El paro minero sigue sin alcanzar su propósito. En un contexto de violencia y minería ilegal, los mineros artesanales reclaman el reconocimiento de su trabajo por parte del Estado.
María Paulina Domínguez*
“Había hombres que en cosa de dos meses se enriquecían. La comida antes abundante escaseaba y alcanzaba precios exorbitantes. Entre tanto “Barranquilla” y otros pescadores empezaban a demorarse todo el día en el río para volver por la tarde con uno o dos pescados, a causa de los trabajos de las dragas que poco a poco destruyeron toda la ecología de la región”.
“No había grandes señores. La gente venía solo a conseguir plata, a beber trago y a nada más” dice Celia Maduro recordando esa época. Todos se entregaban al esclavo amarillo que ata y desata los vínculos sagrados, que hace amable la lepra y que honra al ladrón, y sobre el que alguna vez Shakespeare escribió: “¡oh maldito metal vil ramera de los hombres” …
Juan José Hoyos. “La fiebre del oro”
En: “Sentir que es un soplo la vida”
El paro sigue
El paro minero en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia cumple casi veinte días sin que se logre un acuerdo con el gobierno nacional. Este paro ha resultado en el bloqueo de vías que comunican gran parte de Antioquia con la costa caribe y en hechos de violencia con diferentes consecuencias.
Entre estas está un comercio cerrado o parcialmente abierto con horarios limitados, el desabastecimiento de alimentos y alza de los precios en supermercados, un gran número de familias que viven del “día a día” sin la posibilidad de acceder a los alimentos básicos —entre estos los mineros artesanales—, cien mil niños con actividades escolares suspendidas, seis hospitales sin oxígeno, y otros problemas que siempre han ocurrido en estas subregiones y que pasan desapercibidas para la agenda local y nacional.
El pasado 2 de marzo las organizaciones de mineros artesanales se declararon en paro después de la detención y quema por parte de la Fuerza Pública de equipos destinados a minería ilegal. Varios mineros que se dedican desde hace años de manera artesanal a esta actividad fueron afectados.
La práctica de la minería sin la debida autorización o supervisión regulatoria ha sido una fuente de conflicto y degradación ambiental en Colombia, y ha facilitado el arraigo de grupos ilegales que fungen como autoridades en materia de orden público.
Por este motivo, entre las exigencias del Comité del paro están el respeto por la maquinaria usada por los mineros ancestrales, el reconocimiento de este tipo de actividad y, con ello, un plan de formalización de pequeños mineros que alivie las cargas burocráticas para quienes decidan formalizarse.
De igual forma, reclaman la creación de un distrito minero que facilite la coordinación entre el gobierno, las empresas mineras y las comunidades locales, de manera que se logren una explotación sostenible de los recursos, una distribución justa de los beneficios y una mejor gestión ambiental y social.
Tres minerías
La minería en Colombia se da de tres maneras: legal, artesanal o ilegal. La primera se regula mediante permisos de exploración y explotación otorgados por el gobierno nacional en determinados territorios y se debe someter a normas ambientales, de seguridad y sociales.
Por su parte, la minería artesanal es ejercida por pequeños mineros que usan técnicas manuales y equipos de más baja tecnología para extraer minerales, como los barequeros. Los mineros artesanales están organizados en pequeñas cooperativas o asociaciones en áreas rurales y su producción es generalmente de bajo volumen y escala en comparación con las grandes multinacionales.
La minería ilegal es ejercida por grupos armados ilegales que también se dedican al narcotráfico, la extorsión, la explotación de madera y el lavado de activos, mediante el control de la seguridad en el territorio, la explotación de los recursos naturales y la extorsión de pequeños y grandes mineros y comunidades locales. El Clan del Golfo y el ELN son los dos principales grupos armados que se dedican a estas actividades en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia
Los tres tipos de minería conviven en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, y esto produce serias tensiones entre los diferentes grupos, así como otras formas de violencia que afectan a las comunidades locales, tales como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas y el desabastecimiento de alimentos, en una región con un 89 % de inseguridad alimentaria y donde apenas el 3 % de lo que se consume es producido allí.
Unos a costa de otros
Como se ha visto en los últimos días, debido a la falta de formalización de la minería artesanal, entre esta y la minería ilegal pueden presentarse líneas muy delgadas que desconozcan a los pequeños mineros.
De aquí que varios mineros dedicados tradicionalmente a esta actividad hayan declarado el paro minero contra las acciones policivas y judiciales del gobierno y la Fuerza Pública.
Por su parte, grupos armados ilegales se sumaron al paro con hechos violentos, como la quema de peajes, oficinas de las autoridades locales, policía y fuerzas militares, así como con atentados contra la misión médica. El gobernador de Antioquia atribuyó estos hechos al Clan del Golfo, señalando además que el grupo armado estaba obligando a los jóvenes a que se sumaran a las acciones violentas.
La práctica de la minería sin la debida autorización o supervisión regulatoria ha sido una fuente de conflicto y degradación ambiental en Colombia, y ha facilitado el arraigo de grupos ilegales que fungen como autoridades en materia de orden público.
Aunque el gobierno ha intentado formalizar la minería artesanal, el progreso ha sido lento y limitado. Los esfuerzos para hacer cumplir las leyes son objeto de resistencia y violencia, ya que los mineros ancestrales sostienen que el enfoque del gobierno es autoritario y que ignora sus necesidades y derechos económicos.
Intentos de negociación
Ya se han presentado dos intentos de negociación sin éxito.
El primero se dio en Caucasia el 9 de marzo, donde estuvieron varios viceministros. En esta ocasión los líderes del Comité solicitaron suspender el diálogo para que asistieran funcionarios con mayor poder de decisión.
El segundo intento se llevó a cabo el 16 de marzo en Bogotá. A esta mesa viajaron 12 representantes del Comité, el ministro del Interior, las ministras de Ambiente y Minas y Energía, así como el Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, no se logró ningún acuerdo.
Ante esto, el Comité solicitó una caracterización de los mineros ancestrales que les permita reconocimiento, garantías en el diálogo, y que otros oportunistas no se beneficien de manera gratuita de los acuerdos.
Problemas que necesitan respuestas
Si bien estos hechos han concentrado la atención de las autoridades y los medios de comunicación en los últimos días, estos problemas no son recientes.
La violencia, la falta de presencia y gobernanza por parte de las autoridades; la presencia de grupos armados ilegales que imponen un tipo de orden en la zona; las afectaciones ambientales; el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos; la inseguridad alimentaria en las dos subregiones, así como otros problemas descritos, hacen parte del día a día de los pobladores de la región.
Desde el Centro de Valor Público, académicos y expertos que trabajan en las dos subregiones ofrecen propuestas que responden a la necesidad de formalizar y reconocer la minería artesanal y mejorar la gobernanza local.
Con todo, el resultado del paro minero no puede reducirse a la formalización de la minería artesanal. Las comunidades locales que por años han sido víctimas del abandono estatal y los altos índices de violencia también reclaman atención.
Sobre la formalización, el investigador del Centro de Valor Público, Juan Carlos Muñoz, señala en su videocolumna que estos hechos son el “síntoma de un problema profundo que necesita un abordaje multidisciplinario y completo”. Por lo anterior, la discusión debe ir más allá de un tema jurídico y debe tener una comprensión más holística que responda a las organizaciones económicas. Por eso considera importante avanzar en el análisis de la cadena productiva minera, de tal forma que esta tenga un enfoque diferencial que responda a las características del territorio y a los diferentes momentos de explotación, comercialización y distribución. Así mismo, resalta la importancia de avanzar en el catastro multipropósito que permita reconocer la propiedad y usos de la tierra y así consolidar las instituciones y la gobernanza local sobre el territorio. Por último, propone dar prioridad al diseño de políticas que, a partir de los datos de la destinación y vocación de la tierra, propongan estrategias de planeación del territorio.
Con la elección de los nuevos gobiernos municipales se abre la posibilidad de formular Planes Integrales de Seguridad y Convivencia (PISCC), que se enfoquen en acciones para la prevención de violencias y estrategias de resolución de conflictos y convivencia pacífica.
Con todo, el resultado del paro minero no puede reducirse a la formalización de la minería artesanal. Las comunidades locales que por años han sido víctimas del abandono estatal y los altos índices de violencia también reclaman atención.
Si no se logra estimular la economía de las dos subregiones para diversificar las posibilidades de empleo, más allá de la minería —como por ejemplo, fomentando el cultivo de la tierra—, la presencia de los grupos armados y la disputa por el territorio seguirán siendo inevitables.
La semana pasada, en medio de la incertidumbre por el cese de actividades y la necesidad de encontrar un sustento, mineros informales se concentraron en las vías del casco urbano del municipio, pretendiendo extraer alguna cantidad del mineral. Esto hace evidente que las poblaciones necesitan otras oportunidades de empleo y que se garantice la seguridad alimentaria de los habitantes, para al fin liberarse de aquel “esclavo amarillo que ata y desata los vínculos sagrados”, del que habla Juan José Hoyos.
