Comunidades y compañías petroleras: hacia un pacto constructivo y efectivo - Razón Pública
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Comunidades y compañías petroleras: hacia un pacto constructivo y efectivo

Escrito por Hernán Trujillo
Hernan Felipe trujillo

Hernan Felipe trujilloEn medio de una intensa actividad petrolera, se anuncia un pacto entre las compañías y las comunidades afectadas. Ese pacto sería letra muerta si no se toman en serio las expectativas, las desconfianzas, la moratoria ecológica, la pérdida de biodiversidad y el compromiso de que las empresas paguen lo que deben en impuestos y regalías.

Hernán Felipe Trujillo *

Buena señal, mala situación

A punto de alcanzar la meta de un millón de barriles de petróleo diarios, el ministro de Minas y Energía hace poco anunció la concreción de un pacto entre las firmas petroleras y las comunidades que habitan las áreas de influencia de los proyectos extractivos.

Este artículo presenta algunas ideas que pueden ayudar a que el pacto en cuestión sea efectivo y a que de veras contribuya a conservar nuestros ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las áreas de influencia de los proyectos. Mi argumento se basa tanto en criterios académicos como en experiencias personales a lo largo y ancho de las regiones petroleras de Colombia.

Hernan Felipe Trujillo min minas

El ministro de Minas y Energía anunció un pacto entre las firmas petroleras y las comunidades que habitan áreas de influencia de proyectos extractivos.

Foto: Solonoticias.com

Resulta paradójico ver cómo en un espacio tan pequeño como un pozo petrolero pueden convivir la abundancia y la escasez. Aunque no pueden desconocerse los aportes de la industria petrolera a las finanzas públicas –y por tanto a los programas sociales del gobierno central– en realidad la gente del común no ha disfrutado de avances significativos en sus condiciones socioeconómicas. Y así lo muestran las distintas investigaciones [1].

Para revertir esta situación sería necesario modificar los encadenamientos que conectan la industria extractiva con las comunidades locales, teniendo en cuenta factores como las expectativas de la población, los niveles de confianza y la antigüedad de los proyectos.

 

Cuatro tipos de proyectos

En Colombia podrían distinguirse cuatro combinaciones principales, a saber:

  1. Nuevos proyectos con altas expectativas. Acá entrarían las exploraciones asignadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y Sucre. Los proyectos petroleros llegan por primera vez a estas regiones del país. La expectativa de la población es muy alta y el nivel de oposición es relativamente bajo.
  2. Nuevos proyectos con altos niveles de desconfianza: sur del Caquetá, suroriente de Arauca, la cuenca del Patía, Guajira y Vichada. Los proyectos petroleros llegan a estas regiones por primera vez, pero las comunidades desconfían de su llegada. Las razones podrían ser el mal manejo por parte de las industrias extractivas no petroleras — como en la Guajira — o las presiones ejercidas por grupos al margen de la ley sobre las comunidades –como el sur de Caquetá, suroriente de Arauca, Vichada y la cuenca del Patía– .
  3. Proyectos viejos con altas expectativas: regiones donde los proyectos petroleros han sido una realidad desde hace años y cuyos habitantes reconocen los encadenamientos positivos entre la industria extractiva y su propio sistema económico y social. Por eso reciben con beneplácito los nuevos proyectos, como en el caso de Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y el norte de Casanare.
  4. Proyectos viejos con altos niveles de desconfianza: Putumayo, Norte de Santander y norte de Arauca. Se encuentran proyectos petroleros activos, pero se han dado manejos inadecuados de la comunidad por parte de las petroleras y presiones de los grupos armados ilegales para imponer sus reglas y mantener el control de la población.

 

Cómo hacer bien los acuerdos

Hernan Felipe Trujillo petroleo

Nuevos proyectos con altas expectativas se perfilan en departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y Sucre. Foto: Noticias-Colombia.com

Las altas expectativas pueden ser manejadas por las empresas mediante estrategias de comunicación que transmitan de manera clara y asertiva los alcances reales del proyecto, los tiempos de duración y los riesgos e impactos directos e indirectos que traerá la actividad. Dichas estrategias de comunicación deben ser constantes y dinámicas, aun cuando el proyecto esté finalizando o aunque sus resultados no estén garantizados – como en el caso de la fase exploratoria –.

Los acuerdos hacia afuera y hacia adentro son también necesarios en un contexto de bajas expectativas, contando siempre con el apoyo institucional del Estado.

En todo caso, los acuerdos deben responder a las realidades y necesidades específicas de la comunidad afectada. Dichos acuerdos deben basarse sobre dos principios:

  • reciprocidad, puesto que ambos actores se necesitan mutuamente para alcanzar sus objetivos;
  • coordinación, en tanto deben actuar conjuntamente para lograr el máximo bienestar posible.

Los acuerdos deben, igualmente, actualizarse cada vez que los resultados superen las expectativas. Debe ser por lo tanto un proceso dinámico, donde exista sincronización entre lo que se requiere – necesidades – y lo que se provee – satisfactores –.

Por ser un proceso frágil, el Estado debe verificar su cumplimiento para evitar excesos o defectos, así como asegurar que lo pactado corresponda a las necesidades que no pueden cubrirse mediante presupuestos estatales, de tal manera que las empresas no sean percibidas como sucedáneos de una entidad pública.

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En Putumayo, Norte de Santander y norte de Arauca los grupos armados ilegales imponen sus reglas y mantienen el control de la población.

Si el Estado y la empresa petrolera coinciden en el mismo tipo de proyectos o programas, se estaría desperdiciando una valiosa oportunidad para avanzar en asuntos que siendo prioritarios, se han encontrado por fuera de la esfera de actividad del Estado debido a restricciones presupuestales, como la financiación de actividades agroindustriales para garantizar ingresos a las familias del área de interés de la firma en el largo plazo.

Moratoria ecológica y pérdida de biodiversidad

El pacto anunciado por el gobierno debe realizarse entre la industria petrolera y el entorno inmediato donde desarrolla su actividad extractiva. Dicho entorno debe incluir a las comunidades humanas y no humanas que comparten los ecosistemas del área respectiva. Reducir los nuevos acuerdos a las comunidades humanas es desconocer las dinámicas biológicas, ecológicas y económicas que desencadena le ejecución del proyecto.

La extracción de hidrocarburos, en todas sus fases, produce fuertes presiones sobre la conservación de ecosistemas en zonas tropicales que prestan servicios ambientales vitales para el país y para la humanidad.

Zonas de amortiguación de los Parques Nacionales Naturales, zonas que están delimitadas dentro de la ley 2 de 1959 como Reservas Forestales o Territorios Indígenas, hacen parte de los bloques sedimentarios que se han concesionado o concesionará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en las próximas rondas.

Ante la evidente fragilidad de los ecosistemas, el Estado colombiano debe exigir los más altos estándares en el manejo de residuos sólidos, vertimientos de lixiviados, utilización de fuentes hídricas e impactos a la biodiversidad.

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Reducir los nuevos acuerdos a las comunidades humanas es desconocer las dinámicas biológicas, ecológicas y económicas que desencadena le ejecución del proyecto.  Foto: Urnadecristal.gov.co

Instrumentos como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) — principales insumos técnicos para la expedición de la licencia ambiental en Colombia — se quedan cortos para minimizar los impactos ambientales de la actividad petrolera. Puede hablarse, entonces, de una moratoria ecológica por parte de las empresas petroleras con el país.

Entre algunos mecanismos de compensación ambiental, resulta interesante la denominada compensación por pérdida de biodiversidad, que busca retribuir y resarcir los impactos negativos no prevenibles, mitigables o corregibles de un proyectos extractivo sobre la biodiversidad, de manera que se garantice la efectiva conservación de otra área del mismo tipo de ecosistema con igual o mayor viabilidad, bajo nivel de amenaza y un adecuado nivel de protección.

Dicho instrumento es compatible con la metodología general para presentar los estudios ambientales aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1503 de 2010.

En el marco del nuevo pacto, las empresas deberían usar este instrumento para ofrecer compensaciones por la pérdida de biodiversidad en cada proyecto petrolero, sin importar la antigüedad del mismo. Esto sería interpretado como una clara señal de compromiso con la sostenibilidad del país.

Pagar lo que deben

El nuevo pacto también debe incluir una nueva relación de las empresas petroleras con el Estado en materia fiscal. Recientemente en Razón PúblicaGuillermo Rudas y Álvaro Pardo han descrito a Colombia como un paraíso fiscal para las multinacionales que explotan recursos naturales no renovables.

Álvaro Pardo identificó un cambio de interpretación casi clandestino en la DIAN a partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 685 del 2001, que establecía la incompatibilidad del pago de regalías con los impuestos nacionales, departamentales y municipales sobre esa misma actividad (Sentencia de la Corte Constitucional C-1071 de 2003).

Por lo anterior, entre 2005 y 2011 la Nación ha dejado de recibir cerca de 2,3 billones de pesos por concepto de impuesto de renta, suficientes para construir 32.560 casas para cerca de 130 mil personas, o para financiar a 50 mil estudiantes su carrera profesional.

Esto resulta inconcebible y contradictorio si se tiene en cuenta el reconocimiento de la moratoria ecológica y de la deuda social que tienen las empresas petroleras con el país, puesto en evidencia por el propio anuncio del pacto.

Estos recursos fiscales se necesitan para mejora la calidad de vida de las personas que viven en condiciones deplorables a pesar de que las grandes inversiones productivas que se ejecutan en su entorno. El nuevo pacto debe incluir, por lo tanto, un cambio en la reglamentación del código minero para evitar la evasión o elusión de los ingresos fiscales. Así mismo, las empresas petroleras deben garantizar transparencia en el reporte de producción y utilidades al Estado y a la ciudadanía para evitar la elusión y la evasión del pago de regalías e impuesto de renta, denunciadas por Guillermo Rudas.

El nivel de confianza que se construya es clave para que el auge de los hidrocarburos se mantenga en el tiempo.

En fin, estos componentes del pacto entre la industria petrolera y la sociedad colombiana resultan indispensables para que la locomotora minero-energética siga avanzando a toda marcha.

* Economista y abogado, candidato a Maestro en Desarrollo Sostenible en el Instituto Tecnológico de Monterrey, investigador, consultor y columnista. 

 

twitter @hpipetrujillo

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