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Economistas conservadores y agenda agraria en La Habana

Escrito por Fernando Bernal
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Fernando-BernalValiéndose de falacias,  los economistas oficiales pretenden despolitizar el conflicto para legitimar el poder de las élites rurales. Pero el conflicto político seguirá existiendo, y ahora se trata de empezar a resolverlo sin violencia.

Fernando Bernal*

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El campo no aporta mucho

La corriente dominante en economía  niega lo político — su autonomía y la inevitabilidad  del conflicto, postulados fundamentales del llamado realismo político — y en su lugar propone dar preeminencia a postulados de carácter económico.

 

Fernando Bernal Agraria HabanaLo político es diferente de lo económico, de lo moral o de lo religioso.  
Foto: UN Photo/Jerry Frank www.unmultimedia.org

Dicha pretensión se trasluce de manera inequívoca en el artículo “Las FARC y los Fisiócratas”, publicado en El Tiempo por el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, donde critica la posición de esa guerrilla en relación con el primer punto de la agenda, pues según él “tiene una fuerte remembranza a la de los fisiócratas” del siglo XVIII, quienes consideraban que “únicamente en la tierra se originaba genuinamente valor nuevo o valor agregado”.

El exministro advierte que hoy día el agro genera menos del diez por ciento del Producto Interno Bruto, y que importa adoptar  “un enfoque balanceado e incluyente de la economía”, de modo que el futuro del país no se puede apostar  a un “enfoque conceptual parcial e inadecuado en el siglo XXI”.

En otras palabras,  el exministro pide adoptar como eje de la discusión en La Habana al conjunto de la economía, desagregada según la contribución de cada sector al PIB, y asignar las prioridades en función de un criterio puramente económico – ignorando el problema político, el problema social o  cualquier otro parámetro o referencia histórica en el sector rural.

Falacia reduccionista

Independientemente de cuán exageradas puedan llegar a ser las demandas de las FARC — cosa que no debería sorprender a nadie que se siente a negociar —  el exministro sabe perfectamente que, mas allá de la simple contribución del agro al PIB o de la bajísima productividad de la tierra, el problema agrario en Colombia es complejo, con profundos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (linkages, preferirá decir él) sobre el resto de la sociedad.

Justamente esa complejidad es producto en buena medida del conflicto político que ha mantenido desestabilizado al país durante los últimos cien años, producto a su vez del poder exagerado que han concentrado las élites rurales, las más retardatarias de Colombia.

Además de utilizar sistemáticamente la violencia como herramienta política,  desde antes de la creación de la República, las élites rurales han acumulado una exagerada representación en el Congreso, desde donde han chantajeado sistemáticamente al gobierno central.

Lo que entonces resulta anacrónico no son las reivindicaciones de las FARC, sino el argumento del exministro y su intento de justificar — desde la economía y gracias a la autoridad de los economistas oficiales — una ideología conservadora que pretende restar importancia a la compleja situación del agro en Colombia,  y en particular al conflicto político, cayendo en los que sus colegas más eminentes sin duda llamarían una falacia “reduccionista”.

Lo político es autónomo

De manera implícita se pretende negar un aspecto fundamental de este conflicto: la autonomía misma de lo político. Es decir, desconocer que lo político es diferente de lo económico, de lo moral o de lo religioso. La autonomía de lo político significa que sigue sus propias leyes, que se explica por sí mismo, y que  puede ser causa primaria de otros fenómenos sociales, tal como afirma Giovanni Sartori [1].

¿No fue justamente el reconocer la preeminencia de lo político lo que hizo posible la Declaración de Sitges, firmada por Laureano Gómez y Alberto Lleras en 1957 para poner  fin a la violencia partidista en Colombia?

¿O no es dicha autonomía la que define y explica el ejercicio del poder político en las regiones, la violencia, la apropiación privada de las rentas del Estado y de su aparato represivo por parte de las élites locales?

Síndrome de negación

Negar la existencia y la inevitabilidad del conflicto en la vida política coincide con la manera como diferentes voces proclaman la desaparición de las clases sociales y de la división entre derecha e izquierda: es el escenario donde supuestamente habitan las sociedades posmodernas después  del fin de la historia, que Francis Fukuyama – algo prematuramente – anunció en 1989[2].

Esta falta aparente de realismo político del exministro — que por venir de una disciplina supuestamente científica tiene eco en la opinión — responde bien a los propósitos que nuestra democracia liberal de imitación se planteó desde el siglo XIX: remplazar la política por la economía, por la ley, por la moral, descalificando a quienes han estado envueltos en conflictos y revueltas.

Una vez más se busca negar la existencia de lo político y reintentar la despolitización que  nuestra democracia liberal ha dado a todos los conflictos, expresiones de protesta y movimientos agrarios – o urbanos – desde el siglo XIX.

La admonición del exministro pretende justificar la negación de lo obvio: el conflicto es connatural a la política, y el conflicto no necesariamente tiene que ser violento, pero con demasiada frecuencia el Estado colombiano se ha encargado de reprimirlo con violencia.

Lo que lleva a una contradicción fundamental: si el  liberalismo fue ese “movimiento en el que el espíritu moderno ganó su mayor eficacia”[3], el liberalismo en Colombia — como sueño de una modernidad sin violencia — nunca pasó de ser un sueño.  Lo cual explica por qué la práctica liberal ha sido coercitiva, aunque presente un rostro pacifista, y ha sido por lo tanto antiliberal  (ver El liberalismo colombiano: un proyecto antiliberal y antidemocrático, de Jorge Andrés Hernández,  en Razón Pública el 28 de febrero de 2011).

Equidad mediante el ejercicio de la política

Solo cabe esperar que la afirmación final del exministro en el sentido de que en las negociaciones de La Habana “no se debe perder de vista la visión del presidente Santos sobre  qué produce prosperidad y equidad en Colombia en el futuro”, haga referencia a que esa visión presidencial no está centrada, de manera primordial, en los argumentos de carácter económico.

Las negociaciones mismas indicarían que desde el gobierno se reconoce  la existencia de un conflicto político y se da importancia a su resolución por vías diferentes de la armada. La sola consideración económica llevaría a ignorar las implicaciones políticas de  la inequidad y a poner en entredicho la validez de políticas e instrumentos de este gobierno, como la distribución de la tierra, la restitución a las víctimas, Más Familias en Acción o la Red Unidos,  que buscan cuando menos reducir las  inequidades que caracterizaron la sociedad rural del siglo XIX, agudizadas durante el siglo XX.

Dando a la economía la importancia que le corresponde, habría que abogar porque la prosperidad y la equidad estén ligadas a la construcción de una sociedad democrática mediante la política — al establecimiento de mecanismos efectivos de movilidad social y de renovación de las élites políticas y económicas — para lo cual hay que empezar por admitir la existencia de los conflictos políticos sin que el Estado tenga que recurrir a la represión violenta.

El Estado y la sociedad se deben enfocar en sacar del oscurantismo y de la pobreza a esos millones de compatriotas rurales.  Como pedía Rorty, el neopragmatista norteamericano: la función del gobierno es crear los instrumentos para reducir el sufrimiento humano.

 

* Sociólogo, doctor de la Universidad de Oxford, profesor universitario, consultor internacional y miembro del grupo que preparó el Informe de Desarrollo Humano 2010 de Colombia.  fernadob@cable.net.co 

 

 

 

 El liberalismo en Colombia — como sueño de una modernidad sin violencia — nunca pasó de ser un sueño. 

 

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