Análisis histórico y social de un fenómeno que ha constituido la vida de los habitantes de la frontera durante siglos y que ahora está en el centro del conflicto entre los dos gobiernos. Una lectura indispensable e incisiva.
Santiago González-Plazas*
Aceptación social y prohibición legal
Algunos estudiosos de la historia de Colombia han sostenido que desde los tiempos de la Colonia ciertas provincias del Nuevo Reino de Granada gozaron de altos niveles de modernización y desarrollo gracias a la práctica prohibida de intercambio de mercancías, o contrabando.
Según Emilio Yunis, “ante la disminución del comercio legal de productos con España, el contrabando que se empezó a desarrollar garantizaba el suministro de bienes importantes para algunas de las provincias, haciendo que en un principio el trato ilícito fuera el que estimulara el desarrollo económico y progreso de las mismas”.
Con el paso del tiempo, la prosperidad resultante del contrabando dio pie a la configuración de culturas locales alrededor de esta práctica, considerada por muchos como la principal y quizás única fuente de trabajo honesto y digno en algunas regiones.
Pero siglos después, en el Código Penal del año 2000, el contrabando fue elevado a la categoría de delito por iniciativa del gobierno nacional. Y así una práctica cultural cultivada sin mayores cortapisas durante muchas décadas pasó a ser ilegal, como producto del nuevo orden jurídico que tan tardíamente se adoptó en defensa del comercio legal y de la industria nacional.
El resultado es simple: la nueva ley y los intentos de hacerla cumplir no gozan de la aceptación o de legitimidad entre la mayoría de la población. Esta circunstancia, para muchos difícil de entender, se deriva, entre otros, de la incapacidad histórica de los sucesivos gobiernos centrales de Colombia para ejercer de manera efectiva la soberanía en muy extensas regiones del país, incluyendo las fronteras.
La evidencia en el terreno indica que la sola existencia de leyes contra el contrabando no garantiza su cumplimiento y que algunas comunidades no renuncian ni renunciarán a sus prácticas, menos aun cuando estas siguen siendo consideradas como la única opción de vida.
Dos tipos de contrabando
 Venta de gasolina de contrabando en la ciudad fronteriza de San Cristóbal en Venezuela. Foto: Der Mikelele |
Cundo se habla de contrabando es necesario diferenciar entre actores y entre grados de participación en el mismo. En efecto: existen claras diferencias entre el contrabando ejercido por la población vulnerable como una manera de sobrevivir, y aquel otro que llevan a cabo los grupos criminales de mayor o de menor envergadura.
-La primera modalidad de contrabando suele tener un trasfondo cultural y gozar de amplia aceptación social, bajo los términos del llamado “rebusque”. El contrabando que llevan a cabo miles de personas en las zonas de frontera apenas satisface sus necesidades básicas de alimentación y vestido. Es el denominado contrabando “de miseria” por las mismas personas que lo practican.
Siglos después, en el Código Penal del año 2000, el contrabando fue elevado a la categoría de delito
-El segundo tipo de contrabando se lleva a cabo por organizaciones criminales, que van desde pequeños grupos, familias o clanes, hasta organizaciones con alcance transnacional. Esta modalidad también puede tener altos niveles de aceptación social, pero esta vez resultantes de una suerte de admiración por el estilo de vida y el poderío económico y político que se deriva de esta actividad al margen de la ley: en muchas zonas de Colombia, los “duros” del contrabando no son vistos con desdén sino más bien admirados por los jóvenes, los niños e inclusive los adultos.
Pero el problema principal consiste en que el contrabando ejercitado por personas pobres utiliza los canales y las redes sociales que han sido capturados por las mafias. Estas mafias aprovechan los valores, las creencias, las actitudes y las necesidades de muchas personas para encubrir y movilizar mercancías, armas, cocaína, autos robados y hasta seres humanos para prostitución y trabajo ilegal.
A diferencia entonces de los tiempos de la Colonia, y como fruto de los nuevos contextos donde la criminalidad cada día demuestra mayor capacidad operativa, el fenómeno del contrabando no puede ser concebido como un motor para el desarrollo y para la modernización. Por el contrario, y a pesar de que el contrabando puede suplir las necesidades básicas de un grupo de la población, este acaba por reproducir y agravar la exclusión y la segregación social.
Hoy en día las ciudades de la frontera colombo-venezolana donde tradicionalmente se ha ejercido el contrabando se encuentran capturadas por poderosos grupos criminales que profundizan la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos de los habitantes:
- Las filas donde pueden verse niños, adultos y personas de la tercera edad que trasportan pimpinas de gasolina o productos de la canasta familiar en pequeñas cantidades desde Venezuela a Colombia por debajo del Puente Internacional Simón Bolívar, al igual que los venezolanos que compran alimentos en la población de La Parada en Colombia, demuestran la existencia de patrones pre-modernos de organización social y económica dominados por la criminalidad.
- Estas situaciones contrastan con los cientos de camiones cargados con contrabando que cruzan la frontera por trochas polvorosas e insospechadas sin ningún control y que, según las denuncias, pasan con la complicidad de las autoridades de ambas naciones.
¿Duro con los débiles o con los duros?
Este juego de palabras, acuñado por el último informe del Wilson Center sobre las leyes de drogas, es útil para entender la actitud y las actuaciones del gobierno de Maduro respecto de los colombianos.
El gobierno de Venezuela dice que, en ejercicio de su soberanía, ha decidido proteger su seguridad nacional y su seguridad alimentaria con la expulsión de miles de colombianos acusados de ser paramilitares y contrabandistas de víveres. Pero la represión se ha concentrado en los portadores de pequeñas cantidades de mercancías, que en su inmensa mayoría son personas de bajos recursos que practican “el rebusque”.
Más todavía: las detenciones masivas se han basado en el estereotipo del colombiano y Venezuela ha hecho un uso desmedido de la fuerza. Sus actuaciones han incluido la expulsión física de personas, la demolición de viviendas y hasta abusos sexuales por parte de la guardia, según varias denuncias. Por eso llama la atención que una respetada defensora de derechos humanos afirme que “jamás aceptaría que el Estado venezolano tiene una política criminal para perseguir colombianos o para perseguir a quienes viven en la frontera. Seguramente que hubo desmanes y eso se puede aceptar, pero no es una política de Estado”.
Ante semejantes hechos y semejantes declaraciones la pregunta obligada es si las medidas adoptadas reducen los niveles de corrupción de las autoridades fronterizas y la penetración del crimen organizado transnacional en las dos sociedades. La respuesta es no.
Todo parece indicar que Venezuela optó por ser demasiado dura con los débiles pero bastante débil con los duros. Solo el tiempo le enseñará al vecino país y a todos cuán equivocada y fútil es esta posición en materia de política criminal.
Lecciones para Colombia
 Oficiales de la Policía Nacional ayudan a refugiados colombianos en su éxodo hacia la ciudad de Cúcuta. Foto: Policía Nacional de los Colombianos |
En las democracias más avanzadas, la política criminal suele ser diseñada sobre la base de tres distintas disciplinas:
- Por una parte la criminología, que trata de entender los orígenes y desarrollos de los delitos o desviaciones de conducta que se presentan en la sociedad. La criminología se ocupa de analizar los conflictos que surgen entre normas formales e informales en una sociedad.
- Por otra parte el derecho penal, que pretende defender determinados modelos de comportamiento y para eso tipifica y sanciona las conductas que la sociedad considera delitos.
- Y además se encuentran las ciencias forenses, que investigan los contextos y circunstancias personales, instrumentales, temporales y espaciales que rodean los hechos delictivos.
Pues bien: un muy alto porcentaje de los fenómenos delincuenciales en Colombia, incluido el contrabando, son abordados desde el derecho penal y desde las ciencias forenses; la criminología no ha ocupado un lugar preponderante, al menos desde el punto de vista crítico.
El contrabando ejercitado por personas pobres utiliza los canales y las redes sociales que han sido capturados por las mafias.
El aporte actual desde el derecho penal (que se puede observar en la promulgación de la Ley anticontrabando de julio de 2015) es positivo. Pero insistir en el solo uso de la ley no garantiza los resultados necesarios, en términos de prevención del delito a largo plazo y de forma estructural. La nueva ley seguramente va a traducirse en más acciones o medidas policivas de corto plazo, que tienden en efecto a agravar los problemas en lugar de solucionarlos – y así lo enseña el caso venezolano-.
La política del Estado hacia el contrabando tiene que nutrirse de los aportes de todas las ciencias sociales relevantes. Se necesita un enfoque multidisciplinario para diseñar y aplicar las políticas que ataquen de un modo eficiente las actividades ilegales que son socialmente aceptadas en el país.
* Politólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Política Pública de la Universidad de los Andes y master de la Universidad de Melbourne, asesor de la Dirección de Política Contra las Drogas del Ministerio de Justicia (las opiniones son responsabilidad del autor).
