¿Milagros o matemáticas? Guía ciudadana para evaluar promesas económicas en 2026

Más que juzgar los programas, este artículo propone herramientas para evaluar si las promesas económicas son compatibles con las restricciones fiscales, productivas e institucionales que enfrentará el próximo gobierno.

El ciudadano abrumado

En tiempos de campaña, el debate público en Colombia suele transitar por el espejismo de la voluntad presidencial: esa creencia casi mística de que un decreto basta para torcerle el cuello a las leyes de la escasez. 

El problema fundamental de nuestra democracia no es la ambición de las metas que proponen los candidatos, sino la alarmante falta de herramientas del ciudadano para distinguir entre lo deseable, lo incierto y lo sencillamente imposible. 

Desde Razón Pública nos proponemos ejercer una pedagogía ciudadana. Lejos de tomar partido, usaremos las propuestas que hoy dominan la conversación —las de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda— como casos de estudio para compartir principios generales de evaluación económica. El objetivo no es juzgar intenciones, sino analizar la coherencia técnica y la sostenibilidad de las rutas propuestas hacia el 2026.

1. La gramática de la promesa: objetivos, instrumentos y resultados

Para evaluar cualquier propuesta, el primer paso es desmenuzar su estructura gramatical. Los candidatos suelen presentar «deseos» como si fueran «planes». Es vital distinguir estas tres categorías: 

• El objetivo (el «qué»): es la meta final, generalmente noble. Ejemplo: «Reducir la pobreza» o «Crecimiento del 7 %». 
• El instrumento (el “cómo”): es la herramienta técnica. Ejemplo: El “Banco del Pueblo” de Cepeda o el recorte del gasto de De la Espriella.
• El resultado (el efecto sistémico): es la consecuencia real en el tejido económico. Ejemplo: el control de la inflación o la sostenibilidad de la deuda. 

El error común es confundir el objetivo con el instrumento. Decir «seremos un tigre asiático» es un objetivo, no un plan. El ciudadano debe preguntar: ¿cuál es el instrumento exacto y qué evidencia hay de que producirá ese resultado sin efectos secundarios catastróficos?

2. ¿Por qué el crecimiento no es un decreto?

Muchos candidatos sugieren que el crecimiento económico depende exclusivamente del talante del presidente. Sin embargo, la realidad es más tozuda. El crecimiento en 2026 estará limitado por factores que escapan al control de la Casa de Nariño:

• El contexto internacional: si las tasas de interés en Estados Unidos permanecen altas, el crédito para Colombia será costoso, sin importar el carisma del mandatario.
• La volatilidad de los commodities: el ingreso de divisas dependerá del petróleo Brent (proyectado entre 55 y 65 USD) y de la dinámica del oro. Aquí surge un dato inquietante: la rentabilidad del oro ilegal hoy supera a la de la cocaína, convirtiéndose en un motor de violencia que ningún plan de choque ha logrado asfixiar.
• La autonomía institucional: el Banco de la República tiene la misión de controlar la inflación (hoy en 5,84 %). Sus tasas (11,25 %) no bajan por orden presidencial, sino por análisis técnico. Forzar esta institución es romper el termómetro para ignorar la fiebre.

3. Casos de estudio

Caso de estudio 1: el «País Milagro» de Abelardo de la Espriella

La propuesta de De la Espriella combina un «minarquismo» económico con un punitivismo férreo. Su análisis técnico revela tensiones aritméticas y sociológicas profundas:

Caso de estudio 2: la paradoja de la transición en Iván Cepeda

El programa de Iván Cepeda enfrenta un nudo gordiano técnico: la contradicción entre su instrumento ambiental y su resultado fiscal. Cepeda propone financiar una «Revolución Agraria» y programas de bienestar (como Renta Joven) basándose de forma casi exclusiva en los dividendos de Ecopetrol y el aumento de precios del crudo. 

Sin embargo, simultáneamente sostiene el fin de la exploración de hidrocarburos. Sin nuevos contratos, las reservas caen y la producción languidece, anulando el flujo de caja que debe sostener el gasto social. 

Además, su propuesta del «Banco del Pueblo» busca eliminar la intermediación privada. El riesgo técnico es un credit crunch o insolvencia fiscal: si esta entidad ignora los perfiles de riesgo para cumplir metas políticas, terminará requiriendo salvamentos estatales masivos que el país, con una deuda cercana al 58,5 % del PIB, no puede costear.

4. El laberinto de las restricciones: ¿por qué no hay cheque en blanco?

El próximo presidente chocará contra cuatro muros fundamentales que limitarán cualquier delirio de grandeza:

• Restricción fiscal: la Regla Fiscal es ley. Con una relación Deuda/PIB del 58,5 % y un déficit proyectado del 5,1 %, cualquier aumento desmedido del gasto o reducción drástica de impuestos arriesga la pérdida del grado de inversión.
• Restricción institucional: las Altas Cortes ejercen un control estricto. Propuestas como el cierre de la JEP o la creación de «jurisdicciones populares», enfrentarán choques jurídicos inevitables por violar el bloque de constitucionalidad.
• Restricción política: el Congreso estará fragmentado. Con el Pacto Histórico (~25 escaños) y el Centro Democrático (~17 escaños) lejos de la mayoría (54 en Senado), las reformas serán pactadas o no serán.
• Restricción administrativa: el gasto público es ineludiblemente rígido. El presupuesto ya está comprometido en pensiones, salarios y servicio de la deuda, dejando un margen de maniobra mínimo para «revoluciones» presupuestales.

5. Espejos regionales: la geografía no perdona

Es tentador mirar modelos vecinos, pero Colombia presenta particularidades que los hacen difícilmente exportables:

• El modelo Bukele/Milei: de la Espriella emula la centralización punitiva de El Salvador y la terapia de choque argentina. Sin embargo, Colombia no es El Salvador; su escala geográfica es continental, con cordilleras y selvas que albergan un conflicto armado activo. Aplicar un confinamiento masivo sin control territorial efectivo solo mutará la violencia hacia formas más asimétricas.
• El modelo Boric/Lula: Cepeda se alinea con la izquierda democrática regional. La lección de estos países es que las expectativas de cambio estructural suelen estrellarse contra la fatiga fiscal, la resistencia de los mercados; y, la paradoja ineludible: poca capacidad de ejecución en ramas del ejecutivo adoctrinadas –en vez de técnicas–, o forzar un pragmatismo que a menudo decepciona a las bases.

6. Kit de supervivencia para el votante: 5 preguntas esenciales

Para no ser víctimas de la demagogia, el ciudadano debe someter cada promesa a este escrutinio:

1. ¿Cuánto cuesta y quién paga?: Cepeda habla de recuperar 110 billones de pesos de la evasión. El votante debe preguntar: ¿es realista recuperar el 100 % de la evasión para financiar subsidios permanentes?
2. ¿Es legal bajo nuestra Constitución?: ¿respeta el candidato la separación de poderes o pretende gobernar mediante decretos de emergencia que las Cortes tumbarán?
3. ¿Qué evidencia hay de que esto funciona?: ¿ha funcionado el control de precios o la desregulación extrema en países con nuestra estructura productiva?
4. ¿Cómo reaccionarán los mercados?: una propuesta que genere pánico puede causar una devaluación del peso, que encarezca la comida y los insumos agrícolas.
5. ¿Qué pasa si el precio del petróleo o el oro cambian?: ¿es el plan de gobierno una apuesta de casino dependiente de los precios internacionales o una hoja de ruta resiliente?

Conclusión: ciudadanos, no creyentes

La economía no es un acto de fe; es la gestión de prioridades en un entorno de escasez. La madurez democrática de Colombia en 2026 se pondrá a prueba en la capacidad de su gente para rechazar los espejismos de ambos extremos. El objetivo de este análisis es que el lector no vote por el candidato que promete el «milagro» más grande, sino por aquel cuya hoja de ruta respete las leyes de la aritmética y la compleja realidad institucional del país. Al final del día, la demagogia no paga las deudas; la gestión responsable y el respeto a las matemáticas, sí.

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