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Montes de María: el poder de la tierra

Escrito por Fernando Bernal
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Fernando BernalEsta región ubicada entre Sucre y Bolívar, escenario de todos los abusos, parece condenada a un callejón sin salida: solo mediante la violencia permanente se mantiene un precario statu quo de ricos latifundistas y campesinos en la miseria.

Fernando Bernal*

Control social mediante limosnas 

Las élites rurales confían en programas asistenciales de mitigación de la pobreza como remedio para prevenir intentos de levantamientos populares. Esa redistribución de corte populista no aumenta la capacidad productiva de los pobres, pero sí busca comprar apoyo político para perpetuar el control de las élites. 

La investigación académica se ha venido ocupando del análisis de la manera como las economías oligárquicas de base agraria presentan alta probabilidad de estancarse en el largo plazo y examinan el papel dinamizador del conflicto social en regímenes de esta naturaleza [1]. 

Latifundio y poder político 

Al contrastar la historia reciente de sociedades rurales de carácter oligárquico -como la de los Montes de María- y las políticas públicas puestas en marcha para supuestamente reducir los niveles de pobreza de los campesinos, es inevitable constatar que las instituciones estatales tienden a reforzar las estructuras de clase y los mecanismos económicos, como la forma más eficiente de mantener el orden[2]. Es decir, sostener las élites terratenientes a pesar de las fracturas internas, que de tanto en tanto presenten estas sociedades. 

Latifundio y poder político han estado "fundidos en una sola pieza" desde muy temprano: de allí la vulnerabilidad del Estado central "atrapado en los intereses locales" y la incapacidad del país oficial para gobernar y administrar el país real[3]. Este orden social salvaguarda la organización de la vida política, hasta ahora intocable. 

En el marco de esta reflexión, conviene revisar primero los movimientos sociales y la violencia que han vivido las comunidades de los Montes de María en las últimas décadas, identificar sus actores y los objetivos de los mismos, con el fin de explorar las estrategias de las élites y de medir hasta qué punto estarían dispuestas a aceptar cambios que permitan eventualmente vigorizar su economía agraria en el mediano y largo plazo. 

Décadas de los 70 y 80: impulso y freno a la reforma agraria 

Los años setenta y ochenta fueron décadas de intensa movilización social, alentados por la política oficial de reforma agraria. Las "tomas de tierra" en el departamento de Sucre -194 entre 1971 y 1975- y la reducción del área de las fincas de más de 500 hectáreas en un total cercano a 214.500 hectáreas -aunque no toda esta tierra terminaría en manos de los campesinos- fue un logro que pronto murió con las medidas de contrarreforma agraria impulsadas bajo los gobiernos de Pastrana Borrero (1970-1974) y de López Michelsen (1974-1978), reivindicando así los intereses de los terratenientes y dejando atrás el reformismo agrario. 

Cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) quiso movilizar sus bases, los dueños de haciendas optaron por contratar grupos armados "no solo para defenderse de las invasiones y los secuestros -como habían hecho en el pasado – sino para atacar a los campesinos y sus líderes". Según Justicia y Paz, entre 1988 y 1995, por lo menos doce líderes de ANUC fueron asesinados. 

Década de los 90: aparecen paramilitares y narcotraficantes 

Para comienzos de los años noventa, terratenientes, ganaderos, empresarios agrícolas, campesinos, aparceros y jornaleros, constituían la "nómina" de actores cuyos vínculos estaban estructurados rígida y jerárquicamente en esta atrasada sociedad rural. 

Pero aparecieron súbitamente otros actores: los paramilitares y los narcotraficantes, que se insertaron rápidamente en el tejido social de la región. Al quedar casada la pugna de poder con las guerrillas, los campesinos se encontraron de pronto completamente inermes: fue el único grupo social que no se armó, ni de manera directa ni por personas interpuestas. 

El paramilitarismo no vino de afuera sino de la mano de los agentes locales de poder. Representantes de las fuerzas políticas tradicionales instigaron la acción de los paramilitares, tanto en los casos de violencia abiertamente política como en aquellos otros de violencia no política. 

El suyo ha sido un proyecto delincuencial, construido mediante el uso de la violencia y articulado íntimamente al comercio de las drogas ilícitas, mediante el asesinato, las "vacunas", la extorsión, el chantaje, el secuestro, el robo de tierras, de ganado y de gasolina, aplicando la imposición selectiva de impuestos ilegales a tenderos, comerciantes, vendedores y más recientemente organizando el asalto a las transferencias, la captura de las regalías y de los dineros de la salud y de la educación, que los débiles gobiernos locales debían administrar. 

La violencia, instrumento de control 

El resultado de este cambio en el entorno político y económico para los campesinos pobres se resume en desplazamientos, masacres, crímenes masivos, asesinatos selectivos, que no dieron lugar simplemente a la degradación del conflicto, sino que representaron el uso racional de un instrumento destinado a producir terror, con el fin de doblegar a la población campesina u obligarla a desplazarse, para lograr el dominio de territorios estratégicos [4]. 

Toda la población de esta región, rural y urbana, se convirtió en víctima potencial de los grupos armados al margen de la ley, simplemente por el hecho de interferir de alguna manera con sus propósitos. Las víctimas no fueron solo los propios combatientes sino los civiles, llámense campesinos, obreros, ganaderos, líderes campesinos, y sindicales, indígenas, intelectuales. 

Entre cerca de sesenta masacres perpetradas en los Montes de María entre 1997 y 2004, El Salado, Macayepo, Chengue, Pichilín y Colosó corresponden a lugares donde la crueldad y el grado de daño infligido a las víctimas inermes fueron particularmente escalofriantes. 

Esta forma de violencia explícita ha abierto el camino al "mal autoritario" de que habla Zizek, es decir, ha permitido a los perpetradores y a sus inspiradores ejercer el poder per se y sembrar la corrupción, sin otra meta más elevada. 

Ha sido un ejercicio de la violencia como nunca en la historia de estas sociedades agrarias – preservadas relativamente frente a la primera violencia política de los años 50- porque se ha sustentado en los inmensos recursos del comercio de las drogas ilícitas, que permitieron elevar la intensidad de procesos de violencia pre-política

Violencia cuya víctima fundamental fue el campesinado al no disponer de la capacidad para estructurar una acción colectiva de defensa, y mucho menos para armarse, por lo que terminó siendo el blanco ideal de la violencia tanto de paramilitares como de las guerrillas. 

Violencia, es bueno recordar, que no ha sido ajena a estas sociedades agrarias en las que siempre el poder hizo uso de diferentes formas de violencia no política, incluso apoyándose en el aparato coercitivo del Estado. El discurso de los voceros del paramilitarismo de "llenar el vacío dejado por el Estado en estas regiones" fue deliberamente elaborado con el propósito de distorsionar la realidad. 

Las FARC, parteras del paramilitarismo 

Siguiendo los planteamientos de Mejía y Posada, de una parte, y de Acemoglu, de otra, era de esperarse que las élites latifundistas trataran de defenderse frente a la coerción armada que las FARC les planteaban en su propio territorio. 

Se podría decir que las FARC asumieron el papel de "mediador evanescente" usando la expresión de Jameson [5], en el surgimiento y consolidación de una derecha paramilitar violenta, a la manera como la ética protestante permitió el surgimiento del capitalismo, según Weber. Se convirtieron en la excusa adecuada para la acción del paramilitarismo. 

La respuesta inicial de la élite latifundista a la política de reforma agraria, y la violencia del paramilitarismo en contra del campesinado, claramente indican su terca renuencia a cualquier cambio, salvo la aplicación de políticas asistencialistas de corte populista. El nivel de atraso de sus explotaciones ganaderas y los niveles excesivamente altos de pobreza, son un indicador claro del estancamiento económico de este tipo de sociedad oligárquica. 

Por eso la violencia desatada por el narcoparamilitarismo ha tenido como uno de sus resultados el congelamiento de los cambios en esta sociedad. Se han apuntalado los intereses de la gran propiedad y del capital agrario, una clase social que aprovechó hábilmente la violencia y que se encuentra sobre-representada en el Congreso de la República. 

De esta manera se han consolidado intereses, que desde la región, logran hacerse visibles para el Estado central y se proyectan sobre la vida política nacional. Todo permanece igual en el tejido social local: el viejo poder terrateniente, la élite política, la misma estructura de la riqueza, al lado de un campesinado desplazado, humillado y silenciado. 

En la medida en que los agentes violentos logran éxitos a punta de bala y de bombazos, las altas tasas de retorno de su inversión militar los estimula a mantener esta actividad apropiativa, en vez de orientarse a actividades productivas [6]. Es evidente que se trata de una inversión con bajos costos de oportunidad, que hace rentable la guerra para los violentos y muy costosa para el resto de la sociedad [7]. 

Este costo se manifiesta en el deterioro de un Estado que ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza y que resulta incapaz de proteger la propiedad privada, de garantizar los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos civiles de los ciudadanos, es decir, de garantizar el imperio de la ley. 

Como bien lo señala Acemoglu, mientras no exista un costo social que pagar, no habrá la menor voluntad de parte de esta élite para aceptar cambios. En los Montes de María, salvo una fracción de la élite política, el resto de la élite no ha tenido que pagar ningún costo social por su involucramiento en la violencia reciente. 

Un callejón sin salida 

Finalmente, guerrilla y narcoparamilitares representan propuestas patológicas de sociedades agrarias premodernas, que pretenden volver al pasado o congelar en el tiempo órdenes, valores, tipos de relaciones sociales agrarias, que sencillamente ya no son viables, salvo bajo la actuación de aparatos represivos muy costosos, focalizados en proteger sus "derechos de propiedad". 

Aún más paradójico resulta que todo intento de consolidación organizado por las instituciones estatales al retirarse el grueso de los actores armados, pretendiendo restablecer los valores y las relaciones propias de las sociedades agrarias que existían en los Montes de María durante los años setenta u ochenta, termine legitimando un orden social opuesto [8]. De allí la necesidad del uso constante de la violencia para intentar mantener un precario statu quo

La enorme contradicción para un Estado reformista como el actual radica en que se apoya en los grupos políticamente poderosos y no en la mayoría popular, especialmente en épocas de crisis [9]. Pero las verdaderas reformas que quisiera introducir no pueden dejar de afectar profundamente los intereses de esta clase poderosa y atada a su pasado violento. 

* Sociólogo, con doctorado de la Universidad de Oxford (Inglaterra). Profesor universitario, consultor internacional. En la actualidad forma parte del grupo encargado de preparar el Informe de Desarrollo Humano 2010 de Colombia. 

 

Notas de pie de página 


[1] Daron, Acemoglu, and Robinson, James: Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press. 2006. 

[2] Sckocpol, Theda. States and Social Revolutions. Cambridge University Press. 1979Pág. 30 

[3] Palacios (1999:91), considera que desde muy temprano el latifundismo y el poder político quedaron fundidos en una sola pieza, (2001: 17,18,19), y al hacer referencia a la precariedad del Estado, señala también como se dio "un predominio terrateniente no solo en la economía agraria, sino en el sistema de representación política (léase Congreso) y en el sistema dominante de valores jerárquicos; en términos similares se había expresado Guillén Martínez (1996: 231,232,250,445). 

[4] Salamanca, Camila. "Masacres en Colombia 1995 – 2002. Violencia Indiscriminada o Racional?" Carta Financiera. ANIF. 2005. No 129. 

[5] Jameson, Fredric. The Vanishing Mediator or Max Weber as Storyteller. En: The ideologies of Theory, vol. 2, Minneapolis, University of Minnesota Press. 1988. 

[6] Fiorentini, Gianluca and Sam Peltzman. The Economics of Organized Crime. Cambridge University Press. 1995. 

[7] Hirshleifer, J: The Analytics of Continuing Conflict. Synthese, 76, 1988. Pág. 201-33 

[8] izek, Slavoj: Porque no saben lo que hacen. Ed Paidos. Espacios del Saber. 1998. Pág 238 

[9]Skocpol, Theda. Op, cit Pág 32  

 

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