Los trinos de Petro y Bukele reabren la discusión sobre cómo combatir la criminalidad: éstos son los dos modelos, y éstas sus implicaciones en términos de eficacia, popularidad y respeto por los derechos humanos.
Manuel Rayran*
El presidente más popular
Según la encuesta Gallup publicada el 28 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registra el más alto índice de aprobación entre las personalidades públicas de América Latina.
Su nivel de aceptación se debe a la creencia difundida de que este mandatario está ganando la batalla contra de la delincuencia gracias a su política de “mano dura”, que ha estado dedicada a encarcelar los pandilleros de su país.
Esta encuesta dio pie a un debate entre los mandatarios de El Salvador y de Colombia, a través de Twitter y —sobre todo —reabrió la discusión histórica sobre cuáles son las mejores estrategias de seguridad y sistemas judiciales para reducir la inseguridad.
La política de mano dura tiene efectos positivos en un corto plazo y despierta simpatía de los ciudadanos hacia su mandatario, porque este último demuestra con acciones la voluntad de atender las demandas de la sociedad.
Las dos posturas
Así pues, alrededor de este tema existen dos posturas: la estrategia de la mano dura, y la que da prioridad a las garantías procesales y los derechos humanos.
Cada una de estas estrategias implica una cosmovisión sobre el funcionamiento de la sociedad y su relación con el Estado. La política de mano dura tiene efectos positivos en un corto plazo y despierta simpatía de los ciudadanos hacia su mandatario, porque este último demuestra con acciones la voluntad de atender las demandas de la sociedad.
Por eso este modelo tiende a tener más apoyo en sociedades agotadas por los altos niveles de criminalidad; la ciudadanía exige entonces una solución rápida, aun pasando por encima del Estado de derecho, y acepta el autoritarismo y la intimidación como herramientas para mantener el “orden” interno.
Pero detrás de estos resultados se esconden otros elementos que no se tienen en consideración: la criminalidad tiene causas o raíces complejas en cada sociedad, causas que no son ignorados o que no son atacadas de raíz con las solas herramientas de la mano dura. Por este motivo, la sociedad queda condenada a construir más centros de reclusión en el futuro.
Por su parte, las medidas inspiradas en el segundo modelo, el garantista, tienen resultados solo en un tiempo más lejano y su costo presupuestal es considerable, porque para atacar la criminalidad en su raíz, el Estado debe invertir sumas cuantiosas y de manera sostenida en diferentes ámbitos de la condición humana, como decir educación, trabajo, salud o vivienda.
Por los motivos anteriores, las estrategias garantistas no son muy atractivas para la ciudadanía, porque no ve resultados inmediatos y siente que el gobierno está gastando demasiado. Tampoco es atractiva para los jefes de Estado, porque los resultados en general no se verán sino tiempo después de sus periodos de mandato.
Qué hay detrás de la estrategia de Bukele
El presidente Bukele se ha ufanado de su política de mano dura y ha difundido, con una exagerada propaganda, imágenes de muchos hombres sin camisa que corren a través de los patios de las cárceles, como demostración del éxito de su política.
Detrás de este tipo de imágenes se esconde una estrategia de connotación fascista para legitimar un sistema político autoritario y la violación sistemática del Estado de derecho.
Una parte de la estrategia es la propaganda, que enmascara una guerra peligrosa y perturbadora para las instituciones jurídicas a nombre de la seguridad o la libertad; una estrategia que en realidad esconde los propósitos claramente conflictivos de Bukele con las otras dos ramas del poder en su país.
Lo anterior lo demostró en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, sin debido proceso, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, con un tono amenazante por Twitter, el mandatario afirmó que “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.
En otras palabras, el presidente Bukele, con una propaganda y un lenguaje simple, ofrece argumentos para hacer creer que ese propósito antidemocrático es, en realidad, democrático.
Otra parte de la estrategia consiste en atacar o silenciar al periodismo y a toda vertiente intelectual contraria a sus ideas. Durante el primer año de mandato (2019-2020), según el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se registraron 61 vulneraciones por parte del gobierno de Bukele, las cuales, en su mayoría, se dieron por la restricción al ejercicio periodístico y el bloqueo de acceso de información. Este número es aún más preocupante al recordar que durante el año anterior (2018) los casos fueron 16, o sea que estas acciones se han triplicado durante su mandato.
El tercer componente de la estrategia es una narrativa maniquea que describe una lucha entre “ellos” y “nosotros”. En el caso de El Salvador, el presidente Bukele divide su sociedad entre los “buenos” y los “malos”, o donde sólo las personas “buenas” tienen el derecho de gozar de los beneficios de un Estado de derecho, mientras que los “malos” deben ser deshumanizados.
Esta diatriba es preocupante porque apela a los sentimientos del miedo, el odio y la venganza, creando así fracturas dentro de la ya muy fragmentada sociedad salvadoreña, que harán aún más difícil su reconciliación el día de mañana.
Con el propósito de desviar la atención y negar las denuncias de violación de derechos humanos, el presidente Bukele también ha recurrido al cuarto componente de esta estrategia: el victimismo. Por eso dice el mandatario que él mismo es un mártir de entidades regionales como la OEA, las ONG de derechos humanos y de países como Estados Unidos.
Así lo hizo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022, cuando afirmó que había países que limitaban sus acciones que, según él, son con las mejores intenciones para su pueblo.
El quinto y último ingrediente de la estrategia es invocar “el orden público”, lo cual resulta atractivo para la ciudadanía porque convierte los problemas sociales en problemas de orden público, escondiendo de este modo sus raíces, propiciando la adopción del populismo punitivo, y fomentando la actuación por fuera de la ley.
Esta diatriba es preocupante porque apela a los sentimientos del miedo, el odio y la venganza, creando así fracturas dentro de la ya muy fragmentada sociedad salvadoreña, que harán aún más difícil su reconciliación el día de mañana.
Lo anterior se hace evidente con el estado de excepción que declaró el presidente en marzo de 2o22 y ha sido prorrogado en diez ocasiones, que se ha usado en especial para cambiar la edad de imputabilidad penal. Estos cambios jurídicos, además, lo ha facultado para violar los derechos humanos y detener más personas sin importar su edad, llegando a acusar, incluso, a niños y niñas por delitos relacionados con pandillas.
Un debate vigente
En suma, el debate sobre el uso de estos dos modelos de seguridad y sistemas judiciales para reducir la criminalidad seguirá vigente, más todavía en estos momentos de controversia pública doméstica e internacional.
De igual manera, queda claro que el presidente Bukele se ha valido de un conjunto de estrategias que pretenden reemplazar los argumentos razonables por las pasiones irracionales; y que, si bien a corto plazo su política de mano dura puede satisfacer a la ciudadanía salvadoreña, ésta también allana un espacio político dominado por el revanchismo y la falta de soluciones de raíz a los problemas sociales.
