Los legados de Uribe, Santos y Petro y la trascendencia de nuestra decisión electoral del 31 de mayo

Siempre he considerado que para que el país avance en procesos de reconciliación necesita asimilar críticamente los mejores legados y las herencias problemáticas de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Los resumiré a continuación y al final abordaré la relación de los tres candidatos más opcionados a la presidencia con estos legados. 

La “seguridad democrática” de Uribe dejó lecciones sobre el manejo militar de la seguridad territorial (combate decidido a la insurgencia armada desprestigiada y degradada en sus idearios políticos y sociales, capacidad de golpear a la guerrilla en zonas selváticas antes inexpugnables, expulsión de los frentes de las Farc de Cundinamarca, entre otros logros). Pero lo hizo también degradando la institucionalidad con las alianzas del gobierno con los paramilitares y con los parapolíticos del Congreso. Y con la práctica macabra de los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales por parte de militares del ejército nacional, de jóvenes de las barriadas pobres de nuestras ciudades, para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate (que ya van casi en 8.000 casos). Buena parte de los 10 millones de víctimas del conflicto armado colombiano las produjo el paramilitarismo con sus masacres, actos de terror y desplazamiento de poblaciones campesinas. Al observar esto, no niego el papel de las Farc con el secuestro y la extorsión y con el reclutamiento de niños y adolescentes en las afectaciones a la población campesina pero también indígena y afrocolombiana. Por estas razones, si bien la “seguridad democrática” no puede tomarse hoy como un modelo válido, hay elementos de la política militar de Uribe que podrían retomarse (coordinación entre las fuerzas, políticas de inteligencia y de comunicaciones, entre otros), depurados de sus elementos más delincuenciales, ilegales y antiéticos.

Juan Manuel Santos logró recomponer los acuerdos de paz con las Farc luego de la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, firmó el nuevo acuerdo de paz del Teatro Colón, construyó unas instituciones para la Justicia Transicional (el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, la Comisión de la Verdad CV, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas) y blindó jurídicamente esas instituciones. Un gobierno como el de Iván Duque no pudo cumplir con su deseo de destruir y eliminar la JEP. 

Aunque del plebiscito quedaron fracturas y lo que los analistas políticos llaman una “escisión maestra” o una grieta significativa en la cultura política, varios factores contribuyeron a erosionar la descalificación por los uribistas de la paz de Santos: las revelaciones sobre cómo se manipuló a la opinión en el plebiscito por parte de los del Nó; el desprestigio progresivo del ex presidente Uribe y su gobierno por las sentencias condenatorias de las Cortes de muchos de sus altos funcionarios y por su propio proceso judicial por fraude procesal y fabricación de falsos testigos en sus acusaciones contra el senador Iván Cepeda; así como los resultados en términos de verdad judicial y de verdad histórica, de las investigaciones sobre el paramilitarismo y sus aliados, tanto por el sistema de la Ley de Justicia y Paz, la JEP, el CNMH y la CV, como por la academia de las ciencias sociales en Colombia.

Gustavo Petro logró hacer posible el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana. La llegada al poder de su movimiento “Pacto Histórico” expresó importantes luchas históricas de las organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales: de los obreros, del campesinado, de las mujeres, de los empleados, del estudiantado, de los colonos agrarios, de las víctimas de la guerra, de los movimientos indígenas y afrocolombianos, entre otros sectores. Como lo han subrayado en las últimas semanas analistas como Hernando Gómez Buendía y la ex ministra Cecilia López, el gobierno de Petro logró algo muy importante: darle voz y reconocimiento simbólico a los pobres y a los excluidos. Con los resultados de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el Pacto Histórico, ahora ya como partido, se ha convertido en la primera fuerza política del país, es decir, esta vez la izquierda llegó para quedarse. 

Lo que Colombia está viviendo, salvando algunas diferencias sustanciales en cuanto a los regímenes dominantes, es similar al triunfo en España del Partido Socialista Obrero Español PSOE en las elecciones de 1982, luego de 36 años de dominación del dictador Francisco Franco, de exclusión de la izquierda y de 7 años de difícil transición a la democracia luego de la muerte del caudillo en 1975. 

¿Qué pasaría con estos legados bajo la presidencia de cada uno de los tres candidatos punteros en las encuestas?

Paloma Valencia aparece como una candidata fuertemente ideológica, sin ninguna autonomía frente a “su papá Uribe”, reproduciendo el odio a Santos, al proceso de paz con las Farc y a las instituciones de la Justicia Transicional, expresando en ese sentido el viejo país de los privilegios y los intereses clientelistas, del odio a la izquierda, de los grupos económicos corporativos y de los perpetradores del despojo campesino. En el reciente debate de Caracol TV sobre la salud, la candidata propuso devolverle el poder a las EPS privadas y desconsideró olímpicamente las críticas de Claudia López y de Sergio Fajardo a la integración vertical de las EPS y a sus prácticas de corrupción y desvío de los recursos públicos. Elegir a Paloma sería un retroceso de un cuarto de siglo.

Abelardo de la Espriella representa una especie de Bukele colombiano, machista y patán, a la medida de una parte de nuestra sociedad que adhiere a actitudes y valores patriarcales y autoritarios y a la acción violenta estatal o privada, en perjuicio del respeto a las instituciones y a sus pesos y contrapesos.

Las instituciones de la Justicia Transicional, los procesos de paz conducentes a la reconciliación a nivel territorial y nacional, la incorporación de la izquierda legal y civilista al sistema político como un proceso clave para una Colombia reconciliada y menos violenta, podrían verse afectados en una eventual presidencia de Paloma o Abelardo.

Con Iván Cepeda en la presidencia puede consolidarse la incorporación de la izquierda al sistema político y una política social que avance en necesarios procesos de superación de la profunda desigualdad estructural de la sociedad colombiana. Su propuesta de hacer del campo y de la producción agropecuaria un polo clave de desarrollo y crecimiento económico, constituiría no solamente un acierto en la política pública, sino en el resarcimiento del campesinado como uno de los sectores más golpeados por nuestras violencias recientes. Su estilo de gobierno puede ser menos confrontacional que el del presidente Petro, menos discursivo y más gerencial, y probablemente, más capaz de dar continuidad a varios proyectos que por falta de experiencia administrativa y directiva de la izquierda en el manejo de instituciones públicas, no pudieron ofrecer resultados más consolidados.

Mi invitación respetuosa a los lectores y lectoras es votar en primera vuelta por la candidatura de Iván Cepeda Castro que me parece la opción más responsable frente a los riesgos de las otras dos candidaturas. 

En mis próximas columnas plantearé algunos de los problemas y retos para un eventual segundo gobierno del Pacto Histórico: la paz y la política militar; los homicidios de líderes sociales y la consigna de Colombia, potencia mundial de la Vida; la reforma a la salud y los riesgos de la estatización sin programas de formación de los funcionarios para el manejo de lo público como un bien común; la meritocracia, sus posibilidades y límites; el crecimiento económico, el déficit fiscal y los límites a los subsidios; la relación de la izquierda con el empresariado; la necesidad de una tecnocracia con sensibilidad social; los riesgos de una Constituyente y la pertinencia del fortalecimiento del Estado de Derecho.