Ver a altos representantes del Estado, como el presidente y los ministros, pidiendo perdón a humildes víctimas de crímenes abominables tiene un valor simbólico indudable. En algunos casos por obligación, en otros espontáneamente, siempre refleja algún grado de humanización en un conflicto que ha tocado los límites de la barbarie.
María Camila Moreno M.*
¿Tiene sentido?
En los últimos meses se han producido varios actos simbólicos para presentar excusas públicas a víctimas de graves violaciones de derechos humanos por parte de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el propio presidente Juan Manuel Santos. Hemos visto al Estado pedir perdón:
- por la masacre de El Salado,
- por desapariciones forzadas,
- por homicidios, entre los cuales se incluye el del senador Manuel Cepeda.
Estos actos nos llevan a preguntar qué significan en el contexto de la justicia transicional, en qué medida resultan reparadores para las víctimas, y qué capacidad tienen de reconstruir la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Inocencia de la víctima
En cumplimiento de la orden del Consejo de Estado de presentar una disculpa pública por el secuestro, tortura y homicidio de tres desmovilizados del M-19, cometidos directamente por agentes de inteligencia en marzo de 1994, el director del DAS, Felipe Muñoz, pidió perdón a los familiares en un acto público el pasado mes de mayo. En este acto, Muñoz subrayó el rechazo a cualquier acción delictiva cometida por el organismo de inteligencia y seguridad. La advertencia de Muñoz fue resaltada por la hermana de una de las víctimas presentes en el evento, quien afirmó que las instituciones fueron creadas para proteger a sus ciudadanos sin importar raza, credo o posición política, y no para hacer justicia selectiva y por mano propia.
Para los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, en los actos de perdón es fundamental que se reconozca explícitamente la inocencia de las víctimas. Tras presentar a las víctimas como integrantes de grupos ilegales dados de baja en combate, sólo el reconocimiento de la mentira oficial por parte de las autoridades remueve el manto de duda sembrada sobre la víctima y sus familiares.
En un acto de disculpa recientemente celebrado en Medellín, la hermana de una víctima de ejecución extrajudicial expresó: “por lo menos con esto lo reconocen y no tienen a mi mamá con el peso encima de que todo el mundo le diga que lo mataron porque era guerrillero”.
Motu propio es mejor
La petición de perdón del presidente Santos por la masacre de El Salado, realizada el pasado mes de julio en Los Montes de María, impresionó vivamente a los pobladores. Además de estar encabezado por el presidente, fue un acto de desagravio surgido por iniciativa propia del Estado y no como efecto de una sentencia judicial.
Según manifestaron algunas víctimas, para ellas fue valioso que el Estado finalmente reconociera su responsabilidad en esos hechos atroces que cambiaron para siempre la vida de la comunidad.
Las palabras de perdón vinieron acompañadas de promesas de desarrollo, que es necesario cumplir con rigor y oportunidad, para que realmente traigan alivio a sus pobladores.
Nunca más
El más reciente acto de perdón fue reconocer la responsabilidad del Estado por el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, perpetrado por integrantes del Ejército Nacional en un operativo mixto con paramilitares, según consta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El acto, realizado ante la Cámara de Representantes y el Senado en pleno, fue presidido por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quién expresó enfáticamente al terminar su discurso: “Nunca más, es nuestro compromiso inquebrantable”.
Al aceptar la petición de perdón, el hijo del senador, hoy representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, resaltó el valor de la disculpa pública: “… la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición, el reconocimiento público del daño causado y la expresión del compromiso de no repetir en el futuro acciones similares”.
Perdón, no olvido
Aunque no sea explícito, la petición de perdón por parte del Estado en cierto sentido significa reconocer responsabilidad por los hechos ocurridos. Bien sea en cumplimiento de una sentencia condenatoria, como en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Consejo de Estado, o por decisión propia ante hechos repudiables que ofenden la conciencia colectiva, el Estado asume ante la sociedad y las víctimas la falla en su deber de prevenir y evitar las atrocidades cometidas contra la población. Estos hechos quiebran la confianza en el Estado y producen sentimientos de profundo recelo en su capacidad de regular las relaciones sociales. La acción u omisión del Estado en las graves violaciones de derechos humanos debilita el contrato social y erosiona las relaciones sociales que ante la ausencia, parcialidad o debilidad del Estado buscan mecanismos de autorregulación no legales.
Para que sean creíbles y cumplan el objetivo de recuperar la confianza en el Estado, los actos oficiales donde los funcionarios públicos piden perdón a las víctimas y a la sociedad en nombre de las instituciones, deben hacer explícitos dos mensajes al menos: que los hechos en cuestión nunca debieron ocurrir, como expresión de reconocimiento de responsabilidad, y que nunca deben volver a ocurrir, como expresión del compromiso de no repetición.
La disculpa y el perdón reafirman la norma que fue transgredida y cuya transgresión contribuyó a romper la relación entre Estado y ciudadanos. En este sentido, son actos que tienen la fuerza potencial de romper el círculo vicioso de la repetición de la transgresión de la norma por medio de la violencia.
Si bien el perdón y el arrepentimiento tienen un carácter personal y privado, y pertenecen fundamentalmente al ámbito de las creencias morales y religiosas, también pueden tener una dimensión colectiva y política, donde se reivindican valores éticos de la sociedad como el respeto de los derechos humanos y el valor de lo público como un bien que debe ser respetado por todos.
Primero pasos, pero significativos
Los actos de disculpa que el país ha presenciado en los últimos meses, si bien no han tenido la trascendencia mediática que tendrían que tener, representan un cambio significativo en la actitud del Gobierno, y han sido recibidos como actos sinceros que reiteran el compromiso con la dignificación de las víctimas.
Ahora bien, una golondrina no hace verano. Estos siguen siendo actos aislados. No hacen parte de una estrategia coherente de reconocimiento de responsabilidad, principal condición tanto para la reparación a las víctimas como para la recuperación de la confianza.
Aunque son unos primeros pasos en ese sentido, aún estamos lejos de una política de reparación a víctimas que tenga como eje central el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso real con el desmantelamiento definitivo de los aparatos organizados de poder que determinaron, apoyaron, financiaron y perpetraron las atrocidades que han enlutado a millones de colombianos.
La sociedad, por su parte, debe reconocer también que el silencio y la tolerancia ante esos hechos han erosionado el tejido social, profundizado la desconfianza histórica entre diversos sectores de la sociedad y debilitado los consensos.
La democracia colombiana ha sido asaltada por los intereses particulares, legales e ilegales, y el Estado, en varias regiones, ha sido cooptado para favorecerlos. Sólo si develamos y enfrentamos esta realidad podremos emprender un camino cierto de reconstrucción de la confianza entre los ciudadanos y el Estado y entre los ciudadanos mismos.
Este debe ser el objetivo estratégico de los esfuerzos que ha emprendido el Gobierno y el Estado en el marco de la justicia transicional.
* Antropóloga de la Universidad Nacional. Directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y coordinadora del Área de Políticas Públicas de la misma institución.
