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Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y las drogas

Escrito por Santiago González
Consumidores de marihuana

Santiago Gonzalez¿Qué dicen los candidatos sobre la política de drogas que la ciudad necesita? ¿Cuánto de lo que dicen son engaños, cuánto verdades a medias, y cuánto propuestas sensatas? Un  examen riguroso.

Santiago González-Plazas*

Declaraciones engañosas

El debate sobre la política de drogas es un campo minado donde las pasiones y los prejuicios juegan un papel decisivo a la hora de interpretar las evidencias.

Ningún candidato a la Alcaldía de Bogotá logra escapar de esta realidad, y algunos llegan a desdibujar por completo los diagnósticos, así como las posibles soluciones, del problema. Esto da pie a declaraciones que resultan engañosas o que son verdades a medias.

Por ejemplo, uno de los candidatos sostiene que de ser elegido “la primera cosa que haré es promover un referendo que busque la penalización total del hábito de fumar marihuana”. Este candidato afirma que «las drogas están matando a esta ciudad».

La polarización dificulta avanzar hacia formas más convenientes de entender y abordar el problema de las drogas.

Semejantes declaraciones pasan por alto que existen marcos legales y jurisprudenciales como la Sentencia C-221 de 1994 que protegen las libertades individuales en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Además, no habría necesidad de buscar “una penalización total del hábito de fumar marihuana” cuando decretos como el 1108 de 1994 facultan a las autoridades locales para limitar y restringir el porte y consumo de drogas.

Por eso hablar de “penalizaciones totales” resulta engañoso. Esta propuesta va en contravía de la tendencia mundial de despenalización del consumo de  drogas, basada en comprender que el uso de la drogas debe abordarse como un asunto de salud pública y no como un delito.

Otro problema de este tipo de declaraciones es alimentar la idea de una relación causal errónea entre consumo de marihuana y delito, cuando los estudios internacionales no demuestran la existencia de ese nexo. Se sabe que individuos arrestados por cometer crímenes suelen usar marihuana, pero hay muy poca evidencia en el sentido de que el consumo de esta sustancia lleva a crímenes violentos es decir, no es para nado claro que el delito haya sido determinado por ingerir la sustancia.

También es engañoso sostener que la marihuana “está matando a la ciudad”. La evidencia científica demuestra que la marihuana por sí sola, a diferencia de otras drogas, no tiene una dosis letal conocida.

Las drogas y su consumo abusivo son fenómenos sociales, culturales y económicos complejos que los gobernantes deben enfrentar de manera inteligente. Es claro que hoy por hoy podríamos avanzar hacia la protección de los derechos de las personas que consumen sustancias, así como de las personas que no consumen y que quieren disfrutar ambientes sanos. Pero nada de esto implica difundir o reforzar creencias sobre  relaciones causales inexistentes entre droga y delito que desinforman y confunden a la opinión.

Verdades a medias

 

Las verdades a medias también ignoran la complejidad que encierra el fenómeno de las drogas en sus distintas manifestaciones. Estas falacias crean visiones limitadas acerca del fenómeno y de sus posibles soluciones.

Por ejemplo, aunque se sabe de algunos consumidores crónicos de bazuco o heroína, que viven para consumir y consumen para vivir, uno de los candidatos a la Alcaldía proclama  la necesidad de “promover políticas de abstinencia y desintoxicación en drogas”. Estas declaraciones simplifican la complejidad alrededor de algunas prácticas de consumo, desconocen que para poblaciones particulares (como los habitantes de calle) la abstinencia no es una opción, y olvidan la necesidad de promover políticas diferenciales en materia de atención a la drogodependencia.

Otro de los candidatos afirma que va a “intervenir integralmente la calle del Bronx”. Promete que “se va a perseguir el microtráfico que se da en ese sector, desde el jíbaro que vende las dosis en las calles, el intermediario, el dueño de la ‘olla’, hasta el gran distribuidor”. Termina afirmando que “me convertiré en la peor pesadilla del narcotráfico en Bogotá”.

Declaraciones como esta pueden despistar a la opinión pública sobre la complejidad del fenómeno de los mercados urbanos de drogas, así como sobre su funcionamiento y sobre los retos que los gobiernos locales tienen para contrarrestar el fenómeno.

En primer lugar hay que reconocer que, si bien lugares como la calle del Bronx hacen parte de la cadena del narcotráfico en Bogotá, solo son una parte del problema. La pretensión de constituir en el alcalde “pesadilla del narcotráfico” implicaría discutir sobre algo que no se menciona en el discurso: cómo atacar efectivamente la corrupción y el lavado de capitales producto de la venta de sustancias y actividades criminales conexas.

La persecución penal de pequeños, medianos y grandes criminales por sí sola no lleva a nada nuevo si no se incluye la persecución de sus riquezas y su poder corruptor. Si existiera una persecución integral, esta tendría que estar acompañadas por acciones complementarias en el ámbito de la salud y los derechos humanos que mitiguen el daño causado por la criminalidad.

Más allá de las emociones

La candidata a la Alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón.
La candidata a la Alcaldía de Bogotá, Clara López Obregón.
Foto: Wikimedia Commons

La lectura de las declaraciones en medios, así como la revisión de los planes de gobierno de los candidatos, indica la existencia de aspectos que iluminan caminos más prósperos en materia de política de drogas con perspectiva local. Estos aspectos se enuncian a continuación:

-Bogotá necesita una política criminal alternativa en materia de drogas. En este sentido la candidata Clara López afirma que “el consumo general de drogas no puede ser atacado desde el prohibicionismo. La política de criminalización de la venta se ha extendido hacia la política de criminalización del consumo y esto tiene que cambiar”.

La persecución penal de pequeños, medianos y grandes criminales por sí sola no lleva a nada nuevo si no se incluye la persecución de sus riquezas y su poder corruptor.

-Bogotá necesita buenos sistemas de información estadística. Este sistema debe servir para el diseño, ejecución y monitoreo de una política de salud pública, convivencia y seguridad ciudadana que reduzca el micro-tráfico, el narcomenudeo y el consumo. En este sentido el candidato Francisco Santos llama la atención sobre el hecho de que “la ciudad no cuenta con una política que permita planear a largo plazo las estrategias para enfrentar a los delincuentes y no existe coordinación entre entidades para el manejo de la información estadística”.

-Bogotá tiene que construir sobre lo construido. Es necesario rescatar prácticas y esfuerzos de política social y de salud pública alrededor del tema de las drogas y ajustar o eliminar las que no han podido desarrollarse con éxito. Refiriéndose a la política de drogas de la administración de la Bogotá Humana el candidato Carlos Vicente de Roux sostiene: “Bogotá tiene proyectos y acciones institucionales interesantes pero dispersas. En este sentido, Bogotá no tiene un plan de acción y esto produce desarticulación”.

-Bogotá debe fortalecer la articulación de lo local con lo nacional. En este orden de ideas el candidato Rafael Pardo afirma que “Si venden drogas a las afueras de los colegios y hay policías, entonces hay que hacer responsable a la Policía. Pero si la Policía captura gente y no se procesa adecuadamente por el sistema de investigación criminal o por el sistema judicial, hay que pedir responsabilidades”.

-Bogotá debe dar atención preferencial a las poblaciones vulnerables. Estas son, entre otros, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se ven expuestos al consumo y al tráfico de sustancias psicoactivas. En este aspecto concuerdan varios candidatos. Por ejemplo Enrique Peñalosa plantea la necesidad de “generar para jóvenes estrategias de potenciación de capacidades y habilidades y de prevención de violencias, embarazo adolescente y consumo de sustancias psicoactivas”.

Los programas, discursos y declaraciones de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá enseñan que -no obstante las diferencias naturales y  manifiestas entre ellos- cada uno puede aportar elementos constructivos para pensar políticas de drogas complejas y convenientes para la ciudad.

Una política de drogas para la ciudad

Calle del Bronx en el centro de Bogotá.
Calle del Bronx en el centro de Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Los puntos discutidos alrededor del debate dejan algunas enseñanzas importantes y plantean algunas perspectivas para el futuro:

  • La polarización dificulta avanzar hacia formas más convenientes de entender y abordar el problema de las drogas. Hace falta impulsar una cultura del diálogo razonado e informado que se oponga a la polarización. Esta tarea no es fácil pero es necesaria.
  • La mayor parte de las campañas brindan elementos para pensar una política de drogas comprensiva, que responda a las diferentes facetas y complejidades del fenómeno. Existen elementos que de manera aislada ponen el énfasis sobre la seguridad ciudadana, sobre los derechos humanos y sobre la salud pública. Sería preciso integrar estos elementos dentro de una sola visión respetuosa de la diferencia para avanzar hacia enfoques integrales de prevención y mitigación del fenómeno.
  • La futura administración de Bogotá tiene el reto de trabajar en el diseño y operación  de marcos institucionales y espacios de concertación que le permitan entablar relaciones con la Nación para encontrar caminos intermedios entre la guerra y la total liberalización de la oferta y demanda de drogas.
  • Hay que trabajar de manera concertada, en el nivel local y el nacional, para la prevención y reducción de daños del mercado de drogas, no solo desde la perspectiva de la salud sino también en términos de seguridad y convivencia ciudadana.

Estos son los retos más importantes que enfrentará el nuevo gobierno capitalino en materia de drogas. Asumir este reto es una responsabilidad que no se puede eludir.

 

* Politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Política Pública de la Universidad de los Andes y magíster de la Universidad de Melbourne, asesor de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia (las opiniones son responsabilidad del autor).

 

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