Los TLC, la inversión extranjera y los derechos humanos en Colombia - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad Los TLC, la inversión extranjera y los derechos humanos en Colombia

Los TLC, la inversión extranjera y los derechos humanos en Colombia

Escrito por Marco Alberto Velásquez
Marco Velasques

Marco VelasquesLos tratados comerciales que está firmando Colombia nos embarcan en un modelo económico que traerá beneficios pero aumentará los riesgos de violación de los derechos humanos. Ni el gobierno, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional han tomado las medidas de prevención necesarias.

Marco Alberto Velásquez *

Una buena coyuntura

A propósito de la visita de Barak Obama en el marco de la Cumbre de las Américas, se ha reactivado de forma decidida el debate respecto de los efectos positivos o negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) para Colombia.

La intención de derribar barreras para el ingreso masivo de inversiones privadas se enmarca en un contexto muy específico: en un mundo globalizado donde las fronteras políticas van perdiendo su importancia en detrimento de la soberanía estatal, y donde la emergencia de nuevos espacios y actores económicos reconfigura el mapa mundial de movimientos de personas, bienes y servicios, la masificación de estos instrumentos jurídicos es una realidad inevitable.

La firma del TLC con los Estados Unidos no es pues un evento aislado: el 2011 fue un año prolífico en consolidar las relaciones comerciales de Colombia con diversas naciones. El gobierno cerró la negociación y firmó tratados de libre comercio con Suiza, Canadá y la Unión Europea, mientras que la Corte Constitucional emitía concepto favorable sobre acuerdos similares con China, India y el Reino Unido.

Marco Velasquez Obama
El Libre comercio: una de las apuestas del  presidente Santos.  Foto: Presidencia

Lo anterior viene a ser comprobado por las cifras, que indican cómo el país se encuentra en un momento clave para consolidar el modelo económico neoliberal. Tan sólo el año pasado, la inversión extranjera directa llegó a 13.234 millones de dólares, con un aumento del 91,8 por ciento sobre el 2010, especialmente en el sector extractivo que reportó 7.704 millones de dólares, equivalentes al 58,2 por ciento de aquel aumento ".

Por esta razón periódicos especializados, como el  Financial Times, han destacado esta bonanza de inversión extranjera ya que –señala enfáticamente un analista de Bulltick Capital Markets consultado por ese diario– Colombia “no tiene otra salida para aliviar sus problemas de subdesarrollo.

Si bien naciones suramericanas como Argentina y Brasil han decidido no apostar por dicho modelo y prefieren mantener políticas proteccionistas, Colombia decidió seguir el ejemplo de países como Chile, que hoy puede mostrar la no despreciable cifra de 60 acuerdos de este tipo firmados con igual número de Estados.

Semejante coyuntura es el reflejo de una de las grandes apuestas del presidente Santos, quien desde el momento en que lanzó su campaña electoral anunció que una de sus políticas-bandera sería abrir las fronteras comerciales mediante los acuerdos con países preferiblemente industrializados con el fin –entre otras cosas– de atraer inversión extranjera.

Riesgos directos e indirectos en derechos humanos

Aunque se trate de una práctica ampliamente amparada por la legislación nacional e internacional, y aunque podría traerle grandes dividendos económicos a Colombia, también es indudable que la implementación de tratados de libre comercio podría producir otras consecuencias no tan benéficas, teniendo en cuenta que el contexto presenta los siguientes elementos:

  • Conflicto armado interno atribuible a disputas históricas sobre el control del territorio y los recursos naturales, y agravado por su financiación por métodos ilícitos como el narcotráfico y el secuestro.
  • Escenario multicultural donde una pluralidad de identidades desafía la imposición de un modelo único de desarrollo económico y gobernanza política.
  • Gran cantidad de recursos naturales sin explotar –especialmente de tipo extractivo como petróleo o minerales preciosos–
  • Extensiones de tierras que serían ideales para el desarrollo de monocultivos como la palma, materia prima para la producción de biocombustible.
Marco Velasquez desplazamientoLos derechos humanos de las comunidades se verían afectados de modo “colateral” mediante la intensificación de los procesos de apropiación violenta de activos.  Foto: UrnadeCristal.gov.co

Bajo el supuesto de la entrada masiva de compañías multinacionales a territorio colombiano, estos cuatro elementos se yuxtapondrían en forma caótica, creando un escenario donde la disputa sobre los recursos naturales y la tierra –principales intereses de las multinacionales– son a la vez causa y consecuencia del conflicto, el cual afecta gravemente a las comunidades que por su perfil sociocultural se encuentran en un estado de especial indefensión frente a la guerra.

En esa medida es previsible que los derechos humanos de las comunidades se vean afectados de modo “colateral” mediante la intensificación de los procesos de apropiación violenta de activos, e incluso mediante acciones directas de la multinacional, como en el caso de la compañía estadounidense Chiquita Brands que habría financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia, según información de los archivos de seguridad de Estados Unidos.

Los TLC no ayudan a prevenir abusos

En términos del derecho internacional, un acuerdo de libre comercio tiene como objeto la creación de derechos y obligaciones en materia comercial y de inversión entre Estados; en concreto, y bajo una teórica igualdad en la capacidad negociadora de cada parte, se busca eliminar barreras para aumentar el intercambio de bienes y servicios en beneficio de las dos naciones.

Sin embargo estos acuerdos pueden implicar la construcción de muros de inmunidad para los nacionales de una de las partes que, ya sea como personas naturales o jurídicas (en especial si se trata de enormes compañías multinacionales) entran al territorio de la otra parte para desarrollar su objeto social.

Marco Velasquez magistrados La Corte Constitucional ha dado  espaldarazos a la inversión extranjera mediante sentencias que revisan la constitucionalidad de los TLC. 
Foto: gecolombia9b.wordpress.com

De ahí que por regla general, en los capítulos de inversión de los TLC se combinen los grandes beneficios para los inversionistas con la ausencia de mecanismos para establecer sus responsabilidades eventuales. Teniendo en cuenta que Colombia tiene un menor potencial inversionista que sus contrapartes y que cuenta con cantidad de recursos naturales en reserva, es fácil inferir que aquella fórmula jurídica está pensada más para los inversionistas extranjeros que para los colombianos.

La anterior viene a ser reforzado por actuaciones de las demás ramas del poder público:

-Por una parte las numerosas leyes expedidas por el Congreso colombiano que estimulan el ingreso de capitales extranjeros a través de medidas de trato favorable –por ejemplo exenciones tributarias– y garantizan su seguridad jurídica –concretamente, estabilidad financiera y propiedad pacífica–.

Por otra parte el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional ha dado espaldarazos a la inversión extranjera mediante sentencias que revisan la constitucionalidad de las leyes que incorporan los TLC en el ordenamiento jurídico interno. En efecto, invocando razones de conveniencia nacional, la Corte resaltó el amplio margen de discrecionalidad que tiene el ejecutivo para negociar dichos tratados, concluyendo de aquí que el examen de constitucionalidad sobre su contenido debía ser “leve[2].

En consecuencia, el análisis de los efectos colaterales sobre las comunidades no fue hecho por la Corte, salvo por una breve anotación sobre la importancia de los derechos fundamentales en el contexto colombiano. En resumen, el derecho aparece como una forma legitimadora del ingreso de compañías multinacionales, que no serán sujetas a ningún mecanismo de control o rendición de cuentas y que por el contrario, tendrán amplios beneficios para hacer aún más atractivo su ingreso a Colombia.

No es mi intención afirmar a priori que la acción de las multinacionales es un foco de violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos desestimar los beneficios que la inversión extranjera podría traer para la economía colombiana en términos de empleo, infraestructura o crecimiento, incluyendo a las empresas mineras o energéticas, cuya actividad genera mayor riesgo dado el contexto de las regiones donde se encuentran ubicadas.

Marco Velasquez bananera Chiquita No existen mecanismos concretos de responsabilidad o rendición de cuentas en la órbita de los TLC. ¿Nuevas Chiquita Brands?
Foto: chiquitabrandsi.blogspot.com

Me preocupa sin embargo el hecho de que -frente al nivel de riesgo derivado de las particularidades del caso colombiano- no existan mecanismos concretos de responsabilidad o rendición de cuentas en la órbita de los TLC, y peor aún, que cualquier compromiso con la adopción de estándares en materia de protección de derechos humanos sea fruto de la buena voluntad de la empresa, en vez de una obligación con el país de donde obtienen sus ganancias.

Cuando la Corte Constitucional sostuvo que cualquier discusión sobre el modelo de desarrollo no es sujeto de control por parte suya, ciertamente mandó un mensaje de complacencia con el gobierno, y de alguna forma dejó en vilo la supremacía material de la Carta Política en este apartado: el papel de los derechos fundamentales en la discusión sobre el modelo de desarrollo.

Todos esperamos que esta decisión política, económica y jurídica sea positiva para el país, y que el presidente Santos esté jugando con cartas seguras, más todavía cuando el gobierno de forma paralela está impulsando una Ley de Víctimas, es decir, una política de restitución y reparación integrales.

Las consecuencias de no hacer póker en este tema –incluso de no tener una buena mano– pueden ser devastadoras para un eventual tránsito hacia la superación de las desigualdades sociales y la obtención de una paz duradera.

* Abogado (U. Javeriana) y Magister en Derecho Internacional (IHEID, Ginebra), profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número.

 

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies