas en la protesta en Cali.

Los excesos del ESMAD en Popayán han desatado la protesta; también, acciones violentas como el incendio de la URI muestran el peligro de actos destructivos sin control si continúa la represión y no se abren espacios de diálogo.

Sin embargo, la respuesta brutal y paramilitarizada no ha sometido a los jóvenes y sectores que siguen activos en el paro en Cali.

Entre tanto, la represión ha sido el factor clave para desatar nuevas protestas en 11 municipios del Valle —Buga incluido— y en el Cauca —desde el norte del departamento hasta el alto Patía—.

En Popayán hubo un levantamiento general cuando se acusó a la Policía por el abuso de dos niñas y al ESMAD por el asesinato de un joven estudiante. Después de estos hechos, se suicidó una de las niñas presuntamente abusadas.

Lea en Razón Pública: Represión: ¿la única respuesta?

Entre negociación, bloqueos y pandemia

El diálogo y la negociación con el Comité Nacional del Paro se abren camino en la tercera semana de movilizaciones. Pero faltan concertaciones directas con diversos municipios y sectores, como las asambleas de comunas en Cali. Otros sectores —como los camioneros, los ambientalistas, indígenas, afros, cocaleros, campesinos, excombatientes y defensores del derecho a la salud— no se sienten representados por el pliego de emergencia del comité nacional.

Los excesos del ESMAD en Popayán han desatado la protesta; también, acciones violentas como el incendio de la URI muestran el peligro de actos destructivos sin control si continúa la represión y no se abren espacios de diálogo.

El paro puede encontrar algunas respuestas de emergencia. En lo inmediato, además de la multiplicidad de pliegos, se enfrenta al reto de equilibrar la presión que ejerce sobre el gobierno con la justificada angustia de muchos sectores por el desabastecimiento causado por los bloqueos.

Se anuncia una nueva jornada nacional el 19 de mayo; se recrudecerán la represión y la indignación en el suroccidente y en regiones del Huila, Caquetá, Meta, Catatumbo y Risaralda. Hay un amplio margen para la incertidumbre en este contexto de turbulencias y de expresión de poderes desde los sectores insubordinados.

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Camilo González

* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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El ataque a un establecimiento público con un vehículo bomba nos devuelve a épocas oscuras y muestra que, aunque son pequeñas, las disidencias de las Farc no son despreciables. Por Camilo González Posso.
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* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Facebook Indepaz Líderes sociales en peligro

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Camilo Gonzalez Posso

Estas son las maromas aritméticas, conceptuales y administrativas que ha hecho el gobierno para restarle importancia al asesinato de líderes sociales.

Camilo González Posso*

Un pequeño porcentaje

El 10 de febrero, la organización Human Rights Watch publicó un informe sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia y sobre la respuesta lenta y deficiente del gobierno nacional.

Al día siguiente, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de esta organización, se reunió con el presidente Duque para presentar el informe. Después del encuentro, Vivanco dijo que “la reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”.

Aunque no se conocen los detalles de la conversación, se sabe que Duque quiso restarles importancia a las cifras que presentó Human Rights Watch. Según el presidente, en Colombia hay ocho millones de líderes sociales porque esa es la cantidad de miembros que tienen las Juntas de Acción Comunal. En ese escenario, el gobierno considera que las cifras de asesinatos de líderes —más de 400 desde 2016, según Human Rights Watch— no son tan altas.

Cuando el actual fiscal general Francisco Barbosa era consejero presidencial para los Derechos Humanos también hacía ese tipo de cuentas engañosas para dar tranquilidad. En esas cuentas, 450 personas asesinadas en cuatro años pesan menos del 0,006% del supuesto universo de líderes defensores de derechos humanos.

Vivanco dijo que “la reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”.

Pero Vivanco ha insistido en que no se pueden confundir ambas figuras, pues hacer parte de una organización de base o una organización no gubernamental (ONG) no necesariamente es lo mismo que ser un líder social. ¿Y qué decir del porcentaje que representan las 76 masacres que ocurrieron en 2020, según la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Aquí no cabe el uso de la aritmética para trivializar los graves abusos contra la vida de las personas.

Ese curioso manejo de los números por parte del gobierno se ha vuelto costumbre cada vez que se habla de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Con esa lógica, no sería extraño que cuando se debata sobre las muertes por COVID-19, algún matemático de la Casa de Nariño le recomiende al presidente que divida el número de muertes entre el censo de población, lo que le permitiría decir, para comenzar su discurso, que el total de muertes representa apenas el 0,1% de los colombianos.

Desde Brasil, Jair Bolsonaro podría agregar que no hay que alarmarse, pues los dos millones de muertos en el mundo son menos del 0,025% del total de los seres humanos vivos en 2021, una cifra apenas comparable con el porcentaje de los muertos en la Segunda Guerra Mundial.

Es claro que Duque no es tan corto de entendimiento como para seguir una ocurrencia semejante al evaluar los efectos de la pandemia. Entonces, ¿por qué aplica la misma lógica cuando se trata del asesinato de líderes o las cifras de masacres en Colombia?

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica Parece que el presidente quiere minimizar la gravedad de los asesinatos de líderes sociales.

Puede leer: Líderes sociales en Colombia: asesinados y calumniados

¿Esconder cifras o reducir asesinatos?

Hace unas semanas, el presidente Duque anunció que la Fiscalía General de la Nación unificaría y tendría el monopolio de las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia.

Para el gobierno, haber llegado al 63,08% en “esclarecimiento” es el mejor indicador de efectividad de la respuesta estatal ante los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Pero, en realidad, esa cifra corresponde a los avances en investigación en la Fiscalía General, es decir, al registro de casos que tienen algún trámite de investigación, imputación de cargos, orden de captura, preclusión, traslado de jurisdicción, etc.

Ese agregado lo confunden con lo que sí es “esclarecimiento”, es decir, casos en los que existe una sentencia condenatoria. Una cosa es avanzar en investigar y otra es identificar mediante una sentencia judicial a los responsables. Con los datos de la Fiscalía, a diciembre 2020, apenas nueve casos de asesinatos de líderes han tenido sentencia, lo que representa apenas cerca del 2% del total.

El otro truco con el que se manipulan las cifras consiste en desconocer los registros de la Defensoría del Pueblo, que son más completos que los de Naciones Unidas, por la mayor cobertura de la entidad. Desde el gobierno anterior, la información pública de la Presidencia sobre asesinato de líderes desestimó los datos entregados por la Defensoría, a pesar de ser la entidad pública encargada del sistema de Alertas Tempranas, con fuentes cercanas y fiables en todo el país.

Al gobierno le ha resultado más conveniente usar cifras parciales y aprovechar el prestigio de Naciones Unidas para sostener que se ha tratado de un asunto menor, sin patrones de sistematicidad, que ha sido el resultado de ajuste de cuentas y hasta de “líos de faldas” o disputas de vecinos por cuestiones domésticas. Con las cifras de la Defensoría del Pueblo, el famoso “esclarecimiento” no llega al 1,2% del acumulado de líderes asesinados desde 2016; y el avance de la Fiscalía en investigación es de apenas el 36% para el mismo período.

Además, el gobierno no usa los registros entregados por organizaciones sociales y ONG en sus evaluaciones sobre avance de esclarecimiento o esclarecimiento judicial, a pesar de que estos registros tienen amplia cobertura y se construyen de común acuerdo con organizaciones locales y nacionales, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y otras.

El otro truco con el que se manipulan las cifras consiste en desconocer los registros de la Defensoría del Pueblo

Aunque cuenta con todas estas bases de datos, a la hora de los balances y los informes el gobierno escoge la cifra menor. Si tuvieran en cuenta los registros de las ONG, dirían que el esclarecimiento a diciembre de 2020 es del 0,9% y el avance en alguna fase de investigación es del 26%.

La manipulación de cifras para intentar ocultar la incapacidad y la negligencia de gobierno queda al desnudo.

Lea en Razón Pública: La desprotección de los líderes sociales: entre el desdén estatal y la desprotección

Las consecuencias

Pero el principal problema de esta manipulación de cifras es que el diagnóstico sobre asesinato de líderes sociales queda sesgado y esto esconde las causas de las violencias armadas y la responsabilidad de los criminales.

Restarle importancia a la violencia y esconder sus causas tiene consecuencias desastrosas en varios sentidos:

  • Minimiza las alertas de la Defensoría del Pueblo y las denuncias comunitarias sobre la necesidad de medidas preventivas de fondo y respuestas efectivas.
  • Les resta importancia a la magnitud subregional y nacional de las violencias.
  • Dilata y fracciona la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y justifica la inoperancia de instituciones como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
  • Pone en entredicho el efecto que tienen las violencias sobre el liderazgo social y sobre la mayoría de las víctimas registradas por las organizaciones sociales.
  • Al relacionar la violencia con el narcotráfico, reduce el problema y estigmatiza a las víctimas como sospechosas de estar envueltas en redes de criminalidad o vendettas entre grupos armados ilegales.
  • Desorienta la acción del Estado y de la fuerza pública para enfrentar el problema.
  • Amenaza la independencia de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo al intentar alinearlas con las directrices del partido de gobierno.
  • Afecta los procesos judiciales y la estrategia de investigación, al disminuir el universo de los afectados y hacer más difícil el esclarecimiento de los responsables.

Como los virus, que son altamente contagiosos, la manipulación de cifras parece no tener límites. El gobierno colombiano no solo amaña las cifras sobre asesinato de líderes sociales, sino otros datos importantes. Por ejemplo, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mostró que hay 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública (o “falsos positivos”), el gobierno insiste en que la cifra no llega a la mitad y que estos asesinatos no solo ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Les parece que tres mil ejecuciones criminales de gente inocente, asesinada para mostrar resultados no es tan grave. Y les parece más grave que se investigue al jefe del partido de gobierno.

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Camilo González

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* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Foto: Ministerio del Interior Después de pasar por Cali, Armenia, Calarcá, Cajamarca, Ibagué y Fusagasugá, la minga indígena llega a Bogotá.

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La minga llega a Bogotá en medio de un mar de desinformación. ¿Cuál es su objetivo y por qué es tan importante?

Camilo González Posso*

El poder contra la minga

Después de pasar por Cali, Armenia, Calarcá, Cajamarca, Ibagué y Fusagasugá, la minga indígena llega a Bogotá en medio de un mar de desinformación y estigmatización:

  • En redes sociales se divulgó un video de un supuesto operativo militar donde se habrían incautado armas de fuego a los miembros de la minga. El video resultó ser de un operativo contra el ELN que se llevó a cabo en abril.
  • Algunos medios de comunicación divulgaron un video en el que se veía a miembros del ELN apoyar la minga. Sin embargo, muchos medios no destacaron que la minga ha rechazado este apoyo y ha reiterado que los grupos armados no tienen vínculos con su movimiento.
  • La ministra del Interior, Alicia Arango, desestimó las intenciones de la minga al decir que no es reivindicativa, sino política.
  • En la misma línea, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que la minga tenía intenciones políticas y que ese tipo de debates debían darse en el Congreso y no en las calles.

Por eso, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado a que los medios de comunicación contrasten sus fuentes y eviten divulgar información falsa.

Además, los miembros de la minga le exigieron al gobierno que no intente deslegitimar su movilización con engaños: el objetivo de su movimiento es poner en la agenda nacional los problemas que ponen en riesgo la vida y los territorios de los pueblos indígenas.

El objetivo

La ministra Arango tiene razón cuando dice que la minga no es una movilización como otras, con un pliego de peticiones concretas para negociar con el gobierno.

Los miembros de la minga lo han dicho desde el comienzo: su objetivo es plantear un gran debate nacional, que esté en sintonía con otros sectores sociales, y que desnude los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.

Según los miembros de la minga, el gobierno ha impuesto una “dictadura civil”, que es evidente en hechos como:

  • La militarización de la protesta social;
  • La concentración de poder del ejecutivo sobre los organismos de control;
  • La campaña de desprestigio contra la justicia y, en particular contra la Corte Suprema de Justicia;
  • La gestión injusta de la pandemia, en la que se han preferido los alivios a las grandes empresas; y
  • El intento de reglamentar la consulta previa sin la participación de los pueblos indígenas.

Por eso, la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. La crisis humanitaria y de agresiones armadas no es un asunto de ideología, ni de color político, sino una emergencia nacional.

La minga también exige que el gobierno adopte una política para desmantelar el paramilitarismo y las redes de criminalidad que se han reordenado después del Acuerdo de La Habana. La seguridad y el monopolio de la fuerza deberían ponerse al servicio de la paz y no de la protección de unos pocos.

Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga pide una amplia conversación con el presidente para dar estos debates.

Foto: Centro de memoria histórica El reclamo de otra política en “defensa de la vida y de seguridad para la paz” es el primer asunto del debate nacional

Le recomendamos: Por esto marcha la minga indígena”

Contra la violencia y el extractivismo

El presidente Duque se ha negado a reunirse con la minga porque no esta dispuesto a cambiar la forma de gobernar que ha persistido hasta hoy: el desarrollo basado en la entrega de la tierra y los recursos naturales a las grandes empresas.

En efecto, después del Acuerdo con las FARC, el gobierno le ha apostado a una forma de “desarrollo” que aumenta la desigualdad y la pobreza: convertir los territorios colectivos y de conflicto en zonas minero-energéticas, forestales y agroindustriales. En ese plan, la economía y las formas de vida de los campesinos y de los pueblos indígenas son marginales.

Un ejemplo son las actividades mineras que se superponen con territorios campesinos, indígenas o negros. Hace dos años, la multinacional AngloGold Ashanti transfirió sus títulos mineros en el occidente del país a la empresa Royal Road Mineral.

Como se ve en este mapa, el proyecto cubre todos los municipios en la zona central de Nariño en donde habita el pueblo Awá; llega a algunos municipios de Cauca como La Vega, Bolívar en el Macizo, Suárez y Buenos Aires; y se extiende hasta el norte de Antioquia.

Lo mismo sucede en otras regiones como Putumayo, Caldas, Amazonas y tantas más, donde se han autorizado proyectos forestales o hidroeléctricos en zonas de propiedad étnica colectiva. Solo en el suroccidente del país, el 30% de las zonas con título minero se encuentran en este tipo de propiedades colectivas.

En todos estos lugares, la violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo.

Foto: Presidencia de la República En lugar de reconocer que existen problemas profundos que requieren la participación de todos los ciudadanos, el gobierno ha optado por estigmatizar las exigencias sociales.

Puede leer: Todos somos minga: la alianza de líderes sociales en el Cauca

Hacia un cambio de verdad

En lugar de reconocer que existen problemas profundos que requieren la participación de todos los ciudadanos, el gobierno ha optado por estigmatizar las exigencias sociales como “formas encubiertas” de la criminalidad y de la violencia armada al margen de la ley.

Es mucho más cómodo presentar a quienes protestan como enemigos, criminales y guerrilleros que sentarse a dialogar para superar problemas estructurales. Si el otro es simplemente un criminal que quiere dar un golpe a las fuerzas armadas, ¿para qué dialogar con él?

Además, esa misma ha sido siempre la respuesta del gobierno en la última década. En 2005, 2008, 2010, 2012 y 2015 se llevaron a cabo movilizaciones similares de comuneros del Cauca y otros departamentos del suroccidente. El objetivo de estas movilizaciones no fue muy distinto del que hoy convoca a la minga:

  • Que se negocie la terminación del conflicto armado;
  • Que se deroguen los tratados internacionales inconvenientes, como los Tratados de Libre Comercio (TLC);
  • Que se reconozcan los derechos de los campesinos y los pueblos étnicos.

En los anteriores años, la respuesta de los gobiernos ha sido brutal: recordemos, por ejemplo, la ocupación armada del resguardo La María en 2008, cuando el gobierno llevó a cabo una operación por aire y por tierra contra los indígenas que allí se encontraban.

Y aunque presidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se han reunido con los pueblos indígenas que protestan, no se ha cambiado la política neoliberal e injusta que gobierna al país. Al contrario, han tratado de maniobrar para evitar las protestas con pequeñas concesiones.

Por eso, la minga de hoy sabe que no habrá negociación con el gobierno. Duque es un presidente que no puede gobernar para las mayorías, pues tiene un “poder prestado”.

Sin embargo, la minga puede ayudar a fortalecer muchos movimientos sociales y a construir una fuerza suficiente para disipar la violencia y contener la dictadura. Así, se le puede dar oxígeno a un cambio político.

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Camilo González

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* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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Camilo Gonzalez PossoLos grupos armados responden a las autoridades indígenas con masacres y otras formas de violencia. Y la respuesta del gobierno produce aún más temor. ¿Por qué?

Camilo González Posso*

Continue reading «Ruido de guerra en el Norte del Cauca»

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Camilo Gonzalez PossoLa discusión que comenzó en el Cauca se traslada al Congreso, donde se aprobarán los presupuestos negociados. Se acerca una tensa campaña electoral.

Camilo González Posso*

Continue reading «La Minga: de la Panamericana al Congreso»

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Camilo Gonzalez PossoEl Cauca no tiene un solo día de paz, la muerte ronda en cada esquina. ¿Por qué la firma del Acuerdo con las FARC no frenó la violencia?

Camilo González Posso*

Continue reading «Cauca: reacomodos territoriales violentos en el post-acuerdo»

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Policía de tránsito en Bogotá.

Camilo GonzalesAunque durante muchos años primó en el país la persecución del “enemigo interno” que preconizaba la doctrina de la seguridad nacional, los nuevos tiempos piden la construcción de una paz regional basada en la seguridad humana y ciudadana.* 

Camilo A. González Pacheco**

Continue reading «De la seguridad nacional a la humana: un necesario cambio de enfoque»

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El “mandato por la paz” en las urnas no garantiza el final del conflicto. Vienen ahora los temas más sensibles con las FARC y el comienzo de los diálogos con el ELN. Faltan años -y no meses- de movilización  ciudadana.

Camilo González Posso*

Continue reading «Los acuerdos de paz: falta lo más difícil»

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Tanto el gobierno como las FARC están hablando de una Comisión de la Verdad. Pero el acuerdo no es fácil por las dudas sobre su alcance, integración y funciones. Un repaso de la experiencia colombiana e internacional sugiere cómo avanzar.

Camilo González Posso*

Continue reading «La verdad en las negociaciones de La Habana»

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