Colombia, la triatleta: economía y política en 2026

Este año lo protagonizará el cambio de gobierno y estará marcado por la fragilidad fiscal, el reacomodo geopolítico y una presión social que no da tregua.

Si la economía colombiana pudiera personificarse, en 2026 se vería como un atleta de triatlón agotado. Tras superar la dura etapa de natación que supuso la pandemia y el choque inflacionario global, el país debe ahora subirse a una bicicleta con los frenos desgastados —nuestras finanzas públicas— para encarar una subida empinada, mientras se prepara para correr una maratón electoral bajo un clima político difícil de predecir.

En este año, sobre todo electoral, convergen las facturas de las decisiones tomadas y los costos de las reformas postergadas. El próximo inquilino de la Casa de Nariño recibirá un país que opera al límite de su capacidad fiscal y social. A continuación, se desglosan los grandes temas económicos que definirán la agenda nacional.

La “bomba de tiempo” fiscal y el dilema de la deuda

El primer y más urgente desafío es de caja. La discusión sobre el modelo de desarrollo pierde relevancia si el Estado no puede financiarse. Las proyecciones indican que el próximo gobierno heredará uno de los déficits más altos de la historia reciente –en ausencia de un choque extraordinario como la pandemia–, estimado entre el 6,8% y el 8,1% del PIB para el cierre de 2026, y una deuda pública que asfixia el gasto social, al situarse en niveles críticos del 67% al 71%.

La triatleta va con los frenos de la bicicleta desgastados porque el Presupuesto General de 2026 nació desfinanciado tras el rechazo de la Ley de Financiamiento en el Congreso a finales de 2025. Como respuesta, se autorizó por parte del gobierno nacional un cupo de endeudamiento cercano a $152 billones. Es una decisión de naturaleza más política que estructural, muy riesgosa, destinada a asegurar liquidez ante la desfinanciación del presupuesto. 

Esto deja al nuevo Ejecutivo con un margen de maniobra casi nulo. Quien asuma la Presidencia tendrá que decidir en sus primeros cien días entre un recorte draconiano del gasto social —con el consiguiente estallido en las calles— o una nueva reforma tributaria que calme a los mercados, pero asfixie aún más a la clase media.

En el frente cambiario, aunque se prevé una depreciación contenida con un dólar promediando $4.000, la volatilidad será la norma. La incertidumbre electoral y un déficit de cuenta corriente del 3,3% del PIB —impulsado por importaciones y salida de utilidades— mantendrán la tasa de cambio nerviosa, que encarecerá el costo de vida y la deuda externa. Fitch ya rebajó la calificación de Colombia a BB a finales de 2025 debido al déficit persistente, por lo que el riesgo de perder más terreno en los mercados internacionales es una amenaza real para el inicio del nuevo gobierno.

El ajedrez geopolítico: entre Caracas y Washington

Mientras intentamos ordenar la casa, el vecindario cambia drásticamente. El año 2026 marcará un punto de inflexión en las relaciones comerciales y políticas con Venezuela y se abrirá una ventana histórica para Colombia: la reconstrucción de un comercio bilateral con el potencial de converger, en el largo plazo, hacia los niveles históricos previos a la ruptura diplomática (superiores a US$14.000 millones), a través de la revitalización de sectores como alimentos, plásticos y construcción.

Sin embargo, esta oportunidad contrasta con la frialdad que se espera desde el norte. Se prevé que la relación con la administración Trump entre en una fase de “diplomacia transaccional”. La agenda de cooperación tradicional quedará supeditada a tres temas espinosos: aranceles punitivos que podrían golpear nuestras exportaciones industriales, una política de deportación masiva que presionará nuestro mercado laboral, y la crisis en el tapón del Darién, donde los controles de Panamá represarán a miles de migrantes en suelo colombiano.

Energía y modelos de crecimiento: ¿apagar o extraer?

La transición energética, bandera del actual gobierno, enfrentará su prueba de fuego en la realidad operativa. El 2026 será el año en que el riesgo de apagones deje de ser una amenaza retórica para convertirse en un peligro real si no se aceleran las líneas de transmisión y los mantenimientos críticos.

Este escenario forzará el debate central de la campaña presidencial: el modelo de crecimiento. Los candidatos se dividirán entre dos visiones antagónicas. Por un lado, la continuidad de la restricción a nuevas exploraciones de hidrocarburos bajo la bandera ambiental. Por el otro, la propuesta de reiniciar el fracking y las licencias petroleras como única vía rápida para atraer inversión extranjera masiva y estabilizar la caja del Estado. Aunque en la práctica sí existe un continuo entre esos extremos (más exploración convencional sin fracking, contratos costa afuera, transición gradual, etc.), el margen para posiciones intermedias es políticamente estrecho y fiscalmente costoso.

El golpe “mesoeconómico”: Mipymes bajo presión

Donde más se sentirá la tensión es en el tejido empresarial. A diferencia de otros años, 2026 arranca con un ‘huracán laboral’: el incremento del 23% en el salario mínimo decretado para este año se traduce en un costo real por trabajador que supera los $2,9 millones (incluidas prestaciones). Las mipymes, que representan nueve de cada diez empresas en el país y operan con márgenes de utilidad de apenas el 5%, serán las que más sentirán el impacto. Y este choque no es solo microeconómico: el sistema pensional tendrá una presión fiscal de $5,3 billones adicionales solo en 2026 debido al mecanismo de deslizamiento salarial.

La consecuencia directa no será necesariamente más desempleo, sino mayores niveles de informalidad, junto con una disparada de contratos de tiempo parcial o por prestación de servicios. A su vez, las empresas medianas y grandes invertirán en automatización para sortear los altos costos laborales. El riesgo de mediano plazo es una economía dual: empresas modernas y automatizadas versus una inmensa base de microempresas informales e improductivas.

Microeconomía y bienestar

Me permito ser reiterativo: con una tasa de desempleo en torno al 7%, el verdadero drama es la informalidad, estancada por encima del 55%. La traducción de esta cifra en los volúmenes de pobreza ilustra el peligro social para 2026: un trabajador informal tiene una probabilidad del 34% de pertenecer a un hogar pobre, cifra que se triplica frente al 12% de los trabajadores asalariados formales. En la ruralidad la situación es más crítica, pues el 97% de los trabajadores por cuenta propia son informales y su incidencia de pobreza alcanza el 40%. En un país donde más de la mitad de los trabajadores no cuentan con un vínculo laboral que garantice cotizaciones a salud y pensión, ante cualquier enfermedad o al llegar a la vejez, el hogar cae inevitablemente en la pobreza al no tener una renta asegurada.

Y la seguridad social obliga a mirar al sistema de salud que, a su vez, enfrenta su propia crisis sistémica de solvencia. Con un insuficiente incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se abre más la brecha de financiación estimada (con cálculos que superan los $10 billones), por lo que el sistema de salud requerirá un plan de salvamento financiero inmediato para evitar el colapso de la red hospitalaria.

Instituciones y política: la inversión en pausa

Todo este panorama económico se desarrollará sobre un tablero político inestable. Con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, la inversión privada entrará en modo “esperar y ver”, que frena la dinámica económica durante el primer semestre. A mitad de año, la economía recibirá un tanque de oxígeno: el Mundial de Fútbol 2026. Se espera que este evento actúe como un impulsor del gasto en los meses de junio y julio, tradicionalmente movilizados por la prima, lo que mitiga temporalmente la caída del consumo interno a través de categorías como tecnología, bares y restaurantes. Además, este shock transitorio de consumo podrá usarse como amortiguador político temporal para bajar la presión social durante las votaciones presidenciales.

El papel de las instituciones será vital. Hay que celebrar la anunciada estrategia de “Paz Electoral” lanzada por la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, que busca blindar los resultados en un ambiente de alta polarización. Simultáneamente, las altas cortes tendrán la tarea titánica de revisar la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica que el Gobierno ha utilizado para legislar en materia tributaria. La seguridad jurídica del país dependerá de la firmeza de sus jueces.

Conclusión: ¿Qué debemos observar?

Colombia llega a 2026 con las reservas agotadas. Retomo la analogía del triatlón: el terreno es empinado y las condiciones climáticas externas son adversas. Lo que está en juego no es solo quién ocupará la Presidencia, sino la capacidad del Estado para mantenerse solvente y operativo.

Debemos estar atentos a tres señales: la reacción de las calificadoras de riesgo ante el déficit fiscal, la capacidad del sistema energético para soportar el Fenómeno del Niño o sequías prolongadas sin apagones, y la temperatura social ante el aumento de la informalidad y el encarecimiento de los servicios y la salud. El próximo gobierno no tendrá luna de miel; tendrá, desde el día uno, la misión de evitar que la bicicleta se quede sin frenos en pleno descenso. La diferencia entre un aterrizaje forzoso y una desaceleración ordenada dependerá menos del discurso político y más de decisiones fiscales impopulares pero inevitables.