Cúcuta, asesinatos de mujeres, explotación sexual y un sistema criminal que opera sin freno

Es necesario asumir que la protección de las mujeres no puede depender de la suerte ni del territorio donde estén. Es una responsabilidad del Estado y un paso obligatorio para construir una política de Paz Total que llegue a las calles donde la violencia se materializa, y no quedarse en el papel.

La reciente serie de agresiones y homicidios a mujeres en Cúcuta comprueba un hecho doloroso que ha sido advertido reiteradamente por organizaciones que trabajan directamente con las mujeres de la frontera. Entre ellas se encuentra la Fundación Empodérame, una organización de la que hago parte, que cuenta con acción en Cúcuta y desde hace años acompaña a mujeres migrantes venezolanas, mujeres desplazadas, afrodescendientes y habitantes de barrios periféricos que sobreviven del comercio informal, la venta ambulante o la prostitución como actividad principal u ocasional por supervivencia. El trabajo psicosocial, jurídico y comunitario nos ha permitido documentar patrones de violencia que la institucionalidad no registra y, en muchos casos, tampoco investiga.

En los últimos días, varias mujeres atendidas por la Fundación, muchas de ellas vinculadas a economías de supervivencia, nos alertaron sobre el asesinato y atentados a “compañeras” ocurridos en la periferia, expendios de cerveza, minidiscotecas y corredores cercanos al centro de Cúcuta, el terminal de transportes y Villa del Rosario. Medios alternativos y portales de internet también confirmaron la noticia. Las víctimas formaban parte de los circuitos de lo que ellas llaman “rebusque” en calle y estaban sometidas a presiones de grupos criminales que imponen cobros semanales por permitirles prostituirse e incluyen amenazas y obligaciones de microtráfico. Las sobrevivientes relataron que estas bandas exigen pagos de hasta $160.000 semanales para permitirles vender tinto, cigarrillos, rifas, chance, comida o ejercer prostitución en calle; quienes no pueden cumplir esta extorsión deben distribuir un número determinado de dosis de sustancias psicoactivas (hablan de veinte dosis) bajo coerción. El temor a agresiones y la ausencia de una respuesta institucional efectiva han profundizado en las mujeres atendidas por Empodérame la sensación de desprotección.

Empodérame, en el territorio, mediante atención psicosocial, orientación jurídica, acciones de tutela y acompañamiento a mujeres cuyos hijos e hijas también han sufrido violencia, permite comprender la magnitud de esta crisis. La Fundación se ha convertido en uno de los proyectos donde las mujeres pueden narrar violencias que no denuncian ante el Estado: violencia sexual contra ellas y sus hijas, extorsión sistemática, coerción sexual y amenazas de actores armados. Esa cercanía comunitaria explica por qué las alertas que llegan a la organización son clave para interpretar la escalada reciente de homicidios.

El diagnóstico más completo de este fenómeno aparece en el último Informe de Caracterización 2025, elaborado por la Fundación; se realizaron 91 entrevistas individuales a mujeres sobrevivientes de múltiples violencias. EL instrumento fue validado por profesionales psicosociales. Este ejercicio metodológico, desarrollado en Cúcuta y Villa del Rosario, identifica trayectorias comunes: violencia sexual en la infancia, pobreza extrema, irregularidad migratoria, desplazamiento, racismo, captación temprana y coerción criminal. Los datos permiten afirmar que la prostitución en la frontera no funciona como una elección laboral, sino como consecuencia directa de vulneraciones acumuladas. La mayoría combina la venta ambulante con prostitución ocasional, una actividad a la que recurren únicamente cuando las ventas caen y la supervivencia inmediata se vuelve insostenible.

Consideramos las defensoras de derechos humanos que estos asesinatos y violencias a mujeres no pueden interpretarse como episodios aislados de inseguridad.

Una radiografía del fenómeno

El análisis de Empodérame revela que el 60,4% de las mujeres entrevistadas sufrió violencia sexual en la niñez o adolescencia. El 51,6% estuvo en bares o prostíbulos siendo menor de edad. La violencia sexual en la infancia deteriora los límites del consentimiento, reduce la capacidad de resistir coerciones posteriores y facilita la captación en contextos donde el entorno familiar y estatal ha fallado en protegerlas.

El informe también confirma que la prostitución en Cúcuta es una estrategia de supervivencia y no una “opción libre”. El 73,6% de las 91 entrevistadas ha tenido algún antecedente de prostitución a lo largo de su vida, y el 47,3% ejerce prostitución actual u ocasional cuando toca para cubrir necesidades básicas. La mayoría alterna venta ambulante, oficios informales y cuidado de hijos e hijas con prostitución ocasional cuando la falta de ingresos amenaza el “diario”. Las mujeres no encuentran alternativas para garantizar comida, arriendo o salud fuera de la prostitución.

Se encontró que el 47,3% de las mujeres presenta indicadores de trata de personas, es decir, que casi la mitad vive situaciones que, aunque no siempre aparecen formalmente denunciadas, corresponden a elementos que caracterizan este delito: haber sido engañadas con falsas promesas laborales, haber sido trasladadas o movidas de un lugar a otro sin poder decidir, estar sometidas a presiones o amenazas, tener deudas impuestas que se usan para explotarlas, o estar vigiladas por actores criminales que controlan sus movimientos y sus ingresos.

Un gran número de casos corresponde a migrantes venezolanas (39,6%) que llegaron con promesas laborales falsas o huyendo de la crisis y terminaron sometidas a explotación sexual. La irregularidad migratoria las deja sin mecanismos formales de denuncia, sin acceso a derechos básicos y en mayor dependencia de quienes controlan el territorio.

El 68,1% reside en Cúcuta y el 17,6% en Villa del Rosario, específicamente en zonas marcadas por economías ilegales, desempleo, pasos informales y migración masiva. El 87,9% pertenece a estratos 1 y 2, con ingresos inestables y viviendas precarias. El 50% tiene entre 16 y 30 años; el 25,3% es afrodescendiente. La combinación de juventud, pobreza, racialización y migración produce una vulnerabilidad acumulada que incrementa la exposición a la explotación sexual y la violencia.

Lo descrito muestra que la violencia contra mujeres en Cúcuta no puede entenderse sin el contexto regional que la produce. La frontera y el Catatumbo están atravesados por una crisis prolongada que combina disputa armada, economías ilícitas, minería ilegal, narcotráfico, migración forzada y desplazamientos internos que se incrementan año tras año. Las mujeres que llegan a Cúcuta buscando refugio desde Tibú, Convención, El Tarra o Sardinata encuentran una ciudad que reproduce nuevas formas de violencia: extorsión, prostitución por supervivencia, microtráfico forzado y amenazas permanentes.

Este escenario pone en evidencia una falla de la política de Paz Total que impulsa el Gobierno. Aunque se reconoce la necesidad de desescalar la violencia en los territorios, Cúcuta y la frontera siguen siendo zonas donde los grupos armados y las redes criminales mantienen control territorial y económico. La falta de resultados concretos en el desmonte de estas estructuras permite que continúen imponiendo cuotas, regulando la prostitución, instrumentalizando a mujeres y niñas y usando el asesinato como mecanismo de disciplinamiento.

Desde la Fundación Empodérame hacemos estas recomendaciones de política pública para intervenir el fenómeno:

Primero, incorporar a Cúcuta y el Catatumbo como zonas prioritarias dentro de la Paz Total, con acciones verificables de reducción del control criminal. La política debe traducirse en presencia institucional real, no solo en mesas de diálogo. Se requieren intervenciones de seguridad ciudadana, inteligencia financiera contra redes de trata y extorsión, y protección efectiva para mujeres amenazadas.

Segundo, garantizar atención integral a mujeres desplazadas y migrantes que llegan desde el Catatumbo o desde Venezuela. Los desplazamientos internos y transfronterizos exigen una política unificada que incluya refugio temporal, acceso inmediato a salud, regularización migratoria, escolarización de niños y niñas y apoyo económico de emergencia. Se deben construir tres o cuatro hogares de paso para mujeres y sus hijos para que estas no sean separadas de sus niños cuando sufren violencia, y unos dos albergues para varones que buscan huir del reclutamiento de las bandas criminales.

Tercero, activar la ruta de atención al flagelo de la trata de personas ante cualquier señal de coerción, deuda o control criminal. El subregistro actual es producto de la inacción estatal. La identificación de indicadores debe ser responsabilidad de Policía, Fiscalía, Migración Colombia, ICBF y salud pública, no solo de organizaciones sociales. La activación de la ruta no puede depender de la voluntad individual de la víctima o de las organizaciones. Las investigaciones sobre trata de personas deben llevarse de oficio.

Cuarto, desarrollar una estrategia territorial de desarticulación de economías ilícitas en el centro de Cúcuta. Los cobros de cuotas, el microtráfico forzado y la coerción sexual funcionan gracias a la ausencia de control estatal. Se necesita vigilancia permanente en residencias, bares y corredores críticos, así como sanciones a dueños de establecimientos que facilitan la explotación.

Quinto, fortalecer la atención psicosocial especializada en trauma complejo con enfoque diferencial. Las mujeres que han sido desplazadas, migrantes o sobrevivientes de violencia sexual requieren acompañamiento sostenido, no intervenciones solo de emergencia. El trauma repetido limita su capacidad de tomar decisiones y aumenta la dependencia frente a actores criminales. Fortalecer los equipos básicos de salud, por ejemplo, con expertas en trauma, favorecería la salud mental de las víctimas y con eso el poder de resiliencia.

Sexto, garantizar la participación de mujeres sobrevivientes en el diseño de las políticas. Ellas conocen los mecanismos de captación, las rutas de coerción, las formas de extorsión y los espacios donde operan las bandas. Su participación fortalece el diseño de políticas reales y evita intervenciones desconectadas del territorio.

Cúcuta es hoy un espejo de lo que ocurre cuando la política de seguridad y de paz no logra transformar las condiciones materiales de los territorios. La violencia contra mujeres en prostitución, la trata de personas y los asesinatos recientes son la expresión de una estructura que combina conflicto armado residual, criminalidad urbana, abandono estatal y desigualdad extrema. La ciudad se ha convertido en un punto de llegada para mujeres desplazadas por la guerra del Catatumbo y, al mismo tiempo, en un espacio donde nuevas violencias se imponen con total impunidad.

Cualquier respuesta del Gobierno que no reconozca esta conexión entre pobreza, desplazamiento, frontera, criminalidad y demanda sexual está condenada a fracasar. Romper ese ciclo exige asumir que la protección de las mujeres no puede depender de la suerte ni del territorio donde nacen o migran. Es una responsabilidad del Estado colombiano y un paso obligatorio para construir una política de Paz Total que, si quiere ser efectiva, debe llegar a las calles donde la violencia se materializa, y no quedarse en el papel.

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