El presidente Petro firmó la ley que permite a 5000 mujeres cabeza de familia salir de las cárceles para cuidar de sus hijos. Un acto de justicia necesario.
Juliana Morad Acero* y Juliana Rincón Martínez**
Todos tienen derechos
El hacinamiento en las cárceles colombianas es una violación sistemática de los derechos humanos y un incumplimiento de los principios que sirve de fundamento a las penas. Tanto así que la Corte ha declarado que el sistema penitenciario y carcelario en Colombia se encuentra en un “estado de cosas inconstitucional”.
Este estado afecta de modo diferente a las mujeres, ya que ellas padecen violencia y discriminación en su vida cotidiana que las hace especialmente vulnerables en el sistema de castigo, tanto mientras están en prisión como después de cumplir su condena. Esto significa que las repercusiones concretas que sufren son mucho más graves que las de otros grupos, lo cual aumenta su vulnerabilidad de manera exponencial.
De aquí la importancia del enfoque de género para identificar las necesidades y diferencias específicas del efecto de los centros penitenciarios para las mujeres. Ignorar el contexto de vida y sus necesidades aumenta la discriminación, la intensificación del castigo o el sufrimiento desproporcionado.
Un enfoque de género
En ese contexto, a través de un enfoque de género, proponemos que se creen, adopten y promuevan medidas alternativas a la prisión para las mujeres cabeza de familia que no representen un alto riesgo para la seguridad ciudadana. Así como el mejoramiento de programas de transición a la vida laboral mediante la integración del sector empresarial. Esto lo sostenemos sobre la base de que estas medidas:
- Permiten disminuir el efecto desproporcionado que tiene la prisión en sus vidas y en la de sus familias.
- Contribuye a la creación de políticas efectivas para lograr la resocialización como fin de la pena, a enfrentar los factores asociados con la trayectoria del delito y a reducir las probabilidades de reincidencia.
La Universidad Javeriana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económicas llevaron a cabo un estudio según el cual las mujeres privadas de libertad en Colombia se encuentran marginadas debido a su género, así como a otros factores opresivos como su nivel socioeconómico, educativo y sus historias de vida.
Este estado afecta de modo diferente a las mujeres, ya que ellas padecen violencia y discriminación en su vida cotidiana que las hace especialmente vulnerables en el sistema de castigo, tanto mientras están en prisión como después de cumplir su condena. Esto significa que las repercusiones concretas que sufren son mucho más graves que las de otros grupos, lo cual aumenta su vulnerabilidad de manera exponencial.
La mayoría de las mujeres en prisión son productivas y se encuentran en edad reproductiva, y pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. Estas mujeres también suelen ser las principales responsables del cuidado; el 75% de las mujeres encuestadas en el estudio eran madres cabeza de familia.
En su mayoría, las mujeres privadas de la libertad tienen un nivel educativo que oscila entre la educación primaria y bachillerato, por lo que sus empleos suelen ser precarios. Además, es importante mencionar que estas mujeres no han cometido delitos violentos, sino que su vulnerabilidad económica las ha llevado a cometer infracciones penales y no representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana.
También se debe destacar que el porcentaje de mujeres que forman parte de organizaciones criminales es bajo. Estas mujeres ocupan eslabones que no tienen un papel de liderazgo o son fácilmente reemplazables. Por lo tanto, mantenerlas bajo custodia no necesariamente afecta a las organizaciones y a las redes criminales.
No obstante, el impacto de la prisión en las mujeres es desproporcionado, ya que agrava las formas de opresión y discriminación que ya enfrentan. Esto no solo las afecta a ellas, sino también a sus familias. De hecho, el informe mencionado demostró que la mayoría de las mujeres encarceladas siguen siendo las únicas responsables del hogar, incluso mientras están en la cárcel.
Mujeres y familias homoparentales
La situación para las mujeres encarceladas se complica aún más ya que, al no tener un trabajo que les permita mantenerse a sí mismas y a sus familias, dependen de recursos externos. Este problema es diferente al de los hombres en prisión, ya que los hijos suelen quedarse al cuidado de las madres. En cambio, en el caso de las mujeres, los niños suelen ser cuidados por sus hermanos mayores o la abuela.
La tendencia al aumento de la encarcelación y el abuso de la detención preventiva ha impedido que las mujeres estén cerca de sus familias, lo que ha causado una violencia psicológica constante en sus vidas. Esto es especialmente importante cuando se considera el derecho de los niños y niñas a estar junto a sus padres y la importancia de la relación con la familia para su resocialización.
Para las mujeres encarceladas, la familia es una pieza clave en su bienestar emocional. En entrevistas con mujeres liberadas, muchas señalan que después de la violencia psicológica que han sufrido, la única razón para seguir viviendo eran sus hijos. Esto demuestra que la familia les da un propósito y una razón para transformarse y no reincidir en el crimen.
La mayoría de los delitos cometidos por las mujeres no son violentos y representan un riesgo mínimo para la ciudadanía. Por lo tanto, la aplicación de medidas alternativas para este grupo poblacional sería mucho más efectiva y reduciría los costos para la sociedad.
Las alternativas a la prisión se justifican y son necesarias porque favorecen la protección de los derechos fundamentales de las y los procesados, la población privada de la libertad y los hijos menores que dependen de ellos.
Estas alternativas garantizan que la pena sea proporcional al delito cometido; son más costo-efectivas para el manejo de delitos no violentos y favorecen la gestión de personas que no representan un alto riesgo para la seguridad ciudadana. Además, permiten una reinserción más eficiente de los individuos en la sociedad.
Riesgos de incidencia delictiva
La seguridad ciudadana es uno de los factores cruciales en el momento de adoptar una decisión de política criminal, sin embargo, aumentar la encarcelación como garantía para la seguridad ciudadana no necesariamente representa un efecto positivo.
La situación para las mujeres encarceladas se complica aún más ya que, al no tener un trabajo que les permita mantenerse a sí mismas y a sus familias, dependen de recursos externos. Este problema es diferente al de los hombres en prisión, ya que los hijos suelen quedarse al cuidado de las madres. En cambio, en el caso de las mujeres, los niños suelen ser cuidados por sus hermanos mayores o la abuela
Según el informe realizado por el Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, “no hay una relación consistente entre los índices de delincuencia y las tasas de encarcelamiento, puesto que hay otros factores que contribuyen al aumento o disminución de las tasas de criminalidad”.
Además, algunos estudios indican que en ciertas circunstancias y en diferentes comunidades el encarcelamiento puede incluso aumentar el riesgo de reincidencia.
Para abordar los factores que llevan a la reincidencia del delito en las mujeres cabeza de familia, proponemos tomar medidas alternativas a la prisión con programas de transición al mundo laboral. Estas medidas pueden ayudar a reducir la probabilidad de reincidencia, pues la vulnerabilidad económica y la necesidad de mantener a sus familias son factores que impulsan a estas mujeres a cometer delitos.
Después de salir de la prisión, encontrar trabajo se convierte en una tarea muy difícil para las mujeres, debido a que sufren de estigmatización por sus antecedentes penales. Además, durante el tiempo que estuvieron encarceladas, no pudieron adquirir habilidades laborales que les permitieran salir de la situación de vulnerabilidad que las llevó a cometer el delito. Esto a menudo conduce a la reincidencia.
