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Política de tierras y democracia liberal

Escrito por Fernando Bernal
Fernando-Bernal

Fernando-BernalLa propuesta del gobierno frente al atraso y la violencia rural ignora la existencia de poderes fácticos y espera ingenuamente que los señores de la tierra cedan su poder.

Fernando Bernal C.*

Ignorar lo político

En la pasada edición de Razón Pública, Alejandro Reyes sostuvo que la política del presidente Juan Manuel Santos permitiría modernizar la sociedad rural y eliminar la violencia mediante la restitución a las víctimas del conflicto armado, la redistribución de un gran fondo de tierras del Estado que han sido ilegalmente apropiadas por terratenientes, y el arrendamiento de grandes extensiones por parte de empresarios modernos.

Fernando_Bernal_Chicoral
El Pacto de Chicoral fue un buen ejemplo de este ejercicio de racionalización donde las élites terratenientes se unieron para negar la existencia de un conflicto político.

El artículo en cuestión sin embargo suscita interrogantes acerca de la viabilidad de este tipo de reformas, ceñidas a la lógica de la democracia liberal. En efecto, la propuesta de Reyes parte de suponer que el poder político se reduce a un proceso racional de negociación de intereses privados, y que de esta negociación se sigue la desaparición de los conflictos [1]. Estos son los supuestos de la ortodoxia liberal y de quienes, con un especial énfasis en la sociedad rural, han negado la existencia del conflicto y lo han despolitizado.

El Pacto de Chicoral fue un buen ejemplo de este ejercicio de racionalización donde las élites terratenientes —liberal y conservadora— se unieron para negar la existencia de un conflicto político, y a continuación despolitizaron la protesta campesina para redefinirla como una simple revuelta que amenazaba la paz y el orden público. Estaban seguros de que así desaparecían los conflictos, algo que –infortunadamente– se ha encargado de negar el transcurso del tiempo.

Pero por otro lado, esta postura ortodoxa ha buscado eliminar lo político “como dominio de conquista del poder y de la represión” [2], reduciéndolo a un mero ejercicio de la racionalidad y pretendiendo que es independiente de factores como la vigencia de los poderes fácticos o —como señala Schmitt [3]— pretendiendo acceder a un consenso racional por la vía de la libre discusión.

Esta es una propuesta que además refleja la posición de la “Tercera Vía” —la opción supuestamente distinta de la derecha y de la izquierda— en favor de una política consensuada en el centro, que remplace las confrontaciones desgastantes y permita establecer un capitalismo liberal democrático, como la única solución racional al problema de la organización de sociedades modernas.

Estas propuestas tienen pues una falencia fundamental: la escasa importancia que le dan a la especificidad y a la autonomía de lo político, del poder político.

Poderes verdaderos

Esa especificidad y esa autonomía del poder por el contrario tienen que estar en la base de cualquier propuesta de reforma, porque en regiones de latifundio y violencia –como decir la costa Caribe– esos poderes de facto lo son todo y lo permean todo. Desde la perspectiva de Schmitt,[4] tal autonomía puede llegar a ser un poder anterior a la ley.

Fernando_Bernal_latifundioSantos y su ministro de Agricultura han anunciado que no van a tocar el latifundio “bien” habido, y en este sentido se han comprometido a respetar el statu quo.
Foto:  paisrural.org

En tal sentido, ¿cómo negar que el dominio del territorio —la propiedad de la tierra— fue el acto básico del poder constituyente que aparece ya desde el siglo XVI en regiones como la costa Caribe? Es decir, la aparición del régimen de la hacienda que desde entonces se instauró y se consolidó en el siglo XVIII, y que dio vía a ese nuevo poder constituyente representado en la clase hacendaria, como bien queda en evidencia en los trabajos históricos de Hermes Tovar, de Fernando Guillén Martínez o de Germán Colmenares.

Un poder constituyente que desde entonces, durante toda la historia republicana y hasta hoy ha tenido una influencia marcada sobre las instituciones políticas y legales a través de su presencia en el Congreso; que no ha sido legalmente limitado y que en su entorno ha hecho gala de un poder pleno; que no ha podido ser destruido o eliminado por la vía constitucional.

Pero que, además, desde la Colonia ha ejercido en esas regiones la soberanía a la cual renunció el Estado, entregándosela a estos poderes constituyentes. Situación que hasta el día de hoy no ha tenido cambios substanciales y que ha constituido la expresión fundamental de las relaciones de poder imperante en estas sociedades.

Las élites regionales no piensan suicidarse

La propuesta de Reyes tampoco es clara al presentar los argumentos que el Estado esgrimiría al diseñar el pacto que lleve a la negociación de ese poder político, en otras palabras para que estas élites regionales renuncien a su poder.

Para comenzar —y como bien lo expresa Acemoglu— si para estas élites el costo de utilizar la violencia resulta menor que el beneficio, optarán por supuesto por seguir recurriendo a la violencia. Las décadas pasadas demuestran cómo —con la excepción de los parapolíticos— ni los comerciantes, ni los agroindustriales, ni los ganaderos que estimularon y financiaron la violencia han tenido que pagar el menor costo.

Entonces, ¿por qué habrían de renunciar a ese poder constituyente o a ese predominio hegemónico en la sociedad? ¿A cambio de qué? ¿Para que los remplace quién? ¿A quién le van a entregar ese ejercicio de la soberanía?

El argumento de que el Estado va a recurrir a unas supuestas “élites modernas e innovadoras… para que refuercen su papel de gestores del desarrollo mediante la competencia, que sustituyan las rentas de oligopolio por la productividad” desconoce el hecho de que las rentas del monopolio de la propiedad del suelo no son el principal ingreso de estas élites.

Desconoce además, que existe una gran diferenciación entre estas élites y que estos poderes constituyentes cambian con el tiempo, así como cambian sus intereses y las instituciones formales e informales que ellos crean. Hoy en día, sus intereses no son los mismos de hace cien años: regalías, transferencias, bienes públicos, enriquecimiento y corrupción son sus intereses fundamentales actuales. Hacia allá está orientado su ejercicio del poder.

Pero además, la propuesta de Reyes contiene una contradicción fundamental: el presidente Santos y el ministro de Agricultura han anunciado que no van a tocar el latifundio “bien” habido, y en este sentido se han comprometido a respetar el statu quo de la distribución de la propiedad rural. Solo van a perseguir a quienes en el pasado reciente expropiaron por la fuerza a los campesinos –y nada han dicho sobre la reversión eventual del proceso de apropiación ilegal o mañosa de los baldíos de propiedad estatal a lo largo de dos siglos. Entonces: ¿cuál es el alcance de las reformas propuestas, si los poderes constituyentes van a permanecer intactos?

Fernando_Bernal_reformas¿Cuál es el alcance de las reformas propuestas, si los poderes constituyentes van a permanecer intactos?
Foto: www.proclamanortecauca.blogspot.com

En resumen, además del equivocado supuesto de que el poder político puede reducirse a un proceso racional de negociación de intereses privados, no parece realista pretender que “el poder central imponga nuevas reglas de juego a las élites regionales”.

En las condiciones actuales de Colombia —con un Presidente que ya está en plena campaña para la reelección— pretender que rompa el contrato social establecido con estas élites regionales y las arroje en brazos de su principal opositor, el expresidente Álvaro Uribe, es algo que no va a ocurrir. El presidente necesita de ese poder político para su reelección y esa opción prima sobre cualquier propuesta de carácter reformista.
 

* Sociólogo, doctor de la Universidad de Oxford,profesor universitario, consultor internacional y miembro del grupo que preparó el Informe de Desarrollo Humano 2010 de Colombia.

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