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Indígenas en el Cauca: negociaciones en medio del terror

Escrito por Camilo González
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Camilo_Gonzalez_PossoYa nadie habla de los Nasa, pero los siguen asesinando. Los diálogos avanzan, pero el norte del Cauca sigue siendo teatro prioritario de la guerra. Una mirada desde lo local llama a insistir en el cese inmediato del fuego entre el gobierno y las FARC.

Camilo González Posso *

 

Diálogo y guerra, entre bastidores

El entusiasmo por el avance de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC ha enfocado la atención de los medios y de la gente hacia los acontecimientos en La Habana.

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 Eduar F. Guetio y Mauricio Largo: víctimas de balas disparadas por las autoridades.
Foto: trust.org

Obviamente, como ocurre con frecuencia en este país algo esquizoide, han pasado a un segundo plano las comisiones de diálogo y concertación que se instalaron en el Cauca, con presencia de varios ministros y de observadores internacionales, para atender los reclamos de las organizaciones indígenas: la escandalosa ola de terror que se ha apoderado de la mayoría de los municipios de ese departamento salió de todas las primeras páginas.

El 15 de agosto pasado, el presidente Santos pidió perdón en un gesto trascendental a los indígenas por la violencia a la cual han estado sometidos y aceptó la conformación de comisiones con presencia del alto gobierno para concertar medidas antes del 30 de octubre.

Ha sido escaso el avance de esas comisiones, pero han servido para que se conozcan las demandas de autonomía, territorio, tierras y en particular sobre las graves violaciones en materia de derechos humanos y la ininterrumpida secuencia de asesinatos selectivos, desplazamiento, amenazas y persecución contra indígenas, afrodescendientes y campesinos.

“Son decenas de comuneros y líderes los que han asesinado este año y mientras aquí conversamos”, afirmó el delegado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) en la reunión con la Comisión Especial de Investigación que encabezan la Fiscalía, la Procuraduría, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios ministerios.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Defensoría del Pueblo han documentado 17 indígenas asesinados en el Norte del Cauca entre enero y julio de 2012. Desde el discurso del presidente Santos y hasta la fecha, la cifra ha subido a 24 asesinatos.

La Comisión Especial de Investigación ha comenzado por escuchar sobre las amenazas a líderes, unas veces firmadas por las “Águilas Negras” y otras veces por unas fantasmagóricas AUC.

En otros casos, como ocurre con Feliciano Valencia, vocero de la Minga, y Luís Acosta, jefe de la Guardia Indígena, a las amenazas de los paras reales y ficticios, se suman las de las FARC y la judicialización por diálogos humanitarios con jefes de grupos armados ilegales.

Larga lista de muerte y violencia

La Red por la Vida y los Derechos Humanos ha denunciado 380 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en 2012, ocurridas en 22 de los 42 municipios del Departamento.

“Son decenas de comuneros y  líderes los que han asesinado este año y mientras aquí conversamos”, afirmó el delegado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca.

En los últimos tres meses las alertas no han sido suficientes para que se detenga la campaña de muertes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en declaración de julio de 2012 alertó sobre la situación:

  • “Según información de público conocimiento, en este contexto murió EDUAR FABIÁN GUETIO BASTOS, joven indígena nasa, presuntamente como consecuencia de una herida letal producida por efectivos militares el 18 de julio, en una vía del Resguardo de La Laguna Siberia, Municipio de Caldono.
  • “Igualmente, se recibió información sobre la muerte de MAURICIO LARGO, presuntamente a causa de un impacto de bala durante disturbios ocurridos el 19 de julio en la vereda de Huasaná, Municipio de Caloto, Cauca.
  • “Asimismo, la CIDH expresa su especial preocupación por la situación de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó en el Departamento del Cauca, quienes son beneficiarios de la medida cautelar 255/11, otorgada por la CIDH el 14 de noviembre de 2011, mediante la cual la Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios”.
  • “Sigue la lista documentada por el CRIC con la muerte violenta de ARNULFO PALACIOS CONDA, del resguardo de López Adentro, quien fue asesinado por hombres encapuchados en la vereda Guabito, el día 26 de julio.
  • “Ese mismo día se reportó el secuestro y desaparición de JESUS DARIO FERNANDEZ y su esposa YURI CAROLINA ROMERO, en el municipio de Santander de Quilichao.
  • “El 31 de julio se reportó la muerte de JOSE WILSON RAMON VIVAS asesinado dentro de su vivienda en el municipio de Caloto.
  • “Homicidio de LUIS ANTONIO SANCHEZ e HIGINIO SANCHEZ GALLEGO, comuneros del Resguardo de Polindará, en la vereda el Bao, el 2 de agosto.
  • “HORACIO PUAMA QUIRO del pueblo Eperará – Siapidará, quien fue asesinado con arma corto punzante en la cabecera municipal de Timbiquí, miembro de la comunidad de la vereda Peña Tigre. 3 de agosto:
  • “ALDEMAR PINTO, en El Palo, el 7 de agosto
  • “El 14 de septiembre, en el municipio de Caloto, fue asesinado el líder indígena, JAIME MESTIZO PITO, agente de la medicina tradicional y quien en la actualidad se desempeñaba como Alcalde Mayor del Resguardo de Huellas.”

Cómo explican las autoridades semejante cadena de crímenes? Por lo pronto, solo hay silencio y muchos indicios de que la situación va de mal en peor.

Camilo_Gonzalez_lideres_indigensEl 14 de septiembre, en el municipio de Caloto, fue asesinado el líder indígena, Jaime Mestizo, Alcalde Mayor del Resguardo de Huellas.
Foto: libresameriques.blogspot.com

El norte del Cauca se ha transformado en un infierno no sólo para las comunidades indígenas; las detenciones de campesinos acusados de colaborar con la guerrilla completan el panorama, como ocurrió en veredas de Santander de Quilichao y Caloto con 11 personas detenidas en sus casas en medio de allanamientos.

Los presuntos integrantes del Frente Sexto de las FARC eran de apellidos Nasa y Kokonucos: Avirama, Candela, Secué, Piyinué, Vitonas, Guetia, entre otros presuntos responsables de falsos positivos. Según el informe de los Cabildos de la zona, les pusieron uniformes y explosivos para luego incriminarlos.

¿Dialogar en medio de la guerra?

Tal como han dicho los voceros de los indígenas en los escenarios de conversación con el gobierno, es evidente que existe una correlación entre el aumento de la inseguridad y la continuación o escalamiento de las operaciones militares.

Entre más avanza la ofensiva de copamiento de los territorios, más intensos son los hechos violentos en contra de civiles, incluido el desplazamiento de centenares de familias que van a los refugios llamados Sitios de Asamblea Permanente.

En las reuniones con el gobierno, los voceros de las comunidades han advertido que los crímenes de lesa humanidad han aumentado con la decisión de las autoridades de convertir en teatro prioritario de la guerra a los municipios del sur del Valle del Cauca, Norte y oriente del Cauca y la región del Pacífico.

Desde mucho antes de comenzar esta ofensiva de las fuerzas armadas, las FARC se habían replegado al sur y al suroccidente. Unos y otros pretenden alinear a los cabildos y a la población indígena, afro y campesina con sus objetivos de control territorial y consideran un obstáculo intolerable las pretensiones de autonomía y de no colaboración para la guerra.

17 indígenas asesinados en el Norte del Cauca entre enero y julio de 2012.  Desde el discurso del presidente Santos y hasta la fecha, la cifra ha subido a 24 asesinatos.

Las fuerzas del orden califican de sospechosos y de cómplices a los lideres que además de rechazar la presencia de ejércitos al lado de sus casas y en sus predios, son críticos de políticas oficiales; las FARC por su parte descalifican y amenazan a las autoridades y personas que se oponen a su presencia en los territorio colectivos y a prácticas que han destruido bienes y cobrado vidas.

Como van las cosas, la idea de arreciar la guerra mientras se habla de paz está teniendo ya enormes costos humanitarios para pueblos y comunidades que son tratados como parte de los “territorios de guerra” y donde se aplica la lógica de negociar reivindicaciones en comisiones de diálogo, mientras en sus casas sigue el terror.

Otra vía es posible

Se supone que en cuatro semanas las comisiones de diálogo entre el gobierno y los indígenas van a presentar propuestas para solucionar las demandas que motivaron el levantamiento y sobre las cuales se conoció menos el contenido que las lágrimas del soldado que cargaron en el Cerro Berlín y prefirió llorar a disparar.

La exigencia de retirar las unidades de guerra de los poblados y el estricto cumplimiento de las normas del DIH de respeto a la población civil y a sus bienes, podría mostrar algunos avances si efectivamente se reubican las bases y se limitan acciones que pongan en riesgo a civiles. Las Fuerzas Militares ya se han comprometido a no utilizar escuelas, hospitales, iglesias, infraestructura cultural, ni casas para sus operaciones o su logística.

Camilo_Gonzalez_lideres_ministro Cómo explican las autoridades semejante cadena de crímenes? Por lo pronto, solo hay silencio y muchos indicios de que la situación va de mal en peor. 

Foto: laradiodelsur.com

Las comunidades también piden que no se desplieguen operaciones que signifiquen riesgo en medio de combates o no distinción de objetivos; que se respeten los sitios ceremoniales, el patrimonio cultural y la propiedad privada colectiva con los mismos atributos que se respeta la de individuos y de empresas en la ciudad o en la agroindustria y con los derechos adicionales que resultan de su condición de territorios étnicos.

“¿Por qué consideran normal bombardear un cerro de propiedad indígena e incendiar allí bosques y cultivos, pero consideran absurdo bombardear sin permiso escrito del dueño una plantación de caña o un latifundio forestal?”, se preguntan los comuneros en las audiencias realizadas en el resguardo La María, para llamar la atención sobre la incoherencia de la interpretación oficial del derecho humanitario.

La formación de la Comisión Especial de Investigación como parte de los diálogos es un buen síntoma, pero los voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) han indicado con razón que son necesarios, al mismo tiempo, pronunciamientos de la guerrilla y del gobierno sobre respeto a la autonomía y la orden de suspensión de cualquier operación que atente contra civiles y derechos territoriales.

Estos compromisos humanitarios llevarían rápidamente a replantear los “planes de consolidación” y planes de guerra. La urgencia de desactivar el conflicto armado y pasar a un cese de hostilidades. Es una ruta difícil, pero imaginable en estos días de esperanza sobre nuevas vías para la paz.

 

* Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ex ministro de Salud, profesor Universitario y autor de numerosos libros y ensayos

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