Seis años bajo la Ley de Justicia y Paz: logros, limitaciones y expectativas de la justicia transicional en Colombia - Razón Pública
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Seis años bajo la Ley de Justicia y Paz: logros, limitaciones y expectativas de la justicia transicional en Colombia

Escrito por María Camila Moreno
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Maria Camila MorenoHace seis años Colombia se embarcó en el camino de la justicia transicional: qué se ha avanzado, qué cosas no se han hecho y, sobre todo, cómo y por qué podemos y debemos hacer para que en realidad haya justicia y regrese la paz.

María Camila Moreno*

Los logros

El 25 de julio se cumplieron seis años de promulgada la Ley de Justicia y Paz.

En estos años el sistema de administración de justicia ha recolectado gran cantidad de información sobre violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares. Esto permitió encontrar los restos de millares de desaparecidos e identificar y entregar muchos a sus familias.

La información obtenida en las versiones libres ha permitido que el país conozca la magnitud de las atrocidades cometidas y se han podido develar los vínculos del paramilitarismo con autoridades políticas, militares, servidores públicos y algunas empresas privadas.

Si de balances se trata, hay que reconocer que la Ley contribuyó a poner la preocupación por las víctimas en el centro del debate nacional. Hoy por hoy el país habla de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En diferentes regiones las víctimas se han organizado para reclamar sus derechos y para que su voz sea escuchada en los procesos contra los paramilitares.

Si bien muchas víctimas experimentan sentimientos de decepción y frustración por los escasos resultados del proceso -entendidos estos como una verdad incompleta acerca de los hechos, nada de justicia y, por ahora, sólo expectativas de reparación- también es cierto que las víctimas han escuchado directamente a algunos victimarios, los han enfrentado para contradecir sus relatos y les han exigido información acerca del paradero de sus seres queridos y de las razones por las cuales fueron atacados tan brutalmente.

Sin la Ley de Justicia y Paz seguramente estaríamos más lejos aún de conocer el carácter sistemático de los crímenes, los patrones de actuación de los grupos paramilitares y los nombres de algunos responsables.

Las limitaciones

Y sin embargo hay solamente una sentencia en firme. La verdad sigue sin conocerse en la gran mayoría de los casos. Existen muchas dudas en torno a cómo se han llevado a cabo hasta ahora las reparaciones por vía administrativa (Decreto 1290).

Esto se debe sobre todo al modo como se ha aplicado la ley, así como a culturas y prácticas institucionales frente a las cuales es preciso tomar correctivos, con el fin de rescatar el sentido estratégico del proceso, en particular, y de la justicia transicional en Colombia, en general.

Para mejorar

Presento a continuación algunas propuestas que pueden contribuir al avance de la justicia transicional en Colombia:

  • En primer lugar, es necesario establecer coherencia entre las varias iniciativas en curso. El Estado, con participación de la sociedad civil, debe aclarar el objetivo estratégico de la justicia transicional y el tipo de transformaciones necesarias para saldar la deuda con las víctimas del conflicto interno, lograr una paz sostenible y fortalecer la democracia.

La Ley de Justicia y Paz no puede verse como un instrumento aislado, sino como parte de una estrategia amplia que contemple medidas de justicia, de verdad y memoria, de reparación, de reformas institucionales y de construcción de una ética social de profundo respeto por los derechos humanos.

  • En segundo lugar, la Ley debe articularse armónicamente con el resto del sistema de justicia penal. Se necesita un esfuerzo comprensivo del aparato de justicia para avanzar en el esclarecimiento de los responsables, los patrones de actuación de los grupos armados y la magnitud de las atrocidades.

Los procesos judiciales de Justicia y Paz, los de la justicia ordinaria y aquellos que adelanta la Corte Suprema en contra de aforados constitucionales, deben nutrirse mutuamente para obtener logros realmente significativos, como decir develar:

o la complejidad de los aparatos organizados de poder, o los autores y responsables de las graves violaciones, o sus intereses, o sus formas de actuar, o los contextos y prácticas facilitadoras de los hechos, y o los principales responsables, entendidos no sólo como los comandantes de las estructuras armadas sino también como los determinadores, los cómplices y los financiadores.

A falta de esta exploración comprensiva, no es en realidad posible ofrecer las garantías realistas de que no habrá repetición de los horrores.

  • Hay también que insistir en la necesidad de una coordinación efectiva entre las varias instancias que intervienen en los procesos. El diálogo constructivo y respetuoso de las competencias institucionales entre la Fiscalía, los Tribunales de Justicia y Paz, la Procuraduría General y la Corte Suprema es condición para llegar a resultados.

Las expectativas

Después de seis años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, son muchas las expectativas creadas. Las más de trescientas veinte mil víctimas registradas por la Fiscalía General esperan que cada uno de los hechos por los cuales fueron victimizadas, directa e indirectamente, sea investigado, y todos y cada uno de los responsables juzgado.

Pero la realidad se impone. La posibilidad de llevar a término las investigaciones de todos los hechos es cada vez más remota. El aparato de justicia no está en capacidad de enfrentar, en el corto plazo, la escala masiva de los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Tendremos pues que abordar un debate serio y responsable sobre los derechos y expectativas de cada víctima de delitos graves, así como los intereses de la sociedad en descubrir y desmantelar las estructuras que permitieron la comisión de delitos semejantes, que hicieron prosperar a las organizaciones criminales y que mantuvieron la impunidad durante tanto tiempo.

El desafío

Colombia enfrenta hoy un desafío de enormes proporciones:

  • lograr avances tangibles e inmediatos en el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes sistemáticos;
  • ejecutar la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas lo cual implica ante todo reparar y restituir las tierras a cientos de miles de víctimas del conflicto;
  • construir la memoria y la verdad históricas, a partir de los múltiples relatos posibles;
  • recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones, y
  • en fin, renovar una ética social sustentada en el respeto de los derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad del otro.

* Antropóloga de la Universidad Nacional. Directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y coordinadora del Área de Políticas Públicas de la misma institución.

 

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